"Gobierno de EPN, sin plan para combatir inseguridad": Human Rights Watch
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"Gobierno de EPN, sin plan para combatir inseguridad": Human Rights Watch

En una carta enviada al presidente Enrique Peña Nieto, la organización también asegura que la política de derechos humanos del gobierno mexicano es errática.
27 de noviembre, 2013
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HRW le reclama a Peña Nieto la continuidad en la estrategia de seguridad del gobierno anterior // Foto: Cuartoscuro.

HRW le reclama a Peña Nieto la continuidad en la estrategia de seguridad del gobierno anterior // Foto: Cuartoscuro.

A pocos días del primer aniversario del gobierno de Enrique Peña Nieto, el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, le dirigió una carta en la que hace un repaso de las promesas incumplidas de la administración en términos de derechos humanos.

A pesar de haber adoptado algunas medidas positivas como la promulgación de la Ley de Víctimas y la creación de la Unidad de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas, subraya la organización, éstas no han sido acompañadas por las leyes reglamentarias necesarias para volverlas medidas efectivas. En resumen, se lee en la misiva, la estrategia de derechos humanos del gobierno federal sigue siendo, en gran medida, retórica.

Los puntos sobre los que la carta hace énfasis con los nuevos abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad contra la ciudadanía, la continuidad en la fallida estrategia de seguridad del gobierno de Felipe Calderón, la narrativa de presunción de culpabilidad alrededor de víctimas de violencia, la falta de respuesta a la crisis de desapariciones, la deficiente investigación de casos de abusos en el pasado, la impunidad de abusos militares, y el riesgo para periodistas y defensores de derechos humanos.

Aquí puedes leer la carta completa:

Washington D.C., 26 de noviembre de 2013

Excmo. Señor Presidente Peña Nieto:

A pocos días que concluya el primer año de su sexenio, tengo el honor de dirigirme a S.E. para manifestar nuestra profunda preocupación debido a que no se han registrado resultados frente a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en México en los últimos años.

Cuando S.E. asumió la presidencia, México estaba sumido en una crisis de derechos humanos, y existía una impunidad casi absoluta por abusos generalizados —incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas— cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad en el contexto de operaciones contra la delincuencia organizada.

S.E. ha señalado reiteradamente que los derechos humanos son un tema prioritario para su gobierno. En el discurso que pronunció al asumir la presidencia, se comprometió a “hacer realidad los derechos humanos que reconoce Constitución ”. El “Pacto por México” expresó el compromiso de convertir el respeto de los derechos humanos en una “política de Estado”, y, el primer día de su mandato, emitió una directiva dirigida a las fuerzas armadas que “prohíbe el uso de la tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes en toda diligencia o actuación”, según su administración.

Cuando asumió en diciembre de 2012, le dirigí una comunicación pública en nombre de Human Rights Watch, instándole a que acompañara estas declaraciones con un plan de acción concreto y detallado para dar respuesta a los problemas de derechos humanos que heredó su gobierno. Aclaramos que entendíamos que se trataba de problemas complejos y de difícil solución que no se atribuían a su gobierno, y que llevaría cierto tiempo resolverlos.

También advertimos que la amenaza para la seguridad pública que representa la delincuencia organizada es genuina y no ficticia y que al gobierno le incumbe la responsabilidad de proteger a los ciudadanos frente a estos grupos.

En el último año, su gobierno ha adoptado algunas medidas positivas en materia de derechos humanos. Promulgó una Ley General de Víctimas para ofrecer justicia y resarcimiento a víctimas de delitos, pero aún no se ha adoptado la correspondiente ley reglamentaria. Su gobierno reconoció la magnitud del problema de las desapariciones, y conformó una unidad de investigación dedicada exclusivamente a estos delitos. Su gobierno afirmó estar trabajando en la definición de un Programa Nacional de Derechos Humanos, si bien aún no trascendieron los pormenores de este proyecto.

