¿Gobernadores, ganadores con Ley del Servicio Docente?
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¿Gobernadores, ganadores con Ley del Servicio Docente?

Las secretarias de educación locales son las que tienen el control de las reglas sobre el ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo, además de que se deja pendiente la profesionalización de los profesores
Por Tania Montalvo
3 de septiembre, 2013
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Cuartoscuro.

Con la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley del Servicio Profesional Docente y su eventual discusión en el Senado, los gobernadores están a un paso de obtener el control sobre la asignación, promoción y permanencia de las plazas de los profesores.

La ley establece que las autoridades educativas locales llevarán a cabo la selección de los evaluadores de los docentes de su estado y que establecerán los parámetros para que nuevos maestros puedan formar parte del sistema educativo del país, recibir un ascenso o continuar en el cargo; lo que para especialistas en el tema es uno de los principales problemas de la legislación.

“Modifica la manera en la que se asignan las plazas, se otorgan las posiciones y se entregan los reconocimientos para los maestros del país, sin duda ese es el principal beneficio que vino desde la reforma constitucional y que esta ley secundaria confirma; pero le entrega a los gobiernos estatales la gestión de la carrera profesional de los profesores que el país”, dijo en entrevista Ricardo Raphael, integrante de la Coalición Ciudadana Por la Educación.

El autor del libro Los socios de Elba Esther explica que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) será quien establezca los parámetros para la evaluación de los docentes y su papel en el sistema educativo, pero la aplicación está en manos de autoridades locales, lo que evita que se cree “un sistema de carrera nacional”.

El artículo 8 de la Ley General del Servicio Profesional Docente establece que las autoridades locales se harán cargo de los parámetros e indicadores para el ingreso, promoción y permanencia de los profesores; además de la selección y capacitación de los evaluadores, convocar a los concursos de oposición, diseñar programas de reconocimiento para docentes u ofrecer programas para la formación continua del magisterio.

“Se deja demasiado sueltos a los gobernadores en toda la parte de la instrumentación del servicio profesional docente. Ellos fundamentalmente tienen en sus manos las reglas del juego sobre quién puede ser maestro, qué se requiere para ello, tener una plaza fija, qué requisitos hay que cumplir para obtenerla, ascender o en su caso ser separado”, coincidió la profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE), Blanca Heredia.

La ley también establece que las autoridades locales administrarán “la asignación de plazas” según el puntaje obtenido por los profesores de nuevo ingreso y establecer los mecanismos para la participación de organizaciones civiles y de padres de familia en los procesos de evaluación de maestros.

Evaluación si, formación queda pendiente

Según Ricardo Raphael, aunque la principal ventaja de esta legislación secundaria es que materializa que las plazas no sean entregadas de manera discrecional, queda pendiente la profesionalización de los docentes, “que de verdad hagan carrera”.

El periodista dice que la ley puede resumirse en que “no hay formación”, pues aunque se propone la evaluación periódica de los docentes, no hay claridad sobre los planes que capaciten y profesionalicen a los profesores para superar los rezagos que presenten.

La ley establece en el artículo 52 que los maestros, directivos y supervisores deberán ser evaluados y aunque el INEE determinará la periodicidad de las evaluaciones, deberá haber una al menos cada cuatro años.

En caso de que “se identifique insuficiencia en el nivel de desempeño” los docentes deberán incorporarse a programas de regularización para en menos de un año realizar otra prueba, en caso de no superarla, podrá realizar otra antes de que se determine el fin de la relación laboral.

“En lugar de hacer énfasis en el tema carrera, es decir, en cómo se ingresa, cómo se avanza, cómo se reciben estímulos, cómo construir formación; se hace énfasis en un solo elemento que es la evaluación. Una buena evaluación no sirve de nada si no va acompañado de un buen sistema de formación. Si un profesor sale mal evaluado en el manejo de un programa como Excel, hay que tener un plan que lo capacite y ayude para formarlo en esa materia y después sepa cómo usar Excel. En la ley eso no existe”, explica en entrevista.

El artículo 7 de la ley, en la fracción VIII que formó parte del adéndum que se presentó en la sesión de la Cámara de Diputados del domingo 1 de septiembre, establece que se deben ofrecer programas y cursos “gratuitos, idóneos, pertinentes y congruentes con los niveles de desempeño que se desea alcanzar para la formación continua (…).

Según Manuel Gil Anton, profesor Investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, la ley está llena de “generalidades” respecto a la capacitación y formación de los docentes que busca ayudarlos a tener un buen papel en sus evaluaciones.

