En materia de derechos humanos, el presidente Enrique Peña Nieto inició el año con la promulgación de la Ley General de Víctimas, con la que prometió además de un “diálogo permanente” con los afectados por la violencia, que el Estado asumiría obligaciones para proteger a las víctimas y a sus familias.

Sin embargo, al finalizar 2013 organizaciones civiles como el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)consideran que no hubo resultados concretos y sí muchas promesas de parte del gobierno federal.

El IMDHD califica este primer año de gestión de Peña Nieto como uno de “simulación gubernamental sin compromisos concretos y verificables”.

La Ley General de Víctimas, por ejemplo, sigue sin ser operativa y apenas está por concretarse la desaparición de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de la Violencia (Províctima) para crear la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, según el mandato de la ley promulgada el 9 de enero de 2012.

En el presupuesto de Egresos 2014, esa instancia no contará con uno propio, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) será quien concentre los recursos asignados, los cuales se concentran en el anexo 31 del documento en donde se mencionan las “asignaciones para la Comisión”, sin dar más detalles.

Según lo establecido en la Ley, la Comisión —encargada de administrar un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para los afectados de la violencia, de realizar un Registro Nacional de Víctimas y de coordinar la asesoría jurídica para éstas— es parte del Sistema Nacional de Atención de Víctimas, que también está en proceso de creación.

Otro tema que quedó pendiente este año es la discusión y aprobación de iniciativas en derechos humanos que Peña Nieto envío al Congreso en octubre pasado, un día antes de que el Estado Mexicano se sometiera al Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Con esas iniciativas —que no se discutieron en ninguna de las Cámaras— se busca avanzar en la legislación pendiente desde junio de 2011 sobre suspensión de garantías, el derecho de audiencia, combatir el delito de desaparición forzada, evitar despidos y la discriminación contra personal militar con VIH/SIDA.

Según el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, estas iniciativas fueron una respuesta del gobierno federal ante el EPU, en el que el Estado recibió 176 recomendaciones en temas de impunidad, agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos, fuero militar y violencia contra mujeres.

“El dato relevante es que hace cuatro años, también en el EPU, le hicieron al gobierno mexicano recomendaciones muy similares. ¿Por qué?, “porque el gobierno mexicano en materia de derechos humanos habla mucho y hace bastante poco”, concluye el IMDHD sobre los resultados de México en la materia.

El tema que más destacó en las recomendaciones de la ONU fue sobre la implementación del Mecanismo de Protección a Periodistas y Derechos Humanos.

En el reporte “Violencia contra Defensoras de Derechos Humanos en Mesoamérica” ¬—que mide las agresiones a este grupo en El Salvador, Honduras, Guatemala y México¬— en 2013 se contabilizaron 82 agresiones en contra de 24 mujeres defensoras de derechos humanos, tres periodistas y seis organizaciones y colectivos que trabajan sólo en el estado de Oaxaca, por lo que el colectivo Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos urgió por acciones para la protección de este grupo.

El tema de desaparecidos, también pendiente

La Secretaría de Gobernación presentó en febrero el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas para cumplir con una exigencia de víctimas de la violencia de conocer cuántos ciudadanos estaban en esa condición y que fuesen reconocidos como tal por el gobierno federal.

En ese entonces, se reconoció un registro de 26 mil 121 personas desaparecidas, pero para diciembre, la cifra ya se redujo a 18  mil 955 sin que haya una explicación de qué ocurrió con los 7 mil 166 faltantes.

Según el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el gobierno de Peña Nieto sólo busca a los desaparecidos “de palabra”, sin que realmente haya un trabajo coordinado para localizarlos.

Para Javier Sicilia, fundador del Movimiento, todo ha quedado en palabras y no hay resultados en la práctica durante el primer año de gestión que se cumplió el 1 de diciembre pasado.

En marzo pasado, durante una gira de trabajo por Roma, el presidente insistió en que cuando la estrategia de seguridad cumpliera un año —se presentó el 17 de diciembre de 2012— habría una reducción importante de la violencia en el país.

“Creo yo que en un año podríamos hacer un balance, realmente. Ya en el corte a un año podremos estar viendo resultados favorables, una reducción sensible, pero también espacio para hacer los ajustes necesarios a la estrategia que se está instrumentando”, dijo en ese entonces.

El 20 de diciembre pasado, durante la 35 reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Peña Nieto destacó una baja del 15% en el índice de homicidios y de 5% en el de robos en el último año, pero reconoció que el de secuestros va al alza, por lo que en enero próximo deberá presentarse una nueva estrategia para combatir ese delito.

Según el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia hace falta pasar a acciones concretas y dejar las palabras.

La organización Human Rights Watch también coincidió en una carta enviada a Peña Nieto en noviembre pasado, que la estrategia de derechos humanos del gobierno federal es, en gran medida, sólo retórica.