Policías fabrican delito e intentan despojar a un hombre de su casa
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Policías fabrican delito e intentan despojar a un hombre de su casa

A Guillermo Verduzco lo detuvieron 30 minutos antes de que ocurrió el supuesto delito que cometió, pero además, mientras ocurrían diversas irregularidades en su detención un grupo intentó apoderarse de su casa.
Por Tania L. Montalvo
7 de octubre, 2013
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Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública destacados en Iztapalapa habrían participado en la fabricación de un delito contra un hombre hoy se encuentra encarcelado. //Foto: Cuartoscuro.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública destacados en Iztapalapa habrían participado en la fabricación de un delito contra un hombre hoy se encuentra encarcelado. //Foto: Cuartoscuro.

Un presunto robo con violencia a un transeúnte tiene a Guillermo Verduzco en el Reclusorio Oriente desde hace quince días. El hombre, de 40 años, dice que estar en la cárcel es una pesadilla que inició por la ambición y la envidia de quien lo acusa de un delito que no cometió, con la intención de  quedarse con la casa que posee en la delegación Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México.

Guillermo fue detenido el viernes 20 de septiembre, cuando las patrullas 4628 y 4604 de la policía auxiliar del Distrito Federal lo identificaron como el responsable del asalto con violencia a Víctor Alberto Martínez Bohórquez, quién lo denunció por el robo de su cartera y celular, según consta en la averiguación previa FIZ-IZP-1-T1-01442 -1309

Según el expediente, varios testigos vieron cuando a Guillermo lo detuvieron a las 13:30, pese a que el hombre que lo acusa y los policías dijeron que el supuesto asalto ocurrió a las 14:00 horas en la calle Dibujantes esquina con Vicente Guerrero, apenas a dos cuadras de donde, otros testigos vieron a Guillermo lavando coches esa mañana desde las 11:00 horas.

Diana Verduzco, hermana de Guillermo, dice que la diferencia entre hora de la detención y la del supuesto delito sólo es una de la decena de irregularidades que han ocurrido desde ese día, cuando a decir de su hermano, les cambió la vida.

La supuesta víctima asegura -según consta en el expediente-, que Guillermo llegó por atrás y con el brazo derecho lo rodeó por el cuello y le hizo una llave que lo lastimó. Con la otra mano, Guillermo supuestamente habría sacado un objeto punzocortante con el que “lo picó” y después lo habría despojado de la cartera y el celular.

Víctor insiste en que el agresor se fue caminando y él lo siguió. Dice que en el camino —de apenas dos cuadras entre donde ocurrió el supuesto incidente y la detención— se encontró a dos patrullas que lo apoyaron y no perdieron de vista al presunto asaltante para detenerlo.

Diana confía en que la clave “del delito fabricado” esté en esas declaraciones.

“A mi hermano lo detienen frente al Mercado (de San Juanico Nextipac) lavando autos y le piden que suba a una de las patrullas después de que, supuestamente, nunca lo pierden de vista desde que ocurrió el asalto; pero nadie puede explicar cómo fue que Memo cometió el delito, entró al mercado para llenar una cubeta con agua y comenzó a lavar coches, que fue como lo encontraron”.

“A dos cuadras Memo asaltó a alguien, se va caminando muy tranquilo, lo siguen y dejan que comience a lavar autos y ya que va a la mitad de eso, deciden detenerlo”, dice Diana, quien viajó desde Ciudad Juárez, Chihuahua junto con sus cuatro hermanas para ayudar a Guillermo, que vivía solo en la capital del país desde hace siete años, cuando falleció su padre.

“Además, mi hermano cuenta que le dijeron que en la delegación le explicarían porque se lo estaban llevando. Dice que nadie lo reviso, nadie le dijo nada y cuando llegó al Ministerio Público, dos horas después de esperar encerrado en una patrulla, resulta que le dicen que cometió un asalto y que los policías ya le habían entregado al supuesto asaltado la cartera y el celular, porque los necesitaba”, agrega Diana.

