GDF se niega a investigar a jefes policiacos, por abusos del 1DMX
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GDF se niega a investigar a jefes policiacos, por abusos del 1DMX

Como parte del especial 'Nosotros Marchamos', Animal Político aborda las consecuencias jurídicas y legales para los manifestantes del 1Dmx y para las autoridades.
Por Paris Martínez / tercera parte de cuatro
27 de noviembre, 2013
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A un año de que cientos de personas, en su mayoría jóvenes, se lanzaran a las calles a marchar contra el gobierno de Enrique Peña Nieto y la criminalización de la protesta social, Animal Político aborda en la tercera entrega de este especial en cuatro partes las consecuencias jurídicas y legales de las movilizaciones para los manifestantes y las autoridades.

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Aspectos de la confrontación entre manifestantes y elementos de seguridad pública del DF, el 1 de diciembre de 2012. //Foto: Cuartoscuro

 

El 9 de mayo de este año, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció la “aceptación integral de la recomendación 7/2013”, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del DF, luego de comprobar que la policía capitalina incurrió en graves irregularidades durante el operativo del 1 de diciembre de 2012, con el cual fueron disueltas las manifestaciones sociales realizadas ese día por la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto.

Según la recomendación 7/2013, entre estas actuaciones anómalas de la policía destacan el haber brindado impunidad a un grupo de 50 personas que protagonizó los disturbios públicos, a los cuales la autoridad dejó operar sin contención alguna; otra irregularidad fue que, al tiempo que se dejaba actuaba al grupo violento, la policía arremetía en contra de manifestantes pacíficos, capturando ilegalmente a 99 personas que no habían cometido ningún delito, además de que seis de estos detenidos fueron torturados por los granaderos capitalinos –un sólo adolescente recibió más de 200 patadas de policías, tal como documentó la CDHDF–.

Por todo ello, informó en mayo el gobierno local, “se ha decidido aceptar la totalidad de los puntos recomendatorios” formulados por Derechos Humanos y, más aún, la autoridad capitalina anunció que “se compromete a instrumentar los procedimientos administrativos y legales que permitan que los hechos sean efectivamente investigados”.

Sin embargo, aún cuando esta postura fue anunciada públicamente , difundida por las autoridades del DF entre la ciudadanía y la prensa nacional, en los hechos, una de las exigencias más importantes de la recomendación 7/2013, incluida en el Punto Recomendatorio Número 6 –el cual demanda iniciar procedimientos penales contra los mandos de policía que coordinaron el operativo– oficialmente fue rechazada por el gobierno de Mancera, tal como se desprende del Informe de recomendaciones sujetas a seguimiento , elaborado por la CDHDF y actualizado al 31 de octubre.

A la letra, el punto 6 de esta recomendación, y que se encuentra en el estatus de “No aceptado”, establece “que en un plazo no mayor de 15 días naturales, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se formule denuncia ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, de la Procuraduría General de Justicia del DF, a fin de que se investiguen los delitos en que pudieron incurrir los mandos medios y superiores de la policía adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, por sus acciones y omisiones en el operativo del 1 de diciembre de 2012″.

Responsabilidades de alto nivel

Aún cuando la recomendación 7/2013 señala que, en el terreno, las distintas violaciones a derechos humanos del 1 de diciembre de 2012 fueron cometidas por elementos de tropa, también destaca distintas actuaciones irregulares por parte de los mandos medios y altos de la SSP-DF, que dieron pie a que los abusos en el campo de operaciones se concretaran.

En primera instancia, la Comisión de Derechos Humanos del DF concluyó que, “a pesar de que los propios elementos policiales alertaron al menos 30 minutos antes a los mandos superiores, de los riesgos a los bienes públicos y privados establecidos en las avenidas Juárez y Paseo de la Reforma, no se tuvo la previsión de protegerlos de los inminentes daños“, lo que dejó una veintena de hoteles, instituciones bancarias y oficinas públicas a merced del reducido grupo de agresores que protagonizaron disturbios, en el marco de una manifestación en el que la gran mayoría de los asistentes actuaba de forma pacífica.