No obstante, a casi un año de gobierno, el cambio en su estrategia de derechos humanos continúa siendo, en gran medida, exclusivamente retórico. Su gobierno no ha mostrado avances significativos en la investigación de abusos del pasado, y se continúan produciendo nuevas violaciones graves de derechos humanos con impunidad.

Nuevos abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad
Human Rights Watch ha identificado casos que demuestran que militares y policías continúan cometiendo graves abusos de manera impune durante su presidencia. Estos hechos incluyen desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas en estados en todo el país, perpetradas por miembros de todas las fuerzas de seguridad en el ámbito federal, estatal y municipal.

Entre estos casos se incluye el de Armando Humberto del Bosque Villarreal, detenido el 3 de agosto por miembros de la Marina cerca de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Su padre presenció la detención e informó haber hablado con un capitán de Marina, quien le aseguró que Armando sería liberado en breve, pero posteriormente el capitán negó que la detención hubiera ocurrido. El cuerpo de Armando fue hallado el 3 de octubre a pocos kilómetros de un cuartel de la Marina.

Otro ejemplo es el asesinato de tres dirigentes campesinos en Guerrero, que fueron encontrados muertos el 3 de junio, tras ser llevados contra su voluntad junto con otras cinco personas el 30 de mayo. El día previo a la fecha en que fueron llevados, miembros del movimiento social a la cual pertenecían habían presentado una denuncia formal ante las autoridades expresando su temor de que el alcalde y el jefe de policía municipal pudieran ordenar su asesinato. Un testigo que sobrevivió a los hechos indicó en una declaración que el alcalde y el jefe de policía visitaron el lugar donde él y las demás personas en cautiverio se encontraban detenidas, y el alcalde ordenó que fueran torturados.

A pesar de evidencias que señalan la participación de agentes estatales, ningún funcionario ha sido consignado en estos casos.

Su administración aún no ha dado los pasos necesarios para hacer cumplir la prohibición del uso de pruebas obtenidas bajo tortura, entre ellos mejorar la implementación del nuevo sistema de justicia penal, y la práctica de tortura persiste en algunas partes del país a pesar de esa reforma amplia para proteger los derechos básicos.

Se mantiene una estrategia de seguridad que no ha dado resultados
Al inicio de su gobierno, S.E. reconoció que la estrategia para hacer frente a la delincuencia organizada “debe cambiar”. Diversos miembros de su gobierno han coincidido en sus críticas a la llamada “guerra contra el narcotráfico” impulsada por el ex Presidente Felipe Calderón—que no consiguió reducir la violencia y provocó un aumento dramático en violaciones de derechos humanos. No obstante, si bien ha señalado reiteradamente que la prioridad de su estrategia de seguridad es reducir la violencia, hasta ahora no ha definido un plan concreto sobre cómo lograr este objetivo.

Por el contrario, cuando la situación de la violencia ha requerido una intervención federal, su estrategia pareciera haber sido prácticamente indistinguible de la de su predecesor. Por ejemplo, ha dispuesto el envío de miles de soldados a Michoacán. Estos soldados se unen a miles de otros asignados a operativos contra el narcotráfico en todo el país, quienes no han recibido una misión clara (salvo una directiva imprecisa de restablecer la seguridad), no tienen plazos claros con respecto a cuándo deberán retirarse, y cuentan con una supervisión civil insuficiente.

Como quedó demostrado en el mandato de su antecesor, las fuerzas armadas por sí solas no pueden restablecer el estado de derecho ni brindar seguridad ciudadana en forma duradera, especialmente si hay soldados que cometen habitualmente violaciones de derechos humanos, lo cual exacerba el clima de caos y debilita la confianza pública en la autoridad.

La presunción de culpabilidad
Durante su gobierno también ha continuado una práctica del gobierno de Calderón que consiste en referirse despectivamente a víctimas de violencia acusándolas de delincuentes, sin ninguna evidencia que lo demuestre. En efecto, su gobierno ha emitido varios comunicados de prensa en los cuales se informa la cantidad de asesinatos “relacionados a delitos federales” y se señala que la gran mayoría de estas víctimas son “presuntamente responsables de hechos ilícitos”.

