"Respeto a derechos humanos, en deterioro desde 2009"
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"Respeto a derechos humanos, en deterioro desde 2009"

A tres meses de que México se presente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para una evaluación a la que se someterá por segunda vez, organizaciones denuncian un aumento exponencial en las violaciones desde 2009.
Por Tania L. Montalvo
11 de julio, 2013
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Las violaciones a los derechos fundamentales producto de la lucha contra el crimen organizado se dispararon desde hace cuatro años, según organizaciones. //Foto: Cuartoscuro.

Las violaciones a los derechos fundamentales producto de la lucha contra el crimen organizado se dispararon desde hace cuatro años, según organizaciones. //Foto: Cuartoscuro.

A tres meses de que México se someta a  la evaluación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, llamada Examen Periódico Universal, 30 organizaciones civiles presentaron una lista de once asuntos en los que el país ha mostrado poco avance desde 2009. Aquel año, México fue examinado por primera vez por el Consejo al igual que los 192 estados que son parte de la ONU. En octubre será la segunda.

Las desapariciones forzadas, las condiciones precarias de las cárceles y la militarización del país, son ejemplos de cómo México falta a sus compromisos internacionales en materia derechos humanos, según los grupos de la sociedad civil que suscribieron el documento presentado ayer miércoles 10 de junio.

El reporte se sumará al que el Estado Mexicano debe presentar el 22 de julio ante la ONU y al informe de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en la materia. Ambos materiales serán la base para que el Consejo emita un informe final sobre la situación de los derechos humanos en el país.

Junto con los asuntos ligados a las violaciones a los derechos humanos que ocurren por la inseguridad y la lucha contra el crimen organizado, la lista de once “temas de preocupación” que enumeran las organizaciones civiles también considera abusos como la construcción de proyectos de infraestructura sin consentimiento de comunidades, las fallas en el sistema acusatorio de justicia penal, y la falta de garantías para la vida digna de los pueblos indígenas.

Los siguientes son, en resumen, los once temas pendientes que las organizaciones documentaron de cara al Examen Periódico Universal al que México será sometido.

Seguridad Pública y Militarización

En el informe se hace hincapié en que con la Estrategia Nacional de Seguridad que inició en diciembre de 2006 el expresidente Calderón hubo un aumento significativo de los militares dispuestos a labores de seguridad pública lo que derivó en un aumento a las violaciones de derechos humanos.

Durante la gestión de Calderón, la CNDH recibió 7 mil 441 quejas de abuso en manos de elementos de las fuerzas armadas. Según el último reporte anual de Amnistía Internacional, hasta el último día de su mandato, el expresidente “continuó haciendo caso omiso de los indicios fehacientes de violaciones a derechos humanos generalizadas, como detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, cometidas por fuerzas policiales y de seguridad”.

Sobre como en México cuerpos policiales incurren en detenciones arbitrarias y existe la represión, las organizaciones civiles ponen de ejemplo los casos de Atenco de 2006, lo ocurrido en la Autopista del Sol entre elementos de la policía federal y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en diciembre de 2011 y la manifestación del 1DMx.

Desaparición forzada y tortura

“En México la tortura es comúnmente utilizada para la obtención de pruebas ilícitas que más tarde son aceptadas por los jueces para dictar sentencias condenatorias”, cita el informe de las organizaciones civiles que acusan que en el país también ocurre que la misma institución que tortura puede ser la que investigue la denuncia por ese delito.

En noviembre de 2012, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) manifestó su preocupación por el “alarmante” aumento de esa práctica en el país y porque las medidas tomadas por el Estado para investigar y castigar son “totalmente ineficientes”.

Sobre la desaparición forzada, se acusa que no hay certeza sobre el número de víctimas porque el Estado no ha proporcionado datos oficiales.

