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"Respeto a derechos humanos, en deterioro desde 2009"
A tres meses de que México se presente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para una evaluación a la que se someterá por segunda vez, organizaciones denuncian un aumento exponencial en las violaciones desde 2009.
Por Tania L. Montalvo
11 de julio, 2013
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Las violaciones a los derechos fundamentales producto de la lucha contra el crimen organizado se dispararon desde hace cuatro años, según organizaciones. //Foto: Cuartoscuro.

Las violaciones a los derechos fundamentales producto de la lucha contra el crimen organizado se dispararon desde hace cuatro años, según organizaciones. //Foto: Cuartoscuro.

A tres meses de que México se someta a  la evaluación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, llamada Examen Periódico Universal, 30 organizaciones civiles presentaron una lista de once asuntos en los que el país ha mostrado poco avance desde 2009. Aquel año, México fue examinado por primera vez por el Consejo al igual que los 192 estados que son parte de la ONU. En octubre será la segunda.

Las desapariciones forzadas, las condiciones precarias de las cárceles y la militarización del país, son ejemplos de cómo México falta a sus compromisos internacionales en materia derechos humanos, según los grupos de la sociedad civil que suscribieron el documento presentado ayer miércoles 10 de junio.

El reporte se sumará al que el Estado Mexicano debe presentar el 22 de julio ante la ONU y al informe de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en la materia. Ambos materiales serán la base para que el Consejo emita un informe final sobre la situación de los derechos humanos en el país.

Junto con los asuntos ligados a las violaciones a los derechos humanos que ocurren por la inseguridad y la lucha contra el crimen organizado, la lista de once “temas de preocupación” que enumeran las organizaciones civiles también considera abusos como la construcción de proyectos de infraestructura sin consentimiento de comunidades, las fallas en el sistema acusatorio de justicia penal, y la falta de garantías para la vida digna de los pueblos indígenas.

Los siguientes son, en resumen, los once temas pendientes que las organizaciones documentaron de cara al Examen Periódico Universal al que México será sometido.

Seguridad Pública y Militarización

En el informe se hace hincapié en que con la Estrategia Nacional de Seguridad que inició en diciembre de 2006 el expresidente Calderón hubo un aumento significativo de los militares dispuestos a labores de seguridad pública lo que derivó en un aumento a las violaciones de derechos humanos.

Durante la gestión de Calderón, la CNDH recibió 7 mil 441 quejas de abuso en manos de elementos de las fuerzas armadas. Según el último reporte anual de Amnistía Internacional, hasta el último día de su mandato, el expresidente “continuó haciendo caso omiso de los indicios fehacientes de violaciones a derechos humanos generalizadas, como detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, cometidas por fuerzas policiales y de seguridad”.

Sobre como en México cuerpos policiales incurren en detenciones arbitrarias y existe la represión, las organizaciones civiles ponen de ejemplo los casos de Atenco de 2006, lo ocurrido en la Autopista del Sol entre elementos de la policía federal y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en diciembre de 2011 y la manifestación del 1DMx.

Desaparición forzada y tortura

“En México la tortura es comúnmente utilizada para la obtención de pruebas ilícitas que más tarde son aceptadas por los jueces para dictar sentencias condenatorias”, cita el informe de las organizaciones civiles que acusan que en el país también ocurre que la misma institución que tortura puede ser la que investigue la denuncia por ese delito.

En noviembre de 2012, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) manifestó su preocupación por el “alarmante” aumento de esa práctica en el país y porque las medidas tomadas por el Estado para investigar y castigar son “totalmente ineficientes”.

Sobre la desaparición forzada, se acusa que no hay certeza sobre el número de víctimas porque el Estado no ha proporcionado datos oficiales.

Pueblos Indígenas

Según el grupo de organizaciones civiles, en México los indígenas viven en condiciones de pobreza, marginación y desigualdad y no hay garantías de parte de Estado para que los recursos y programas sociales en beneficio de este grupo no sean utilizados como mecanismos clientelares o asistencialistas.

“Persisten limitantes al acceso a la justicia, continúa la falta de una defensa adecuada, la ausencia de intérpretes durante todo el proceso penal, la falta de garantía de libertad bajo fianza asequible y el abuso de plazo legal para ser juzgado”, cita el informe.

Personas defensoras de derechos humanos y periodistas

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que el 98% de los ataques y agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas ha quedado impune.

Las cifras que ofrece son: entre 2009 y mayo de 2012 ocurrieron 44 ejecuciones extrajudiciales, 45 desapariciones forzadas y 309 privaciones de la libertad de defensores de derechos humanos.

La CNDH informó en junio pasado que en México existe un 91% de impunidad en agresiones contra periodistas, pues en el periodo de 2000 a 2012 de 143 casos documentados solo en 12 se ha dictado una sentencia condenatoria.

Migrantes

La principal denuncia de la sociedad civil es que la política migratoria en México se concibe como un asunto de seguridad nacional en lugar de un fenómeno social que requiere ser tratado con una perspectiva de derechos humanos.