En julio, por ejemplo, su gobierno informó que de 869 víctimas de homicidios relacionados a delitos federales en junio, 830 presuntamente eran responsables de delitos. Ante la ausencia de investigaciones rigurosas y objetivas, esta calificación contraviene la presunción de inocencia. Además, podría transmitir el mensaje de que estos homicidios no merecen ser investigados, cuando en realidad el estado tiene la obligación de prevenir y sancionar la violencia contra sus ciudadanos, independientemente de si pueden estar involucrados en hechos criminales.

En su exposición al Senado el mes de noviembre pasado, el Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong indicó que el exhibición de presuntos delincuentes frente a los medios, promovido por el gobierno de Calderón, “nos llev[ó] a que muchos de estos criminales tuvieran que salir, porque se les afectaban sus derechos humanos”, y añadió “y yo creo que no sea porque no sean criminales, algunos o muchos”.

Este tipo de comentarios generan dudas acerca del compromiso con los derechos humanos manifestado por el gobierno, sugieren que se interponen a la búsqueda de justicia al proteger a delincuentes, y dan por supuesta la culpabilidad de personas que nunca fueron condenadas por delitos. El Secretario de Gobernación amplió su exposición e hizo alusión a “un caso muy sonado, hace poquito” que encajaba en este patrón, y podría interpretarse que con este comentario se refirió a la liberación ordenada por la Suprema Corte de Israel Arzate Meléndez, ocurrida dos días antes, que recibió amplia cobertura en los medios de comunicación. Arzate fue torturado por militares para que confesara haber participado en un homicidio múltiple, y permaneció en prisión más de tres años. Human Rights Watch comprobó que la única evidencia contra Arzate surgía de la confesión nula que había realizado, y de su posterior presentación como autor del hecho.

No se ofrece respuesta a la crisis de desapariciones
El informe publicado por Human Rights Watch en febrero de 2013, titulado “Los desaparecidos de México”, documentó la participación de miembros de las fuerzas de seguridad en numerosos casos de desapariciones, y ofreció ejemplos de que las autoridades rutinariamente no investigaban los casos ni buscaban a las personas desaparecidas. Instamos en ese momento a su gobierno a que abordara esta crisis, mejorara la respuesta a nuevos casos y adoptara medidas para garantizar que las desapariciones del pasado se investigaran en forma adecuada. Explicamos claramente que una desaparición forzada constituye un delito permanente conforme a los tratados internacionales de derechos humanos en tanto persiste en el tiempo y continúa causando sufrimiento a los familiares de la víctima mientras se desconoce o se oculta el paradero de la persona ausente. Esto evidencia la particular urgencia de impulsar una investigación oportuna y exhaustiva de estos delitos.

Tras la difusión del informe, su gobierno reconoció la existencia de una lista —elaborada por el gobierno anterior— de más de 26.000 personas que habían sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas, y manifestó que se proponía “depurar” muchos casos que ya habían sido resueltos. Su gobierno creó, en el ámbito de la Procuraduría General de la República (PGR), una unidad dedicada a estos casos y propuso reformar el Código Penal Federal para adecuar la definición de desaparición forzada a los tratados internacionales de derechos humanos.

No obstante, su gobierno no ha publicado una metodología para revisar la lista de personas desaparecidas, ni ha creado un registro nacional de restos humanos no identificados. En muchas regiones del país, las autoridades continúan demorando las investigaciones y búsquedas de personas desaparecidas, omiten pasos de investigación básicos y señalan sin ningún fundamento que las víctimas estaban vinculadas con la delincuencia organizada. Sobre el particular, el Subprocurador de Derechos Humanos, Ricardo García Cervantes, advirtió en declaraciones públicas que la respuesta del gobierno a esta “crisis humanitaria” no mostraba compromiso, y que para el actual gobierno la búsqueda de personas desaparecidas había “perdido prioridad, desgraciadamente”.

