El proceso de los detenidos del 1DMx, un año después
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El proceso de los detenidos del 1DMx, un año después

Como parte del especial 'Nosotros Marchamos', Animal Político aborda las consecuencias que tuvieron para los manifestantes las marchas del 1 de diciembre de 2012 y las posteriores.
Por Daniela Rea / última parte
28 de noviembre, 2013
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A un año de que cientos de personas, en su mayoría jóvenes, se lanzaran a las calles a marchar contra el gobierno de Enrique Peña Nieto y la criminalización de la protesta social, Animal Político aborda en la última entrega de este especial, las consecuencias legales de las movilizaciones para los manifestantes.

MArchas

 

Un joven detenido en la protesta del 1 de diciembre del 2012, al momento de su liberación. // Foto: Francisco Sandoval

Un joven detenido en la protesta del 1 de diciembre del 2012, al momento de su liberación. // Foto: Francisco Sandoval

Un año ha pasado desde las protestas callejeras que comenzaron con el rechazo a la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia y se extendieron contra la criminalización de las manifestaciones.

En este tiempo 47 personas han sido procesadas y se ha empedrado el camino de la protesta social con el endurecimiento de penas contra quienes se manifiesten y la obstaculización de la defensa jurídica de los detenidos, señalan integrantes de la Liga de Abogados del 1DMx.

Este es el recuento de los acusados: 13 jóvenes del 1 de diciembre, ocho el 10 de junio, siete el primero de septiembre y 19 por las manifestaciones del 2 de octubre.

De todos ellos 13 siguen su proceso en prisión. Once de ellos, porque si bien se les acusa de un delito no grave -que es ataques a la paz pública-, se les aplicó el agravante de pandillas; y a dos de ellos, fueron considerados por el poder judicial capitalino  personas de “peligrosidad social” y, por tanto, negado su derecho a libertad bajo fianza, se trata de Mario González, quien lleva 48 en huelga de hambre dentro del Reclusorio Oriente y Gabriela Hernández, presa en Santa Martha Acatitla.

“Las autoridades del Distrito Federal no se esperaban encontrar una resistencia jurídica sólida cuando comenzaron las marchas y detenciones –dice Miguel Méndez, integrante de la Liga de Abogados del 1DMx- Al ver el contrapeso jurídico que significó la Liga, las autoridades reaccionaron dificultando los procesos. Como abogado particular uno de esos casos de ataques a la paz pública se resuelven en un par de días; llevamos un año con los primeros detenidos y aún falta un par de meses para que veamos las primeras sentencias”.

Miguel es uno de los integrantes más jóvenes de la Liga que surgió el 1 de diciembre del 2012. Aquella noche, luego del enfrentamiento entre manifestantes y policías federales y capitalinas que dejó  más de 100 personas detenidas, las alertas se activaron en las redes sociales y varios abogados comenzaron a llegar a los juzgados a dar acompañamiento, unos contratados por particulares, otros por su voluntad. Esa noche, entre el caos y las presentaciones informales, se pusieron a elaborar una lista de detenidos y se dieron cuenta que había más de 60 personas que no tenían defensa. Juan de Dios Hernández, del Colectivo de Abogados Zapatistas y con una trayectoria de dos décadas litigando a favor de los presos políticos, convocó a los compañeros para asumir la defensa de los detenidos. Aquella noche 25 levantaron la mano y se nombraron la Liga de Abogados del 1 de Diciembre.

“Ahora somos menos, no más de diez los que quedamos y entre todos nos repartimos para sacar la defensa, una parte se dedica al litigio, otros a la atención a los medios, otros a ver reformas en la Asamblea”, dice Miguel.

Miguel llegó ese 1 de diciembre motivado por un compromiso. Cuando fue la huelga de la UNAM en el año 2000 él, como estudiante de preparatoria, fue detenido y preso por 3 meses, entonces Juan de Dios Hernández con otros abogados solidarios, lo liberaron junto con otros 997 estudiantes y ahí decidió que sería abogado. Por eso cuando supo de las detenciones masivas se sumó a la defensa voluntaria y gratuita.

