[contextly_sidebar id=”057b06923c25b974ad70d82782ecebef”]Uruguay quedó a un paso de legalizar la mariguana y dejar en manos del Estado la producción, distribución y venta controlada del cannabis, algo inédito en el mundo.
Con la aprobación del proyecto de ley en la cámara baja, se necesita el visto bueno del Senado, que se da por descontado.
Se trata de una ley que, según el gobierno, tiene como objetivo arrebatar el mercado a los carteles del narcotráfico y evitar que los uruguayos se inclinen por consumir drogas duras.
Pero, ¿en qué consiste la normativa? ¿Y cómo se aplicaría?
BBC Mundo repasa los principales aspectos del proyecto de ley.
En manos del Estado
El Estado asume el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de la mariguana o sus derivados.
Se creará un organismo estatal que emitirá licencias y controlará la producción y la distribución.
El plan de regularización contempla la compraventa y el cultivo de mariguana.
¿Quiénes podrán comprar y cultivar?
Los consumidores registrados para uso recreativo de la mariguana, sólo mayores de 18 años y residentes en el país, podrán comprarla en farmacias habilitadas.
Se prevén tres formas de acceder:
La tenencia máxima de una persona será de 40 gramos de mariguana. También se establece en idéntica cifra el límite máximo que se podrá expender por persona al mes.
Se podrá cultivar también con fines científicos y de uso medicinal, que se podrá obtener con receta médica y se habilita la producción del cannabis no psicoactivo conocido como cáñamo industrial.
¿Cómo se otorgarán las licencias?
El proyecto de ley establece que se crearán los registros correspondientes para la producción, el autocultivo y el acceso a la mariguana a través de farmacias.
Estos registros se enmarcarán en la ley de protección de datos sensibles o ley de habeas datas.
Y serán confeccionados y administrados por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), aún no creado, que dependerá del Ministerio de Salud Pública.
Sin embargo, el proyecto de ley no especifica qué criterios se aplicarán para otorgar licencias, cuál será su costo, o a quienes serán
autorizadas.
Tampoco establece la cantidad de producción estimada.
Se prevé que estos aspectos sean regulados por el Poder Ejecutivo más adelante.
El gobierno elaborará planes de prevención del consumo y estará prohibida la publicidad y la venta a menores de 18 años.
La normativa determina la creación de una Unidad de Evaluación y Monitoreo de la aplicación y cumplimiento de la ley.
Toda plantación no autorizada deberá ser destruida con intervención de un juez y el IRCCA será el encargado de aplicar las sanciones por infracciones a las normas en materia de licencias.
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