Human Rights Watch se ha reunido en cuatro ocasiones con representantes de la unidad de la Procuraduría General de la República que se creó recientemente para investigar desapariciones, y comprobó que los casos avanzan con una lentitud alarmante y que existen graves omisiones en las medidas que adopta. En ninguno de los casos citados en nuestro informe de febrero que están a cargo de esta unidad se han consignado a agentes estatales en relación con desapariciones forzadas. A su vez, la unidad no cuenta con recursos suficientes para tramitar todos los casos de desapariciones a nivel federal, y no existen criterios claros con respecto a qué casos toma a su cargo.

No se investigan adecuadamente casos de abusos del pasado
Su gobierno no ha demostrado avances significativos en la investigación de casos pasados de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

Un ejemplo es la desaparición forzada de Jehú Abraham Sepúlveda Garza, que fue detenido por policías de tránsito en Nuevo León en noviembre de 2010, y entregado primero a policías ministeriales y luego a la Marina. Ningún funcionario ha sido sentenciado en el caso, a pesar de que Human Rights Watch y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos encontraron evidencias convincentes de que Sepúlveda había desaparecido a manos de agentes del Estado.

Tampoco hubo funcionarios consignados en uno de los casos mencionados en la carta que enviamos a pocos días de que asumiera la presidencia, sobre cuatro hombres en Baja California que fueron detenidos arbitrariamente en junio de 2009 y torturados en una base del Ejército hasta que accedieron a firmar confesiones. Los hombres aún continúan detenidos a la espera de una sentencia sobre los cargos penales contra ellos, se les ha negado atención médica y psicológica adecuada, y presentan graves lesiones a causa de las torturas sufridas. El caso ha sido aceptado por el Comité contra la Tortura de la ONU.

De manera similar, los agentes de la PGR no han demostrado avances en la investigación de los conocidos casos de ejecución extrajudicial de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey en marzo de 2010, o de los niños Almanza, de 5 y 9 años, ocurrido en abril de ese año en Tamaulipas. En ambos sucesos, miembros del Ejército dispararon contra civiles que no estaban armados y luego manipularon el lugar de los hechos.

Impunidad de abusos militares
En diversas sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han determinado que todos los casos de presuntas violaciones de derechos humanos de civiles cometidas por militares debían ser investigados y juzgados en la justicia penal ordinaria, y varios miembros de su gobierno han reconocido que este estándar debe ser cumplido.

Sin embargo, nos preocupan profundamente los intentos que han procurado debilitar un alentador proyecto de reforma del Código de Justicia Militar, que actualmente está siendo considerado por la Comisión de Justicia del Senado, al punto tal que posiblemente ya no se adecue al estándar establecido en los pronunciamientos de estos tribunales. El gobierno de S.E. no ha presentado un proyecto legislativo que cumpla con dicho estándar, ni tampoco ha expresado su apoyo a algún proyecto que persiga este objeto, lo cual podría interpretarse razonablemente como evidencia que no considera prioritario el tema.

El gobierno de S.E. ha señalado, asimismo, que más de 500 causas han sido remitidas de la justicia militar a la justicia penal ordinaria, pero no ha proporcionado una lista que indique cuáles son estos casos, lo cual permitiría su verificación. De ser cierto que estas causas fueron transferidas, representarían solamente un porcentaje ínfimo de las más de 5.600 investigaciones de presuntos abusos cometidos contra civiles por soldados que fueron iniciadas por la Procuraduría General de Justicia Militar entre enero de 2007 y mediados de 2013, según datos oficiales obtenidos a través de pedidos de información pública. Asimismo, el traspaso de casos individuales a la justicia penal ordinaria en forma ad hoc no ofrece una solución duradera ni sistémica a este problema.