El investigador insistió en que no es posible conocer “el contenido de los instrumentos de capacitación como para saber sí éstos van a mejorar las capacidades de trabajo y formación de los profesores”.

Incluye las propuestas de la CNTE

Otro de los vacíos que los especialistas ven en esta ley secundaria es sobre el periodo de inducción necesario antes de obtener una plaza en el sistema educativo, lo que era una de las principales quejas de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación que se mantienen en plantón y con protestas en la capital del país.

El documento, antes del adéndum, proponía un periodo de inducción de dos años ininterrumpidos, en los que el docente era acompañado de un tutor y se realizaban evaluaciones al final de cada año lectivo.

Al término de esa inducción, las autoridades educativas debían evaluar para determinar sí entregaba la plaza o se les negaba, en caso de no aprobar.

Lo que votaron y aprobaron los diputados, es que el ingreso a una plaza docente se dará “tras seis meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente”.

“Pasar de los dos años de inducción a los seis meses si no hay una evaluación negativa está muy alejado de las mejores prácticas internacionales, lo mínimo debió haber sido dos años, idealmente debimos pensar en cuatro o seis años para entregar una plaza y considerar que el docente sí estaba capacitado y tenerlo de planta”, dijo Blanca Heredia del CIDE.

Coincidió Ricardo Raphael pues esta medida hace que el “sistema de ingreso sea deficiente y que desde el principio se asuma que con una evaluación y no con una preparación de años, se es suficiente para ingresar”.

La CNTE también ha exigido claridad sobre el régimen laboral que los regiría con esta nueva ley, por lo que otra de las modificaciones que se presentaron en el adéndum son respecto a la resolución de controversias en caso de despedido u otras diferencias.

La ley establecía diferencias para cuando los maestros debieran sujetarse a la Ley Federal del Trabajo al Servicio del Estado o a la legislación emanada de esta reforma educativa.

El artículo 83, tras el adéndum cita ahora que “las relaciones de trabajo del personal a que se refiere esta Ley con las Autoridades Educativas y Organismos Descentralizados se regirán por la legislación laboral aplicable, salvo por lo dispuesto en esta ley”.

“Se crea un régimen especial con el que el ingreso, promoción y permanencia ya no implica sólo los requisitos del apartado B del artículo 123 constitucional sino también lo indicado en esta nueva ley. Es decir, tenemos a un sector de los trabajadores del estado que están en el apartado B pero que tienen para su contratación y permanencia un régimen de excepción y se adhieren incluso causales de despido como es la evaluación”, explicó Manuel Gil Antón del Colmex.

Actualmente, la legislación indica que los trabajadores del estado podrán ser cesados de sus puestos cuando dejen de asistir por más de tres días consecutivos a sus labores sin causa justificada, por ausentarse con frecuencia durante las horas de trabajo o por incumplir reiteradamente con las obligaciones a su cargo. Con la Ley general del Servicio Profesional Docente otra causal de despido para los maestros sería el fallar en las evaluaciones.

“No queda clara la relación entre la Ley del Servicio Profesional Docente y su impacto en la regulación laboral de los profesores, parece que ahora tienen un régimen especial que puede producir una contradicción con la Constitución”, dijo Gin Antón.

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Elecciones en EU: ¿podría Donald Trump ir a la cárcel si pierde las elecciones?

El mandatario podría estar jugándose en las urnas algo más que su futuro político. Te explicamos por qué.
3 de noviembre, 2020
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Para Donald Trump, una derrota en las elecciones de este martes no sería solamente una humillación política. El mandatario arriesga mucho más.

Las investigaciones en torno a los escándalos que han ocurrido durante su gestión sugieren, según expertos, que el mandatario puede enfrentar una compleja situación financiera personal, además de procesos penales, si tiene que salir de la Casa Blanca el próximo 20 de enero.

Hasta el momento, frente a la posibilidad de una investigación criminal en su contra, lo protege la inmunidad que le brinda el cargo. Los presidentes en ejercicio no pueden ser procesados.

Lo que lleva a la pregunta obvia: ¿qué pasa si ya no es el presidente?

La inmunidad en el cargo

“Creo que hay la posibilidad de que se le imputen cargos criminales a Trump”, dice a BBC Mundo Bennett Gershman, catedrático de derecho constitucional en la Universidad de Pace, quien se desempeñó por una década como fiscal en el estado de Nueva York.