“La Liga era para ese momento, no pensamos que esto seguiría pasando, que llegaríamos a este punto después de casi un año, con tantos eventos de detenciones. Ya hasta hacemos bromas, cuando sabemos que habrá marcha nos decimos ‘duerman bien porque en tres, cuatro días no tocarás cama”.

Abogados acusan obstáculos en defensa

Durante la primera manifestación, cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión,  hubo más de 100 detenidos y 14 presos que salieron libres al lograr la reforma al artículo 362 que aligeraba las penas contra los delitos de ataques a la paz pública.

A partir de ahí, la respuesta de autoridades capitalinas y legislativas fue poner obstáculos. Hasta el 10 de junio todos los detenidos llegaban a la Agencia 50 del MP y eso permitía a la defensa mejor coordinación. El 1 de septiembre la Secretaría de Seguridad Pública del DF repartió a los detenidos en agencias de Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco y Magdalena Contreras; además de que comenzó a enviar a granaderos a los juzgados para disuadir manifestaciones de apoyo a los detenidos.

A los detenidos del 13 de septiembre, la policía federal los llevó al Cuartel de la Policía Federal donde supuestamente había un MP de base, que en realidad también fue llevado ahí. Ahí, recuerda Juan de Dios Hernández, se impidió el acceso a los abogados de la Liga y se impusieron abogados de oficio.

La misma lógica se repitió con detenidos del 2 de octubre, señala Méndez, cuando  los detenidos fueron declarados en el reclusorio norte y el acceso a los abogados de la Liga fue negado, permitiendo sólo el ingreso a los defensores de oficio, puestos por la autoridad judicial.

Sobre los detenidos el 2 de octubre, cabe señalar que por primera vez en este contexto de manifestaciones el poder judicial utilizó el término “peligrosidad social” para negar la libertad bajo fianza a dos de los procesados, Mario González y Gabriela Hernández,  conocida como Luna Flores.

Mario González, de 21 años, fue detenido en un microbús cuando se dirigía a la marcha conmemorativa de 1968 y fue acusado de ataques a la paz pública, el 8 de octubre salió bajo fianza con otros de los detenidos, pero ese mismo momento fue reaprendido y calificado de “peligrosidad social” por lo que no ha gozado del derecho a llevar su proceso en libertad. Luna Flores, de 47 años, fue detenida el  29 de octubre cuando acompañó las audiencias de otros compañeros procesados, según su abogado que atestiguó el hecho la detención fue ilegal, sin mostrarle orden de aprehensión y llevándola presa, cuando debía primero ser citada a declarar pues está acusada de delito no grave y no fue encontrada en flagrancia.

Los abogados consultados señalan que recurrentemente la SSP capitalina niega a la defensa los videos del circuito de cámaras de la ciudad para presentarlos como pruebas de las detenciones arbitrarias. Además de que los policías que acusan a los detenidos no acuden a los citatorios para ratificar la denuncia, sino hasta el tercer citatorio, lo que extiende unos tres meses el proceso.

“La tirada es esa, mantener a la gente en proceso y desgastarnos”, dice Méndez.

Recientemente, la Asamblea Capitalina reformó el Código Penal y aumentó hasta en un 50 por ciento la pena para diversos delitos cuando sean cometidos por personas que participen en mítines, manifestaciones, plantones, marchas o eventos deportivos. Así, una persona que agreda a un policía durante un evento de ese tipo podrá tener hasta 12 años de prisión, cuando la sanción era de entre 6 y 8 años; o hasta 16 años de cárcel a quien cometa robo o daños a la propiedad, cuando la sanción era de hasta 10 años.

La reforma se aprobó casi por unanimidad, con el respaldo del PRD que negó fuera de una estrategia para criminalizar la protesta social, sino un mecanismo para sancionar a los manifestantes violentos que se infiltran en los movimientos sociales.