Persisten los riesgos para periodistas y defensores de derechos humanos
Periodistas y defensores de derechos humanos en México continúan enfrentando graves riesgos debido al trabajo que realizan. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, creado a nivel federal por el gobierno anterior, representa una iniciativa importante y es sin duda meritorio que su gobierno lo haya implementado con la participación de la sociedad civil. Sin embargo, la posibilidad de que cumpla su mandato se ha diluido gravemente debido a falta de fondos y apoyo político a todos niveles de gobierno, dos elementos trascendentales para que el mecanismo se convierta en una herramienta confiable y obtenga la confianza de aquellos a quienes debería proteger.

Human Rights Watch entrevistó a varios periodistas y defensores de derechos humanos que han solicitado medidas de protección a través del mecanismo en el último año, además de representantes de la sociedad civil que integran la Junta de Gobierno y el Consejo Consultivo del mecanismo, y a funcionarios gubernamentales. Concluimos que el proceso para evaluar riesgos y dictar medidas de protección registraba serias demoras, a veces de varios meses. En los casos en que se dictaron medidas de protección, muchas veces fueron inadecuadas, hubo demoras en su adopción o no fueron implementadas plenamente por las autoridades locales.

Debido a retardos en la ejecución del presupuesto operativo para el mecanismo, han faltado recursos que pudieran dedicarse al diseño y la disposición de medidas de seguridad a largo plazo, no se brindó asistencia de manera uniforme a periodistas y defensores de derechos humanos desplazados, y no hubo continuidad en la atención de los casos.

Es momento de adoptar un nuevo enfoque
La crisis de derechos humanos en México aún no ha terminado. A pesar de ello, en el primer año de su sexenio S.E. ofreció escasas evidencias de que esté dispuesto a avanzar más allá de compromisos retóricos y adoptar medidas concretas para poner freno a los abusos generalizados que distinguieron a la “guerra contra el narcotráfico” impulsada por su predecesor, los cuales aún persisten y continúan impunes en la actualidad.

Cualquier argumento que sugiera que es posible relegar los esfuerzos por mejorar las condiciones de derechos humanos, a la atención de reformas políticas consideradas prioritarias por su gobierno —o peor aún, que las obligaciones en derechos humanos podrían ser subordinadas para lograr apoyo político en favor de las mencionadas reformas— no sólo evidenciaría la falta de compromiso con esta causa, sino que además representaría un grave incumplimiento de las obligaciones jurídicas de México conforme a su Constitución y los tratados internacionales.

Evitar que se cometan nuevas violaciones de derechos humanos requiere investigar aquellas cometidas en el pasado. Con cinco años de mandato por delante, S.E. tendrá tiempo razonable para revertir el curso, fomentar la justicia por los abusos del pasado y demostrar un compromiso verdadero con la prevención de nuevos hechos. Cuanto más tiempo espere para abordar estos abusos, más arraigadas estarán esas prácticas y más difícil será erradicarlas.

Aprovecho la oportunidad para expresar a S.E. mis sentimientos de la más alta consideración y estima.

José Miguel Vivanco
Director
Human Rights Watch

*Publicada el 26 de noviembre de 2013.

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"Dejé a mi familia un instructivo de qué hacer si desaparezco": jóvenes en Nuevo León, en alerta constante

El aumento de la inseguridad ha llevado a las mujeres de Nuevo León a vivir en una alerta constante y a tomar sus propias medidas de seguridad ante el abandono, aseguran, de las autoridades.
14 de mayo, 2022
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Un paseo de pocos minutos por las calles del centro de Monterrey deja ver hasta cuatro fotos de personas desaparecidas. También hay murales con rostros y nombres de aquellos en paradero desconocido. Se ven en cada poste, en cada esquina.

Son la muestra cotidiana de la crisis que vive la capital y todo el estado de Nuevo León, en el norte de México, convertido en la cuarta entidad del país con más desaparecidos según cifras oficiales: más de 6,000.

