José Ángel no deja de mirar el suelo y de cerrar los puños con fuerza mientras contiene las lágrimas. El juez Pedro Cisneros ordena que cumpla 36 horas de arresto por consumir inhalantes pues, tras romper una racha de 286 días sin consumo, puso en riesgo su permanencia en el programa del Tribunal de Tratamiento de Adicciones.

Como José Ángel, actualmente hay 35 personas en el Tribunal de Tratamiento de Adicciones, que inició actividades en septiembre de 2009 en el municipio neoleonés de Guadalupe, contiguo a Monterrey. Las llamadas Cortes de Drogas ofrecen a quienes delinquen por primera vez, bajo el influjo de alguna droga, la opción de suspender su proceso judicial para iniciar rehabilitación y seguir en libertad un proceso de “reinserción social”.

En el estado hay seis pacientes más en un tribunal de San Nicolás y está por iniciar el programa en Monterrey, la capital del estado.

José Angel, de 29 años está en la última fase de las cinco que integran el programa que aplica el Poder Judicial de Nuevo León, pionero en México. Su arresto es una forma de sanción por recaer en el consumo y una advertencia de que en caso de no cumplir con la rehabilitación, se retomara el proceso judicial en su contra que le implicará una pena máxima de ocho años en prisión.

Con cuatro años en marcha en Nuevo León, el gobierno federal ha puesto la mira en los Tribunales para el Tratamiento de Adicciones para completar el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

El modelo, admite el juez Demetrio Cadena, el primero que encabezó las audiencias del Tribunal, “copia exactamente lo que realiza Estados Unidos para no llenar las cárceles de delincuentes que agravian a la sociedad por su adicción”.

Con cuatro años en marcha en Nuevo León, el gobierno federal ha puesto la mira en los Tribunales para el Tratamiento de Adicciones para completar el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, uno de los pilares de la estrategia de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto.

Según el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, el Tribunal de Tratamiento de Adicciones de “ninguna manera” criminaliza la adicción, sino que da alternativas para evitar la reincidencia delictiva.

“Lo que se castiga es una conducta que está tipificada en el código penal, una conducta antijurídica, punible pero que a merced de este programa puede garantizarle a la gente que se mantenga en libertad siempre y cuando se cumpla con los compromisos que implica el mismo tratamiento. No se sanciona la adicción (…) contar con un esquema que lo rehabilite, que pueda sacarlo de esta adicción es la mejor manera de prevenir lo que sucede cuando la gente cae a la cárcel, que es la reincidencia”, dijo Campa en entrevista con Animal Político.

Las cifras del Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos (NIJ, por sus siglas en inglés) indican que en ese país las Cortes de Drogas han reducido la reincidencia delictiva pues en un periodo de seguimiento de dos años, la tasa de reincidencia se redujo 40%. Sin embargo, la Alianza por una Política sobre Drogas (Drug Policy Alliance, en inglés) considera que las Cortes han hecho que el sistema de justicia penal sea más punitivo.

“Los tribunales de drogas buscar ser un modelo para tratar la adicción como enfermedad pero siguen penalizando la recaída con el encarcelamiento y finalmente expulsan a quienes no son capaces de rehabilitarse o rechazan el tratamiento según el criterio de un juez”, concluye el estudio Drug Courts Are Not The Answer. Toward A Health-Centered Approach to Drug Use, (Las cortes de drogas no son la respuesta  de la propia Alianza.

En cuatro años del Tribunal de Tratamiento de Adicciones han egresado 46 personas y se ha se han expulsado a 56. La proporción es prácticamente de uno a uno. Tres cuartas partes de los expulsados del programa han quedado fuera por no cumplir con la rehabilitación, y 12% de ellos tras una recaída.

Cárcel, la consecuencia del incumplimiento

José Ángel es adicto a los inhalantes y se le procesa por el delito de lesiones tras una trifulca en la que hirió a una persona.

Previo a la audiencia pública en la que recibió la noticia sobre las 36 horas de arresto, su terapeuta explicó al juez, en una reunión privada, que expulsar al joven no era opción para mostrarle que la consecuencia de no rehabilitarse puede ser la cárcel.

“José Ángel cometió el error de regresar al lugar que solía frecuentar en donde se encontró con sus amigos consumiendo. Es necesario una medida de rehabilitación y que él esté consciente de las consecuencias de volver a la vida que tenía”, explica uno de los psicólogos al juez en una reunión de preparación de audiencia, en la que se discuten las condiciones de cada uno de los participantes del Tribunal y se da cuenta de su comportamiento y evolución.

El abogado de oficio que participa en la junta coincide y la agente del Ministerio Público, Etna Zavelieva Mata García, dice que es necesario que José Ángel entienda que está en medio de un proceso legal y si no cumple con la rehabilitación, la consecuencia puede ser la cárcel. Sugiere también que el caso sirva de ejemplo para los otros pacientes, que verán la importancia de “cumplir con sus obligaciones”.

Ser parte del programa

En la reunión también participa Rolando Almanza Moreno, comandante de la Secretaría de Seguridad encargado de los casos del Tribunal de Tratamiento de Adicciones. Él será quien lleve a José Ángel a la celda tras la decisión del juez.

Almanza es responsable de las evaluaciones de seguridad para determinar si una persona puede o no ingresar al Tribunal de Tratamiento y con ello, suspender su proceso judicial y llevarlo en libertad.  Dice que José Ángel iba bien, pero que esta recaída no puede pasar desapercibida.

El comandante es la pieza clave antes y durante el tratamiento para determinar si uno de los participantes tiene o no vínculo con la delincuencia organizada, que a decir del juez Demetrio Cadena, es “la única condición” que no está en la ley pero que se considera “determinante” para no ingresar al programa o ser expulsado de inmediato.

El comandante investiga a todos los participantes y realiza visitas sorpresa a los domicilios de los pacientes para confirmar que se mantengan alejados de cualquier actividad delictiva.

Otros criterios de elegibilidad para ser parte del Tribunal explica el juez Sexto de Control y de Preparación Penal, Pedro Cisneros, es que no haya antecedentes penales, no se hayan empleado armas de fuego al cometer el delito, que se trate de delitos no graves, que un evaluador en adicciones confirme el vínculo entre su adicción con la comisión del delito y que sea posible receptor a una pena máxima de ocho años.

Ese filtro ha llevado a que nueve de cada 10 participantes sean procesados por el delito de violencia familiar y lesiones y esa misma proporción son adictos al alcohol; el resto a inhalantes o marihuana.

Actualmente, en Nuevo León se atiende sólo a hombres en las Cortes de Drogas, pues no se ha dado el caso de mujeres que hayan delinquido por primera vez que cumplan con las condiciones de elegibilidad.

La organización Renace ABP, asociación de beneficencia privada que se dedica a la defensa jurídica de personas de bajos recursos económicos, está a favor de los modelos que propicien que “los pequeños delincuentes” puedan llevar su proceso en libertad sin “mezclarse” con otros criminales más experimentados, pero crítica el modelo de Cortes de Drogas, pues dice, es paternalista y aleja al juez de su responsabilidad de impartidor de justicia para colocarlo en una audiencia “a regañar a los procesados”.