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Yucatán aceptó recomendación de CNDH... pero sólo de palabra
El viernes 25 de octubre venció el plazo para que el gobernador Rolando Zapata Bello diera cabal cumplimiento a todos las exigencias del ombudsman nacional vinculadas a la muerte no esclarecida de un adolescente, sin que ninguna de ellas fuera atendida.
Por Paris Martínez
31 de octubre, 2013
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Rolando Zapata Bello.

Aun cuando el gobierno de Yucatán aceptó, el pasado 4 de octubre, la recomendación 34/2013 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) -emitida a raíz de la muerte no esclarecida de un adolescente en dicha entidad federativa-, el viernes 25 de octubre venció el plazo para que el gobernador Rolando Zapata Bello diera cabal cumplimiento a todos las exigencias del ombudsman nacional vinculadas con este caso, sin que ninguna de ellas fuera atendida.

Entre las demandas formuladas a Zapata Bello destacan la de emprender acciones penales y administrativas contra los agentes judiciales que faltaron a su obligación de indagar la muerte del adolescente Felipe Castillo -ocurrida en 2011-, además de repetir diligencias realizadas deficientemente, empezando por la autopsia del menor, así como tomar medidas concretas para reparar el daño causado a los deudos.

La recomendación 34/2013 fue emitida el pasado 11 de septiembre, luego que el mismo gobierno de Yucatán incumpliera un acuerdo conciliatorio establecido con la CNDH y cuyo objetivo era evitar que el ombudsman nacional llegara a la última medida disciplinaria en contra de las autoridades yucatecas, que es, precisamente, la emisión de una recomendación; sin embargo, destacó Marco Antonio Castillo, padre del menor fallecido, “el gobernador de Yucatán faltó a la palabra empeñada e incumplió con los plazos establecidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que eran de 15 días hábiles, y nuevamente dejó pasar el tiempo sin mover un sólo dedo para hacer justicia en el caso de mi hijo, y mi familia lleva ya más de dos años esperando que la justicia llegue, y parece que vamos a tener que esperar todavía más.”

Tal como señala la recomendación de la CNDH, la Fiscalía General de Yucatán incurrió en diversas anomalías al investigar el deceso del joven Felipe Castillo, cuyo fallecimiento fue atribuido a un suicidio a pesar que las mismas evidencias recabadas en el lugar de los hechos daban cuenta de diversas lesiones en el cadáver que no se explicaban con la tesis de la muerte por propia mano. Estas mismas lesiones fueron omitidas en el dictamen forense elaborado por la Fiscalía de Yucatán, aun cuando las fotografías tomadas por los peritos que levantaron el cuerpo sí las registraban.

Además, la CNDH constató que los agentes involucrados en la investigación sustrajeron diversas pruebas imprescindibles para el esclarecimiento del caso, tales como el teléfono celular del menor, así como las prendas que portaba.

El mismo ombudsman señaló que, en relación con este fallecimiento, las autoridades de Yucatán prácticamente no realizaron ninguna acción concreta de investigación, ni siquiera entrevistar a testigos que informalmente reconocieron ante las autoridades contar con información sobre los hechos.

“Este miércoles (30 de octubre), fui notificado por la CNDH de que el gobierno de Yucatán no ha cumplido ninguno de los puntos recomendatorios -denunció el señor Marco Antonio Castillo-, por lo cual, oficialmente solicité al ombudsman nacional que, en uso de sus atribuciones legales, informe al Senado de la República sobre este incumplimiento del gobernador Zapata Bello, para que el Poder Legislativo lo llame a cuentas, tal como establece la ley.”

Además, remató el padre del menor fallecido, en los próximos días presentará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que, en su búsqueda de justicia, viera agotarse todas las alternativas legales estipuladas por el marco normativo mexicano, “ahora sólo me queda la justicia internacional”.

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