Pero fue el reciente aumento de casos, especialmente de chicas muy jóvenes, lo que encendió todas las alarmas sobre la inseguridad que ha trastocado la vida diaria de miles de mujeres regiomontanas. Dicen que si no se cuidan ellas mismas, nadie lo hará.

“¿Cómo sé que eres periodista? ¿Por qué no usas grabadora?”, me preguntó con desconfianza Guadalupe, una mujer que estaba en un café pasadas las 10:00 de la noche en el barrio antiguo de Monterrey, considerado el motor industrial de México.

“Yo ya me había fijado que caminaste para allá, que luego te acercabas… Es que estamos como en alerta constante, hasta ese extremo llegamos”, me confiesa su amiga Diana, sentada en la misma mesa de la calle José María Morelos, la más animada de esta zona repleta de bares y restaurantes.

Ambas se niegan a “vivir con miedo encerradas”, pero no ocultan que esta noche “se pensaron un poco más” el salir las dos solas. “Sí estamos más observadoras porque no nos queda otra que cuidarnos. Duele y es triste, pero así es”.

Otras mujeres sí que optan por renunciar a su derecho a disfrutar de la noche.

En el emblemático salón Morelos, un local cercano con música en vivo, dicen que “desde el caso de Debanhi” reciben menos clientas y, sobre todo, ven que las que llegan se retiran a casa más temprano.

“Mira, es muy raro que ya veas por la calle a chicas solas. Siempre vienen en grupos grandes o acompañadas ”, dice María Palacios, una de sus trabajadoras, quien asegura que ahora están más pendientes de ellas cuando salen del bar o que “cuando están tomadas” se niegan a venderles más alcohol.

“Entre nosotras nos tenemos que cuidar”, afirma.

María Palacios

Marcos González / BBC
María Palacios ve cómo las mujeres jóvenes se marchan antes a casa del local nocturno donde trabaja.

Joven e hija de desaparecida

Nuevo León está bajo el foco desde que medios locales reportaran, a inicios de abril, la desaparición de ocho mujeres jóvenes en solo diez días, la mayoría en la capital Monterrey y su zona metropolitana.

Según cifras del gobierno, 376 mujeres fueron reportadas este año como desaparecidas en este estado hasta el 12 de mayo. De ellas, 48 permanecen como “no localizadas” y seis aparecieron sin vida.

Y en un país donde el 95% de denuncias generales queda en la impunidad, el papel de las autoridades a la hora de garantizar la seguridad y de investigar estos casos está bajo el punto de mira.

Map

Pero lo cierto es que esta tragedia ya golpea a Nuevo León desde hace mucho tiempo. Lo sabe Maya Hernández, una joven estudiante de psicología clínica cuya madre, Mayela Álvarez, desapareció en Monterrey hace casi dos años.

Teniendo entonces apenas 16, a Maya le tocó madurar de golpe y no solo liderar la búsqueda sino también dirigir su casa, en la que vive con su abuela y un hermano pequeño.

“Antes de que mi mamá desapareciera, yo no tenía idea de que esto era una crisis social. Y entonces me di cuenta de que no soy la única, que hay muchos desaparecidos en Nuevo León. Y que en lugar de ir disminuyendo, han aumentado con los años”, le dice a BBC Mundo.

Asegura que, en todo este tiempo, no ha habido avances en la investigación. “La Fiscalía nos ha fallado”, denuncia, a la vez que exige la implicación del gobernador del estado, Samuel García, como ha hecho con otros casos recientes más mediáticos como el de Debanhi Escobar, María Fernanda Contreras o Yolanda Martínez.

“Que mi mamá desapareciera me hizo ser más precavida y tener más conciencia. Pero cada vez me siento más insegura porque puede que un día no regrese a casa”, reflexiona.

“¿Por qué no? ¿Por qué no podemos salir?”, pregunta a quienes dicen que esa sería la solución a esta crisis. “Tenemos derecho a divertirnos y no tendríamos que encerrarnos en casa. Ya lo hicimos por una pandemia, ahora no deberíamos hacerlo por la inseguridad”.

