[contextly_sidebar id=”f20716df3d1e01ed9f10b16f6d6476e2″]El Consejo General del IFE aprobó embargarle al PRD los 25 millones de pesos que adeuda al empresario Rafael Goycoolea Incháustegui desde hace siete años. La retención se hará a partir del mes de agosto.
Francisco Guerrero, consejero electoral del IFE, dijo que el órgano electoral es sujeto obligado a obedecer una orden judicial pero no es parte del litigio y por ello simplemente ayuda a la ejecución de una sentencia firme, ya que esta es constitucional y legal.
Los 25 millones de pesos le serán descontados al PRD en ocho mensualidades, debido a la propuesta de la consejera electoral Macarita Elizondo, pues el consejero presidente Leonardo Valdés consideró que sí debía descontarse en una sola exhibición.
Sin embargo, su voto fue el único pues el resto de los consejeros electorales votaron a favor de que se le descontaran en 8 mensualidades.
En la discusión, los consejeros electorales coincidieron en que debe discutirse el tema del endeudamiento en los partidos políticos, pues éstos no debieran gastar más de lo que ya reciben por parte del IFE a través de recursos públicos.
“Es necesario que el IFE regule las deudas y que los pasivos no excedan ciertos límites con el propósito de que este sistema de financiamiento público realice sus objetivos y que los partidos políticos no se sobreendeuden. Esa es la solución, pero la legislación ayudaría al respecto”, dijo el consejero Benito Nacif, quien expuso esta argumentación durante la discusión del tema.
Rafael Goycoolea Incháustegui demandó por la vía ordinaria mercantil, al PRD el pago del importe de 11 facturas expedidas por servicios relativos a tres asambleas informativas y 47 de plantón en el zócalo capitalino, en la elección presidencial de 2006, más los intereses moratorios al tipo legal. Dicho juicio culminó con sentencia definitiva en la cual se condenó solamente al partido político al pago por las prestaciones reclamadas.
Goycoolea Incháustegui tuvo que esperar siete años y pasar por cinco instancias distintas de la justicia mexicana –incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación– para que el IFE discuta un proyecto de resolución que obligue al PRD a pagarle 25 millones de pesos por prestarle sus servicios de instalación de lonas, video y audio durante la campaña electoral y el plantón del Paseo de la Reforma en 2006, tras la derrota del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.