“Lo grave de esta reforma –dice Juan de Dios Hernández- es que la Asamblea Legislativa no tomó en cuenta el protocolo de control de multitudes y su impacto en la generación de violencia, porque en las marchas donde no hay policías no hay actos violentos. El protocolo permite  a los policías vestidos de civil meterse a las marchas y, si considera que alguien ‘puede cometer’ actos violentos, detenerlo”.

‘Sin organización, vamos a una masacre’: Abogado

Ante este panorama de detenciones, violencia y obstáculos en la defensa judicial, los abogados no ve un horizonte sencillo.

“Nos están dando puros madrazos, no nos están dejando trabajar, están haciendo lo posible para aterrorizar a la gente e impedir la protesta social”, considera Miguel Méndez.

Juan de Dios pone la alerta en la estrategia de las autoridades para quebrar la organización social. Sin ésta organización, el incremento de la violencia es un riesgo latente y, advierte, los resultados puede ser lamentables para todos.

“Dice el dicho ‘cuando las puertas de la democracia se cierran, se abren las de la Revolución’. Y contra la represión, queda la organización. Respeto y reivindico todas las formas de lucha, pero me preocupa que sin organización algunos grupos quisieran hacer la insurrección. Es indispensable que haya condiciones de organización para que la protesta social tenga efecto y se logren los fines que se buscan. Hay condiciones materiales para la protesta: el hambre, el desempleo, la represión; pero si no hay condiciones subjetivas, me refiero a la organización, vamos camino a una masacre”, advierte Juan de Dios.

El camino empedrado sigue y es largo.

A inicios de año esperan tener las primeras sentencias de los detenidos el 1 de diciembre del 2012 y, entonces, paralelo a la liberación de los otros detenidos, comenzar procesos contra el gobierno capitalino por daño moral.

Alejandro Lugo, uno de los jóvenes detenidos el 1 de diciembre quien no se amparó contra el auto de formal prisión y lleva abogado particular, tuvo su audiencia de vista el 21 de octubre por lo que espera sentencia el 3 de diciembre.

“Si no pasa nada raro, me dan mi sentencia el 3 de diciembre. Independientemente de este plazo la jueza 47 me ha citado en tres ocasiones para entregarme la sentencia, que me dice sería absolutoria, pero siempre un día antes me cambia la cita”, dice.

Lugo continúa marchando, para documentar arbitrariedades en las marchas y saldrá a la calles este domingo 1 de diciembre en solidaridad con los otros detenidos  y a exigir la responsabilidad de las autoridades que incurrieron en detenciones arbitrarias, señalados por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en su recomendación.

“Nosotros queremos el castigo a las autoridades responsables de las detenciones, de los procesos viciados, queremos que se castigue también a los funcionarios, policías y personas infiltradas-  dice Alejandro-. Nos queda clara la política de represión, de desprestigio hacia los movimientos sociales, no sé cuál sea su fin, si desmovilizar, desgastarnos, atemorizarnos. Pero contra esa maquinaria debemos seguir organizados, irónicamente la mayoría de los detenidos el 1 de diciembre no participamos en la marcha o en colectivos, y ahora, estamos en este proceso de organización, resistiendo”.

Lugo reivindica la marcha pacífica del próximo domingo y pide a organismos como la CDHDF que acuda a documentar las agresiones de autoridades o grupos infiltrados.

“No queremos caer en provocaciones, pero tampoco llegar a la desmovilización a donde nos quiere llevar el gobierno capitalino, así que saldremos a marchar”.

Por lo pronto 12 jóvenes –que no se encuentran bajo proceso judicial- ya iniciaron la demanda por daño patrimonial con base en dicha recomendación.

Animal Político buscó a las autoridades capitalinas para conocer su postura y a la fecha no tuvo respuesta. También buscó a la Comisión de Derechos Humanos de del Distrito Federal y al cierre de este texto no respondió.

