“No es la primera vez  ni será la última, en la que se discute si ejercemos o no un derecho, porque hay un riesgo de que haya infiltrados, provocadores, pero siempre los ha habido: el Estado y el gobierno los paga, los mete para desvirtuar y distorsionar el ejercicio de la manifestación que va justamente contra esa autoridad que ha excedido sus funciones, y ahora queremos regularlas, criminalizarlas”.