A revisión, caso de joven criminalizada por abortar en SLP
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync

A revisión, caso de joven criminalizada por abortar en SLP

El próximo viernes 2 de agosto se celebrará la audiencia en la que el Tribunal de Justicia de esa entidad escuchará los argumentos de una joven declarada culpable del delito de aborto en un caso en el que las ONG denuncian irregularidades.
Por Tania L. Montalvo
31 de julio, 2013
Comparte
Protestas para despenalizar aborto

Foto: Cuartoscuro

Lo que más recuerda Hilda del 10 de julio de 2009 es el miedo que sintió cuando una doctora del Hospital Público de Tamuín, municipio de San Luis Potosí, la amenazó con no recibir atención médica y morir desangrada si no aceptaba que había intentado provocarse un aborto, hecho por el que fue condenada a prisión.

Cuatro años después, en la historia de Hilda —actualmente de 22 años y madre de una niña de tres—, se escribirá este 2 de agosto un capítulo decisivo cuando se celebre una audiencia ante el Tribunal de Justicia de San Luis Potosí para revisar el caso. La joven tendrá oportunidad de exponer ante el máximo tribunal de justicia estatal su versión de los hechos, en un proceso que organizaciones civiles han calificado de injusto, discriminatorio y violatorio de derechos humanos.

Hilda tenía 18 años cuando llegó con una hemorragia al centro de salud y no comprendía por qué el personal médico insistía en que estaba obligada a confesar que había tomado una pastilla abortiva para interrumpir un embarazo de seis semanas.

Bajo esas circunstancias y con una hemorragia que comenzó tras un día de duro trabajo para acarrear agua en el ejido Las Palmas —una localidad del municipio de Tamuín con menos de 200 habitantes en donde Hilda vive con su familia—, la joven fue acusada del delito de aborto y encarcelada, aunque logró su libertad un día después por falta de pruebas. Entonces pensó que la pesadilla había terminado y que atrás había quedado el episodio en el que la criminalizaron incluso antes de ejercer su derecho a recibir atención médica.

Como Hilda, 679 mujeres fueron denunciadas por aborto en unidades médicas de diferentes entidades del país en el periodo 2009-2011, según el informe Omisión e Indiferencia. Derechos reproductivos en México presentado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en abril pasado.

Pero el caso de la joven potosina no terminó en 2009 tras su liberación, pues tres años después fue sorprendida en casa de sus padres con una nueva orden de aprehensión acusada del delito de aborto, y aunque tras el esfuerzo de su familia pudo pagar una multa de 3 mil pesos para enfrentar el proceso fuera de prisión, todavía debe acudir cada mes a firmar el control de su libertad condicional.

En San Luis Potosí el aborto se considera un delito a menos que se realice porque hay peligro de muerte, la mujer fue víctima de una violación o de una inseminación artificial no consentida.

Esa entidad es uno de los 18 estados del país en donde la legislación protege la vida desde la concepción o la fecundidad.

Según la defensa de Hilda, a cargo de GIRE, cuando el 5 de abril de 2013 el juez finalmente la sentenció a un año de prisión por el delito de aborto, la joven se prometió a sí misma y a su familia que llegaría “hasta las últimas consecuencias” para probar que es inocente y se dijo dispuesta a enfrentar cualquier batalla legal para lograrlo, por lo que apeló esa decisión.

En la audiencia del 2 de agosto la defensa de Hilda argumentará que la sentencia es discriminatoria pues se dictó con base en supuestos moralistas y no se ajustó al debido proceso con base en pruebas que la incriminen para acreditar su responsabilidad en los hechos.

Además de que Hilda ya fue puesta en libertad en una ocasión por falta de pruebas, los médicos que la inculparon sólo cuentan con una declaración que, según su testimonio y el de testigos, obtuvieron bajo presión y amenazas, mientras que con la declaración de la madre de la joven se puede acreditar que el trato que recibieron fue violatorio a sus derechos humanos.

La defensa de Hilda asegura que el escenario más favorable es que tras la audiencia del viernes el Tribunal de Justicia dictamine en un plazo mínimo de tres semanas que la sentencia del juez penal es discriminatoria, “que no estuvo fallada conforme a las garantías de legalidad debidas” y entonces ordene una nueva sentencia.

En ese caso, la máxima instancia de justicia de San Luis Potosí determinaría que no se puede acreditar la responsabilidad de Hilda en el delito de aborto y ella obtendría su libertad.

“Hilda se ha sentido un poco abrumada por toda la situación del caso pero siempre ha dicho que lo que quiere es que se le reconozca su inocencia y siempre ha considerado que todo el proceso ha sido bastante injusto, entonces por eso mismo estamos apelando a la sentencia, ella fue la que dijo que se quería ir con todo, hasta las máximas consecuencias y todo el proceso legal que hubiera que seguir para que hubiera todo el reconocimiento a su inocencia”, dijo en entrevista Alma Beltrán y Puga, coordinadora jurídica de GIRE.

En caso de que el Tribunal considere que la sentencia es legal, Hilda tramitará un amparo en el que confirme que el caso no ha seguido el debido proceso y que no hay pruebas para inculparla.

