El ABC de la Reforma Política de senadores PAN-PRD
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El ABC de la Reforma Política de senadores PAN-PRD

Los puntos de esta iniciativa fueron presentados y apoyados por 24 de los 38 senadores panistas y por toda la bancada del partido del Sol Azteca en la Cámara Alta, y en ausencia del PRI.
Por Lilia Saúl
18 de julio, 2013
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Foto: Cuartoscuro.

Foto: Cuartoscuro.

La iniciativa de Reforma Política que presentó un grupo de senadores del PAN y la bancada completa del PRD apuesta por quitarle el fuero a todos los servidores públicos –incluyendo al Presidente de la República- y aumentar el poder de los ciudadanos en las decisiones políticas.

Esta propuesta de reforma -apoyada por 24 de los 38 senadores panistas y por toda la bancada del partido del Sol Azteca en la Cámara Alta, y en ausencia del PRI- también contempla que la fiscalización a los partidos políticos se haga durante las campañas y no después de las elecciones.

Además, que el rebase de los topes de gastos de campaña sea una causal para anular la elección; la elaboración de reglamentos para los temas de publicidad oficial; una Ley de Réplica que incluiría sanciones económicas para los medios de comunicación que incumplan con las disposiciones y “una profunda cirugía mayor al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE)”.

Todas las propuestas que contiene esta iniciativa de Reforma Política están basadas en un diagnóstico que académicos, investigadores, asociaciones civiles y periodistas realizaron de manera conjunta, según los senadores que presentaron el proyecto.

Los legisladores presentarán esta iniciativa el próximo miércoles 24 de julio a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y aseguraron que podría ser discutida en la segunda quincena de agosto en comisiones para presentarla en un posible periodo extraordinario de sesiones.

Animal Político te presenta un resumen de los principales puntos que contempla esta iniciativa, la cual está dividida en tres ejes:

*Reformas electorales: las cuales pueden modificarse mediante el cambio de algunos artículos en la Constitución o de normas secundarias, como el COFIPE.

*Relación Poder Ejecutivo y el ejercicio del poder, que incluye reformas constitucionales.

*Mecanismos para aumentar el poder ciudadano a través de la elaboración de una Ley de Participación Ciudadana.

En cuanto a las Reformas electorales…

*Fiscalización y rendición de cuentas:

-Se pide incorporar el criterio de oportunidad a la fiscalización durante las campañas electorales, no después.

-Anular la elección si hay rebase en el tope de gastos de campaña.

-Emitir lineamientos generales para el desarrollo de una ley relacionada con la Propaganda Gubernamental.

En este último punto también hay coincidencia con la propuesta que presentó el presidente de México, Enrique Peña Nieto, pero aún no ha sido enviada al Congreso de la Unión.

*Ley de partidos:

-Se propone reformar la Constitución para incluir un régimen de partidos políticos y emitir los lineamientos generales para el desarrollo de una Ley de Partidos que aún no existe.

*Candidaturas independientes:

-Se propone incorporar en la Constitución la obligatoriedad de otorgarles a los candidatos independientes la garantía de acceso a radio y televisión, y que cuenten con prerrogativas y obligaciones que actualmente sólo corresponden sólo a los partidos políticos.

*Delitos electorales:

-Penas severas a quienes contraten de manera encubierta espacios noticiosos.

Penalización por el “turismo electoral”.

-Revelación de conflicto de intereses en encuestas.

Fiscalización a candidatos independientes.

-La creación de un padrón de proveedores y costos para campañas y precampañas.

-Multar a quienes no asistan a los debates.

-Hacer obligatoria para los medios de comunicación la transmisión de los debates entre candidatos.

*Representación indígena:

-Cuota de población indígena de 20% de la lista de representación proporcional en circunscripciones con mayor número de indígenas (la II,IV y V).

En cuanto a la relación del Ejecutivo y el poder…

*Fuero constitucional:

Quitarle el fuero a todos los servidores públicos, incluyendo al Presidente.

Este tema fue discutido por los legisladores en marzo pasado, pero no logró consenso.

*Segunda vuelta electoral:

-Se propone incluir la segunda vuelta electoral para todos los cargos ejecutivos: Presidente, gobernadores y alcaldes.

*Reelección:

Reelección legislativa y de autoridades municipales. Para ello es necesario modificar el artículo 115 de la Constitución.

Este tema también se ha discutido en el Poder Legislativo y tampoco ha encontrado consenso. José Antonio Caballero, académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y la actual consejera electoral del IFE, María Marván Laborde, se pronunciaron a favor de esta propuesta ya que no hay continuidad en el trabajo legislativo en tres años que dura su encargo (en el caso de los diputados federales).