Enlista como un caso significativo de la “situación crítica” lo ocurrido en agosto de 2010 cuando 72 migrantes fueron asesinados en el municipio de San Fernando en el estado de Tamaulipas, en el norte del país.

Pobreza y Derechos económicos, sociales y culturales

Las organizaciones civiles denuncian que en México se aplican megaproyectos de infraestructura sin “el consentimiento previo, libre e informado” de las comunidades involucradas, lo que provoca desplazamiento forzado, pobreza y daño ambiental.

Por ejemplo, en mayo pasado, la SCJN falló a favor de la comunidad yaqui, en Sonora, que denunció que con la construcción de un acueducto que autorizó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se atentaba contra los derechos de ese grupo étnico.

También se acusa que el Estado no garantiza derechos a la alimentación, educación, salud y vivienda más de la mitad de la población que no tiene “ingresos suficientes para satisfaceros por sí mismos”.

Según las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 51.3% de los mexicanos viven en pobreza patrimonial, lo que significa que 57 millones de personas no tienen ingreso suficiente para comprar alimentos, ni para invertir en servicios básicos de salud, educación, vivienda o vestido.

Acceso a la justicia y reforma judicial

Sobre un nuevo sistema acusatorio de justicia penal, aprobado en 2008 y que incluye a los juicios orales, la sociedad civil organizada denuncia que éste todavía no es vigente.

A tres años de que finalice el periodo para implementarlo, solo tres estados –Chihuahua, Estado de México y Morelos– lo han completado en su totalidad, según información oficial.

Este informe hace hincapié en la violación a los derechos humanos que implica la exhibición de personas detenidas ante los medios de comunicación “incluso antes de la determinación de un juez o tribunal que los señale plenamente responsables. No obstante que no existe una sentencia que determine la culpabilidad de una persona, ésta es exhibida como si hubiera sido declarada culpable”.

Durante el sexenio pasado (2006-2012) el gobierno federal organizó presentaciones ante medios de comunicación de presuntos líderes de organizaciones criminales que fueron detenidos en operativos encabezados por las fuerzas armadas.

Sistema Penitenciario

Las organizaciones civiles denuncian que el Estado mexicano no actúa para evitar el “hacinamiento” en las prisiones del país, que los reos vivan en “condiciones precarias” y que sean los funcionarios quienes tengan el control de los centros penitenciarios.

Según cifras de la Comisión Nacional de Seguridad, en septiembre de 2012 la capacidad de las prisiones tanto estatales como federales del país era de 189,943,  y tenía 239,941 internos; es decir, una sobrepoblación del 26%.

Al finalizar el sexenio de Calderón, el gobierno federal tenía pendiente completar el traslado de 50.1% de los prisioneros federales que están en prisiones estatales.

Mujeres

En el informe sobre la situación de los derechos humanos en México se acusa omisión para atender la violencia contra las mujeres y el aumento en casos de venta y explotación.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio reporta que de enero de 2011 a junio de 2012, 3.976 mujeres y niñas desaparecieron y de éstas la mitad tenían entre 11 y 20 años de edad.

También hay preocupación por que en legislaciones estatales el aborto es considerado un delito y por la falta de políticas públicas para evitar el embarazo de adolescentes, “una causa de deserción escolar que conlleva la reducción de oportunidades”.

En México, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 18.4% del total de nacimientos corresponde a madres menores de 19 años.

Juventud y niñez

Las organizaciones civiles indican que el país “carece de políticas públicas” para los jóvenes y que desde 2006 se han visto afectados por la política de seguridad.

Según el informe Infancia y Conflicto Armado en México de la Red por los Derechos de la Infancia en México publicado hace dos años, en el periodo 2006-2010 al menos 994 menores fallecieron en actos vinculados a la lucha contra la delincuencia organizada.

En diciembre de 2010, militares presentaron ante medios de comunicación a un menor de 14 años con apodo El Ponchis, como integrante de un grupo del crimen organizado y responsable de diversos asesinatos, lo que implicó un violación al derecho del menor al principio de la presunción de inocencia.

Este caso fue el primero que conoció la opinión pública de menores que presuntamente trabajaban para grupos de la delincuencia organizada.

Armonización legislativa

Las organizaciones expresan su preocupación a que exista una contrarreforma en materia de derechos humanos, pues el 3 de enero de este año, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Francisco Arroyo Vieyra, propuso reformar el artículo 1 para que cuando exista contradicción entre los principios de la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México, se privilegie la legislación nacional.

Otro pendiente que señalan es eliminar la figura del arraigo pues argumentan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya la declaró inconstitucional en 2005 y ha sido declarada “contraria a los estándares internacionales de derechos humanos” por mecanismos internacionales como las Naciones Unidas.

Según cifras de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, del total de arraigados en los últimos dos años del gobierno de Calderón, sólo el 3.3% recibió sentencias.