Para la CDHDF, “esa actitud omisa y permisiva” por parte de los mandos que coordinaban el operativo “contravino la obligación de custodia y vigilancia y, por ende, de protección de los bienes públicos y particulares, en agravio de los derechos de los propietarios de los establecimientos, sus empleados y en detrimento del patrimonio de la Ciudad de México”.

Más aún, la Comisión de Derechos Humanos del DF concluyó que, durante el operativo del 1 de diciembre del año pasado, la prioridad del “puesto de mando de la SSP” no fue garantizar la seguridad de los manifestantes y de los bienes públicos y privados, sino impedir que la protesta pacífica llegara al Zócalo, ya que, “el operativo implementado por SSP-DF, más allá de dirigirse a mantener el orden público, la protección de la integridad física y patrimonial de las personas y la prevención de conductas delictivas, se encauzó a impedir que las personas que se manifestaban legítima y pacíficamente llegaran a una ubicación estratégica para la difusión de sus ideas, como lo era el Palacio Nacional”.

De hecho, la CDHDF subraya que varias detenciones arbitrarias realizadas por policías capitalinos en las inmediaciones del Zócalo, se realizaron “en cumplimiento a las órdenes del puesto de mando de la SSP-DF”.

Por último, se destaca que “la falta de previsión y de materialización de decisiones en tiempos adecuados, por parte de los mandos superiores, generó sin duda alguna una sobreexposición de los elementos de la policía a los actos de violencia”.

Todas estas acciones, insistió el ombdusman capitalino, vulneraron el derecho a la libertad, a la seguridad e integridad personales, el derecho a manifestarse de manera pacífica y el derecho a la libertad de expresión.

Los nombres

Aunque la recomendación 7/2013 no enlista a todos los mandos medios y altos de la SSP-DF que intervinieron en el operativo del 1 de diciembre de 2012, sí menciona por su nombre a los principales responsables del despliegue policial, empezando por Darío Chacón, entonces subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, y quien fue designado como “mando único” del operativo. Chacón, actualmente, funge como coordinador de Restablecimiento del Orden Público de la Policía Federal.

Además, se menciona a Luis Rosales Gamboa, entonces encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, y que a la fecha ocupa el cargo de subsecretario de Control de Tránsito de la policía capitalina.

Asimismo, la recomendación 7/2013 identifica la participación de Héctor Hidalgo, José Francisco Villagómez Pulido, Germán Pérez y Adriana Campero, quienes entonces fungían como subdirector del Grupo Especial de la Policía Metropolitana, director de la Zona Centro, director de la Zona Norte y directora de Enlace Institucional, respectivamente, y cuyas funciones actuales no pudieron ser determinadas, debido a que la SSP-DF no ha hecho público su nuevo organigrama de mandos –a casi un año de haber arrancado la actual administración–.

La recomendación, además, menciona la participación del entonces director General de la Policía Metropolitana y de cinco directores de Zona de la Policía de Proximidad, aunque no menciona sus nombres.

Cabe destacar que, para conocer la postura del Gobierno del Distrito Federal, y de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, en torno a los incumplimientos a la recomendación 7/2013, aceptada hace ya siete meses, Animal Político solicitó entrevistas tanto con la Secretaría de Gobierno como con la SSP-DF.

En el caso de la Secretaría de Gobierno, ésta accedió a brindar la entrevista, aunque, en los hechos, nunca la concedió; y en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, la petición de entrevista fue abiertamente denegada.

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Justin Trudeau: el nuevo escándalo que tiene en crisis al primer ministro

Un millonario programa de becas para ayudar a jóvenes estudiantes ha puesto al primer ministro de Canadá y su familia en el foco mediático. Te contamos por qué.
27 de julio, 2020
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Justin Trudeau

Reuters
El último escándalo que salpica a Justin Trudeau se ha producido en plena pandemia.