Pueblos Indígenas

Según el grupo de organizaciones civiles, en México los indígenas viven en condiciones de pobreza, marginación y desigualdad y no hay garantías de parte de Estado para que los recursos y programas sociales en beneficio de este grupo no sean utilizados como mecanismos clientelares o asistencialistas.

“Persisten limitantes al acceso a la justicia, continúa la falta de una defensa adecuada, la ausencia de intérpretes durante todo el proceso penal, la falta de garantía de libertad bajo fianza asequible y el abuso de plazo legal para ser juzgado”, cita el informe.

Personas defensoras de derechos humanos y periodistas

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que el 98% de los ataques y agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas ha quedado impune.

Las cifras que ofrece son: entre 2009 y mayo de 2012 ocurrieron 44 ejecuciones extrajudiciales, 45 desapariciones forzadas y 309 privaciones de la libertad de defensores de derechos humanos.

La CNDH informó en junio pasado que en México existe un 91% de impunidad en agresiones contra periodistas, pues en el periodo de 2000 a 2012 de 143 casos documentados solo en 12 se ha dictado una sentencia condenatoria.

Migrantes

La principal denuncia de la sociedad civil es que la política migratoria en México se concibe como un asunto de seguridad nacional en lugar de un fenómeno social que requiere ser tratado con una perspectiva de derechos humanos.

Enlista como un caso significativo de la “situación crítica” lo ocurrido en agosto de 2010 cuando 72 migrantes fueron asesinados en el municipio de San Fernando en el estado de Tamaulipas, en el norte del país.

Pobreza y Derechos económicos, sociales y culturales

Las organizaciones civiles denuncian que en México se aplican megaproyectos de infraestructura sin “el consentimiento previo, libre e informado” de las comunidades involucradas, lo que provoca desplazamiento forzado, pobreza y daño ambiental.

Por ejemplo, en mayo pasado, la SCJN falló a favor de la comunidad yaqui, en Sonora, que denunció que con la construcción de un acueducto que autorizó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se atentaba contra los derechos de ese grupo étnico.

También se acusa que el Estado no garantiza derechos a la alimentación, educación, salud y vivienda más de la mitad de la población que no tiene “ingresos suficientes para satisfaceros por sí mismos”.

Según las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 51.3% de los mexicanos viven en pobreza patrimonial, lo que significa que 57 millones de personas no tienen ingreso suficiente para comprar alimentos, ni para invertir en servicios básicos de salud, educación, vivienda o vestido.

Acceso a la justicia y reforma judicial

Sobre un nuevo sistema acusatorio de justicia penal, aprobado en 2008 y que incluye a los juicios orales, la sociedad civil organizada denuncia que éste todavía no es vigente.

A tres años de que finalice el periodo para implementarlo, solo tres estados –Chihuahua, Estado de México y Morelos– lo han completado en su totalidad, según información oficial.

Este informe hace hincapié en la violación a los derechos humanos que implica la exhibición de personas detenidas ante los medios de comunicación “incluso antes de la determinación de un juez o tribunal que los señale plenamente responsables. No obstante que no existe una sentencia que determine la culpabilidad de una persona, ésta es exhibida como si hubiera sido declarada culpable”.

Durante el sexenio pasado (2006-2012) el gobierno federal organizó presentaciones ante medios de comunicación de presuntos líderes de organizaciones criminales que fueron detenidos en operativos encabezados por las fuerzas armadas.

Sistema Penitenciario

Las organizaciones civiles denuncian que el Estado mexicano no actúa para evitar el “hacinamiento” en las prisiones del país, que los reos vivan en “condiciones precarias” y que sean los funcionarios quienes tengan el control de los centros penitenciarios.

Según cifras de la Comisión Nacional de Seguridad, en septiembre de 2012 la capacidad de las prisiones tanto estatales como federales del país era de 189,943,  y tenía 239,941 internos; es decir, una sobrepoblación del 26%.

Al finalizar el sexenio de Calderón, el gobierno federal tenía pendiente completar el traslado de 50.1% de los prisioneros federales que están en prisiones estatales.

