Jornada de protesta paraliza varias ciudades de Brasil
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Jornada de protesta paraliza varias ciudades de Brasil

Los participantes bloqueaban parcialmente o por completo 40 carreteras en 14 estados. Es la cuarta huelga general en 190 años y la última desde hace 22 años.
11 de julio, 2013
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BRASIL-PROTESTAS

Manifestantes queman una bandera del estado de Sao Paulo frente al ayuntamiento, en Sao Paulo, Brasil, el martes 18 de junio de 2013. Algunas de las mayores protestas desde el final de la dictadura brasileña (1964-85) han estallado a lo largo y ancho de este país de dimensiones continentales, convocando a multitudes frustradas por servicios deficientes a pesar de los altos impuestos. (AP Foto/Nelson Antoine)

Decenas de miles de trabajadores a lo largo y ancho de Brasil participaban el jueves11 de julio en una huelga nacional pacífica para exigir mejores condiciones de trabajo y servicios públicos en la nación más poblada de América Latina.

Empleados metalúrgicos, de transporte y de la construcción, así como maestros y funcionarios públicos, se sumaron a la jornada organizada por las grandes centrales sindicales de Brasil.

Los participantes bloqueaban parcialmente o por completo 40 carreteras en 14 estados.

En la ciudad de Santos, los trabajadores portuarios impidieron la entrada de camiones al puerto más grande de América Latina. Estibadores en huelga también bloquearon el acceso a los puertos en otros seis estados.

Algunos bancos ubicados en zonas en las que se esperaba que los manifestantes organizaran grandes manifestaciones cerraron, pero permitieron el uso de los cajeros automáticos.

Los maestros de escuelas públicas y privadas también se declararon en huelga y cerraron escuelas en varias ciudades, mientras que algunos hospitales estaban operando con el personal mínimo indispensable. Sin embargo, los trabajadores de metro, trenes y autobuses en Sao Paulo, Río de Janeiro y otras capitales estatales no se unieron a la huelga, y los servicios de transporte estaban funcionando normalmente.

Los huelguistas exigen mejoras al transporte público, servicios de salud y educación pública, así como una reforma agraria y la reducción de las horas laborales durante la semana.

Es la cuarta huelga general en 190 años y la última desde hace 22 años.

La huelga ocurre después de las protestas masivas que sacudieron el mes pasado a Brasil, cuando manifestantes molestos por la corrupción, los deficientes servicios públicos y la alta carga fiscal se lanzaron a las calles.

Los manifestantes también protestaron por los miles de millones de dólares invertidos en la organización del Mundial de futbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro, un dinero que aseguran deberían usarse para mejorar los hospitales, escuelas y el transporte.

La presidenta Dilma Rousseff ha respondido con varias propuestas, como invertir 23 mil millones dólares en transporte urbano, usar las regalías del petróleo para financiar la educación y traer al país a miles de médicos extranjeros para trabajar en zonas pobres y marginadas.

También ordenó a su gabinete concentrarse en soluciones en cinco áreas prioritarias: la responsabilidad fiscal y el control de la inflación, la reforma política, la salud pública, el transporte público y la educación.

AP

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'Solo sí es sí': por qué muchos agresores sexuales en España podrán salir de prisión antes de tiempo bajo una nueva ley

Un agujero legal en la nueva legislación sobre la libertad sexual en España ha abierto la puerta a la rebaja de la pena a personas ya condenadas por agresión sexual.
18 de noviembre, 2022
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Lleva en vigor apenas un mes, pero la polémica no abandona a la nueva ley española conocida como del “solo sí es sí”.

Un “agujero legal” en La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que impulsó el sector más izquierdista del gobierno español, ha provocado que la aplicación de la norma tenga una consecuencia indeseada para sus promotores: la reducción de la pena a algunos condenados.