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Familia mexicana lleva 6 meses encerrada en iglesia de Canadá para que no la expulsen

El caso de esta familia mexicana ha despertado la solidaridad de la sociedad canadiense.
6 de junio, 2022
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Era 2009 cuando empezaron a aparecer con más frecuencia noticias como estas:

“México: hallan nueve cuerpos descuartizados”

“La policía mexicana halla 14 cadáveres en una narcofosa”

Hacia ese año la violencia escalaba en México a mano de los carteles del narcotráfico y aumentaron los asesinatos en diferentes regiones del país.

Se hicieron frecuentes los cadáveres decapitados y exhibidos públicamente en puentes peatonales, con advertencias de cárteles que se peleaban entre sí el control del mercado de la droga.

La población civil empezó a verse afectada, especialmente quienes tenían ingresos que pudieran llamar la atención de los cárteles, y eso hizo que muchos mexicanos empezaran a huir para protegerse.

Y fue ese el contexto en el que la familia Pérez (cuya identidad protegemos con un apellido ficticio) temió por su futuro y decidió huir.

Pero ¿cómo esta familia que intentó escapar antes de que fuera tarde, terminó resguardada durante meses en una iglesia protestante en Canadá?

BBC Mundo cuenta su historia.

El viaje

En 2009, cuando la cotidianidad empezó a sentirse muy peligrosa, los Pérez, como muchos otros mexicanos, tomaron la decisión de emigrar.

Llegaron primero a Estados Unidos y de allí intentaron cruzar a Canadá por la frontera terrestre. Lo que no sabían en ese momento es que, desde 2005, existe el acuerdo de tercer país seguro entre esos dos países.

Así que, con algunas excepciones, si alguien ha pasado previamente por EEUU. no puede solicitar asilo al llegar a Canadá.

Y eso les dijeron a los Pérez las autoridades canadienses, no escucharon su caso, simplemente los regresaron.

Frontera canadá EE.UU.

Getty Images
La familia intentó cruzar por tierra a Canadá desde EE.UU.

Terminaron de nuevo en México sobrellevando la situación. Abrieron un negocio de comidas cerca de un plantel educativo y, como otros, empezaron a percibir la violencia como parte del paisaje.

Hasta que, nueve años después, la situación se volvió insostenible.

Los cárteles empezaron a obligar a los civiles a colaborar con sus actividades ilícitas y quien se negaba se enfrentaba a la muerte.

Ese fue el caso de los Pérez. En 2018 “intentaron forzarlos a vender droga en el negocio familiar y como se negaron, recibieron fuertes amenazas”, le explica a BBC Mundo Stewart Istvanffy, el abogado que hoy representa a la familia.

Los llamaban advirtiéndoles que si no colaboraban, tendrían que pagar una cuota periódica al cartel. La familia se mantuvo al margen, nunca aceptaron ser cómplices ni pagar extorsiones.

Hasta que las intimidaciones se hicieron realidad. Una noche mientras estaban descansando en casa, el cártel prendió fuego a su negocio.

Los Pérez supieron que tenían que huir. Algún conocido les había recomendado irse a una ciudad intermedia en Quebec, la provincia francófona de Canadá, y decidieron hacerle caso.

Planearon el viaje en poco tiempo y esta vez volaron directamente a Canadá.

banderas de canadá, EE.UU. y México

Getty Images
Canadá, EE.UU. y México comparten el T-MEC, un tratado de libre comercio que en julio de 2020 sustituyó al Nafta.

Segundo intento

Al llegar al aeropuerto recibieron un permiso de estancia temporal por seis meses, al que tienen derecho por ser ciudadanos mexicanos.

A las pocas semanas, cuando estaban instalados, contactaron a una abogada que les habían recomendado, y con su asesoría presentaron una solicitud oficial de asilo.

Pero ahí se encontraron con otra sorpresa: los Pérez no sabían que, en 2009, cuando los regresaron a EEUU., había quedado como constancia un rechazo a su petición de asilo y eso, en las leyes canadienses, les impide hacer una nueva solicitud.