Mujeres

En el informe sobre la situación de los derechos humanos en México se acusa omisión para atender la violencia contra las mujeres y el aumento en casos de venta y explotación.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio reporta que de enero de 2011 a junio de 2012, 3.976 mujeres y niñas desaparecieron y de éstas la mitad tenían entre 11 y 20 años de edad.

También hay preocupación por que en legislaciones estatales el aborto es considerado un delito y por la falta de políticas públicas para evitar el embarazo de adolescentes, “una causa de deserción escolar que conlleva la reducción de oportunidades”.

En México, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 18.4% del total de nacimientos corresponde a madres menores de 19 años.

Juventud y niñez

Las organizaciones civiles indican que el país “carece de políticas públicas” para los jóvenes y que desde 2006 se han visto afectados por la política de seguridad.

Según el informe Infancia y Conflicto Armado en México de la Red por los Derechos de la Infancia en México publicado hace dos años, en el periodo 2006-2010 al menos 994 menores fallecieron en actos vinculados a la lucha contra la delincuencia organizada.

En diciembre de 2010, militares presentaron ante medios de comunicación a un menor de 14 años con apodo El Ponchis, como integrante de un grupo del crimen organizado y responsable de diversos asesinatos, lo que implicó un violación al derecho del menor al principio de la presunción de inocencia.

Este caso fue el primero que conoció la opinión pública de menores que presuntamente trabajaban para grupos de la delincuencia organizada.

Armonización legislativa

Las organizaciones expresan su preocupación a que exista una contrarreforma en materia de derechos humanos, pues el 3 de enero de este año, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Francisco Arroyo Vieyra, propuso reformar el artículo 1 para que cuando exista contradicción entre los principios de la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México, se privilegie la legislación nacional.

Otro pendiente que señalan es eliminar la figura del arraigo pues argumentan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya la declaró inconstitucional en 2005 y ha sido declarada “contraria a los estándares internacionales de derechos humanos” por mecanismos internacionales como las Naciones Unidas.

Según cifras de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, del total de arraigados en los últimos dos años del gobierno de Calderón, sólo el 3.3% recibió sentencias.

En otras fallas para tener una legislación a favor de los derechos humanos, el grupo de 30 organizaciones civiles asegura que “existen deficiencias” en tipos penales que no están armonizados con estándares internacionales como la desaparición forzada y la tortura, pues en la mayoría de las entidades del país no son delitos tipificados.

Aquí puedes consultar el documento completo de las organizaciones civiles.

EPUMEXICO.pdf by http://www.animalpolitico.com

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Donald Trump y su esposa Melania dan positivo a COVID-19

El presidente estadounidense y su mujer se encuentran en cuarentena tras dar positivo por coronavirus. Todavía no se sabe cómo afectará este contagio al próximo debate presidencial, programado para el 15 de octubre.
2 de octubre, 2020
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Donald Trump y su esposa Melania dieron positivo por covid-19, así lo anunció el presidente de Estados Unidos en la madrugada de este viernes, poco después de que se conociera que una de sus ayudantes más cercanas resultó contagiada.

Apenas unas horas antes de conocerse la noticia se supo que Hope Hicks, de 31 años y una de las asistentes de mayor confianza del mandatario, contrajo el nuevo coronavirus.

Ambos viajaron juntos el martes en el avión presidencial rumbo al primer debate presidencial realizado en la ciudad de Cleveland (estado de Ohio) frente al candidato demócrata Joe Biden.

El presidente, que tiene 74 años y por tanto pertenece al grupo de alto riesgo, anunció la noticia en su cuenta de Twitter.

Según el examen físico más reciente de Trump pesaba a principios de este año110,7 kg. Esto se considera obeso para su altura de 1,9 metros.

Cuarentena

“Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Lo superaremos juntos!”, escribió en su red social.