“Los cargos que el presidente podría enfrentar tienen que ver con fraude bancario, fraude de impuestos, lavado de dinero, fraude electoral”, entre otros, asegura Gershman, citando “toda la información que ha salido a la luz en los medios sobre su conducta financiera”.

Como si esto fuera poco, Trump enfrenta grandes riesgos financieros, incluyendo, según informes de los medios estadounidenses, una enorme deuda personal y dificultades con su imperio empresarial.

El diario The New York Times ha dicho que en los próximos cuatro años Trump tiene que pagar más de 300 millones de dólares en préstamos, en momentos en que algunas de sus inversiones personales no pasan por el mejor momento.

Y si Trump sale derrotado en los comicios, tal vez sus acreedores sean menos flexibles a la hora de exigir el pago de esas obligaciones.

La Casa Blanca ha actuado como una barrera frente a los problemas legales y financieros del mandatario, advierten sus críticos. Si esa muralla desaparece, Trump enfrentaría días difíciles.

No admite faltas

El presidente asegura haber sido víctima de numerosas conspiraciones por parte de sus enemigos para acusarlo falsamente de haber cometido crímenes antes y durante su tiempo en el poder.

Joe Biden.

Reuters
Trump ha acusado repetidamente a Biden sin presentar pruebas.

Trump niega de manera tajante haber cometido cualquier falta.

Y subraya el haber salido airoso de las investigaciones que ha llevado a cabo el Departamento de Justicia en torno a los numerosos escándalos que han enmarcado su gestión, así como del juicio político que le realizó el Congreso a comienzos de este año.

Pero todos esos procesos partían de la base de la inmunidad presidencial frente a los procesos penales. El Departamento de Justicia ha dicho en repetidas ocasiones que un mandatario no puede ser procesado penalmente mientras ocupe el cargo.

No obstante, esas investigaciones podrían ser la base de nuevas actuaciones judiciales contra Trump, le dicen expertos a BBC Mundo.

“Ya sabemos que puede enfrentar acusaciones de fraude electoral, ya que el fiscal federal del Distrito Sur de Manhattan en efecto ya nombró como co-conspirador junto a Michael Cohen“, asegura Gershman.

El experto se refiere a la investigación federal contra el exabogado personal de Trump, Cohen, quien en 2018 se declaró culpable de irregularidades electorales durante la campana de 2016 relacionadas con pagos efectuados a la actriz porno Stormy Daniels, quien alega haber tenido un affaire con el presidente.

Stormy Daniels.

Reuters
La actriz Stormy Daniels estuvo en el centro de uno de los escándalos que afectaron al presidente.

Durante la investigación contra Cohen, la fiscalía describió en su acusación oficial a un entonces candidato presidencial, al que designaron como “Individuo 1”, supuestamente relacionado con esa actividad criminal. Los medios estadounidenses asumieron universalmente que la Fiscalía se refería en ese momento a Trump.

En su momento, el hecho fue noticia nacional. El 7 de diciembre de 2018, The New York Times titulaba: “Fiscales dicen que Trump dirigió pagos ilegales durante la campaña”.

Agregaba el diario que “fiscales federales dijeron el viernes que el presidente Trump dirigió pagos ilegales para evitar un potencial escándalo sexual que amenazaba sus posibilidades de ganar la Casa Blanca en 2016, poniendo el peso del Departamento de Justicia detrás de las acusaciones previamente realizadas por su exabogado”.

El informe Mueller

Gershman dice que cabe suponer que “pueda haber otros cargos por obstrucción a la justicia” a partir de los resultados del llamado informe Mueller.

En 2019, el fiscal especial Robert Mueller entregó su investigación sobre las acusaciones de interferencia del gobierno ruso en la campaña presidencial estadounidense de 2016.

Dicho informe no encontró prueba concluyente de que la campaña del entonces candidato Trump estuviera deliberadamente colaborando con el gobierno ruso.

Sin embargo, el informe documentó una serie de actuaciones controversiales del mandatario en respuesta a esa investigación.

Mueller manifestó entonces que el Congreso estadounidense debía decidir si le seguía un “impeachment” o juicio político a Trump por supuesta obstrucción de justicia, ya que el presidente tenía inmunidad frente a los canales normales de la justicia penal.

Robert Mueller.

EPA
Hay expertos que creen que Trump podría afrontar cargos derivados de la investigación que llevó a cabo el fiscal especial Robert Mueller.

