GDF se niega a investigar a jefes policiacos, por abusos del 1DMX
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GDF se niega a investigar a jefes policiacos, por abusos del 1DMX

Como parte del especial 'Nosotros Marchamos', Animal Político aborda las consecuencias jurídicas y legales para los manifestantes del 1Dmx y para las autoridades.
Por Paris Martínez / tercera parte de cuatro
27 de noviembre, 2013
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A un año de que cientos de personas, en su mayoría jóvenes, se lanzaran a las calles a marchar contra el gobierno de Enrique Peña Nieto y la criminalización de la protesta social, Animal Político aborda en la tercera entrega de este especial en cuatro partes las consecuencias jurídicas y legales de las movilizaciones para los manifestantes y las autoridades.

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Aspectos de la confrontación entre manifestantes y elementos de seguridad pública del DF, el 1 de diciembre de 2012. //Foto: Cuartoscuro

 

El 9 de mayo de este año, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció la “aceptación integral de la recomendación 7/2013”, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del DF, luego de comprobar que la policía capitalina incurrió en graves irregularidades durante el operativo del 1 de diciembre de 2012, con el cual fueron disueltas las manifestaciones sociales realizadas ese día por la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto.

Según la recomendación 7/2013, entre estas actuaciones anómalas de la policía destacan el haber brindado impunidad a un grupo de 50 personas que protagonizó los disturbios públicos, a los cuales la autoridad dejó operar sin contención alguna; otra irregularidad fue que, al tiempo que se dejaba actuaba al grupo violento, la policía arremetía en contra de manifestantes pacíficos, capturando ilegalmente a 99 personas que no habían cometido ningún delito, además de que seis de estos detenidos fueron torturados por los granaderos capitalinos –un sólo adolescente recibió más de 200 patadas de policías, tal como documentó la CDHDF–.

Por todo ello, informó en mayo el gobierno local, “se ha decidido aceptar la totalidad de los puntos recomendatorios” formulados por Derechos Humanos y, más aún, la autoridad capitalina anunció que “se compromete a instrumentar los procedimientos administrativos y legales que permitan que los hechos sean efectivamente investigados”.

Sin embargo, aún cuando esta postura fue anunciada públicamente , difundida por las autoridades del DF entre la ciudadanía y la prensa nacional, en los hechos, una de las exigencias más importantes de la recomendación 7/2013, incluida en el Punto Recomendatorio Número 6 –el cual demanda iniciar procedimientos penales contra los mandos de policía que coordinaron el operativo– oficialmente fue rechazada por el gobierno de Mancera, tal como se desprende del Informe de recomendaciones sujetas a seguimiento , elaborado por la CDHDF y actualizado al 31 de octubre.

A la letra, el punto 6 de esta recomendación, y que se encuentra en el estatus de “No aceptado”, establece “que en un plazo no mayor de 15 días naturales, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se formule denuncia ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, de la Procuraduría General de Justicia del DF, a fin de que se investiguen los delitos en que pudieron incurrir los mandos medios y superiores de la policía adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, por sus acciones y omisiones en el operativo del 1 de diciembre de 2012″.

Responsabilidades de alto nivel

Aún cuando la recomendación 7/2013 señala que, en el terreno, las distintas violaciones a derechos humanos del 1 de diciembre de 2012 fueron cometidas por elementos de tropa, también destaca distintas actuaciones irregulares por parte de los mandos medios y altos de la SSP-DF, que dieron pie a que los abusos en el campo de operaciones se concretaran.

En primera instancia, la Comisión de Derechos Humanos del DF concluyó que, “a pesar de que los propios elementos policiales alertaron al menos 30 minutos antes a los mandos superiores, de los riesgos a los bienes públicos y privados establecidos en las avenidas Juárez y Paseo de la Reforma, no se tuvo la previsión de protegerlos de los inminentes daños“, lo que dejó una veintena de hoteles, instituciones bancarias y oficinas públicas a merced del reducido grupo de agresores que protagonizaron disturbios, en el marco de una manifestación en el que la gran mayoría de los asistentes actuaba de forma pacífica.

Para la CDHDF, “esa actitud omisa y permisiva” por parte de los mandos que coordinaban el operativo “contravino la obligación de custodia y vigilancia y, por ende, de protección de los bienes públicos y particulares, en agravio de los derechos de los propietarios de los establecimientos, sus empleados y en detrimento del patrimonio de la Ciudad de México”.