Maya Hernández

Marcos González / BBC
Maya Hernández reclama que casos como el de su madre sean atendidos de la misma manera como se ha dado seguimiento a otras desapariciones recientes más mediáticas.

BBC Mundo no obtuvo respuesta de sendas solicitudes de entrevistas al gobernador de Nuevo León y a la Fiscalía del estado, cuya labor ha sido duramente criticada por familiares de desaparecidos y que llegó a reconocer claras irregularidades en casos como el de Debanhi.

La fiscal de feminicidios estatal, Griselda Núñez, insistió este miércoles en descartar que exista una tendencia generalizada u organizada de violencia contra las mujeres en Nuevo León, por lo que aseguró que cada caso debe ser abordado individualmente.

“No existe una situación de desaparición o de secuestro de mujeres, sino que son condiciones específicas por cada uno de los hechos”, subrayó en una conferencia de prensa a la que asistió BBC Mundo.

Plaza de los desaparecidos

Marcos González / BBC
La rebautizada como plaza de los desaparecidos rememora en Monterrey a las miles de personas en paradero desconocido en el estado.

Instrucciones de búsqueda para familiares

Pero estos mensajes están lejos de tranquilizar a las mujeres de Nuevo León y de su capital, que optan por tomar medidas para protegerse de posibles ataques en una ciudad donde la inseguridad se siente como el tema de conversación de casi cada día.

Según Mariana Limón Rugerio, es “el desamparo por parte del Estado” lo que no les deja otra salida que organizarse. Y más en su caso, que siente el triple de vulnerabilidades como mujer, joven menor de 30 años y periodista de Monterrey.

“Yo dejé a mi familia un instructivo de qué hacer y a quién contactar si desaparezco” para ayudarles a lidiar “con el dinosaurio burocrático que es México”, asegura a BBC Mundo.

Mural de desaparecidos

Marcos González / BBC

Gracias a una aplicación, su familia puede monitorear su ubicación a través de su teléfono, del que la joven se comprometió a estar pendiente en todo momento.

Según sus propias instrucciones, sus familiares deben empezar a preocuparse si transcurren tres horas sin que ella dé noticias. Si pasan cinco, deben acudir inmediatamente a la Fiscalía y exigir que inicien su búsqueda, dado que esos primeros momentos de la desaparición son cruciales.

“Obviamente espero que nunca lo utilicen . Es muy agobiante explicarles a tus papás qué hacer si llegas a desaparecer. Pero prefiero que tengan un cuerpo que velar a que me tuvieran que buscar, porque a nivel psicológico es mucho más pesado para la familia no tener ni un cadáver que enterrar”, reconoce la periodista.

Las jóvenes regiomontanas con las que habló BBC Mundo han agudizado su ingenio en las últimas semanas a la hora de adoptar medidas de protección.

Desde compartir su ubicación a través del celular en todo momento, hasta llevar gas pimienta o aparatos de descargas eléctricas en el bolso, pasando por evitar publicar fotos en sus redes sociales a tiempo real para evitar que desconocidos sepan su ubicación al momento, son algunas de ellas.

Mural de desaparecidos

Marcos González / BBC
Nuevo León pide justicia para sus desaparecidas.

Mónica López, quien es maestra de educación especial de 26 años y vive en el municipio de Escobedo, lamenta que se vean obligadas a adoptar estas restricciones y limitarse por el hecho de ser mujeres.

“Pero, aunque no es justo, te acabas resignando por tu familia y por llegar viva a casa”, admite.

La joven le dice a BBC Mundo que, a raíz de los últimos casos, algunas de sus amigas entraron en una ansiedad social por la que se alegraban incluso de trabajar desde casa para no tener ni que salir. “Es una incertidumbre. Te limitas, pierdes la seguridad, restringes tus horarios…”.