Las pruebas de que Guillermo cometió el delito son las fotografías de la cartera y el celular que presentaron los policías de las patrullas 4628 y 4604. Cuando el acusado solicitó algún examen de pruebas dactilares a los objetos presuntamente robados, le dijeron que era imposible porque la víctima ya había recuperado sus pertenencias.

Según la información que recabaron los productores del documental Presunto Culpable —que muestra los vicios e irregularidades en el sistema de justicia mexicano— en México, 92% de las acusaciones carecen de evidencia física y se sustentan sólo en lo que dicen testigos, eso lleva a que en el Distrito Federal 95% de las sentencias sean condenatorias aunque no haya evidencia real.

Como en el caso de Guillermo, a 79% de los procesados la policía no les informa nunca la causa de su detención.

Hasta el momento, no hay testigos del supuesto asalto a Víctor, pese a que supuestamente éste ocurrió a un costado del Mercado de San Juanico, frente a una farmacia (en donde Guillermo tuvo un empleo de botarga y los trabajadores lo identifican plenamente) y junto a un puesto de jugos que está abierto de lunes a viernes hasta las 16:00 horas.

A diferencia de la falta de testigos de Víctor, la familia Verduzco ha podido recolectar casi 20 testimonios de comerciantes que vieron a Guillermo desde las 11:00 y hasta la hora de la detención lavando coches y haciendo mandados.

El intento de despojo

Esta es la propiedad de Guillermo Verduzco, de la cual, acusa la familia, quieren despojarlo. //Foto: Tania Montalvo.

Esta es la propiedad de Guillermo Verduzco, de la cual, acusa la familia, quieren despojarlo. //Foto: Tania Montalvo.

Un grupo de 20 trabajadores del Mercado intentó evitar la detención y preguntaron a los policías por qué se llevaban a Guillermo. Sólo obtuvieron como respuesta que “porque hacía algo ilegal”.  Así, los locatarios se dieron a la tarea de juntar fondos para pagar una fianza “por si ya estaba prohibido lavar coches en las calles o cobrar por hacer mandados”, cuentan a Animal Político algunos comerciantes.

Para juntar fondos, decidieron acudir con los vecinos de Guillermo en la calle de Médicos en la Colonia Sifón, en donde la familia Verduzco ha vivido desde hace más de cinco décadas.

A las 17:00 horas, casi cuatro horas después de la detención, un grupo de personas a bordo de tres autos y en compañía de la patrulla de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal con placas 03177 llegaron al domicilio de Guillermo y, según consta en la denuncia interpuesta por uno de los vecinos, “intentaron trozar el candado” para ingresar a la casa, argumentando que eran los “nuevos dueños” del inmueble.

Los vecinos impidieron que el grupo entrara a la casa de 260 metros cuadrados, en donde vivía solo Guillermo desde hace siete años.

Diana cuenta a Animal Político que la hipótesis de la familia es que “hay alguien que se dio cuenta que Memo está solo, lo acusan de un delito que no cometió, lo llevan a la cárcel y lo que quieren es adueñarse de la casa”.

La mujer reconoce que Guillermo no tenía cuidado ni en su aspecto físico ni en la casa —que encontraron repleta de basura, escombro y cartón—, por lo que no duda que haya sido confundido con un indigente con una propiedad.

Firmas recabadas por comerciantes para pedir la libertad de Guillermo. //Foto: Tania Montalvo.

Firmas recabadas por comerciantes para pedir la libertad de Guillermo. //Foto: Tania Montalvo.

En el Código Civil del Distrito Federal se establecen las bases para la prescripción adquisitiva,  es decir, cómo adquirir ciertos bienes mediante la figura de posesión y con el transcurso del tiempo. Una de las opciones es adquirir la propiedad tras comprobar el cuidado de la misma por años o el poseerla “pacíficamente” cuando no haya nadie que la reclame.