Cuando el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, llegó al poder en 2015, prometió una nueva forma de hacer política. Pero ahora se enfrenta a su tercer escándalo relacionado con cuestiones éticas. ¿Qué está pasando?

El gobierno de Canadá anunció en junio que elegía a la organización WE Charity, conocida sobre todo por sus conferencias WE Day a las que acuden numerosas celebridades, para que administrara un nuevo programa de becas para estudiantes afectados por el desplome económico.

¿Cómo derivó esa decisión en acusaciones de favoritismo y conflicto de intereses, dos investigaciones federales, el foco puesto en la familia Trudeau y llamados a la renuncia del primer ministro?

Esta es una guía para comprender este último escándalo político en Canadá.

La familia de Trudeau bajo la lupa

Trudeau se enfrenta a su tercera investigación por conflicto de intereses en sus cinco años en el poder por la decisión de su gabinete de otorgarle un contrato valorado en US$43 millones a la organización WE Charity de Canadá.

Sophie Gregoire Trudeau y su esposo el primer ministro Justin Trudeau en un evento de WE

Getty Images for We Day
El primer ministro canadiense y su esposa han participado en eventos de la organización We Charity.

El programa de US$680 millones estaba diseñado para conectar a estudiantes graduados de la secundaria con opciones de trabajo voluntario pagado para compensar la pérdida de los empleos de verano previstos a causa de la pandemia.

Posteriormente se supo que la madre y el hermano de Trudeau recibieron dinero en el pasado por hablar en distintos eventos de WE.

Margaret Trudeau recibió poco más de US$185,000 por hablar en 28 eventos de WE en cuatro años, y el hermano del primer ministro, Alexander, recibió unos US$23,000 por hablar en ocho eventos entre 2017 y 2018.

Trudeau también ha hecho frecuentes apariciones, incluido su primer evento de WE en 2007, según el sitio de noticias iPolitics. Su esposa, Sophie Gregoire-Trudeau, fue la locutora de un podcast de temas de bienestar para la organización.

Sophie Grégoire-Trudeau,con la exprimera ministra de Australia Julia Gillard y la cantante Leona Lewis

Getty Images
La esposa de Trudeau, Sophie Grégoire-Trudea (izda.), es embajadora del programa de bienestar de WE.

El primer ministro no se retiró de las discusiones relacionadas con la decisión de darle el contrato a WE y hace dos semanas se disculpó por ello.

El organismo federal de supervisión ética ha confirmado que está investigando el asunto.

“Este país está gobernado por un pequeño círculo de élites y hay un culto a quienes pertenecen al círculo que refuerza ese sistema, que produce este tipo de escándalos de forma bastante rutinaria”, opina el teórico político canadiense David Moscrop.

“Ese es el problema estructural, que Canadá termina siendo un pequeño país gobernado por un pequeño grupo de personas”.

El programa de becas tenía ya más de 35,000 solicitudes y 83 socios no lucrativos.

El ministro de Finanzas bajo presión

Al igual que los Trudeau, la familia del ministro de Finanzas, Bill Morneau, tenía vínculos con WE. Dos de sus hijas están relacionadas con la organización, una de ellas como empleada.

ministro de Finanzas, Bill Morneau

Reuters
El ministro de Finanzas, Bill Morneau ha reconocido haber cometido errores.

Morneau testificó hace unos días ante un comité de finanzas de la Cámara de los Comunes que investiga el hecho de que su familia realizara dos viajes humanitarios, a Kenia y Ecuador, para ver el trabajo de WE en el extranjero.

El ministro reconoció que recientemente se dio cuenta de que no había pagado alrededor de US$30,000 en gastos de viaje para esas visitas y firmó un cheque para compensarlo.

