La pareja gay que celebró una boda hace 40 años
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La pareja gay que celebró una boda hace 40 años

A principios de los 70, salir del armario podía costar la casa, el trabajo y la familia
14 de julio, 2013
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boda gay2bbc“Al final vamos a ganar esto, no esta vez, pero quizás la próxima”. En 1973, el activista por los derechos homosexuales Jack Baker dijo en un programa de televisión de Estados Unidos que sólo era cuestión de tiempo que se legalizasen las uniones entre personas del mismo sexo.

Lo dijo en el influyente programa de David Susskind que se retransmitía a nivel nacional después de conseguir, con su pareja Michael McConnell, una licencia de matrimonio para casarse valiéndose de una treta legal.

Para Baker, el matrimonio era una cuestión de derechos civiles.

“Está en el núcleo de la discriminación. No puedes dejar que los heterosexuales te traten diferente… tienes que decir: ‘Pago impuestos para mantener este gobierno y me tiene que reconocer como un ciudadano igual que el resto. Si no, juro que voy a molestar a este gobierno”.

A principios de los 70, salir del armario podía costar la casa, el trabajo y la familia.

En aquel momento, la imagen típica del homosexual era una especie de caricatura: hombres extravagantes en bares gay, con un estilo de vida promiscuo y salvaje.

Cambio de nombre

Baker y McConnell no encajaban en ese estereotipo. Ambos tenían cerca de 30 años y lucían un corte de pelo corto y acicalado. Baker estudiaba Derecho y McConnell era bibliotecario. La primera vez que solicitaron una licencia de matrimonio, en 1970, llevaban juntos cuatro años.

Se la negaron con el argumento de que ambos eran hombres. Pero la pareja no se dio por vencida y decidió luchar.

Apelaron el veredicto varias veces hasta que su caso llegó a la Corte Suprema. Era la primera vez que al máximo tribunal de EE.UU. se le pedía emitir una sentencia sobre el matrimonio homosexual, pero rechazó el caso por considerar que no se trataba de una cuestión federal.

Lejos de darse por vencidos, la pareja lo volvió a intentar. Esta vez probaron con una táctica diferente. Baker cambió su nombre a uno genéricamente neutro: Pat Lyn.

Una maniobra aparentemente muy simple pero funcionó. Les emitieron la licencia de matrimonio y comenzaron a planificar la boda.

Primero le pidieron a un ministro metodista que celebrara la ceremonia y asistieron a un curso prematrimonial de varias semanas como cualquier pareja heterosexual que quiere casarse en esa iglesia.

Pero a 24 horas de la boda, el ministro cambió de opinión.

Necesitaban otro que realizase la ceremonia, explica el pastor Roger Lynn, que en aquel momento trabajaba con la pareja en un centro que ofrecía ayuda a gays en Minneapolis (Minnesota).

“No se trataba sólo de un matrimonio… Era un evento social para la comunidad gay”, explica Lynn. La pareja estaba planeando filmar la boda para difundirlo en los medios nacionales, recuerda.

“Les declaro marido y marido”

Lynn aceptó entusiasmado la oferta de oficiar la ceremonia. En aquel momento, su iglesia no tenía ningún tipo de regla que impidiera casar a personas del mismo sexo, afirma.

“La Iglesia Metodista siempre ha tenido una postura firme en temas sociales… Esperaba que el sector más progresista me apoyara”.

La ceremonia tuvo lugar en una vieja casa victoriana cercana a un lago en Minneapolis.

“Había un pastel y en lugar del novio y la novia en la parte superior, había dos novios”, apunta.

Y recuerda especialmente cuando declaró a la pareja “marido y marido”.

Asegura que fue un momento muy emotivo, “especialmente cuando se besaron”.

Pese a que trabajaba en el centro de ayuda a homosexuales, nunca había visto a dos hombres besándose y asegura que tuvo una “reacción visceral”.

“Fue aterrador”, dice. “Me obligó a enfrentarme con mi propia homofobia”.

Después de la fiesta

Al final de la ceremonia, cuando muchos en la congregación se acercaron al pastor con los ojos llenos de lágrimas, supo que había hecho lo correcto.

“Era claro que esas dos personas se amaban y que era una pareja bien equilibrada”, sostiene.

Después de oficiar la boda entre Baker y McConnell, Lynn se dio cuenta de que eso le supondría problemas en su propio matrimonio.

A su mujer no le hacía gracia lo que acababa de hacer y estaba nerviosa por la atención mediática que había atraído.