Además, GIRE continuará con una petición para dictaminar la libertad de Hilda que está dirigida al Tribunal de Justicia de San Luis Potosí en el sitio Change.org en la que argumenta que el proceso está lleno de irregularidades.

Cuatro años han pasado desde que la lucha de Hilda para probar su inocencia comenzó.  Según su defensa, la joven potosina está confiada en que la cita con el Tribunal de Justicia del estado sea una de las últimas paradas para cerrar este capítulo de su vida en el que se ha sentido señalada y estigmatizada por un hecho considerado en su entidad un delito, pero del que además, se dice inocente.

En complemento a la historia de Hilda, Animal Político te presenta esta infografía de la organización , con datos de GIRE.

Da click para agrandar. Gráfico: GIRE.

Da click para agrandar. Gráfico: GIRE.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

Las 24 horas de ataques sincronizados del narco en Ecuador que dejaron 6 muertos y llevaron a un nuevo estado de excepción

Los tiroteos por parte de grupos del crimen organizado en Ecuador se han atribuido al traslado de presos del Penal del Litoral, en Guayaquil.
2 de noviembre, 2022
Comparte

Dos provincias de Ecuador vivieron 24 horas de terror cuando bandas armadas realizaron ataques sincronizados que fueron calificados por el presidente Guillermo Lasso como “una declaración de guerra” contra el estado de Derecho, el gobierno y la ciudadanía.

El mandatario decretó un nuevo estado de excepción en Guayas y Esmeraldas por 45 días, que implica un toque de queda desde las nueve de la noche hasta las cinco de la mañana.

Según informó el diario El Universo, hasta el momento hay cinco policías muertos, atacados a tiros mientras patrullaban las calles de estas dos provincias, y un civil, quien falleció, por una herida de bala en la cabeza.

La mayoría de los ataques se produjeron entre la una y las tres y media de la madrugada, e incluyeron detonaciones de artefactos explosivos y coches bomba en los alrededores de gasolineras, terminales de autobuses y comisarías.

Como indicó en septiembre la enviada especial de BBC Mundo a Guayaquil Valentina Oropeza, “el Ministerio del Interior y la Policía Nacional han registrado 145 atentados con explosivos en Ecuador entre enero y agosto de este año, un récord en la historia del país. 72 de ellos, casi la mitad, han ocurrido en Guayaquil”.

Los atentados continuaron en horas de la tarde, por ejemplo frente al edificio municipal de Durán, ciudad vecina a Guayaquil, que tiene la segunda tasa de homicidios más alta del país, según informó el medio GK.

Traslados “por reparaciones”

Los ataques habrían sido -según la prensa local- una respuesta de grupos vinculados al narcotráfico a un traslado de cientos de presos del Penal del Litoral, ubicado en Guayaquil y escenario de motines sangrientos en los últimos dos años (unos 120 internos murieron en esta cárcel en septiembre de 2021).

El diario El Universo informó de panfletos atribuidos a las bandas Los Lobos y Los Tiguerones que advertían el lunes pasado con hacer uso de su poder logístico y armamento si “tocaban” a su gente de los pabellones 8 y 9 de esa penitenciaría.

Familiares de presos en el el Penal del Litoral

Getty Images
Familiares de presos en el el Penal del Litoral se autoconvocaron desde el lunes afuera de la penitenciaría.

Se desconoce aún a qué otros centros de rehabilitación fueron llevados los presos, cuyo traslado fue atribuido por el SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral para Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores) a “reparaciones en los pabellones”.

“No sabemos a dónde los llevan, los mandan a morir”, dijo a este diario uno de los familiares que desde la noche del 31 de octubre se autoconvocaron en las afueras del Penal del Litoral ante las primeras noticias de los traslados y con temor a nuevas masacres carcelarias que han dejado más de 400 muertos en Ecuador desde 2020.

Mientras, en un centro de rehabilitación de Esmeraldas siete funcionarios penitenciarios fueron secuestrados por los presos y más tarde liberados.

“Incomodidad”

En este marco de violencia, el presidente suspendió sus vacaciones familiares a Orlando, Estados Unidos, por las que había sido criticado en redes sociales debido a la situación de violencia en el país, y se trasladó a Guayaquil -capital de la provincia del Guayas- para encabezar la respuesta del gobierno a esta última ola de atentados.

Según Lasso, lo ocurrido en estas 24 horas muestra “claramente los límites que la delincuencia organizada transnacional está dispuesta a traspasar”.

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador

Getty Images
El presidente Lasso ha decretado varios estados de excepción desde 2020 pero la violencia no se detiene en el país.

“La narcodelincuencia se siente incómoda y manifiesta su malestar con violencia”, añadió el mandatario, atribuyendo la reacción de las bandas armadas al combate de su gobierno al tráfico de drogas.

Como informó Valentina Oropeza, en 2022 Ecuador figura como el tercer país donde se incauta más cocaína después de Colombia y Estados Unidos, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga.

Guayaquil, el mayor puerto marítimo del país, también es el principal puerto de salida de la droga que navega por el Pacífico hacia el norte del continente americano.


Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.