¿Gobernadores, ganadores con Ley del Servicio Docente?
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¿Gobernadores, ganadores con Ley del Servicio Docente?

Las secretarias de educación locales son las que tienen el control de las reglas sobre el ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo, además de que se deja pendiente la profesionalización de los profesores
Por Tania Montalvo
3 de septiembre, 2013
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Cuartoscuro.

Con la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley del Servicio Profesional Docente y su eventual discusión en el Senado, los gobernadores están a un paso de obtener el control sobre la asignación, promoción y permanencia de las plazas de los profesores.

La ley establece que las autoridades educativas locales llevarán a cabo la selección de los evaluadores de los docentes de su estado y que establecerán los parámetros para que nuevos maestros puedan formar parte del sistema educativo del país, recibir un ascenso o continuar en el cargo; lo que para especialistas en el tema es uno de los principales problemas de la legislación.

“Modifica la manera en la que se asignan las plazas, se otorgan las posiciones y se entregan los reconocimientos para los maestros del país, sin duda ese es el principal beneficio que vino desde la reforma constitucional y que esta ley secundaria confirma; pero le entrega a los gobiernos estatales la gestión de la carrera profesional de los profesores que el país”, dijo en entrevista Ricardo Raphael, integrante de la Coalición Ciudadana Por la Educación.

El autor del libro Los socios de Elba Esther explica que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) será quien establezca los parámetros para la evaluación de los docentes y su papel en el sistema educativo, pero la aplicación está en manos de autoridades locales, lo que evita que se cree “un sistema de carrera nacional”.

El artículo 8 de la Ley General del Servicio Profesional Docente establece que las autoridades locales se harán cargo de los parámetros e indicadores para el ingreso, promoción y permanencia de los profesores; además de la selección y capacitación de los evaluadores, convocar a los concursos de oposición, diseñar programas de reconocimiento para docentes u ofrecer programas para la formación continua del magisterio.

“Se deja demasiado sueltos a los gobernadores en toda la parte de la instrumentación del servicio profesional docente. Ellos fundamentalmente tienen en sus manos las reglas del juego sobre quién puede ser maestro, qué se requiere para ello, tener una plaza fija, qué requisitos hay que cumplir para obtenerla, ascender o en su caso ser separado”, coincidió la profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE), Blanca Heredia.

La ley también establece que las autoridades locales administrarán “la asignación de plazas” según el puntaje obtenido por los profesores de nuevo ingreso y establecer los mecanismos para la participación de organizaciones civiles y de padres de familia en los procesos de evaluación de maestros.

Evaluación si, formación queda pendiente

Según Ricardo Raphael, aunque la principal ventaja de esta legislación secundaria es que materializa que las plazas no sean entregadas de manera discrecional, queda pendiente la profesionalización de los docentes, “que de verdad hagan carrera”.

El periodista dice que la ley puede resumirse en que “no hay formación”, pues aunque se propone la evaluación periódica de los docentes, no hay claridad sobre los planes que capaciten y profesionalicen a los profesores para superar los rezagos que presenten.

La ley establece en el artículo 52 que los maestros, directivos y supervisores deberán ser evaluados y aunque el INEE determinará la periodicidad de las evaluaciones, deberá haber una al menos cada cuatro años.

En caso de que “se identifique insuficiencia en el nivel de desempeño” los docentes deberán incorporarse a programas de regularización para en menos de un año realizar otra prueba, en caso de no superarla, podrá realizar otra antes de que se determine el fin de la relación laboral.

“En lugar de hacer énfasis en el tema carrera, es decir, en cómo se ingresa, cómo se avanza, cómo se reciben estímulos, cómo construir formación; se hace énfasis en un solo elemento que es la evaluación. Una buena evaluación no sirve de nada si no va acompañado de un buen sistema de formación. Si un profesor sale mal evaluado en el manejo de un programa como Excel, hay que tener un plan que lo capacite y ayude para formarlo en esa materia y después sepa cómo usar Excel. En la ley eso no existe”, explica en entrevista.

El artículo 7 de la ley, en la fracción VIII que formó parte del adéndum que se presentó en la sesión de la Cámara de Diputados del domingo 1 de septiembre, establece que se deben ofrecer programas y cursos “gratuitos, idóneos, pertinentes y congruentes con los niveles de desempeño que se desea alcanzar para la formación continua (…).