Al siguiente domingo, fueron a la iglesia y el cura centró su sermón en condenar a Lynn por celebrar el matrimonio.

Lynn se mantuvo firme. “Me pareció divertido”, asegura. “Sabía que algunos en la congregación me apoyarían y me sentí algo engreído”.

Pero poco después comenzó a recibir cartas cargadas de odio de todo el país. Su caso se hizo tan notorio que hasta le llegó una carta cuya única dirección era “el ministro hippy gay, Minneapolis”.

Lo echaron de su trabajo pero lo volvieron a aceptar tras presentar una reclamación.

Su matrimonio también acabó, aunque no sólo por ese motivo, asegura.

“Definió lo que soy”

 

Durante años, sus colegas ministros trataron de convencerlo de que cambiara de opinión sobre lo que había hecho. Pero Lynn -que ya retirado sigue viviendo en Minnesota- asegura que nunca se ha arrepentido.

“Definió quién soy y si tuviera la oportunidad, lo volvería hacer”, sostiene.

Jack Baker y Mike McConnell recibieron muchas cartas de apoyo de todo el mundo: desde India hasta Brasil.

Una postal que les enviaron desde Barbados decía simplemente: “¡Felicidades por ese valiente paso! Esperamos que sus sueños se hagan realidad y que su vida juntos sea lo más feliz y bonita posible”.

La pareja sigue viviendo junta en Minneapolis. Se consideran legalmente casados ya que nunca les revocaron su licencia.

No ofrecen entrevistas a los medios en la actualidad, pero en una conversación en el programa de David Susskind en 1973, Baker describió su actitud frente a los matrimonios entre personas del mismo sexo.

“Las parejas gay llegan a una relación como dos seres humanos iguales y no se puede asumir arbitrariamente que por el tipo de genitales que tienen se van a comportar de una manera determinada… los heterosexuales deberían aprender eso”.

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Pedro Castillo: de qué acusa exactamente la Fiscalía al presidente de Perú y qué pasa ahora

La Fiscalía utilizó una figura especial para acusar al mandatario ante el Congreso, lo que podría desencadenar su salida del poder.
12 de octubre, 2022
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La Fiscalía de Perú acusó formalmente, a través de una denuncia constitucional, al presidente Pedro Castillo de liderar una organización criminal en el seno de su gobierno.

Según la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, la investigación ha revelado indicios de que Castillo es el cabecilla de una red responsable de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

Benavides también dijo que se estaba produciendo “una feroz obstrucción a la justicia” desde esa red supuestamente “enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”.

El presidente Castillo replicó en una rueda de prensa con medios internacionales que “no hay ningún fundamento real” y “esas acusaciones son orquestadas”. Reiteró que probará su inocencia y aseguró que se ha puesto en marcha “una nueva modalidad de golpe de estado en Perú”.

La Fiscalía presentó formalmente la acusación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, a quien según el Ministerio Público corresponde ahora pronunciarse, aunque el gobierno acusa a la fiscal Benavides de intentar una maniobra inconstitucional para sacar a Castillo del poder.

La acusación formal al presidente supone un nuevo capítulo en la crisis política peruana y abre una nueva etapa de incertidumbre sobre el futuro del mandatario.

Pero, ¿cuáles son los hechos que se le imputan y que podrían costarle el cargo?

Investigaciones preliminares

La Fiscalía llevó a cabo este martes varios registros en viviendas supuestamente relacionadas con la trama investigada, entre ellos el de la hermana del presidente en San Juan de Lurigancho, un populoso barrio de Lima.

La fiscal Benavides aseguró que los investigadores encontraron “muy graves y reveladores indicios” de la supuesta existencia de la red criminal en el Gobierno, aunque no dijo cuáles..

El Presidente expresó su indignación por Twitter “La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre”.

La Fiscalía ha abierto seis investigaciones preliminares sobre Castillo en el poco más de un año que lleva de presidente y la acusación constitucional presentada el viernes supone la culminación a meses de titulares sobre supuestas irregularidades e ilícitos cometidos por su entorno.

Ya en mayo se había emitido orden de busca y captura contra dos sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, que desde entonces continúan huidos de la justicia, y su cuñada, Yenifer Paredes, a la que según el mismo cuenta ha criado como su hija, quien fue encarcelada el 31 de agosto por su supuesta pertenencia a la red liderada por Castillo.

El exsecretario y los sobrinos de Castillo, en la imgen oficial donde se ofrece una recompensa por ellos.

Mininter Perú
El Ministerio del Interior ofrece una recompensa por los sobrinos y el exsecretario de Castillo (izq.).