“A lo que sí tenían derecho era a algo que se llama Evaluación de Riesgo Antes del Retorno (ERAR por sus siglas en francés)”, explica Istvanffy.

Enviaron documentos para esa evaluación, pero no incluyeron las pruebas más importantes y evitaron hablar del cartel que los tenía amenazados. Tenían miedo a que les pudieran hacer algo a sus familiares que seguían en México.

Mientras Canadá revisaba el caso, les otorgó un permiso temporal de empleo.

Fue así como durante casi tres años la familia logró tener una cotidianidad. Consiguieron trabajo, una casa, un hijo entró a la escuela, tomaban clases de idiomas y pagaban impuestos.

Durante ese tiempo, otro miembro de la familia intentó retomar el negocio en México.

Había pasado más de un año desde el incendio y cuando el cártel descubrió que estaban atendiendo público empezaron de nuevo las amenazas e intimidaciones.

Como volvieron a negarse, “los encerraron en un baño de la casa , los ataron de pies y manos, echaron gasolina por todas partes y prendieron fuego a la casa. Intentaron quemarlos vivos”, cuenta Istvanffy.

No murieron porque una de las personas logró soltar las ataduras de las manos y liberar a los demás. La casa se quemó completamente y “ellos quedaron con estrés post traumático fuerte y ansiedad”, explica Istvanffy.

Hoy, esa parte de la familia también se encuentra en Canadá y espera recibir asilo.

Hombre con arma

Getty Images
Los carteles incendiaron el negocio y la casa de la familia.

La decisión

La evaluación del caso coincidió con la llegada de la pandemia y todo se retrasó, por eso solo hasta finales de 2021 los Pérez recibieron la respuesta oficial a su petición de asilo.

Para las autoridades canadienses la documentación de la familia no demostraba que estuvieran corriendo riesgo en México, así que les enviaron una orden de extradición para que abandonaran el país al poco tiempo.

“El gobierno canadiense argumenta que no están obligados a regresar a ese sitio en específico, pero la realidad es que los cárteles son muy fuertes y están presentes en todo el territorio mexicano. Desgraciadamente allí hay un narco-estado”, agrega Istvanffy.

“Es muy triste. Estamos ante un gran riesgo si regresamos a México, un gran riesgo de que nos maten, de que nos asesinen”, le dijo uno de los miembros de la familia a la cadena CBC.

Y esa es justamente una de las críticas que ha hecho la comunidad canadiense al gobierno: por qué le dice a esta familia que no corre riesgo en México, pero al mismo tiempo recomienda a los ciudadanos canadienses no viajar a ese país dada la situación de inseguridad.

La iglesia como última opción

En medio de la angustia por tener que regresar y enfrentarse al cartel que los ha atacado y amenazado, la familia tomó la decisión de refugiarse en una iglesia y apelar al “santuario”, una tradición que no está inscrita en el código legal, pero que se remonta “al derecho canónico anterior a la constitución de Canadá como país, cuando la iglesia tenía la facultad de proteger a quien se refugiaba allí”, explica Istvanffy.

Según informó la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá a CBC: “si bien no existe una restricción legal para que ingrese a un lugar de culto para ejecutar una orden de arresto, la Agencia prefiere involucrarse con las personas sujetas a la aplicación de las leyes de inmigración y la institución que brinda santuario con el objetivo de lograr el cumplimiento voluntario.”

A los Pérez los acogió una iglesia protestante.

Iglesia protestante

Facebook oficial de Plymouth Trinity

“No deseamos contravenir las leyes de inmigración de nuestro país, sino aprovechar la práctica antigua y canónica de ofrecer refugio a las personas que están bajo amenaza o persecución. Deseamos brindarle a la familia el tiempo que necesita para permanecer en este país de manera legal y adecuada, al mismo tiempo que los protegemos de la amenaza muy real para sus vidas y su seguridad si regresan a su lugar de origen”, dijo la congregación en un comunicado.