Más aún, la Comisión de Derechos Humanos del DF concluyó que, durante el operativo del 1 de diciembre del año pasado, la prioridad del “puesto de mando de la SSP” no fue garantizar la seguridad de los manifestantes y de los bienes públicos y privados, sino impedir que la protesta pacífica llegara al Zócalo, ya que, “el operativo implementado por SSP-DF, más allá de dirigirse a mantener el orden público, la protección de la integridad física y patrimonial de las personas y la prevención de conductas delictivas, se encauzó a impedir que las personas que se manifestaban legítima y pacíficamente llegaran a una ubicación estratégica para la difusión de sus ideas, como lo era el Palacio Nacional”.

De hecho, la CDHDF subraya que varias detenciones arbitrarias realizadas por policías capitalinos en las inmediaciones del Zócalo, se realizaron “en cumplimiento a las órdenes del puesto de mando de la SSP-DF”.

Por último, se destaca que “la falta de previsión y de materialización de decisiones en tiempos adecuados, por parte de los mandos superiores, generó sin duda alguna una sobreexposición de los elementos de la policía a los actos de violencia”.

Todas estas acciones, insistió el ombdusman capitalino, vulneraron el derecho a la libertad, a la seguridad e integridad personales, el derecho a manifestarse de manera pacífica y el derecho a la libertad de expresión.

Los nombres

Aunque la recomendación 7/2013 no enlista a todos los mandos medios y altos de la SSP-DF que intervinieron en el operativo del 1 de diciembre de 2012, sí menciona por su nombre a los principales responsables del despliegue policial, empezando por Darío Chacón, entonces subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, y quien fue designado como “mando único” del operativo. Chacón, actualmente, funge como coordinador de Restablecimiento del Orden Público de la Policía Federal.

Además, se menciona a Luis Rosales Gamboa, entonces encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, y que a la fecha ocupa el cargo de subsecretario de Control de Tránsito de la policía capitalina.

Asimismo, la recomendación 7/2013 identifica la participación de Héctor Hidalgo, José Francisco Villagómez Pulido, Germán Pérez y Adriana Campero, quienes entonces fungían como subdirector del Grupo Especial de la Policía Metropolitana, director de la Zona Centro, director de la Zona Norte y directora de Enlace Institucional, respectivamente, y cuyas funciones actuales no pudieron ser determinadas, debido a que la SSP-DF no ha hecho público su nuevo organigrama de mandos –a casi un año de haber arrancado la actual administración–.

La recomendación, además, menciona la participación del entonces director General de la Policía Metropolitana y de cinco directores de Zona de la Policía de Proximidad, aunque no menciona sus nombres.

Cabe destacar que, para conocer la postura del Gobierno del Distrito Federal, y de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, en torno a los incumplimientos a la recomendación 7/2013, aceptada hace ya siete meses, Animal Político solicitó entrevistas tanto con la Secretaría de Gobierno como con la SSP-DF.

En el caso de la Secretaría de Gobierno, ésta accedió a brindar la entrevista, aunque, en los hechos, nunca la concedió; y en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, la petición de entrevista fue abiertamente denegada.

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Nueva crisis en el gobierno de Boris Johnson: 4 claves del escándalo sexual que propició una ola de renuncias

El primer ministro británico, Boris Johnson, enfrenta una crisis de credibilidad en su gobierno que está generando nuevas presiones en las propias filas conservadoras para sustituirle.
6 de julio, 2022
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Menos de un mes después, un nuevo escándalo.

El gobierno del primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, fue sacudido por una crisis de consecuencias imprevisibles, iniciada por el escándalo sexual en el que se vio involucrado Chris Pincher, un parlamentario conservador cercano al premier.

El ministro de Hacienda, Rishi Sunak, y el ministro de Salud, Sajid Javid, fueron dos de los primeros en renunciar la noche del martes, poniendo en tela de juicio la competencia de Johnson para liderar el país.

Sunak argumentó que los ciudadanos esperan que el gobierno sea dirigido de una forma “apropiada, competente y seria”; mientras que Javid afirmó que el gobierno no estaba “actuando en el interés nacional”.

Ambas dimisiones avivaron las expectativas de que el gobierno británico pueda caer próximamente.

La mañana del miércoles, el ministro de Infancia y Familias, Will Quince, se unió a Sunak y a Javid, y envió una carta a Johnson anunciando su renuncia, después de que el lunes le dijera a los medios que le habían garantizado que el primer ministro no estaba al tanto de una serie de denuncias contra Chris Pincher.

Más tarde se supo que eso no era cierto.

Poco después el ministro del Tesoro, John Glen, se sumó a la serie de renuncias.