“Yo tengo miedo porque yo sí salgo, sí estoy en la noche, sí voy a fiestas. Si llego a ser yo la víctima, ojalá que me digan ‘la maestra’ y no ‘la que desapareció porque estaba tomando'”, dice criticando a quienes tienden a revictimizar a las víctimas o sus familiares por su comportamiento como si eso justificara que las desaparecieran.

Mónica López

Marcos González / BBC
Mónica López comparte su ubicación casi en todo momento con grupos de amigas.

E inevitablemente, esa inseguridad de la que tanto se habla en Nuevo León salpica también a su trabajo y la relación con sus alumnos.

“Estableces muchos consejos y recomendaciones de seguridad, trabajas para que confíen en ti. Qué feo, porque son niños, pero al final es la cultura en la que están creciendo y a la escuela nos toca prepararlos para lidiar con eso”.

Mujer, joven y policía

Temprano en la mañana, en el parque Fundidora -actual pulmón verde de Monterrey tras décadas ocupado por la compañía de hierro y acero de la ciudad- se pueden ver a decenas de personas haciendo deporte.

Carolina Ayala, una chica de 25 años que acude casi todos los días a caminar en patines, dice que prefiere hacerlo a esa hora que en la noche. “Cuando está medio oscuro, hay mucho hombre, ya no sabes… a esta hora, como que está más seguro”.

Desde hace semanas, todo desplazamiento lo hace en el auto de su mamá o hermano. “No puedo andar sola, me da miedo, y eso que yo soy muy independiente. Pero toca cuidarse. Ahorita, ni de chiste me arriesgo”, cuenta antes de que llegue su madre, quien también hace deporte con ella.

Carolina Ayala

Marcos González / BBC
“Ni de chiste me arriesgo”, dice Carolina Ayala ante la posibilidad de hacer deporte al final del día.

Las autoridades, tan señaladas por las jóvenes por no garantizar su seguridad, se ven a veces en “una situación complicada” como la que reconoce vivir Gabriela Martínez.

Ella es policía local de Monterrey desde los 19 años, pero antes que nada es una mujer joven a la que también afecta el escenario actual.

“A pesar de trabajar en esta área, sí se tiene un temor porque también soy mamá. Creen que uno es policía 24 horas y que tenemos como ese chip de estar más alerta, pero eso tampoco quita que nos pueda llegar a pasar algo y estamos expuestas”, le dice a BBC Mundo.

La oficial asegura que, tras el incremento de la inseguridad hacia la mujer, los agentes de la ciudad han implementado medidas para aumentar el apoyo y protección a jóvenes mujeres en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo acompañarlas cuando están esperando solas la llegada de su transporte.

Sin embargo, Martínez es consciente de que uno de los mayores retos de la policía es volver a ganar la confianza de la ciudadanía “que se perdió por cosas que pasaron en años anteriores” y lograr así que las mujeres se acerquen a ellos en situaciones de riesgo.

Gabriela Martínez

Marcos González / BBC
Gabriela Martínez dice que ingresó en la policía local de Monterrey con solo 19 años con la intención de aportar su granito de arena en la mejora de la seguridad del municipio.

“Yo, como mujer, obviamente voy a velar por las demás. Tengo una niña por la que me gustaría que también alguien se preocupara cuando anda en la calle. De verdad, que tengan la confianza en nosotros de que vamos a hacer todo lo posible para que lleguen bien a casa”, promete.

Pero la situación de inseguridad en Nuevo León no parece mejorar a ojos de muchas mujeres, quienes se muestran muy pesimistas sobre la posibilidad de una solución

Mientras algunas se ven obligadas a limitar sus movimientos para no terminar secuestradas, los familiares de las desaparecidas siguen alzando su voz para que sus casos no caigan en el olvido de las autoridades.

Ellos, como muchos otros, se siguen preguntando lo que los trabajadores de la Fiscalía estatal ven pintado en el suelo frente a su edificio en letras grandes, junto a los nombres de algunas de las miles de mujeres desaparecidas en el estado: “¿dónde están?”.


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