Según Manuel Gil Anton, profesor Investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, la ley está llena de “generalidades” respecto a la capacitación y formación de los docentes que busca ayudarlos a tener un buen papel en sus evaluaciones.

El investigador insistió en que no es posible conocer “el contenido de los instrumentos de capacitación como para saber sí éstos van a mejorar las capacidades de trabajo y formación de los profesores”.

Incluye las propuestas de la CNTE

Otro de los vacíos que los especialistas ven en esta ley secundaria es sobre el periodo de inducción necesario antes de obtener una plaza en el sistema educativo, lo que era una de las principales quejas de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación que se mantienen en plantón y con protestas en la capital del país.

El documento, antes del adéndum, proponía un periodo de inducción de dos años ininterrumpidos, en los que el docente era acompañado de un tutor y se realizaban evaluaciones al final de cada año lectivo.

Al término de esa inducción, las autoridades educativas debían evaluar para determinar sí entregaba la plaza o se les negaba, en caso de no aprobar.

Lo que votaron y aprobaron los diputados, es que el ingreso a una plaza docente se dará “tras seis meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente”.

“Pasar de los dos años de inducción a los seis meses si no hay una evaluación negativa está muy alejado de las mejores prácticas internacionales, lo mínimo debió haber sido dos años, idealmente debimos pensar en cuatro o seis años para entregar una plaza y considerar que el docente sí estaba capacitado y tenerlo de planta”, dijo Blanca Heredia del CIDE.

Coincidió Ricardo Raphael pues esta medida hace que el “sistema de ingreso sea deficiente y que desde el principio se asuma que con una evaluación y no con una preparación de años, se es suficiente para ingresar”.

La CNTE también ha exigido claridad sobre el régimen laboral que los regiría con esta nueva ley, por lo que otra de las modificaciones que se presentaron en el adéndum son respecto a la resolución de controversias en caso de despedido u otras diferencias.

La ley establecía diferencias para cuando los maestros debieran sujetarse a la Ley Federal del Trabajo al Servicio del Estado o a la legislación emanada de esta reforma educativa.

El artículo 83, tras el adéndum cita ahora que “las relaciones de trabajo del personal a que se refiere esta Ley con las Autoridades Educativas y Organismos Descentralizados se regirán por la legislación laboral aplicable, salvo por lo dispuesto en esta ley”.

“Se crea un régimen especial con el que el ingreso, promoción y permanencia ya no implica sólo los requisitos del apartado B del artículo 123 constitucional sino también lo indicado en esta nueva ley. Es decir, tenemos a un sector de los trabajadores del estado que están en el apartado B pero que tienen para su contratación y permanencia un régimen de excepción y se adhieren incluso causales de despido como es la evaluación”, explicó Manuel Gil Antón del Colmex.

Actualmente, la legislación indica que los trabajadores del estado podrán ser cesados de sus puestos cuando dejen de asistir por más de tres días consecutivos a sus labores sin causa justificada, por ausentarse con frecuencia durante las horas de trabajo o por incumplir reiteradamente con las obligaciones a su cargo. Con la Ley general del Servicio Profesional Docente otra causal de despido para los maestros sería el fallar en las evaluaciones.

“No queda clara la relación entre la Ley del Servicio Profesional Docente y su impacto en la regulación laboral de los profesores, parece que ahora tienen un régimen especial que puede producir una contradicción con la Constitución”, dijo Gin Antón.

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Cuba aprueba el matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas LGBTTTIQ+

Dos tercios de los electores en Cuba dieron el "sí" a la normativa que regirá sus relaciones familiares y que también contempla la gestación subrogada.
26 de septiembre, 2022
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Cuba aprobó el nuevo Código de las Familias por una amplia mayoría en el referendo celebrado el domingo.

Un total de 3 mil 93 millones de cubanos (el 66.87%) votaron “sí” al nuevo marco legar que regirá las relaciones familiares en el país, según los resultados preliminares anunciados este lunes por el Consejo Electoral Nacional.

El matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción de hijos por parte de éstas o la gestación subrogada son algunas de las propuestas más destacadas y polémicas del documento de 104 páginas que reemplazará una normativa de 1975.

Los datos

Mientras, 1.95 millones de electores (el 33.13%) se decidieron por el “no”, según las cifras provistas por el CEN.

El Consejo Electoral Nacional considera estos resultados preliminares como “válidos e irreversibles” e indicó que, a la espera del conteo final, ya se puede confirmar que ha sido ratificado el Código de las Familias.

