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Mujeres indígenas acusadas de secuestrar policías sólo tendrán justicia ‘a medias’
Aunque Jacinta, Alberta y Teresa logren que un Tribunal Fiscal ordene la reparación de daño por la violación a sus derechos, ninguna autoridad está obligada a ofrecerles una disculpa pública y reconocer su inocencia.
Por Tania L. Montalvo
14 de noviembre, 2013
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Foto: Cuartoscuro.

Foto: Cuartoscuro.

La falta de leyes que obliguen a las autoridades mexicanas a reparar el daño de las víctimas ­íntegramente llevó a tres mujeres indígenas acusadas de secuestrar a agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) a emprender un juicio atípico que podría resolverse el próximo miércoles y con el que buscan justicia, aunque sólo puedan lograrlo a medias.

Teresa González, Alberta Alcántara y Jacinta Francisco Marcial esperan la resolución de un Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en donde desde marzo denunciaron que la Procuraduría General de la República (PGR) cometió fallas administrativas en sus juicios tras ser acusadas por el secuestro de seis agentes de la AFI en marzo de 2006.

“En el país no hay vías para lograr la reparación del daño, así que atípicamente lo estamos pidiendo ante un Tribunal Administrativo y Fiscal y estamos yendo contra PGR, no contra el juez que les dictó sentencia porque en México no hay una legislación mediante la cual se pueda reconocer que hubo error judicial y responsabilidad del Estado”, explicó en entrevista Luis Tapia Olivares, abogado del área de defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH).

El defensor dijo que ésta es la primera vez que en México se exige una reparación del daño por fallas administrativas que conllevaron a violaciones de derechos humanos, y aunque el alcance del recurso es limitado lo que buscan “es dar el mensaje de que la actuación de la PGR a través del Ministerio Público está controlada judicialmente y que deben hacer sus averiguaciones previas de la manera adecuada, respetar el debido proceso y que cada vez que no lo hagan el Estado va a tener que pagar aunque sea sólo económicamente por su actividad irregular”.

La reparación del daño del Sistema Interamericano de Derechos Humanos indica que ésta debe incluir una disculpa pública de parte de las autoridades que reconozcan su responsabilidad en los hechos, medidas de no repetición de esas violaciones y compensaciones económicas.

En México, sin embargo, aunque el artículo 1 de la Constitución cita desde junio de 2010 que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, no existe una legislación para que ocurra. Aunque la Ley General de Víctimas —promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto en enero pasado— lo menciona, la falta de reglamento la hace inoperante.

Lo que las mujeres indígenas ñañú podrán obtener si el Tribunal Fiscal y Administrativo dictamina a su favor será una cantidad económica por daño moral y una por daño material, pero ningún pronunciamiento oficial que reconozca su inocencia y violaciones a sus derechos humanos.

Un proceso largo

En marzo de 2006, Teresa, Alberta y Jacinta fueron arrestadas por el secuestro de seis agentes federales que participaron en un operativo contra la venta de productos pirata en Santiago Mexquititlán, Querétaro. Las dos primeras también fueron acusadas por delitos contra la salud.

A pesar de no que no existían pruebas en su contra, que los agentes supuestamente secuestrados no ratificaron su acusación y que hubo violaciones al debido proceso porque no tuvieron un intérprete y las detuvieron sin orden de aprehensión, fueron condenadas a 21 años de prisión, sentencia que luego se confirmó en segunda instancia.

Jacinta salió libre en septiembre de 2009 —tras tres años en la cárcel— después de que la PGR se desistió de la acusación. Alberta y Teresa, por su parte, fueron liberadas en abril de 2010 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó su sentencia y las declaró inocentes.

Desde entonces, las mujeres han buscado que se reconozcan las violaciones de las que fueron víctimas por parte del Estado.

Para ellas es importante que haya una reparación del daño primero por el hecho de que en su comunidad a partir de todo este proceso fueron exhibidas como delincuentes, el daño a la honra y a la dignidad a ellas es lo más importante, el hecho de que se les haya exhibido públicamente como secuestradoras de policías federales con fotos de ellas, y dos, por todo lo que perdieron por no poder trabajar por más de tres años, la cuestión económica, el dinero que dejaron de percibir”, explicó el abogado.

Antes de llegar a este proceso administrativo que podría resolverse el próximo miércoles 20 de noviembre para Teresa y Alberta —quizá el caso de Jacinta se alargue hasta el año siguiente—, la defensa de las tres indígenas inició en septiembre de 2010 y en abril de 2011 un juicio de responsabilidad patrimonial.

Sobre éste, la PGR se pronunció en diciembre pasado para afirmar que en el caso de las mujeres indígenas no hubo actividad irregular del Estado pese a que existe desde julio de 2009 una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Servidores públicos de la Procuraduría General de la República, al integrar la averiguación previa A.P./PGR/QRO/SJR-VIIA/064/2006, violaron en perjuicio de las señoras Alberta Alcántara Juan, Teresa González Cornelio y Jacinta Francisco Marcial los derechos fundamentales a la legalidad, a la seguridad jurídica, así como a la procuración de justicia”, cita el documento.

Cuatro años después de esa recomendación y siete desde que fueron encarceladas, las tres mujeres indígenas esperan justicia, aunque la legislación del país sólo les permita obtener una compensación monetaria y no un reconocimiento de que sus derechos fueron violentados por el Estado.

 

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BBC
"El trabajo está matando a la gente y a nadie le importa"
En su último libro, Jeffrey Pfeffer, profesor de la Universidad de Stanford, argumenta que el exceso de trabajo y el estrés han provocado la muerte de miles de personas en Estados Unidos y el resto del mundo a causa de un sistema laboral que se ha vuelto "inhumano".
BBC
22 de marzo, 2019
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Cuando Jeffrey Pfeffer afirma que “el trabajo está matando a la gente y a nadie le importa”, no lo dice en un sentido metafórico.

