Han pasado nueve meses desde que el gobierno de Enrique Peña Nieto hizo pública una base de datos preliminar sobre personas desaparecidas y pese a que hubo un compromiso por depurar esa información para tener certeza sobre el número de víctimas de ese crimen, no se ha cumplido.
El 26 de febrero de este año la subsecretaria de derechos humanos Lía Limón, presentó la lista con 26 mil 121 datos de personas desaparecidas y se comprometió a depurarla y transparentarla. En mayo, el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong señaló que en dos meses se tendría la cifra oficial. Eso hubiera ocurrido en julio, pero a la fecha no se conoce la cifra ni se ha transparentado el mecanismo o reglas para depurarla.
Desde entonces a la fecha, las autoridades han dado declaraciones aisladas sobre la depuración de la lista señalando que posiblemente sea menor el número de personas desaparecidas.
[contextly_sidebar id=”376329443df30f5931368af051928f0c”]Por ejemplo, el 24 de mayo, durante un encuentro con la prensa internacional, Miguel Ángel Osorio Chong, anticipó que la cifra de 26 mil desaparecidos anunciado por la dependencia a su cargo iba a “a bajar muchísimo” porque algunas personas de la lista ya regresaron a su casa y las familias no lo reportaron o porque dejaron su hogar de manera voluntaria. En aquella ocasión, se comprometió a presentar en dos meses “la estadística del número real de desaparecidos”.
El tiempo pasó y para el 30 de octubre Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, durante una conferencia de procuradores, dijo a la prensa que en la mayoría de los casos las personas desaparecidas son localizadas.
“Las entidades que reciben esta denuncia, tienen que procesarlas. En la mayor parte de los casos, por fortuna, se les encuentran. Los que no se encuentran son los que tenemos que ubicar en ese sentido, esos son muchos menos, pero muchos menos que las cifras que se manejan”, dijo.
En junio de este año el subprocurador de derechos humanos, Ricardo García Cervantes, apenas deslizó el método la responsabilidad de dicha lista: si bien se encuentra en manos de Segob, dijo que son los gobiernos estatales los responsables de depurar el padrón con parámetros establecidos por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), que pertenece a la PGR.
Human Rights Watch pide certeza en cifras
Por estas omisiones en transparentar el avance y metodología para la depuración de la lista, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, envió un comunicado al gobierno mexicano para que informe sobre los avances y dé certeza en la elaboración final de la base de datos.
En entrevista posterior con Animal Político, Vivanco explicó que ha pasado un tiempo razonable desde que presentaron el informe “Los desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada”, en febrero de este año, y hasta ahora no hay transparencia en el proceso de depuración.
“Ha pasado un tiempo más que razonable y hasta ahora no se ha informado nada, sólo hay declaraciones de altas autoridades como el secretario de Gobernación, el procurador, que aseguran que se depura la lista y que inicialmente concluyen que la lista está muy por sobre las cifras reales y que hay muchos casos de personas que han aparecido”.
“Los familiares merecen una respuesta adecuada, una información seria, y no datos o reacciones a cuentagotas aludiendo a las imperfecciones o falencias con las que la lista cuenta. Todos merecen un informe detallado, contundente, serio sobre lo que han hecho estos meses para investigar esos hechos y depurar esas listas. Nos preocupa que hay casos que hemos documentado y no forman parte de la lista, hasta donde sabemos. No sabemos si han sido añadidos”, agregó.
Las fallas de la base de datos dada a conocer en febrero pasado fueron evidentes. Animal Político documentó que no existía información sobre casos de desaparecidos denunciados públicamente por sus familiares, tampoco incluía todos los datos de los 249 desaparecidos documentados por HRW en su informe, además se registraron nombres repetidos. En la base de datos no se distingue a las personas que fueron desaparecidas de manera involuntaria y aquellas que dejaron su hogar de manera voluntaria; tampoco quienes fueron desaparecidos por presuntos criminales o por autoridades.
En la elaboración de la base de datos no se hizo pública la metodología aplicada para su creación, tampoco qué criterios emplean las procuradurías de los estados para documentar las desapariciones ni la coordinación y flujo de información entre ellas.
Sobre la depuración, José Miguel Vivanco urgió al gobierno mexicano a señalar qué estándar de prueba habrá para determinar si una persona fue localizada, si la autoridad federal verificara la información dada por las procuradurías locales o si los familiares podrán impugnar la localización de una persona.
“Estas secuelas, estas atrocidades, no solo en desaparición sino en tortura y ejecuciones, superan con creces las violaciones masivas a derechos humanos cometidas durante la Guerra Sucia, entonces frente a ese panorama, creo que es justo solicitar a las autoridades un balance público para saber dónde estamos, no respuestas a cuentagotas”, apuntó el especialista.
El registro de personas desaparecidas cuenta con un registro de 26 mil 121 personas, según informó Lía Limón al presentarla en febrero de este año, tuvo como base una lista realizada durante la administración de Felipe Calderón reunida por la PGR con información de las procuradurías locales.
Durante la presentación, se afirmó que esa lista sería depurada con apoyo de los gobiernos estatales, pues se tenían que revisar los casos de personas que ya fueron localizadas, además de diferenciar entre las personas sustraídas de manera involuntaria, aquellas que decidieron abandonar su hogar o quienes estaban extraviados por catástrofes naturales.
Ley inoperante
El Registro Nacional de Personas Extraviadas o Ausentes que presentó el gobierno de Enrique Peña Nieto comenzó sin suelo firme.
El antecedente es la Ley en la materia que se aprobó en abril del 2012 y que entró en vigor ese mismo mes, sin embargo la ley es inoperante porque a un año de que el gobierno federal debió emitir el reglamento, aún no lo ha hecho.
Según esa ley, el registro pertenecería al Sistema Nacional de Seguridad Pública e incluiría a personas desaparecidas, extraviadas sí como aquellas que estén en establecimientos de atención, detención, internación o resguardo, de quien se desconoce su información.
La ley establece sanciones para los funcionarios que no informen al registro sobre casos de desaparecidos que conozcan, que hagan uso indebido de la información, que lucren con ella o que incluyan datos falsos, las sanciones llegan hasta multas de 15 mil salarios mínimos.
El reglamento tiene que establecer las reglas y mecanismo de suministro, intercambio, sistematización y administración de la información con base a una lista mínima de datos propuestos en la ley como nombre, edad, sexo, nacionalidad, lugar de desaparición, origen étnico, discapacidad y otras.
