Seis de cada diez familias que huyen de sus hogares para evitar agresiones por conflictos religiosos en Chiapas sobreviven con el apoyo de los integrantes de sus congregaciones, pues no son reconocidas ni reciben ayuda del gobierno estatal, según documentos de la Coordinación de Organizaciones Cristianas.

“Nosotros tenemos unas cien familias en refugios que la misma iglesia evangélica les proporciona dentro de salones de clases, templos o en casa de familiares de la iglesia. Ahora, los únicos refugios que tenemos del gobierno para desplazados se han habilitado en San Cristóbal, ahí hay tres casas que son refugios para cuatro grupos de desplazados que reciben despensas y eso no siempre, porque se las han suspendido”, dice en entrevista Luis Herrera, presidente de la Coordinación.

[contextly_sidebar id=”94254fe57d8269d0513f957df11cbd03″]En total, 40 familias de las comunidades de San Gregorio y Chilil, en el municipio de Huixtán y de Yashtinin y Los Llanos de San Cristóbal de las Casas son atendidas por el gobierno estatal tras haber sido expulsadas de su lugar de origen por intolerancia religiosa.

“El gobierno estatal no ha hecho absolutamente nada. Estamos en un cambio de gobierno. El anterior, encabezado por Juan Sabines, definitivamente estableció una estrategia para tratar de callar a toda la gente que pudiera decir que había problemas de intolerancia en Chiapas. En este gobierno que ingresó en enero, todavía no hay nada, apenas se están nombrando funcionarios de asuntos religiosos. Todavía no se ha hecho ningún esfuerzo de poder atender los casos de intolerancia de tal manera que tengan una solución efectiva”, dice Luis Herrera.

Según datos de la Secretaría de Gobierno de Chiapas, durante el sexenio de Sabines (2006-2012) se logró “al 100% fortalecer la cultura de paz en materia religiosa” y se atendieron y resolvieron todas las controversias por intolerancia religiosa que hubo en la entidad.

“Hoy en Chiapas ya no es común que las personas se agredan por diferir en sus convicciones de fe, dándose casos aislados únicamente”, cita el documento oficial.

El 26 de junio pasado, 31 evangélicos que intentaron regresar a la comunidad de Los Llanos fueron retenidos por católicos. Después de este caso, la Coordinación de Organizaciones Cristianas envió una carta al gobernador Manuel Velasco para exigir que se provea todo lo necesario a los desplazados de las comunidades según lo establecido en la Ley para la Prevención y la Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, aprobada en febrero de 2012.

La ley de desplazamiento interno indica que las autoridades deben estar preparadas para brindar atención y soluciones duraderas a las víctimas de desplazamiento con la creación de un Registro Estatal de Población Desplazada, el cual, hasta el momento, no existe de manera oficial.

El objetivo de ese registro es conocer a la población afectada y sus características, y mantener información actualizada sobre la misma para que ésta reciba asistencia humanitaria del Estado.

“Nuestra petición urgente es que el gobierno atienda las necesidades de esa población y que aplique la Ley de Desplazados. Esa ley debería obligar al gobierno a dar atención a gente en alimentación, en acomodo, en ropa, en lo que necesite para que tenga un estilo de vida similar al que tenía en su comunidad. Queremos que se haga efectiva esa ley”, dijo Herrera.

Estas organizaciones religiosas consideran que al menos hay otros 30 conflictos en Chiapas que podrían provocar más desplazamientos internos si no son atendidos a la brevedad, y temen que haya miles de refugiados sin contabilizar fuera de los registros de grupos civiles.

Chiapas es el estado del país con mayor diversidad religiosa. El 19.20% de la población es evangélica, el porcentaje más alto a nivel nacional, y doce puntos porcentuales superior a la media nacional.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el sureste del país residen el 66.9% de los evangélicos de México, en donde un alto porcentaje (47%) vive en localidades rurales con menos de 2 mil 500 habitantes.

Alejandro Díaz-Domínguez, profesor del  Departamento de Ciencia Política del ITAM y especialista en religión, explica que los conflictos y refugiados religiosos en Chiapas iniciaron en la década de 1980 cuando “se sobrepuso la religión a la identidad indígena”.

“La intolerancia religiosa se origina en un problema de identidad cultural que estalla con el proceso de conversión. En las comunidades empieza a haber familias que no está de acuerdo en ciertas actividades religiosas que cumplen con las costumbres de un pueblo, lo que provoca un conflicto con los usos y costumbres, pero también con la identidad”, dice Díaz-Domínguez.

Las familias afectadas suelen abandonar sus comunidades después de que éstas, regidas por usos y costumbres, votan por expulsarlos a menos de que ellos acepten renunciar a su religión.

Pero también hay casos de violencia, como el que actualmente ocurre en Chenalhó, donde los católicos son minoría y los evangélicos se han opuesto a que construyan una ermita para tener un sitio donde profesar sus creencias.

Chiapas es la única entidad en México con diversos municipios en los que los católicos no son mayoría, como en Amatán, que son el 36.1%; Chalchihuitán, el 20.7%; Chenalhó, el 33.6%; Mitontic, el 38.3%; Pantelhó, el 44% y Simojovel, el 41.8%.

“En la Coordinación de Organizaciones Cristianas nos regimos bajo el principio de que si un evangélico agrede la ley debe ser juzgado, lo mismo que un católico o que otra persona. Lo que queremos es atención para quienes están siendo afectados y que se inicien mesas de diálogo porque hay muchos conflictos que podrían resolverse así, con ese diálogo que las autoridades no dan”, afirma Luis Herrera.

Consulta aquí la primera parte del reportaje.