*Jefe de gabinete:

-Se propone que sea ratificado por el Congreso de la Unión y tenga como atribución sustituir al Presidente en ausencias temporales, facultad para presentar iniciativas de ley, coordinación del gabinete y la conducción de las relaciones del Ejecutivo con otros poderes.

En este sistema semi-parlamentarista se propone que sea el Congreso de la Unión quien ratifique al gabinete y los programas de gobierno, por mayoría absoluta.

*Autonomía de la PGR:

-Se propone, a través de una reforma a la Constitución, que la PGR cuente con autonomía.

-La creación de una Fiscalía General de la República y fiscalías autónomas en los Estados y el Distrito Federal.

-Se le otorga a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) autonomía.

En cuanto a la participación ciudadana…

*Ley de Participación Ciudadana:

-Regulará fórmulas permanentes de participación ciudadana como la iniciativa, la consulta popular, observatorios y consejos consultivos.

-Incluir el plebiscito y el referéndum en esta ley.

*Iniciativa ciudadana:

-Se podrá presentar con el 0.13% de la representación del listado nominal. Se permitirán iniciativas de tipo penal, seguridad pública, nacional, amnistía, relaciones internacionales, de tipo tributario o fiscal, entre otras.

*Ley de propaganda gubernamental:

-Se incluyen topes a los gastos de comunicación social de los entes públicos para que no excedan el 0.5% del Presupuesto de Egresos de la Federación.

*Ley de Réplica:

-Sanciones económicas a medios de comunicación que no cumplan con las disposiciones de esta ley con relación al cumplimiento del derecho de réplica.

 

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Pedro Castillo: de qué acusa exactamente la Fiscalía al presidente de Perú y qué pasa ahora

La Fiscalía utilizó una figura especial para acusar al mandatario ante el Congreso, lo que podría desencadenar su salida del poder.
12 de octubre, 2022
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La Fiscalía de Perú acusó formalmente, a través de una denuncia constitucional, al presidente Pedro Castillo de liderar una organización criminal en el seno de su gobierno.

Según la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, la investigación ha revelado indicios de que Castillo es el cabecilla de una red responsable de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

Benavides también dijo que se estaba produciendo “una feroz obstrucción a la justicia” desde esa red supuestamente “enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”.

El presidente Castillo replicó en una rueda de prensa con medios internacionales que “no hay ningún fundamento real” y “esas acusaciones son orquestadas”. Reiteró que probará su inocencia y aseguró que se ha puesto en marcha “una nueva modalidad de golpe de estado en Perú”.

La Fiscalía presentó formalmente la acusación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, a quien según el Ministerio Público corresponde ahora pronunciarse, aunque el gobierno acusa a la fiscal Benavides de intentar una maniobra inconstitucional para sacar a Castillo del poder.

La acusación formal al presidente supone un nuevo capítulo en la crisis política peruana y abre una nueva etapa de incertidumbre sobre el futuro del mandatario.

Pero, ¿cuáles son los hechos que se le imputan y que podrían costarle el cargo?

Investigaciones preliminares

La Fiscalía llevó a cabo este martes varios registros en viviendas supuestamente relacionadas con la trama investigada, entre ellos el de la hermana del presidente en San Juan de Lurigancho, un populoso barrio de Lima.

La fiscal Benavides aseguró que los investigadores encontraron “muy graves y reveladores indicios” de la supuesta existencia de la red criminal en el Gobierno, aunque no dijo cuáles..

El Presidente expresó su indignación por Twitter “La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre”.

La Fiscalía ha abierto seis investigaciones preliminares sobre Castillo en el poco más de un año que lleva de presidente y la acusación constitucional presentada el viernes supone la culminación a meses de titulares sobre supuestas irregularidades e ilícitos cometidos por su entorno.

Ya en mayo se había emitido orden de busca y captura contra dos sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, que desde entonces continúan huidos de la justicia, y su cuñada, Yenifer Paredes, a la que según el mismo cuenta ha criado como su hija, quien fue encarcelada el 31 de agosto por su supuesta pertenencia a la red liderada por Castillo.

El exsecretario y los sobrinos de Castillo, en la imgen oficial donde se ofrece una recompensa por ellos.

Mininter Perú
El Ministerio del Interior ofrece una recompensa por los sobrinos y el exsecretario de Castillo (izq.).

