Aspectos de la audiencia. Foto subida por la cuenta @PresuntoC.

La trama de Presunto Culpable aún no llega a su fin. Pero Roberto Hernández, productor y director del documental, desde ahora cree que no serán a su favor las sentencias que, en unos dos meses y medio, se dictarán por las tres juicios que él y Layda Negrete enfrentan por daño moral y por los que se reclaman indemnizaciones que superan los 3 mil millones de pesos.

El Juzgado Civil número 18, donde radican dos de los juicios, se convirtió ayer 5 de noviembre en una pequeña sala de cine para exhibir el documental pero sólo como prueba, pues desde 2011 su exhibición, distribución y venta quedó congelada por orden judicial.

“Es censura, el fondo del caso es la libertad de expresión”, asegura Hernández.

La jueza Norma Muñoz Salgado ordenó originalmente una audiencia cerrada. Pero la defensa de Hernández, el abogado Javier Quijano, ideó un plan para evitar un proceso opaco: registrar a periodistas como parte de la defensa y así el Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF) no les impediría el ingreso.

De ese modo, Denise Maerker, Genaro Lozano, Carmen Aristegui y reporteros de diversos medios pudieron presenciar la audiencia y el documental. Pero la jueza puso sus condiciones: nada de cámaras, ni video ni grabadoras. Papel y pluma, o smartphones sólo para escribir.

Sin embargo, Hernández se salió con la suya y subió una foto a la cuenta @PresuntoC: “Carmen Aristegui y Denise Maerker presentes en el juicio contra Presunto Culpable en Juzgado 18 Civil del TSJDF”.

Al inicio de la audiencia pasaron dos testigos a favor de uno de los demandantes, Víctor Reyes, quien originalmente acusó al protagonista del documental, José Antonio Zuñiga, de haber matado a su primo, Juan Carlos Reyes. El joven reclama que su imagen fue exhibida sin su permiso y que el filme le ha traído presuntas amenazas.

Hacia las 11:20 de la mañana, una gran pantalla -rentada por Hernández- fue acomodada en el juzgado. Algunas sillas se acomodaron y otras fueron jaladas de otras áreas del juzgado para ver la función. Algunos optaron por el suelo. Y no faltó quien pidió palomitas y refresco. Pero cualquier intento de risa era suprimido por la mirada severa de los vigilantes del Tribunal.

La película concluyó cerca de las 13 horas y Hernández y su defensa abandonaron el juzgado.

“Yo no espero una sentencia favorable porque no veo un poder judicial prudente ni a un presidente del Tribunal prudente. Y veo que es un poder judicial jerárquico, la verdad es que está controlado desde la cúpula”, admitió.

Su caso, asegura, es una persecución por parte del Tribunal y su presidente, Édgar Elías Azar, por exhibir las deficiencias del sistema judicial. Si el fallo es adverso, Hernández no duda en escalarlo a nivel federal e incluso internacional.

Pero Quijano, defensa del cineasta, descartó que haya desconfianza en el Tribunal. “Esa es la opinión de Roberto”, dijo. En unos dos meses y medio esperan las sentencias.

Hacia la tarde, Azar hizo declaraciones públicas para descartar que se trate de una venganza contra los autores del documental.

Además del juicio por la demanda de Víctor Reyes, los autores de Presunto Culpable enfrentan otro promovido por el comandante de la Policía Judicial, José Manuel Ortega Saavedra, quien detuvo a José Antonio Zúñiga, finalmente absuelto del delito de homicidio. “Dice que una vez le dijeron en un Vips: ‘Mira, es el policía corrupto de Presunto Culpable‘, y ahora quiere millones”, dice Hernández.

El último juicio fue promovido por la familia del occiso, por usar imágenes de su cadáver en el documental.

En conjunto las peticiones de indemnización llegan a los 3 mil millones de pesos. “No hay sustento para esa cantidad y serán los jueces quienes determinen el monto si el fallo es en nuestra contra. Nada más quieren eso”, bromea el abogado convertido en cineasta.

Reunidos afuera del Tribunal, Roberto y Toño saben de lo paradójico de su caso. Ahora es el abogado quien enfrenta el sistema judicial, ese mismo aparato que tuvo preso al joven sin razón. “Te toca salvarme”, dice Hernández y la mirada de Zúñiga se pierde en el aire y cuenta con los dedos: 3 mil millones de pesos de indemnización. No les salen las números y mejor se ríen antes de retirarse.