Denuncia constitucional

Las investigaciones en curso en la Fiscalía son diversas y algunas interconectadas., pero ninguna ha superado la fase preliminar.

De acuerdo con la Constitución peruana, el Presidente solo puede ser acusado por traición a la patria, por impedir la celebración de elecciones, disolver el Congreso indebidamente o impedir que se reúna, así como imposibilitar el funcionamiento de los órganos electorales.

Sin embargo, la Fiscalía asegura que el procedimiento especial de denuncia constitucional permite determinar si las personas que tiene inmunidad (como el primer mandatario y los congresistas) cometieron delitos en el ejercicio de sus funciones, entre ellos abuso de autoridad o corrupción.

Una vez formulada la acusación por esta vía, para salir adelante requiere del voto de más de la mitad de los congresistas. De ser aprobada en el Congreso, la fiscal de la Nación podrá formular una demanda penal contra Castillo ante la Corte Suprema de Justicia.

El gobierno asegura que la iniciativa va contra la Constitución.

Suspicacia por un ministerio

El Ministerio de Transportes ha sido objeto preferente de las investigaciones. Según la Fiscalía, Castillo y su ex ministro de Transportes, Juan Silva, también huido, favorecieron a determinados empresarios en la concesión de contratos públicos a cambio de pagos irregulares.

Para otro exministro de Transportes de Castillo, Geiner Alvarado, la Fiscalía pidió una medida de impedimento de salida del país, también por su supuesta pertenencia a esta banda, de la que formaría parte también los sobrinos fugados de Castillo.

Los sobrinos se habrían lucrado con la concesión del proyecto para la construcción de un puente en el norte del país. En el mismo procedimiento está imputado Bruno Pacheco, ex secretario de Castillo al que se le intervinieron US$20.000 en el cuarto de baño de su despacho en el Palacio de Gobierno.

Obras bajo sospecha en su tierra

De acuerdo con el relato de la Fiscalía, la red presuntamente liderada por Castillo también habría buscado lucrarse con contratos públicos del Ministerio de Vivienda en su provincia natal, Chota.

Fue este asunto el que llevó a prisión a su cuñada, Yenifer Paredes, que fue vista en una grabación difundida por el programa Cuarto Poder gestionando la realización de obras de saneamiento en un municipio chotano acompañada del empresario local Hugo Espino.

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo

Congreso de la República del Perú
Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo

El papel de “Los Niños”

Entre los registros llevados a cabo el martes estuvo el de los despachos de 6 congresistas del partido Acción Popular conocidos en los medios locales como “Los Niños” y a los que la Fiscalía sitúa también como miembros de la organización criminal de Castillo.

Se trata de Raúl Doroteo Carbajo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinoza Vargas, Ilich López Ureña y Elvis Vergara Mendoza.

Informaciones publicadas en los medios peruanos indican que lo que puso a la Fiscalía sobre aviso de los supuestos tratos delictivos de Castillo con “los Niños” fue el testimonio de la empresaria Karelim López Arredondo, que señaló que todos ellos formarían parte de la red corrupta del Ministerio de Transportes.

La empresaria se acogió a la figura de la colaboración eficaz con la justicia para obtener beneficios procesales en un caso en el que ella también está implicada.

Los congresistas se habían caracterizado por votar a favor de los intereses de Castillo en el Congreso pese a pertenecer a una bancada rival.

Ascensos en la Policía y Fuerzas Armadas

Aunque la fiscal Benavides no lo mencionó como uno de los asuntos que sustentan su acusación constitucional contra el presidente, se sabe que la Fiscalía también investiga el papel de Castillo en supuestas irregularidades en el ascenso de altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía.

La Fiscalía considera que Castillo, junto con un exministro de Defensa, Walter Ayala, y su exsecretario personal, Bruno Pacheco, habrían solicitado el ascenso de varios oficiales al grado de general y habrían intentado recibir dinero a cambio de esos ascensos.

Castillo fue citado a declarar por este asunto el pasado 4 de agosto y prefirió acogerse a su derecho a no declarar.

La salida del ministro de Interior

La salida del gobierno del ministro del Interior Mariano González se convirtió en un nuevo expediente judicial contra Castillo.

González declaró a los medios tras haber sido cesado que lo fue en represalia por haber asignado a los policías más competentes a la división encargada de localizar a huidos como los sobrinos de Castillo.

“Cae de maduro que se está cuestionando poner a los mejores profesionales para búsqueda de prófugos”, dijo entonces González.

Para la Fiscalía esto podría constituir un delito contra la administración de justicia por parte del Presidente.


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