Denuncia constitucional

Las investigaciones en curso en la Fiscalía son diversas y algunas interconectadas., pero ninguna ha superado la fase preliminar.

De acuerdo con la Constitución peruana, el Presidente solo puede ser acusado por traición a la patria, por impedir la celebración de elecciones, disolver el Congreso indebidamente o impedir que se reúna, así como imposibilitar el funcionamiento de los órganos electorales.

Sin embargo, la Fiscalía asegura que el procedimiento especial de denuncia constitucional permite determinar si las personas que tiene inmunidad (como el primer mandatario y los congresistas) cometieron delitos en el ejercicio de sus funciones, entre ellos abuso de autoridad o corrupción.

Una vez formulada la acusación por esta vía, para salir adelante requiere del voto de más de la mitad de los congresistas. De ser aprobada en el Congreso, la fiscal de la Nación podrá formular una demanda penal contra Castillo ante la Corte Suprema de Justicia.

El gobierno asegura que la iniciativa va contra la Constitución.

Suspicacia por un ministerio

El Ministerio de Transportes ha sido objeto preferente de las investigaciones. Según la Fiscalía, Castillo y su ex ministro de Transportes, Juan Silva, también huido, favorecieron a determinados empresarios en la concesión de contratos públicos a cambio de pagos irregulares.

Para otro exministro de Transportes de Castillo, Geiner Alvarado, la Fiscalía pidió una medida de impedimento de salida del país, también por su supuesta pertenencia a esta banda, de la que formaría parte también los sobrinos fugados de Castillo.

Los sobrinos se habrían lucrado con la concesión del proyecto para la construcción de un puente en el norte del país. En el mismo procedimiento está imputado Bruno Pacheco, ex secretario de Castillo al que se le intervinieron US$20.000 en el cuarto de baño de su despacho en el Palacio de Gobierno.

Obras bajo sospecha en su tierra

De acuerdo con el relato de la Fiscalía, la red presuntamente liderada por Castillo también habría buscado lucrarse con contratos públicos del Ministerio de Vivienda en su provincia natal, Chota.

Fue este asunto el que llevó a prisión a su cuñada, Yenifer Paredes, que fue vista en una grabación difundida por el programa Cuarto Poder gestionando la realización de obras de saneamiento en un municipio chotano acompañada del empresario local Hugo Espino.

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo

Congreso de la República del Perú
Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo

El papel de “Los Niños”

Entre los registros llevados a cabo el martes estuvo el de los despachos de 6 congresistas del partido Acción Popular conocidos en los medios locales como “Los Niños” y a los que la Fiscalía sitúa también como miembros de la organización criminal de Castillo.

Se trata de Raúl Doroteo Carbajo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinoza Vargas, Ilich López Ureña y Elvis Vergara Mendoza.

Informaciones publicadas en los medios peruanos indican que lo que puso a la Fiscalía sobre aviso de los supuestos tratos delictivos de Castillo con “los Niños” fue el testimonio de la empresaria Karelim López Arredondo, que señaló que todos ellos formarían parte de la red corrupta del Ministerio de Transportes.

La empresaria se acogió a la figura de la colaboración eficaz con la justicia para obtener beneficios procesales en un caso en el que ella también está implicada.

Los congresistas se habían caracterizado por votar a favor de los intereses de Castillo en el Congreso pese a pertenecer a una bancada rival.

Ascensos en la Policía y Fuerzas Armadas

Aunque la fiscal Benavides no lo mencionó como uno de los asuntos que sustentan su acusación constitucional contra el presidente, se sabe que la Fiscalía también investiga el papel de Castillo en supuestas irregularidades en el ascenso de altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía.

La Fiscalía considera que Castillo, junto con un exministro de Defensa, Walter Ayala, y su exsecretario personal, Bruno Pacheco, habrían solicitado el ascenso de varios oficiales al grado de general y habrían intentado recibir dinero a cambio de esos ascensos.

Castillo fue citado a declarar por este asunto el pasado 4 de agosto y prefirió acogerse a su derecho a no declarar.

La salida del ministro de Interior

La salida del gobierno del ministro del Interior Mariano González se convirtió en un nuevo expediente judicial contra Castillo.

González declaró a los medios tras haber sido cesado que lo fue en represalia por haber asignado a los policías más competentes a la división encargada de localizar a huidos como los sobrinos de Castillo.

“Cae de maduro que se está cuestionando poner a los mejores profesionales para búsqueda de prófugos”, dijo entonces González.

Para la Fiscalía esto podría constituir un delito contra la administración de justicia por parte del Presidente.


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