En esa ocasión, el Congreso se abstuvo de abrirle un juicio político a Trump, aunque sí lo hizo meses después por un caso distinto, esta vez ante versiones que decían que el presidente había intentado manipular al gobierno de Ucrania para que investigara supuestas irregularidades cometidas por Hunter Biden, el hijo del candidato demócrata Joe Biden.

En diciembre de 2019 la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, acusó formalmente a Trump, pero en febrero siguiente, el Senado, de mayoría republicana, lo absolvió.

Trump fue apenas el tercer mandatario estadounidense en la historia en enfrentar un “impeachment”.

Cargos locales y federales

Como presidente, Trump podría en principio autoperdonarse por cualquier violación a las leyes federales que hubiese cometido, aunque no hay antecedentes en la historia del país de una situación semejante.

En cambio, sí ha ocurrido que un mandatario que enfrenta la posibilidad de cargos criminales salga del cargo y sea perdonado por su sucesor.

Ese fue el caso en 1974 cuando Richard Nixon renunció después del escándalo de corrupción de Watergate, y su entonces vicepresidente y sucesor en el cargo, Gerald Ford, le extendió un perdón judicial total.

Richard Nixon.

BBC
Nixon es hasta ahora el único presidente en la historia de EE.UU. que ha recibido un perdón total.

“Hay muy poca probabilidad de que Trump enfrente cargos federales, pues es de esperar que se autoperdone”, le dice a BBC Mundo Norman Ornstein, experto del American Enterprise Institute, un centro de investigación política de línea conservadora.

En un escenario de derrota electoral, si Trump no se atreve a autoamnistiarse, dice Ornstein, el mandatario tendría algún incentivo para renunciar al cargo antes del final de su periodo, que se cumple el 20 de enero de 2021.

En ese escenario hipotético extremo, el actual vicepresidente Mike Pence quedaría a cargo para completar los días finales del periodo presidencial y podría perdonar a Trump por anticipado de cualquier crimen a nivel federal que hubiese podido cometer.

Pero las potenciales dificultades legales de Trump no terminan ahí, asegura Ornstein.

Los medios estadounidenses han estado ventilando la posibilidad de que, aparte de cargos federales, Trump también enfrente cargos criminales a nivel local, le recuerda a BBC Mundo el exfiscal Gershman.

Carteles frente a la Casa Blanca.

Reuters
Detractores del presidente han colgado carteles que piden su arresto frente a la Casa Blanca.

El 1 de noviembre, la publicación The New Yorker se unía a muchos otros medios estadounidenses discutiendo un escenario en el que el fiscal de Nueva York, Cyrus Vance, quien ha estado investigando los negocios privados del presidente, podría eventualmente acusarlo de irregularidades relacionadas con su pasado como magnate inmobiliario.

En eso concurre Ornstein, quien le dice a BBC Mundo: “Hay investigaciones agresivas en curso por el Fiscal General del Estado de Nueva York, y el Fiscal del Distrito de la Ciudad de Nueva York sobre irregularidades de impuestos y de otra índole potencialmente cometidas antes de que Trump fuese presidente”.

A diferencia de los cargos federales, los de nivel local no son susceptibles de perdón presidencial.

Una decisión política

Los expertos insisten en que no hay seguridad de que las autoridades decidan emprender estas acciones en contra de Trump, incluso si creyesen que existe evidencia para justificarlo.

Ya en 1974 el gobierno de la época decidió que enjuiciar a Nixon solo extendería la agonía del escándalo de Watergate, y, alegando conveniencia nacional, prefirió perdonarlo.

Al respecto, Joe Biden dijo el pasado 6 de agosto en una entrevista que, en caso de ser elegido presidente, ni se opondría ni impulsaría un proceso penal contra Trump, dejando esa decisión enteramente a los fiscales del Departamento de Justicia.

Si esos fiscales federales, o los del estado de Nueva York, finalmente deciden adelantar un proceso contra Trump, no será una situación que se resuelva rápidamente.

Por cuenta de los litigios previos, un juicio fácilmente podría tomar meses o incluso años en comenzar, le dice Gershman a BBC Mundo

Si fuera encontrado culpable por cargos como los que se han discutido, Trump podría enfrentar una pena “de años, no de meses” en prisión, advierte el académico.

“La ley aplica para todos”, recuerda Gershman.

Ornstein, por su parte, sospecha que los fiscales de Nueva York seguirán adelante con sus investigaciones contra Trump.

“No creo que terminen sus esfuerzos contra Trump cuando deje su cargo. Trump es vulnerable, y lo sabe”, le dice Ornstein a BBC Mundo.

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BBC

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