Lo dice tal cual, con todas sus letras, basándose en las investigaciones que ha realizado durante décadas, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.

Pfeffer, profesor de la Escuela de Postgrado de Negocios de la Universidad de Stanford y autor o coautor de 15 libros en el campo de la teoría organizacional y el manejo de recursos humanos, argumenta en su último libro, “Muriendo por un salario” (Dying for a paycheck, en inglés), que el sistema de trabajo actual enferma e incluso termina con la vida de las personas.

En él relata el caso de Kenji Hamada, un hombre de 42 años que murió de un ataque al corazón en su escritorio en Tokio. Trabajaba 75 horas a la semana y demoraba cerca de dos horas en llegar a la oficina.

Justo antes de su muerte, había trabajado 40 días seguidos sin parar y su viuda declaró que Kenji estaba excesivamente estresado.

Ese es solo uno de muchos ejemplos incluidos en la publicación, donde el autor pone en contexto los efectos de un sistema de trabajo que en ocasiones se torna “inhumano” por la excesiva carga laboral.

Según la evidencia recopilada por Pfeffer, en Estados Unidos, el 61% de los empleados considera que el estrés los ha enfermado y el 7% asegura haber sido hospitalizado por causas relacionadas con el trabajo.

De hecho, sus estimaciones apuntan a que el estrés está relacionado con la muerte anual de 120.000 trabajadores estadounidenses.

Y desde un punto de vista económico, destaca el académico, el estrés tiene un costo para los empleadores de más de US$300.000 millones al año en ese país.

En BBC Mundo hablamos con él.


En su libro usted menciona que existe un sistema laboral tóxico que está matando a la gente. ¿Qué evidencia tiene al respecto y cómo el trabajo moderno afecta a los empleados?

Existe evidencia de sus efectos sobre la salud. Las largas jornadas laborales, los despidos, la falta de seguro médico, el estrés provocan una enorme inseguridad económica, conflictos familiares y enfermedades.

El trabajo se ha vuelto inhumano. Por una lado las empresas, de una manera fundamental, se han desentendido de la responsabilidad que tienen con sus empleados.

Pero también ocurre que así como crece la “economía gig” (de trabajadores independendientes), también crece la inseguridad laboral.

¿Quién es responsable de este fenómeno?

Si piensas en los años 50 o los 60, los directivos decían que era necesario equilibrar los intereses de los empleados, los clientes, los accionistas. Ahora todo está centrado en los accionistas.

En los bancos de inversión, por ejemplo, hay una práctica muy generalizada bajo la cual trabajas, vas a tu casa a darte una ducha y regresas a la oficina.

Bajo ese sistema, muchos empleados se vuelven drogadictos, porque terminan consumiendo cocaína y otras drogas para mantenerse despiertos.

Aunque el fenómeno que usted describe sería transversal, ¿hay ciertos sectores más afectados?

Un empleado de una fábrica, un piloto de avión, un conductor de camión, tiene un límite máximo de horas que puede trabajar.

Pero irónicamente, en muchas de las profesiones no hay límites.

En el caso de Estados Unidos, usted ha escrito que el lugar de trabajo es la quinta causa de muerte en Estados Unidos

Al menos la quinta causa, quizás más.

¿Y quién se hace cargo de esas muertes?

Los empleadores son responsables y los gobiernos son responsables por no hacer nada al respecto.

¿Entonces qué papel juega la política en todo esto?

Tiene un rol enorme. Tenemos que hacer algo para detener esto. Pero no seremos capaces de hacer nada a un nivel individual.

Si quieres resolver el problema de manera sistémica, se requiere una intervención sistémica que debe provenir de algún tipo de regulación.

¿Cómo reaccionan los directivos de empresas cuando usted conversa con ellos?

Nadie argumenta que los datos no son correctos, porque los datos son bastante abrumadores. Pero esto es como el juego de la “papa caliente”: la gente ve el problema, pero nadie quiere hacerse cargo.

De hecho, los costos de salud son enormes. Las condiciones de trabajo causan enfermedades crónicas como diabetes o problemas cardiovasculares.

Pero también hablando de costos, las empresas pueden replicar que hacer cambios al sistema de trabajo afectará las ganancias corporativas

Es que eso no es verdad. Sabemos que la gente estresada tiene una mayor probabilidad de renunciar. Sabemos que los empleados enfermos -psicológica o físicamente enfermos- son menos productivos.

Sabemos, por estudios realizados en Estados Unidos y en el Reino Unido, que sobre el 50% de todos los días laborales perdidos por ausentismo están relacionados con el estrés laboral.

El Instituto Estadounidense del Estrés calcula que el costo anual es de US$300.000 millones al año.

Entonces es muy caro tener trabajadores enfermos o empleados que van a trabajar, pero con bajo rendimiento. Esto le cuesta a las empresas una fortuna.

Desde el lado de los trabajadores, usted ha escrito que las personas deberían cuidarse a sí mismas. Pero si un empleado reclama por mejores condiciones laborales, es muy probable que termine despedido. ¿Cómo se pueden cambiar las condiciones de trabajo?

Primero, los empleados tienen que asumir la responsabilidad de cuidar su propia salud.

Si vas a trabajar a un lugar donde no te permiten equilibrar tu vida laboral y tu vida familiar, tienes que irte.

Entonces la gente contesta: “No me puedo ir”. Y yo digo: “Si estás en una sala y esa sala está llena de humo, intentarás salir de ahí, porque las consecuencias para tu salud serán muy severas”.

Lo otro es que la gente tiene que presionar para que existan leyes y actuar colectivamente para protegerse, porque también hay costos para la sociedad.


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