Hay un comité de la comunidad local que les acompaña y se encarga de que no les falte lo necesario y que reciban apoyo psicosocial mientras permanezcan en la iglesia. Ellos mismos se encargaron de ponerlos en contacto con Stewart Istvanffy, abogado defensor de derechos humanos, quién tomó el caso desde noviembre de 2021.

Istvanffy encontró que los Pérez sí tienen pruebas suficientes para demostrar el peligro que corren en su país, pero que hubo fallas en su caso: “hubo un problema y es que en el proceso del ERAR, la familia no presentó todas las pruebas del peligro”.

La abogada que los asesoró antes no adjuntó toda la documentación y ahora, cuando la situación es aún más crítica, esperan que esas pruebas sean tenidas en cuenta, así como que se escuche a la familia, pues en lo que lleva el proceso nunca han tenido la posibilidad de dar su testimonio a las autoridades.

“Lo que esperamos es que el ministro de Migración de Canadá les dé un estatus temporal y luego la residencia permanente. Esto basado en el apoyo que han recibido de la comunidad canadiense”, agrega el abogado Istvanffy.

Se refiere a varios eventos de solidaridad que se han llevado a cabo en Sherbrooke. Hubo, por ejemplo, una marcha de solidaridad con la familia en la que participaron más de 200 personas. Además han recibido el apoyo de algunos políticos locales.

“Estoy muy optimista. Porque han logrado movilizar gran parte de la comunidad de Sherbrooke. Creo que vamos a ganar eventualmente, no sé cuándo”, agregó.

La alcaldesa de la ciudad en la que se encuentran los Pérez, por su parte, le ha dicho a la prensa canadiense que está conmovida con la historia y anotó que la discutirían internamente.

Entre tanto, la diputada federal que representa a la ciudad en el parlamento se reunió con la familia y lamentó su dramática situación. También le dijo a CBC que, aunque no puede comentar detalles del caso, está en comunicación con el ministro de Migración.

pasaporte mexicano

Getty Images
Los ciudadanos mexicanos pueden estar seis meses en Canadá.

Trasfondo político

Canadá se ha destacado históricamente por acoger personas refugiadas de diversas regiones del mundo y por lo general aparece en la lista de naciones solidarias en medio de las guerras.

Aunque ha recibido refugiados de Europa, África y Asía, su cercanía con Latinoamérica hace que sea un destino viable para esa población.

Muestra de eso es que, después de Ecuador y España, Canadá es el tercer país que ha recibido a más colombianos en calidad de refugiados durante el conflicto interno.

También hay una población importante de chilenos que huyeron del régimen militar de Pinochet, así como salvadoreños, guatemaltecos y venezolanos.

Pero el mayor desafío se ha presentado con México. “El problema es que hay una discriminación bastante fuerte contra los mexicanos porque para el sistema canadiense México representa un desafío importante: pueden entrar sin visa, son miembros del tratado de libre cambio con EEUU. y Canadá. Son nuestros vecinos más inmediatos de Latinoamérica”, explica Istvanffy.

Y agrega, “hace 10, 12 años, más de la cuarta parte de la gente que pedía refugio en Canadá eran mexicanos. Así que buscaron un sistema de trabas para impedir que los mexicanos entren fácilmente a Canadá”.

Entre tanto, los Pérez ya completan seis meses refugiados en la iglesia de Sherbrooke y, aunque están seguros, su cotidianidad no ha sido nada fácil en medio del encierro.

Es tal el miedo que sienten que no quieren dar entrevistas porque temen que el cártel tome represalias en México. Saben que haberlos denunciado en otro país es un desafío muy peligroso.

“Lo más probable es que mueran en México. No tienen a dónde ir. Uno de los carteles más peligrosos los ha amenazado. Es un grupo muy violento, es la muerte lo que les espera”, concluye Istvanffy


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