En menos de 24 horas, cerca de 20 funcionarios han abandonado sus cargos, entre ellos también se encuentran el procurador general Alex Chalk y Laura Trott, secretaria parlamentaria en el Departamento de Transporte.

“Después de toda la sordidez, de todo el fracaso, está claro que este gobierno conservador se está derrumbando“, señaló el líder del Partido Laborista, Keir Starmer.

Por su parte, el jefe del Partido Liberal Demócrata, Ed Davey, calificó el mandato de Johnson como un “gobierno de caos que le ha fallado al país” y le conminó a renunciar.

Estos llamamientos ocurren menos de un mes después de que el primer ministro enfrentara una moción de censura en el que 41% de los legisladores de su propio partido votaron contra él.

Rishi Sunak.

Reuters
El ministro de Hacienda, Rishi Sunak, era una de las figuras de más peso en el gabinete.

Aquel intento de destituirlo tuvo lugar después de que salieron a la luz pública fotos y pruebas de encuentros y celebraciones en la sede del gobierno mientras el resto del país se encontraba confinado por las restricciones impuestas por el propio gobierno de Johnson durante la pandemia de covid-19.

BBC Mundo te responde las preguntas clave sobre este nueva crisis que amenaza con hacer colapsar el gobierno de Johnson.

1. El origen de la crisis

El pasado 30 de junio, el diario británico The Sun publicó una información según la cual el entonces subjefe de la bancada del Partido Conservador en el Parlamento, Chris Pincher, había manoseado a dos hombres en un club privado en Londres.

Pincher, quien había sido nombrado en ese cargo por Johnson en febrero de este año en medio de una reorganización del Ejecutivo, renunció inmediatamente.

A los pocos días, los medios británicos publicaron información sobre al menos otros seis casos de supuesta conducta sexual inapropiada por parte de Pincher ocurridos en los últimos años.

Pincher, quien fue suspendido por el Partido Conservador, ha pedido disculpas y ha dicho que cooperará plenamente con las investigaciones sobre su conducta y que está buscando “apoyo médico profesional”.

2. ¿Cómo está implicado Boris Johnson?

Aunque el primer ministro británico no es quien ha incurrido en conductas sexuales inapropiadas, el escándalo de Pincher lo coloca en una situación difícil debido a que se está cuestionando su buen juicio así como la transparencia con la que el gobierno ha manejado el caso.

Chris Pincher

PA Media
Los señalamientos conra Chris Pincher han abierto un nuevo frente de batalla para Boris Johnson.

El pasado 1 de julio, la oficina del gobierno le dijo a la prensa que Johnson no sabía que hubiera acusaciones contra Pincher antes de su nombramiento.

El portavoz del gobierno dijo que el primer ministro no era consciente de “acusaciones específicas” sobre Pincher.

Esa fue la misma línea que mantuvieron en los días siguientes varios miembros del gabinete.

Sin embargo, el 4 de julio, el portavoz del mandatario dijo que Johnson conocía sobre “acusaciones que fueron resueltas o no progresaron hasta la fase de queja formal” y que no se había considerado apropiado detener el nombramiento de Pincher debido a “acusaciones no sustentadas”.

Esa misma tarde, sin embargo, la BBC reveló que Johnson había sido informado sobre una queja formal sobre el “comportamiento inapropiado” de Pincher, mientras este trabajó en el ministerio de Exteriores entre 2019-2020.

Esta queja llevó a un proceso disciplinario que confirmó que sí hubo un comportamiento inapropiado.

Posteriormente en una entrevista con la BBC, Johnson dijo: “Hubo una queja que me hicieron llegar a mí específicamente… fue hace mucho tiempo y me la presentaron de forma oral. Pero eso no es excusa, yo debí haber actuado a partir de ella”.

El primer ministro calificó como “un error” haber nombrado a Pincher, de quien dijo que se había comportado “muy, muy mal”, por lo que pidió disculpas a las personas afectadas.

3. ¿Por qué cuestionan al primer ministro?

“Todo esto se trata de una cosa: la verdad”, señala Chris Mason, editor de Política de la BBC al analizar la crisis en marcha en el gobierno británico.

Manifestación contra Boris Johnson.

Getty Images
El llamado “Partygate” dañó la credibilidad del gobierno de Johnson.

“Al margen de la marejada de detalles y acusaciones, todo se reduce a si la gente puede creer lo que dice el número 10 (como se llama coloquialmente al Ejecutivo británico)”, agrega.

