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Morelia, Michoacán.- El Senado de la República discute un anteproyecto del próximo Código Nacional de Procedimientos Penales que podría poner en riesgo  la esencia del  nuevo sistema de justicia penal en lo relativo a la transparencia.

El proyecto, en dos de sus artículos, expone que estaría prohibido el ingreso de cámaras o videocámaras  a los llamados juicios orales o de conciliación, por violentar el derecho de las personas que están en un juicio, además de que vulneraría las garantías para las víctimas. También se discute en ese anteproyecto si los medios de comunicación podrían entrar a las audiencias.

Expertos en el nuevo sistema penal así como jueces y magistrados señalan que la posibilidad de grabar los juicios y al mismo tiempo hacer públicas las audiencias generaría, como en otros países una percepción de transparencia y justicia en la sociedad.

Durante el Foro Nacional de Seguridad y Justicia celebrado en Morelia, Michoacán diversos ponentes expusieron la necesidad de que los juicios orales sean públicos y puedan grabarse en todo momento, tal y como se propuso desde el inició de la reforma penal.

De igual forma, el anteproyecto que se discute en el Senado expone las prohibiciones no sólo para rechazar el ingreso con una cámara a un juzgado, sino también la prohibición a videograbar el reconocimiento sospechosos de un crimen por parte de testigos. Incluso niega también la posiblidad de grabar las entrevistas de las autoridades a presuntos involucrados en un delito. 

Hasta el momento este anteproyecto ha tenido un simulacro de casos al interior de la comisión de justicia del Senado de la República con la finalidad de analizar y evaluar los alcances del  nuevo código nacional, pero contrario a lo que se propone en los artículos de la ley, dichos simulacros han sido grabados. De hecho el presidente de la comisión de justicia Roberto Gil Zuarth ha expuesto que dicho simulador ha permitido “ver las áreas de oportunidad para corregir, ajustar y modificar la redacción del dictamen”.

Gil Zuarth detalló que hasta la fecha se han revisado 14 artículos de dicho código en distintas representaciones judiciales  y mediante viodeograbaciones que simulan casos reales con jueces, ministerios públicos, defensores y víctimas se han analizado los resultados.

Dentro del Foro Nacional de Seguridad y Justicia, uno de los ponentes fue el director y productor del documental Presunto Culpable, a Roberto Hernández. El realizador comentó a los jueces y magistrados el problema que le ha representado enfrentar diversos juicios sin poder presentar como pruebas grabaciones de las irregularidades ocurridas en los mismos procesos que hay en su contra.

En ese sentido, Hernández criticó el hecho de que las modificaciones a la reforma penal, sobre todo en aquellas que tienen que ver con trasparencia, no salgan a la luz.

“Y mientras, en los pasillos de la PGR (…) hay burócratas que profesan la una nueva religión: la religión del juicio oral, que dice que todos estos problemas se resolverán con la transparencia. La religión dice que no hace falta darle reglas operativas a la policía, porque eso es “sobreregular”.

Los retrasos en el nuevo sistema de justicia penal

Dentro de este  foro se expuso que existen aún retrasos importantes en lo que será la implementación del sistema penal y estos van enfocados a la falta de capacitación de los cuerpos policíacos.

Durante la mesa dedicada al papel de las instituciones de seguridad pública diversos asistentes cuestionaron a los ponentes y autoridades federales y locales el hecho de que no se han utilizado los recursos para capacitar a los cuerpos policíacos.

María de los Ángeles Fromow Rangel, Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, señalo que la actuación de la policía ahora deberá cambiar y con ello los paradigmas de colaboración entre ministerios públicos y jueces.

“Los policías son los primeros a donde se tiene que llevar el proceso. Son parte fundamental de la investigación, por eso debemo tenerlos muy en cuenta” advirtió.

Al respecto Roberto Hernández comentó que quienes creen en los juicios orales como “religión”, creen “que la policía es prescindible en el sistema de justicia penal”.

“En el Anteproyecto del Código Nacional de Procedimientos Penales, la palabra policía aparece mencionada solo 25 veces en el texto de una ley de 300 páginas”, denunció el productor y abogado.

Finalmente el otro tema a debate fue el papel que tendrán en este nuevo sistema penal  los defensores de oficio, explicó la funcionaria de justicia de Morelos Mirta Sagrario Aguirre.

“Sólo tenemos 60 defensores de oficio para todo el estado, que son relativamente pocos. Por ello estamos previendo que se liciten estas defensorías y puedan efectuarlas despachos privados, aunque en 98%de los casos nosotros somos quienes nos acercamos primero al inculpado”.