Cortes de Drogas: NL imita a EU en combatir adicciones
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Cortes de Drogas: NL imita a EU en combatir adicciones

El gobierno federal busca que funcionen en todo el país para la prevención del delito, pero organizaciones civiles denuncian que el modelo castiga con cárcel la adicción y no atiende las causas sociales que llevaron a delinquir o al consumo de drogas.
Por Tania L. Montalvo / Primera de dos partes
8 de octubre, 2013
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José Ángel no deja de mirar el suelo y de cerrar los puños con fuerza mientras contiene las lágrimas. El juez Pedro Cisneros ordena que cumpla 36 horas de arresto por consumir inhalantes pues, tras romper una racha de 286 días sin consumo, puso en riesgo su permanencia en el programa del Tribunal de Tratamiento de Adicciones.

Como José Ángel, actualmente hay 35 personas en el Tribunal de Tratamiento de Adicciones, que inició actividades en septiembre de 2009 en el municipio neoleonés de Guadalupe, contiguo a Monterrey. Las llamadas Cortes de Drogas ofrecen a quienes delinquen por primera vez, bajo el influjo de alguna droga, la opción de suspender su proceso judicial para iniciar rehabilitación y seguir en libertad un proceso de “reinserción social”.

En el estado hay seis pacientes más en un tribunal de San Nicolás y está por iniciar el programa en Monterrey, la capital del estado.

José Angel, de 29 años está en la última fase de las cinco que integran el programa que aplica el Poder Judicial de Nuevo León, pionero en México. Su arresto es una forma de sanción por recaer en el consumo y una advertencia de que en caso de no cumplir con la rehabilitación, se retomara el proceso judicial en su contra que le implicará una pena máxima de ocho años en prisión.

Con cuatro años en marcha en Nuevo León, el gobierno federal ha puesto la mira en los Tribunales para el Tratamiento de Adicciones para completar el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

El modelo, admite el juez Demetrio Cadena, el primero que encabezó las audiencias del Tribunal, “copia exactamente lo que realiza Estados Unidos para no llenar las cárceles de delincuentes que agravian a la sociedad por su adicción”.

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Con cuatro años en marcha en Nuevo León, el gobierno federal ha puesto la mira en los Tribunales para el Tratamiento de Adicciones para completar el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, uno de los pilares de la estrategia de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto.

Según el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, el Tribunal de Tratamiento de Adicciones de “ninguna manera” criminaliza la adicción, sino que da alternativas para evitar la reincidencia delictiva.

“Lo que se castiga es una conducta que está tipificada en el código penal, una conducta antijurídica, punible pero que a merced de este programa puede garantizarle a la gente que se mantenga en libertad siempre y cuando se cumpla con los compromisos que implica el mismo tratamiento. No se sanciona la adicción (…) contar con un esquema que lo rehabilite, que pueda sacarlo de esta adicción es la mejor manera de prevenir lo que sucede cuando la gente cae a la cárcel, que es la reincidencia”, dijo Campa en entrevista con Animal Político.

Las cifras del Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos (NIJ, por sus siglas en inglés) indican que en ese país las Cortes de Drogas han reducido la reincidencia delictiva pues en un periodo de seguimiento de dos años, la tasa de reincidencia se redujo 40%. Sin embargo, la Alianza por una Política sobre Drogas (Drug Policy Alliance, en inglés) considera que las Cortes han hecho que el sistema de justicia penal sea más punitivo.

“Los tribunales de drogas buscar ser un modelo para tratar la adicción como enfermedad pero siguen penalizando la recaída con el encarcelamiento y finalmente expulsan a quienes no son capaces de rehabilitarse o rechazan el tratamiento según el criterio de un juez”, concluye el estudio Drug Courts Are Not The Answer. Toward A Health-Centered Approach to Drug Use, (Las cortes de drogas no son la respuesta  de la propia Alianza.

En cuatro años del Tribunal de Tratamiento de Adicciones han egresado 46 personas y se ha se han expulsado a 56. La proporción es prácticamente de uno a uno. Tres cuartas partes de los expulsados del programa han quedado fuera por no cumplir con la rehabilitación, y 12% de ellos tras una recaída.

Cárcel, la consecuencia del incumplimiento

José Ángel es adicto a los inhalantes y se le procesa por el delito de lesiones tras una trifulca en la que hirió a una persona.

Previo a la audiencia pública en la que recibió la noticia sobre las 36 horas de arresto, su terapeuta explicó al juez, en una reunión privada, que expulsar al joven no era opción para mostrarle que la consecuencia de no rehabilitarse puede ser la cárcel.

“José Ángel cometió el error de regresar al lugar que solía frecuentar en donde se encontró con sus amigos consumiendo. Es necesario una medida de rehabilitación y que él esté consciente de las consecuencias de volver a la vida que tenía”, explica uno de los psicólogos al juez en una reunión de preparación de audiencia, en la que se discuten las condiciones de cada uno de los participantes del Tribunal y se da cuenta de su comportamiento y evolución.

