Pablo Salazar Mendiguchía. Foto: Cuartoscuro.

El ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, quien estuvo en prisión durante 17 meses, reconoció que su liberación se debió a un pacto con su sucesor en el cargo, Juan Sabines, para no demandarlo.

En  octubre de 2012, se supo que la deuda pública total que heredaría el gobierno de Juan Sabines al actual gobierno de Manuel Velasco en Chiapas llegaría a 40 mil millones de pesos.

En declaraciones para MVS Radio, el político tabasqueño también dijo que Sabines le interpuso varios cargos para mantenerlo en la cárcel, lo que calificó como “una de las persecuciones más inhumanas”.

Previo a su salida del gobierno, Sabines agilizó el acuerdo con Salazar: “Vamos a olvidarnos de las precondiciones y vamos a solucionar esto, vamos a cancelar las órdenes de aprehensión y pidió que todos mis compañeros le firmaran un documento en el que se comprometieran a que no lo iban a demandar en los tribunales mexicanos ni en los tribunales internacionales”, señaló el ex mandatario.

Respecto al acuerdo hecho con Sabines, Salazar señaló que sus abogados lo aconsejaron hacerlo pues “más que una responsabilidad para nosotros era una confesión de mi sucesor, que (hacerlo) no tenía ninguna trascendencia jurídica”, explicó.

Asimismo, Salazar refirió que Sabines le pidió a su hijo Pablo Salazar que el ex mandatario chiapaneco le asegurara viéndolo a los ojos que no lo iba a demandar, que firmara una carta y que un testigo de calidad certificara que no iban a proceder contra él, entre cuyos nombres se barajó el de Pedro Joaquín Coldwell, cuando aún era secretario general del PRI.

Coldwell aceptó ser testigo cuando Salazar le aseguró “frente a los ojos” a Sabines que no lo iba a demandar en la Casa de Gobierno del Estado.

Salazar Menduguchía comentó que luego del arreglo le dejó en claro a Sabines “no somos, ni seremos amigos, pero sí te digo, no soy tu enemigo, no te preocupes por mí; preocúpate por otros enemigos que has dejado en el camino”.

En noviembre de 2012, un tribunal federal ratificó el amparo que dejó improcedente el último de los procesos que mantenían en prisión a Salazar Mendiguchía.

Se trataba de una acusación en su contra por el delito de homicidio, luego de que lo responsabilizaran de la muerte de 30 bebés en el Hospital General de Comitán, en 2002.

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