Desde que comenzó a aplicarse, una quincena de agresores condenados con la legislación antigua han obtenido una rebaja automática en sus penas, entre ellos un hombre que abusó sexualmente de su hijastra de 14 años. Tres de ellos han sido excarcelados.

El cambio en el régimen jurídico, que se aprobó tras más de cuatro años de debate, no incluyó una disposición transitoria para acotar los casos susceptibles de revisión de la pena, una especie de reglas que establecen el paso de un Código al otro.

Esta es una disposición que suelen adjuntar las nuevas leyes que modifican el Código Penal español.

La ley de Libertad Sexual ha eliminado la distinción entre abuso y agresión sexual. Ahora, toda interacción sexual sin consentimiento se considera una agresión.

Sin embargo, esta refundición de conductas también ha ampliado el rango de las penas que se aplican a estos comportamientos, que pueden ser muy distintos.

En algunos supuestos, las penas mínimas y las máximas son más bajas.

Esto ha sido aprovechado por los abogados de algunos condenados, que tienen derecho a que su pena se adapte a la nueva ley si esta les resulta más favorable.

Perspectiva de género

Para la ministra española de Igualdad, Irene Montero, de Podemos, el problema radica en que “hay jueces que no están cumpliendo con la ley” por “machismo“, y ha pedido que se refuerce la formación en igualdad en el sistema judicial.

La ministra española de Igualdad, Irene Montero.

EPA
La ministra española de Igualdad, Irene Montero.

Según la ministra, la ley está bien redactada y el problema se encuentra en la aplicación e interpretación de la misma por jueces a los que les falta “perspectiva de género”.

La titular de Derechos Sociales y líder del partido izquierdista, Ione Belarra, también ha dicho que los jueces están aplicando “mal” la nueva ley, y ha acusado a una parte de la magistratura de erigirse como “oposición al gobierno de coalición, y especialmente al ministerio de Igualdad”.

Ante las críticas, los jueces aseguran que ellos mantienen un compromiso con las víctimas, pero que la nueva ley puede dar lugar a interpretaciones.

El Consejo General del Poder Judicial, conocido como “gobierno de los jueces”, ya había advertido en un informe antes de que se aprobara la ley que ésta podría dar lugar a “una revisión de las condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas”.

Varias agrupaciones de jueces, entre ellas la Asociación Profesional de la Magistratura, que reúne al mayor número de juristas en España, han pedido la dimisión de la ministra de Igualdad por sus ataques a los jueces y por generar “una alarma innecesaria y devastadora” entre las víctimas.

En el Gobierno de coalición, los socialistas se han abierto a revisar la ley del “solo sí es sí”.

“Si hay que abordar una reforma para conseguir un respaldo más sólido a las víctimas, habrá que abordarla”, ha dicho la ministra socialista de Educación, Pilar Alegría.

La ley, sostiene, se aprobó para la protección integral de las víctimas.

El propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que corresponde a los jueces y fiscales “unificar” la doctrina al respecto.

Origen

La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual tiene su origen en el polémico caso conocido como de “la manada“, que generó manifestaciones en todo el país y la exigencia de parte de la sociedad española de reformar las leyes para proteger a las mujeres de ataques sexuales y endurecer los castigos para quienes los perpetren.

En este caso, cinco hombres violaron a una joven de 18 años en un portal de Pamplona y fueron condenados a penas de 15 años.

Paradójicamente, la nueva ley podría rebajar la condena de alguno de ellos.

Su abogado ya ha dicho que, a la luz del nuevo código, pedirá la reducción de la pena de al menos uno de los condenados.

La ley se conoce como de “solo sí es sí” por uno de sus postulados más importantes y, a la vez, más polémicos: la del consentimiento antes de cualquier agresión sexual.

“Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”, expone el texto legal.

Esto supone que una agresión sexual no implica necesariamente el uso de la fuerza o que la víctima haya tratado de resistirse.

La nueva norma también castiga el acoso callejero y la violencia sexual digital, entre otros delitos.


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