“Memo se hace cargo de sí mismo, recolecta cartón en la casa, lava autos, hace mandados, ayuda con la basura y con eso va viviendo. Físicamente es una persona normal, es alto, poquito robusto. No se mete con nadie, si lo pones con un niño de dos años, el niño de dos años le pega, nunca habla con groserías, nunca le falta al respeto a nadie. Es demasiado niño para su edad”.

Diana y su familia denuncian que la patrulla 4604 pasa todos los días frente a su casa desde la detención y el intento fallido por apoderarse del inmueble. “Nos dicen en seguridad pública que es su zona y que no está haciendo nada malo, pero no nos gusta que ahora venga dos veces al día, justo se detiene frente a la casa, se queda mirando por varios minutos y después se da la vuelta y se va”.

Además, hay otros “cabos sueltos” que la familia no entiende y que las autoridades han calificado como información inútil para el caso.

Según Guillermo, desde hace dos meses lo visitaba una señora que se identificó como representante de la Red Ángel del Distrito Federal —que dejó de existir este año con el gobierno de Miguel Ángel Mancera— para ofrecerle apoyo de mil 500 pesos mensuales por ser un hombre solo.

Además de que la Red ya no es un programa de gobierno, en los apoyos sociales del Distrito Federal no existe la entrega de recursos a hombres de mediana edad que vivan solos.

La mujer pidió en más de siete ocasiones que Guillermo le firmara unos papeles que nunca le enseñó, sólo le indicaba en donde firmar, pero él siempre se negó.

Los vecinos confirman que la mujer “acosaba” a Guillermo y que en la colonia sólo le ofrecía apoyos del Gobierno del Distrito Federal a él, además, algunos creen que es la misma mujer que acompañó al grupo que intentó ingresar a la casa el día de la detención.

Guillermo tiene esperanza de salir libre y evitar que le quiten su casa. Dice que ahora más que nunca estaba “empeñado en arreglarla”, pero que alguien le puso una trampa para quedarse con ella.

Su hermana, Diana, está preocupada porque siente el miedo de Guillermo. “Está en un ambiente en el que no sabe qué hacer. Él toda su vida ha vivido aquí, todos lo conocen, la gente de la colonia lo cuida y por primera vez, está solo”.

Mientras el proceso sigue y se determina la sentencia, Guillermo insiste en que ama el Distrito Federal, ama su delegación, a su casa y a sus vecinos; dice que pese al “duro golpe” por la traición que lo llevó a la cárcel, luchará por salir y probar su inocencia.

 

 

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Reuters

Secuestros, tortura y violencia sexual, la histórica imputación a la antigua cúpula de las FARC en Colombia

La acusación de este jueves supone la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, que se atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.
Reuters
29 de enero, 2021
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En una resolución esperada por miles de víctimas del conflicto armado interno de Colombia, este jueves se produjo la primera acusación del tribunal especial para la paz contra antiguos líderes de las FARC por una de sus prácticas más temidas, el secuestro.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó a ochos miembros del Secretariado de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros cometidos durante décadas.

Es la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 que la JEP, un tribunal especial creado a raíz de ese acuerdo, atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.

La JEP determinó que los ocho miembros del máximo órgano de decisión de la guerrilla tienen “responsabilidad de mando” por los abusos y horrores que sufrieron los secuestrados.

En concreto, los acusados son Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo; y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

Qué dice la acusación

La JEP atribuye a los líderes de la guerrilla delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

El excomandate guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko

EPA
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, es uno de los acusados por la JEP.

El tribunal consideró que los secuestros no fueron errores de guerra de los excombatientes o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las FARC, “sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad“.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las víctimas sufrieron por “saberse definidos como un objeto para canje”, por la separación de sus familias, por la intimidación constante que rompió vínculos afectivos y por la incertidumbre y terror causado, principalmente en los secuestros de larga duración.

“Se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento”, expresó este jueves la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre Ripoll.

Eduardo Cifuentes y Julieta Lemaitre, magistrados de la JEP

EPA
La Jurisdicción Especial para la Paz es una instancia creada a partir de los acuerdos de paz de noviembre de 2016 en Colombia.

