La falta de leyes que obliguen a las autoridades mexicanas a reparar el daño de las víctimas íntegramente llevó a tres mujeres indígenas acusadas de secuestrar a agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) a emprender un juicio atípico que podría resolverse el próximo miércoles y con el que buscan justicia, aunque sólo puedan lograrlo a medias.
Teresa González, Alberta Alcántara y Jacinta Francisco Marcial esperan la resolución de un Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en donde desde marzo denunciaron que la Procuraduría General de la República (PGR) cometió fallas administrativas en sus juicios tras ser acusadas por el secuestro de seis agentes de la AFI en marzo de 2006.
“En el país no hay vías para lograr la reparación del daño, así que atípicamente lo estamos pidiendo ante un Tribunal Administrativo y Fiscal y estamos yendo contra PGR, no contra el juez que les dictó sentencia porque en México no hay una legislación mediante la cual se pueda reconocer que hubo error judicial y responsabilidad del Estado”, explicó en entrevista Luis Tapia Olivares, abogado del área de defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH).
El defensor dijo que ésta es la primera vez que en México se exige una reparación del daño por fallas administrativas que conllevaron a violaciones de derechos humanos, y aunque el alcance del recurso es limitado lo que buscan “es dar el mensaje de que la actuación de la PGR a través del Ministerio Público está controlada judicialmente y que deben hacer sus averiguaciones previas de la manera adecuada, respetar el debido proceso y que cada vez que no lo hagan el Estado va a tener que pagar aunque sea sólo económicamente por su actividad irregular”.
La reparación del daño del Sistema Interamericano de Derechos Humanos indica que ésta debe incluir una disculpa pública de parte de las autoridades que reconozcan su responsabilidad en los hechos, medidas de no repetición de esas violaciones y compensaciones económicas.
En México, sin embargo, aunque el artículo 1 de la Constitución cita desde junio de 2010 que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, no existe una legislación para que ocurra. Aunque la Ley General de Víctimas —promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto en enero pasado— lo menciona, la falta de reglamento la hace inoperante.
Lo que las mujeres indígenas ñañú podrán obtener si el Tribunal Fiscal y Administrativo dictamina a su favor será una cantidad económica por daño moral y una por daño material, pero ningún pronunciamiento oficial que reconozca su inocencia y violaciones a sus derechos humanos.
Un proceso largo
En marzo de 2006, Teresa, Alberta y Jacinta fueron arrestadas por el secuestro de seis agentes federales que participaron en un operativo contra la venta de productos pirata en Santiago Mexquititlán, Querétaro. Las dos primeras también fueron acusadas por delitos contra la salud.
[contextly_sidebar id=”e472cc4b54874659b176b50838beb457″]A pesar de no que no existían pruebas en su contra, que los agentes supuestamente secuestrados no ratificaron su acusación y que hubo violaciones al debido proceso porque no tuvieron un intérprete y las detuvieron sin orden de aprehensión, fueron condenadas a 21 años de prisión, sentencia que luego se confirmó en segunda instancia.
Jacinta salió libre en septiembre de 2009 —tras tres años en la cárcel— después de que la PGR se desistió de la acusación. Alberta y Teresa, por su parte, fueron liberadas en abril de 2010 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó su sentencia y las declaró inocentes.
Desde entonces, las mujeres han buscado que se reconozcan las violaciones de las que fueron víctimas por parte del Estado.
“Para ellas es importante que haya una reparación del daño primero por el hecho de que en su comunidad a partir de todo este proceso fueron exhibidas como delincuentes, el daño a la honra y a la dignidad a ellas es lo más importante, el hecho de que se les haya exhibido públicamente como secuestradoras de policías federales con fotos de ellas, y dos, por todo lo que perdieron por no poder trabajar por más de tres años, la cuestión económica, el dinero que dejaron de percibir”, explicó el abogado.
Antes de llegar a este proceso administrativo que podría resolverse el próximo miércoles 20 de noviembre para Teresa y Alberta —quizá el caso de Jacinta se alargue hasta el año siguiente—, la defensa de las tres indígenas inició en septiembre de 2010 y en abril de 2011 un juicio de responsabilidad patrimonial.
Sobre éste, la PGR se pronunció en diciembre pasado para afirmar que en el caso de las mujeres indígenas no hubo actividad irregular del Estado pese a que existe desde julio de 2009 una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Servidores públicos de la Procuraduría General de la República, al integrar la averiguación previa A.P./PGR/QRO/SJR-VIIA/064/2006, violaron en perjuicio de las señoras Alberta Alcántara Juan, Teresa González Cornelio y Jacinta Francisco Marcial los derechos fundamentales a la legalidad, a la seguridad jurídica, así como a la procuración de justicia”, cita el documento.
Cuatro años después de esa recomendación y siete desde que fueron encarceladas, las tres mujeres indígenas esperan justicia, aunque la legislación del país sólo les permita obtener una compensación monetaria y no un reconocimiento de que sus derechos fueron violentados por el Estado.