La organización dijo en un comunicado que, aunque los viajes eran por invitación, el ministro ha desembolsado la cantidad que le hubieran cobrado si hubiera pagado en ese momento.

WE dijo que regularmente organiza visitas para “filántropos bien conocidos”, como Morneau y su esposa, que proceden de ricas familias canadienses.

Los partidos de la oposición piden que renuncie o que sea despedido por los viajes, ya que consideran que violan las reglas éticas.

El académico Moscrop sugiere que si bien el retraso en el pago de los viajes pudo haber sido “un descuido en lugar de malicia”, esta forma de actuar puede generar “cinismo, enojo y frustración. Todo ello en tiempos de una pandemia es doblemente problemático”.

El ministro de Finanzas está actualmente bajo investigación por posibles abusos éticos por no haberse recusado tampoco de las discusiones relacionadas con el contrato a WE, por lo que también se ha disculpado.

Escrutinio sobre WE

La organización WE fue fundada hace 25 años por los hermanos Craig y Marc Kielburger en la casa de sus padres en Ontario, Canadá, cuando Craig tenía 12 años.

Conocida anteriormente como Free the Children (“Liberen a los niños”), la organización se centró en poner fin a la explotación infantil y rápidamente se ganó el reconocimiento internacional.

Sus cofundadores se convirtieron en celebridades locales y aparecieron en programas de televisión como el Show de Oprah Winfrey y 60 Minutes en Estados Unidos.

Sus conferencias motivacionales, llamadas WE Day, se han convertido en un antes y un después para muchos jóvenes canadienses, a quienes les atrae su mensaje de que pueden cambiar el mundo y su lista de conferenciantes y artistas famosos.

Hermanos Kielburger

AFP
La organización WE fue fundada a mediados de los 90 por los hermanos Kielburger.

Actualmente es una organización de amplio alcance que opera en Reino Unido, Canadá y Estados Unidos.

Ante la polémica, WE se retiró del programa de becas este mes por haberse visto “enredado en la controversia desde el momento del anuncio”, según informó la organización.

Pero el escrutinio sobre el contrato se ha extendido a la propia organización, abriendo interrogantes sobre su estructura en expansión, los lazos entre la rama de empresa social, sus entidades caritativas y su cultura interna.

El viernes, el periódico canadiense The Globe and Mail reportó que algunos socios y patrocinadores, incluidas la Fundación de la Reina de Inglaterra y la aerolínea Virgin Atlantic, están revisando su relación con WE.

A mediados de julio, la organización dijo que ha decidido realizar cambios estructurales y de gobernanza y volver a concentrarse en su mandato original de desarrollo internacional, y que contratará consultoras externas para una revisión.

Impacto sobre el apoyo a Trudeau

Los liberales federales de Trudeau todavía tienen una ligera ventaja sobre sus oponentes conservadores, pero sondeos de opinión sugieren que la controversia les está pasando factura.

Trudeau

Getty Images
Justin Trudeau, de 47 años, llegó al poder como primer ministro de Canadá en 2015.

El apoyo al partido Liberal Nacional ha caído desde que la noticia salió a la luz, al igual que el índice de aprobación de Trudeau, según una encuesta de Abacus Data del 20 de julio.

Las reacciones al manejo que ha hecho el gobierno del tema son negativas por todo el país, también dentro del 40% de personas que votaron por los liberales en las elecciones del año pasado, según el sondeo.

Probablemente seguirá siendo noticia por un tiempo.

Trudeau tiene un gobierno en minoría, lo que hace que los partidos de oposición tengan más control sobre la agenda y cuenten con las herramientas para “alargarlo todo lo que sea posible” (el escándalo), apunta el analista Moscrop.

A petición de los conservadores en la oposición, el primer ministro comparecerá ante el comité investigador de la Cámara de los Comunes en los próximos días. Y también lo harán los Kielburger.


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