El abogado de oficio que participa en la junta coincide y la agente del Ministerio Público, Etna Zavelieva Mata García, dice que es necesario que José Ángel entienda que está en medio de un proceso legal y si no cumple con la rehabilitación, la consecuencia puede ser la cárcel. Sugiere también que el caso sirva de ejemplo para los otros pacientes, que verán la importancia de “cumplir con sus obligaciones”.

Ser parte del programa

En la reunión también participa Rolando Almanza Moreno, comandante de la Secretaría de Seguridad encargado de los casos del Tribunal de Tratamiento de Adicciones. Él será quien lleve a José Ángel a la celda tras la decisión del juez.

Almanza es responsable de las evaluaciones de seguridad para determinar si una persona puede o no ingresar al Tribunal de Tratamiento y con ello, suspender su proceso judicial y llevarlo en libertad.  Dice que José Ángel iba bien, pero que esta recaída no puede pasar desapercibida.

El comandante es la pieza clave antes y durante el tratamiento para determinar si uno de los participantes tiene o no vínculo con la delincuencia organizada, que a decir del juez Demetrio Cadena, es “la única condición” que no está en la ley pero que se considera “determinante” para no ingresar al programa o ser expulsado de inmediato.

El comandante investiga a todos los participantes y realiza visitas sorpresa a los domicilios de los pacientes para confirmar que se mantengan alejados de cualquier actividad delictiva.

Otros criterios de elegibilidad para ser parte del Tribunal explica el juez Sexto de Control y de Preparación Penal, Pedro Cisneros, es que no haya antecedentes penales, no se hayan empleado armas de fuego al cometer el delito, que se trate de delitos no graves, que un evaluador en adicciones confirme el vínculo entre su adicción con la comisión del delito y que sea posible receptor a una pena máxima de ocho años.

Ese filtro ha llevado a que nueve de cada 10 participantes sean procesados por el delito de violencia familiar y lesiones y esa misma proporción son adictos al alcohol; el resto a inhalantes o marihuana.

Actualmente, en Nuevo León se atiende sólo a hombres en las Cortes de Drogas, pues no se ha dado el caso de mujeres que hayan delinquido por primera vez que cumplan con las condiciones de elegibilidad.

La organización Renace ABP, asociación de beneficencia privada que se dedica a la defensa jurídica de personas de bajos recursos económicos, está a favor de los modelos que propicien que “los pequeños delincuentes” puedan llevar su proceso en libertad sin “mezclarse” con otros criminales más experimentados, pero crítica el modelo de Cortes de Drogas, pues dice, es paternalista y aleja al juez de su responsabilidad de impartidor de justicia para colocarlo en una audiencia “a regañar a los procesados”.

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Stealthing: la nueva legislación de California que prohíbe el retiro no consensuado del condón durante el sexo

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó hace unos días una ley bipartidista que prohíbe la extracción no consensuada del condón, una práctica conocida como "stealthing".
12 de octubre, 2021
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Hace unos 30 años, solo unos meses después de comenzar a trabajar como prostituta, Maxine Doogan quedó embarazada.

La joven había estado con un nuevo cliente en un salón de masajes en Anchorage, Alaska, cuando se dio cuenta de que el hombre se había quitado el condón subrepticiamente durante el acto sexual.

Conmocionada, corrió al baño. Cuando regresó, el cliente se había ido.

Doogan, que entonces tenía veintitantos años, fue a una clínica de salud cercana para una ronda de pruebas de infecciones de transmisión sexual y luego dio un agradecimiento en silencio por cada resultado negativo.

Seis semanas después, sin embargo, tuvo que practicarse un aborto.

Le costó alrededor de US$300 y, después del procedimiento, no pudo trabajar durante un mes.

Lo que hizo el cliente estuvo mal. Pero hasta donde ella sabía, no era ilegal.

“Simplemente no había recursos contra algo así”, dijo.

Ahora, en un estado de EE.UU. sí lo hay.

Nueva ley

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó hace unos días una ley bipartidista que prohíbe la extracción no consensuada del condón, una acción conocida como “stealthing“.

La nueva legislación agrega la práctica a la definición civil estatal de agresión sexual, lo que convierte a California en el primer estado de EE.UU. en ilegalizarla.

La ley les da a las víctimas un remedio legal claro para el asalto que Doogan, quien ahora vive en San Francisco, sufrió hace décadas.

Y los defensores dicen que marca un cambio radical para otros sobrevivientes que, a diferencia de Doogan, ahora podrían tener su día en la corte.

“Queríamos asegurarnos de que no solo sea inmoral, sino ilegal”, dijo la asambleísta de California Cristina Garcia, quien presentó el proyecto de ley.

Cristina Garcia

Getty Images/BBC
Cristina Garcia llevaba años abogando por la ley.

Garcia ha estado trabajando versiones de esta legislación durante años.

En 2017 y nuevamente en 2018, presentó un proyecto de ley que habría convertido el stealthing en un delito penal y permitido a los fiscales pedir condenas de cárcel para los perpetradores.

Estos proyectos de ley murieron antes de nacer o no consiguieron una audiencia en el Congreso estatal.

Ahora, esta nueva versión, que enmienda solo el código civil, fue aprobada por los legisladores de California sin oposición.