Acudieron a las urnas 6.25 millones de cubanos, el 74.01% de los 8.44 millones que componían el padrón.

Uno de los centros de votación en La Habana.

Getty Images
Uno de los centros de votación en La Habana.

Se trata de la participación más baja en un referendo en la historia reciente de Cuba, si bien los otros dos anteriores fueron para aprobar sendas constituciones, la de 1976 y la de 2019.

Cubanos residentes en el exterior tuvieron la posibilidad de participar en este proceso electoral, que no ha sido supervisado por organismos internacionales.

En los meses previos al referendo, el gobierno desplegó una amplia campaña a favor del “sí” en los medios de comunicación estatales (los únicos legales), en la calle y redes sociales, mientras el “no” fue defendido por particulares y organizaciones como la Conferencia Episcopal de Cuba con mensajes en internet.

El Código de las Familias se ha aprobado en un momento de profunda crisis económica en Cuba, donde la principal preocupación entre sus más de 11 millones de habitantes es capear la escasez de todo tipo de productos, desde alimentos y medicinas hasta artículos de aseo o ropa, y los cada vez más frecuentes apagones.

Antes de someterse a referendo se realizó una consulta popular entre febrero y abril de este año en la que participaron 6.5 millones de cubanos, según el gobierno.

Qué cambia en Cuba

El nuevo Código de las Familias permitirá legalizar el “matrimonio igualitario”, la posibilidad de que parejas del mismo sexo adopten niños y la “gestación solidaria” o subrogada sin fines de lucro.

Papeletas del referendo en Cuba

Getty Images
Así eran las papeletas que más de 6 millones de cubanos introdujeron en las urnas este domingo.

También abre vías para penalizar a los agresores domésticos en aspectos como la custodia de sus niños, reparto de bienes o herencia; protege la comunicación entre los menores y sus abuelos en caso de divorcio, e incorpora legalmente a madrastras y padrastros como tutores.

Además, permite a los padres elegir el orden de los apellidos de sus hijos y amplía -al menos sobre el papel, ya que esto requiere de recursos materiales- la protección de adultos mayores o discapacitados.

Otro punto destacado es la posibilidad de que los abuelos adquieran responsabilidad parental, algo importante teniendo en cuenta que en los últimos meses decenas de miles de cubanos de mediana edad han emigrado, en muchos casos dejando a sus progenitores al cuidado de los menores de la casa.

Un pasado oscuro y polémico

De aprobarse el referendo el domingo, Cuba se convertiría en el país número 34 en el que, de manera parcial o total, se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El respaldo del gobierno a esta iniciativa contrasta con la persecución que sufrieron los homosexuales en las primeras décadas de la revolución de 1959.

El régimen de Fidel Castro consideraba la homosexualidad un vicio propio de la sociedad capitalista y burguesa.

Fidel Castro y el Che Guevara

Getty Images
Fidel Castro y el Che Guevara eran conocidos por su escasa tolerancia hacia la homosexualidad.

“No podemos llegar a creer que un homosexual pudiera reunir las condiciones y los requisitos de conducta que nos permitirían considerarlo un verdadero revolucionario, un verdadero militante comunista”, declaró públicamente el gobernante en 1965.

En aquellos años los homosexuales -junto con sacerdotes y otras personas consideradas contrarrevolucionarias- eran detenidos con frecuencia, expulsados de sus empleos y encarcelados en campos de trabajos forzosos llamados UMAP (Unidades Militares de Apoyo a la Producción) para su “rehabilitación”.

Recorte de periódico de Granma sobre las UMAP.

Granma
Unos 25.000 cubanos, según estimaciones, fueron recluidos en las UMAP entre 1965 y 1968. Eran campos de trabajos forzosos inspirados en los de otros países comunistas de la esfera de la URSS en los que se buscaba “reeducar” a personas con tendencias consideradas contrarias a los valores del socialismo y la Revolución.

Tras dos décadas de dura represión, en 1979 se despenalizaron las relaciones entre personas del mismo sexo y comenzó una liberalización gradual que se aceleró ya en el siglo XXI.

“El Gobierno se vio obligado a reconciliarse con su pasado cercano de intolerancia y discriminación para encajar en el nuevo orden global postsocialista. El país necesitaba abrirse al mundo y ofrecer una imagen de apertura”, explicó el historiador cubano Abel Sierra Madero.


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