Todavía no está claro cómo afectará este contagio a la organización del segundo debate presidencial, programado para el 15 de octubre en Miami, Florida.

El médico de Trump, Sean Conley, emitió un comunicado en el que dijo que el presidente y la primera dama “están bien en este momento” y “planean quedarse en la Casa Blanca durante su convalecencia”.

Trump casi nunca usa mascarilla y, a menudo, no mantiene el distanciamiento social con sus ayudantes u otras personas durante los compromisos oficiales.

Estados Unidos acumula ya 208.000 fallecidos por coronavirus, la cifra más alta de muertes en el mundo.

Trump y Bolsonaro

EPA
Trump y Bolsonaro son dos de los mandatarios mundiales contagiados con coronavirus.

El presidente de Estados Unidos se suma a la lista de mandatarios que se vieron contagiados en los últimos meses, como el de Brasil, Jair Bolsonaro, y el de Reino Unido, Boris Johnson.

Minimizar la pandemia

Durante meses Trump dio a entender públicamente que la gripe común es más peligrosa que la covid-19 y se mostró escéptico sobre la gravedad de la enfermedad.

“No podemos dejar que el remedio sea peor que el problema”, tuiteó Trump el 23 de marzo, al cuestionar el cierre de la economía por la pandemia y las medidas de distanciamiento social.

“Va a desaparecer. Un día, como un milagro, desaparecerá“, dijo también sobre el virus.

Sin embargo, antes de que el coronavirus llegara al país, el presidente de Estados Unidos ya sabía que era más letal que la gripe, pero según le dijo al periodista Bob Woodward quería minimizarlo para evitar el pánico.

Woodward, quien destapó el escándalo de Watergate y es uno de los periodistas más respetados de EE.UU., entrevistó a Trump 18 veces entre diciembre y julio.

La cuestión ahora es cómo afectará la convalecencia de Trump a la campaña electoral.


¿Cuán trascendental es esto?

Análisis de Anthony Zurcher, corresponsal de la BBC para Norteamérica

Una semana después de que Donald Trump les dijera a los estadounidenses que no se preocuparan por la covid-19 porque “prácticamente no afecta a nadie”, excepto a los ancianos y a las personas con afecciones cardíacas, el propio presidente dio positivo por el virus.

Es difícil decir exactamente cuán trascendental es esto a tan solo 32 días de las elecciones estadounidenses, sobre todo ahora que el mandatario tuvo que ponerse en cuarentena para recibir tratamiento.

Los mítines de campaña están cancelados y en dos semanas debería celebrarse el próximo debate presidencial.

El habitual mensaje del presidente, de que la nación está “dando la vuelta” a la pandemia, se ha visto socavado por su propia enfermedad.

Hace solo dos días, durante el primer debate, Trump menospreció al oponente demócrata Joe Biden por usar con frecuencia mascarillas y no dar mítines de campaña del mismo tamaño que los suyos.

Ahora, la Casa Blanca y la campaña tendrán que responder por qué el presidente adoptó una actitud aparentemente tan arrogante, y cuántos altos cargos en la Casa Blanca pueden haberse vistos expuestos.


Hicks

Getty Images
Hicks es señalada de ser una de las asistentes de mayor confianza de Trump.

Hicks

Según el portal informativo Bloomberg, Hicks ya experimenta síntomas del coronavirus y fue puesta en cuarentena desde el viaje de regreso de Minnesota.

La funcionaria era la última reciente persona de la Casa Blanca en contagiarse. La secretaria de prensa del vicepresidente Mike Pence, Katie Miller, dio positivo en mayo.

El consejero de seguridad Robert O’Brien, varios agentes del Servicio Secreto, un piloto del helicóptero presidencial y un trabajador de la cafetería de la Casa Blanca también dieron positivo en los últimos meses.

Ahora también el matrimonio presidencial.

Enlaces a más artículos sobre el coronavirus

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