En otras fallas para tener una legislación a favor de los derechos humanos, el grupo de 30 organizaciones civiles asegura que “existen deficiencias” en tipos penales que no están armonizados con estándares internacionales como la desaparición forzada y la tortura, pues en la mayoría de las entidades del país no son delitos tipificados.

Aquí puedes consultar el documento completo de las organizaciones civiles.

EPUMEXICO.pdf by http://www.animalpolitico.com

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Los países de América Latina donde se pagan más y menos impuestos
Cuba y Brasil son los países latinoamericanos donde más se pagan impuestos, mientras que Guatemala es el país de la región con menores impuestos.
24 de marzo, 2019
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Aunque el mundo de los impuestos suele ser una nebulosa por las peleas técnicas y las pasiones políticas que desata, es un debate que nunca está lejos de las primeras planas.

Si la economía marcha bien, no es extraño que se eleven las voces reclamando una mejor distribución del ingreso, a través de un alza de impuestos que le permita al Estado recaudar más dinero.

Con la misma fuerza, surgen los detractores que alertan sobre los efectos negativos que eso puede tener en el ahorro o la inversión.

¿Se pagan muchos o pocos impuestos en América Latina?

La respuesta depende del punto de comparación. Lo que habitualmente hacen los economistas es tomar como referente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que agrupa a muchas de las economías más desarrolladas del mundo.

En la región el promedio de los tributos llega a un 23% del Producto Interno Bruto (PIB) y en la OCDE, alrededor del 34%.

Impuestos América Latina. (% del PIB). .

Los países que menos pagan impuestos en América Latina son Guatemala (12,6% del PIB), República Dominicana (13,7%) y Perú (16,1%), según las última cifras disponibles que aparecen en el informe de Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe, elaborado por OCDE, CIAT, BID, CEPAL.

En el otro extremo está Cuba (41,7% del PIB), seguido por Brasil (32,2% del PIB) y Argentina (31,3%).

Mujer caminando

Getty Images
Cuba y Brasil son los países latinoamericanos donde más se pagan impuestos.

Los expertos consideran a Cuba como un caso aparte, dadas las características singulares de su economía, que difieren del resto de la región.

Y al mirar las experiencias de alta tributación de Brasil, Argentina y Uruguay, aparecen ciertas características comunes.

“Los tres tienen tasas impositivas elevadas, tanto en impuesto sobre la renta de las personas y sociedades, como en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava el consumo”, le dice a BBC Mundo Santiago Díaz de Sarralde, director de Estudios e Investigaciones del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), con sede en Panamá.

¿Más o menos impuestos?

“Ese alto nivel de impuestos les ha permitido financiar mayores gastos sociales, pero los efectos de una alta carga impositiva son muy variados según cada país”, apunta.

“Hay países desarrollados que han funcionado mejor con impuestos altos, con elevada presión fiscal, y otros que han funcionado bien con tasas menores”.

En la OCDE, por ejemplo, entre los países con impuestos más altos son Islandia, Dinamarca, Francia, Bélgica, Suecia, Finlandia, y “están entre los más competitivos del mundo“.

Finlandeses

Getty Images
En los países de la OCDE el promedio de impuestos es del 34% del PIB.

Por otro lado, el tema no es solo el monto de recaudación, sino también el tipo de impuestos y cómo gastan esos países la recaudación fiscal.

“Finalmente son diferentes modelos de sociedad”, agrega Díaz de Sarralde.

Aunque en 2016 (últimas cifras disponibles) los impuestos bajaron 0,3% respecto al año anterior, la tendencia ha sido al alza.

“En las últimas tres décadas ha subido la carga tributaria en la región, acercándose hacia la media de la OCDE”, dice el experto.

La media de la región se acerca al 23%, pero en los años 90 estaba a 15 o 16 puntos de diferencia más abajo.

Los desafíos tributarios

Hay países en la región que recaudan sobre el 30% y otros apenas 12%, algo que muestra gran disparidad. Y en general, la presión fiscal varía según el nivel de ingresos del país.

La otra cara de la moneda es el gasto de los gobiernos.

Mujer caminando en Guatemala

Getty Images
Guatemala es el país con menores impuestos de América Latina.

Los egresos han crecido mucho más y por eso tenemos situaciones fiscales complejas“, le dice a BBC Mundo Alberto Barreix, economista líder principal de Gestión Fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Hay muchos países donde hay espacio fiscal para subir impuestos. En algunos el IVA, y en la mayoría de los países es el impuesto a la renta”.

Uno de los grandes desafíos, explica, es bajar los niveles de evasión.

Y la tendencia regional es “avanzar despacio por el camino de subir los impuestos, en la medida que suban los ingresos de los países”, apunta.

Billetes y artefacto para ahorrar

Getty Images
Uno de los desafíos en América Latina es bajar la evasión de impuestos.

Pero, advierte Barreix, “el problema con el impuesto a la renta personal, es que si tengo tasas demasiado altas, voy contra el ahorro”.

“Por eso hay espacio para subir impuestos, pero hay que hacerlo con cuidado”.


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