Y es que la respuesta del Ejecutivo al escándalo de Pincher ha ido cambiando progresivamente a medida que han ido surgiendo otros elementos, como ocurrió durante el llamado “Partygate”, el caso sobre las fiestas realizadas en la sede del gobierno durante el confinamiento por el coronavirus, en el cual finalmente se comprobó que incluso Johnson había asistido a alguna de estas reuniones sociales.

“Las preguntas se refieren a lo que Boris Johnson sabía y cuándo lo supo. Y las respuestas siguen cambiando, a menudo en respuesta a hechos incómodos que demuestran que su anterior defensa era una basura, o al menos no tan sincera como podría haber sido”, señala Manson.

4. ¿Qué puede ocurrir ahora?

En teoría, tras haber sobrevivido a la moción de censura en su contra hace apenas un mes, Boris Johnson está protegido de otra iniciativa semejante durante un año.

Esto se debe a que así lo establecen las reglas actuales del Comité 1922, el grupo que agrupa a los legisladores comunes del Partido Conservador británico. Estas señalan que ese es el periodo que debe transcurrir para poder volver a someter a cuestionamiento al líder del partido.

Sin embargo, los críticos de Johnson quieren aprovechar la convocatoria para renovar a la directiva de ese comité para intentar tomar el control del mismo y cambiar esa regla para hacer posible una nueva moción de censura.

Reino Unido

PA
Johnson flanqueado por los dos ministros salientest, Rishi Sunak (dcha) y Sajid Javid.

El legislador conservador Andrew Bridgen, uno de los más críticos con Johnson, le dijo a Sky News que espera que la nueva directiva esté a favor del cambio de esa regla y que así se pueda eliminar esta limitación antes de las vacaciones de verano.

Consultado por la BBC sobre la viabilidad de este cambio en la normativa, Sir Graham Brady, actual jefe del Comité 1922, dijo que “técnicamente es posible”.

En la votación ocurrida hace un mes, Johnson obtuvo 211 votos a favor y 148 en contra.

Sin embargo, su situación política se ha deteriorado más en los últimos días con el escándalo de Pincher, primero, y ahora con las renuncias en su gobierno.

Otro mecanismo que podría llevar a la salida de Johnson es que se convoque un voto de censura en el Parlamento, en el cual los legisladores de todos los partidos puedan participar.

Esa iniciativa ya ha sido propuesta por los Liberales Demócratas, pero para que pueda prosperar necesitaría ser presentada por el Partido Laborista y el gobierno tendría que estar de acuerdo en que se incluyera en la agenda del Legislativo.

Nadine Dorries

Getty Images
La ministra de Cultura, Nadine Dorries, ratificó que está 100% junto a Johnson.

También es posible que sigan produciéndose renuncias dentro del gabinete que aumenten la presión política sobre Johnson para que renuncie.

Pero hay varios ministros que ya han ratificado su confianza en Johnson. Entre estos se incluye la ministra de Cultura, Nadine Dorries; la ministra de Interior, Priti Patel, y el ministro para la oportunidades del Brexit, Jacob Rees-Mogg.

Finalmente, existe la posibilidad de que el mandatario británico logre capear el temporal adverso como ha hecho en crisis anteriores que ha enfrentado su gobierno, aunque los analistas coinciden en que se le está acabando el tiempo.


Los leales a Johnson enfrentan un desafío incómodo

Análisis de Ione Wells, Corresponsal en Westminster, BBC News

Los parlamentarios y ministros conservadores están hartos de que no se les diga la verdad y, como resultado, se les haga quedar como tontos en la televisión y la radio.

Will Quince, cuando tuvo que defender al gobierno por el nombramiento de Chris Pincher, dijo a los medios que recibió una “garantía categórica” ​​de que el primer ministro no estaba al tanto de ninguna “acusación seria y específica” cuando nombró a Pincher.

Esto resultó no ser cierto.

El primer ministro admitió más tarde que estaba al tanto de una denuncia formal sobre Pincher cuando era ministro del Ministerio de Relaciones Exteriores en 2019.

Quince renunció este miércoles y dijo que “aceptó y repitió las garantías el lunes a los medios de comunicación que ahora se ha descubierto que son inexactas”.

A él se unieron el ministro junior Robin Walker y Laura Trott, anteriormente secretaria privada parlamentaria de transporte, quien también dijo que renunciaría porque se había perdido la confianza en la política.

Aquellos que se mantienen leales al primer ministro ahora enfrentan un desafío incómodo.

Deben defender por qué sienten que es aceptable que el gobierno de Johnson ordenara a sus ministros que dijeran una cosa, antes de cambiar de posición días o incluso horas después.


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