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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 388 votos a favor, 14 abstenciones y 21 en contra, la convocatoria para la elección de cinco candidatos a consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), incluyendo al presidente del organismo.

En su página de internet, el IFE informa que “por pago de compensación por término de la relación laboral de funcionarios y trabajadores del IFE” se pagará “tres meses de salario y dependiendo de su nivel administrativo, de 12 o 20 días por año laborado, medida que actualiza derechos consagrados por la Ley Federal del Trabajo”. Esto quiere decir que los consejeros y el consejero presidente recibirán alrededor de un millón 200 mil pesos cuando dejen sus puestos.

Los diputados dieron por concluido el proceso actual para elegir al sustituto de Sergio García Ramírez, quien renunció en febrero, con la intención de iniciar un nuevo proceso en paralelo con la elección del resto del Consejo General del IFE, pero podrán ser considerados como aspirantes ya presentados por la Comisión de Gobernación en el anterior proceso.

La convocatoria establece los requerimientos tanto para sustituir a los consejeros que dejarán el puesto el 30 de octubre, así como para cubrir la vacante de García Ramírez. En esta última podrán participar los cinco aspirantes que ya habían sido seleccionados por la Comisión de Gobernación.

Durante la sesión ordinaria, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) presentó dicho acuerdo suscrito por los coordinadores del PRI, PAN, PRD, PVEM y Nueva Alianza, al que se pusieron las bancadas del PT y Movimiento Ciudadano, además de una parte de los perredistas.

Apenas había concluido la lectura del documento, cuando el diputado del Partido del Trabajo, Manuel Ladrón de Guevara levantó la mano para hablar en contra, pero fue Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano, el primero en hacer uso de la tribuna para ese fin.

Durazo Montaño calificó el proceso como ilegítimo y consideró que la Jucopo se extralimita en sus funciones al declarar concluida la convocatoria del 28 de febrero y ser dicha instancia quien coordine los proceso en vez de la Comisión de Gobernación.

Cómo es posible, dijo, que se proponga que sean exclusivamente los grupos parlamentarios de esta Cámara, que es decir, la Jucopo misma, quienes decidan quiénes pueden o no registrarse como candidatos a consejeros electorales.

Los diputados de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, además del petista Manuel Huerta Ladrón de Guevara y Lizbeth Rosas Montero del Partido de la Revolución Democrática (PRD) hablaron también en contra de la propuesta.

Coincidieron en que la convocatoria constituye un retroceso pues, al darle más funciones a los coordinadores parlamentarios se abre la posibilidad de “un reparto faccioso y partidista” de los espacios del Instituto Federal Electoral lo que sería nocivo para la democracia.

Por ello propusieron que se cumpla con el mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para cubrir la vacante de García Ramírez y que la convocatoria plantee una ciudadanización del órgano electoral.

A lo que el priísta Mauricio Sahui Rivero, consideró que “absurdo sería no cumplir con nuestra obligación alegando la legalidad de pretendidos actos inconstitucionales.”

A favor del acuerdo habló el panista, Fernando Rodríguez Doval, se pronunció porque los cuatro consejeros vigentes en el IFE pasen a formar parte del Instituto Nacional Electoral (INE), de concretarse su creación.

Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde, señaló que si bien es cierto se han hecho grandes reformas en las diversas legislaturas para poder conseguir y tener un instituto autónomo, fuerte y confiable el poder cumplir con esta obligación, es sin duda un punto fundamental para dar esa certidumbre y no traicionar la confianza a los ciudadanos que están esperando resoluciones.

En el acuerdo de la Jucopo que se aprobó en el pleno se establece que a partir de la emisión de la convocatoria, los grupos parlamentarios realizarán una amplia consulta de perfiles con universidades e instituciones públicas de educación superior, así como con organizaciones de la sociedad civil.

Cada fracción parlamentaria presentará a ante la Jucopo una lista con hasta 10 aspirantes a más tardar a las 24 horas de los 15 días naturales posteriores a la publicación de la convocatoria.

Para cubrir la vacante de Sergio García Ramírez, podrán ser considerados aspirantes los cinco ciudadanos presentados a la Jucopo por la Comisión de Gobernación. Una vez integradas las propuestas está instancia determinará mediante acuerdo el método y orden a seguir para integrar una lista de 28 aspirantes.

La Junta procederá al análisis de perfiles idóneos, a fin de alcanzar el acuerdo para la determinación de la candidatura para cada cargo.

De no alcanzarse el acuerdo que permita la presentación de uno o varios candidatos, ese órgano procederá a integrar hasta cuatro listas, con seis aspirantes cada una, e insaculará de cada lista al candidato a ser propuesto al Pleno. Tratándose de la candidatura a consejero presidente, la Junta deberá realizar todo lo pertinente para alcanzar el acuerdo.

Serán designados consejeros los candidatos que resulten electos por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes. De no cumplirse el requisito, la propuesta será devuelta a la Junta, a fin de que ésta remita al Pleno, a la brevedad posible, otra propuesta de la lista de aspirantes.

Se señala que en el caso de que se agote la lista de aspirantes, la Jucopo deberá emitir una nueva convocatoria para el cargo que no fue designado.

Además se instruye a la Secretaría General a proporcionar a la Jucopo el apoyo necesario para dar cumplimiento al acuerdo, así como al área de Comunicación Social y al Canal del Congreso para dar más amplia difusión a la Convocatoria.

Notimex.