El contenido

Los sobrevivientes pueden demandar a los infractores por daños, pero no se pueden presentar cargos penales.

“Sigo pensando que esto debería estar en el código penal”, le dijo Garcia a la BBC.

Si se rompió el consentimiento, ¿no es esa la definición de violación o agresión sexual?“, planteó.

Los analistas legislativos han dicho que el stealthing podría considerarse un delito menor de agresión sexual, aunque no se menciona explícitamente en el código penal.

Pero la nueva ley de Garcia elimina cualquier ambigüedad en los reclamos civiles que, según los expertos, facilitarán a los sobrevivientes la persecución de sus casos.

Alexandra Brodsky

Getty Images/BBC
Brodsky’s 2017 paper is now widely credited for bringing the term “stealthing” into popular use

“Podemos empezar a hablar de ello de una manera en la que tengamos un lenguaje común”, dijo Garcia.

La legisladora dice que se sintió inspirada para llevar el tema del stealthing a la Cámara después de leer un artículo de investigación de la Facultad de Derecho de Yale de 2017 de la entonces estudiante Alexandra Brodsky, a quien ahora se le atribuye ampliamente haber llevado el término al uso popular.

Brodsky, que ahora trabaja como abogada de derechos civiles y es autora de Sexual Justice, que analiza cómo responder de manera justa a la agresión sexual, detalló una serie de historias en su artículo de sobrevivientes en el contexto de relaciones románticas o sexuales consensuadas.

Sus relatos a menudo comenzaban de la misma manera: “No estoy segura de que esto sea una violación, pero…”.

Las narraciones detallaban el miedo de las víctimas a las infecciones de transmisión sexual y al embarazo, así como sus intensos sentimientos de violación y traición.

Pero las y los sobrevivientes con los que habló Brodsky, muchos de los cuales informaron haber sido violados anteriormente, no describieron el stealthing como equivalente a una agresión sexual.

La gente aún no estaba haciendo esa conexión, dice Brodsky.

“Creo que una gran parte del problema era que mucha gente pensaba que era la única persona a la que le había pasado”, agrega.

Graphic of a condom

Getty Images/BBC

Pero la investigación muestra que el stealthing es “deprimentemente común”, según el análisis del comité judicial del Senado de California al evaluar el proyecto de ley de Garcia.

Demoras

Un artículo de 2019 publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina encontró que el 12% de las mujeres de entre 21 y 30 años informaron haber experimentado el stealthing.

Ese mismo año, investigadores de la Universidad de Monash en Australia encontraron que una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres que tienen sexo con hombres habían sido sometidos a la práctica.

Y otro estudio de 2019 encontró que casi el 10% de los hombres informaron que se quitaron un condón durante las relaciones sexuales sin consentimiento.

En su artículo, Brodsky citó a un conocido bloguero que usó su sitio ahora desaparecido para dar consejos a otros hombres sobre cómo quitarse los condones en secreto sin llamar la atención.

Es el deber de una mujer abrir las piernas, escribieron los comentaristas, y el derecho del hombre a “esparcir su semilla”.

Stock image of condoms

Getty Images/BBC

Pero si bien ha aumentado la conciencia sobre el stealthing, la respuesta legislativa se ha retrasado.

Incluso en países donde esta práctica se ha considerado una agresión sexual, incluidos Reino Unido, Nueva Zelanda y Alemania, rara vez se enjuicia, en parte debido a las dificultades para demostrar la intención.

Esta es la ventaja de las demandas civiles: la carga de la prueba es menor que en los casos penales, y la decisión de presentar una demanda recae en los sobrevivientes, no en los fiscales.

Y tanto Brodsky como García creen que hay un significado inherente en que el estado etiquete oficialmente el stealthing como un acto ilegal.

“Imagínese lo que se sentirá cuando ellos (los y las sobrevivientes) vean que el estado de California piensa que no merecen ser tratados de esta manera“, dice Brodsky

La ley

El proyecto de ley fue apoyado por el Proyecto Legal, Educativo y de Investigación de Proveedores de Servicios Eróticos (Esplerp), una organización de defensa fundada y dirigida por Doogan.

La ley permitirá a las trabajadoras sexuales demandar a los clientes que se quiten los condones, dijo, y con suerte allanará el camino para una mayor protección legal para las trabajadoras sexuales y otros grupos típicamente marginados por el sistema de justicia penal.

“ le puede pasar a cualquiera”, advierte Doogan.

Todavía existe el problema de que los casos de agresión sexual se aborden.

Aquellos que hacen estas afirmaciones a menudo se encuentran con “escrutinio y escepticismo”, según Brodsky.

Y cuando se trata de stealthing, esta respuesta se intensifica porque, “por definición, el daño ocurre después de que han dado su consentimiento para el sexo”.

Pero la medida ha sido celebrada como un primer paso importante, especialmente después de que fracasaran los esfuerzos recientes para aprobar una legislación similar en Nueva York y Wisconsin.

“Estoy orgullosa de que California sea el primero en la nación, pero estoy desafiando a otros legisladores estatales a seguirnos rápidamente”, dijo García.

“Un estado menos, quedan 49”.


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