A partir de este jueves, los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados.

Si lo hacen, recibirán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, aunque no en prisión.

En caso de que no la acepten, se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.


Un importante paso

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia

De los crímenes ejecutados por las FARC, el secuestro fue probablemente el que más heridas generó entre los colombianos, que siguieron el cautiverio de políticos, militares y ciudadanos durante años y, a veces, décadas.

En septiembre, exlíderes de las FARC pidieron perdón por la práctica en un gesto inédito que, sin embargo, fue recibido con escepticismo por millones de personas que exigen hechos más allá de las palabras.

La imputación de la JEP este jueves al antiguo secretariado de la guerrilla es precisamente eso: un procedimiento legal que aporta verdad y reparación a las víctimas.

Madre de secuestrado

AFP
De los 37.000 secuestros que se registraron durante la guerra en Colombia, casi 9.000 fueron perpetrados por las FARC.

Es probable que ahora, tras casi cinco años de la firma del acuerdo de paz, la JEP empiece a generar más imputaciones a exguerrilleros por delitos como la extorsión, los atentados a poblaciones, desplazamiento forzado y torturas.

La corte de justicia transicional adquiere así, por primera vez, argumentos concretos en contra de sus críticos del partido uribista de gobierno, el Centro Democrático, que la ven como un mecanismo de impunidad más que de justicia.

Se espera que este año se publique el informe de la Comisión de la Verdad, un ente adscrito a la JEP encargado de explicar las causas y consecuencias de la guerra de 60 años en Colombia.

Son las pautas de un polémico acuerdo de paz que lentamente, y no sin obstáculos, empieza a mostrar resultados.

Lo que sí parece lejano, sobre todo ante la oleada de violencia y producción de cocaína que vive actualmente le país, es que la mayoría de colombianos se pongan de acuerdo en que la guerra quedó atrás.


El primero de varios procesos

El enjuiciamiento de la práctica de los secuestros es el primero de siete grandes procesos de los que se encarga la JEP, que no juzga casos individuales.

Desde ahora, el Caso 01, conocido como “Retención ilegal de personas por parte de las FARC”, pasa a denominarse “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.

Vigilia de miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Reuters
Muchos de los desmovilizados de las FARC pasaron a formar parte del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

La decisión anunciada por la JEP causó gran impacto en Colombia, que durante los años 90 y comienzos de este siglo fue el país con más secuestros del mundo.

“Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”, le dijo a la Agencia Efe el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, que cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres a finales de los años 90 y permaneció secuestrado durante casi 12 años.

“Que hoy la JEP esté dando este paso es un avance, ahora estaremos pendientes de si se aplica justicia. Se habla siempre de que esta Jurisdicción es restaurativa, pero como lo decía uno de los secuestrados recientemente: ‘Mientras no haya reparación no hay justicia'”, añadió Mendieta.

El pasado 15 de septiembre, los ocho miembros del Secretariado de las FARC pidieron perdón públicamente a sus víctimas de secuestro y a sus familias y reconocieron que ese delito “solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”.

El secuestro como financiación

La guerra en Colombia, que para algunos no ha terminado, dejó un total de 262.000 muertos, 80.000 desaparecidos, 8 millones de desplazados y 37.000 secuestros entre 1958 y 2016, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Iván Márquez, junto a Santrich y "El Paísa"

Getty
Iván Márquez, junto a Santrich y “El Paisa”, anunció que retoma las armas. Son las denominadas disidencias de las FARC.

La mitad de las víctimas mortales son atribuidas a los paramilitares, grupos armados ilegales que luchaban contra las guerrillas.

Y un cuarto de los secuestros, 8.600, fueron cometidos por las FARC.

La guerrilla campesina utilizó el secuestro como arma de guerra desde sus inicios, pero con el tiempo la razón política fue remplazada por una forma de financiación y extorsión, además de ser un mecanismo de ordenamiento territorial dentro de su estructura militar.


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