Las 5 iniciativas para regular las marchas son inconstitucionales: Derechos Humanos del DF
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Las 5 iniciativas para regular las marchas son inconstitucionales: Derechos Humanos del DF

En un estudio para analizar la regulación de las manifestaciones en la capital del país, la Comisión de Derechos Humanos del DF señaló que las propuestas para sancionarlas no son compatibles con estándares internacionales..
Por Paris Martínez / primera de dos partes
16 de diciembre, 2013
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En el marco de los enfrentamientos, se informó que docentes retuvieron a un policía que pasaba en su motocicleta, a quien desarmaron y posteriormente liberaron. FOTO: CUARTOSCURO

//Foto: Cuartoscuro.

Tras analizar las cinco iniciativas legales que actualmente se discuten, tanto a nivel federal como local, para regular la realización de marchas y manifestaciones en la Ciudad de México –cuatro de las cuales fueron presentadas por el Partido Acción Nacional, y una más por el Partido Verde–, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) concluyó que ninguno de estos proyectos legislativos es compatible con los estándares nacionales e internacionales que protegen los derechos fundamentales de los mexicanos y, de hecho, este organismo advirtió que, al privilegiar la aplicación de medidas penales en contra de quienes participan en protestas públicas, cada una de estas iniciativas de ley “debe presumirse de inconstitucional”.

En su estudio titulado Manifestación, movilidad y derechos humanos: una propuesta de aproximación desde los estándares internacionales, presentado la semana pasada y con el cual busca dar herramientas de análisis a las autoridades que discuten la regulación de las protestas, la CDHDF destacó que “las propuestas legislativas de utilizar la pena privativa de la libertad para sancionar los actos cometidos en escenarios de manifestación pública, resulta(n) desproporcionada(s) y debe(n) presumirse de inconstitucional(es) e inconvencional(es)” y, más aún, concluyó que, ante este tipo de iniciativas legales debe existir “una sospecha legítima” de que tales normas generarán “esquemas de represión”.

El estudio de la CDHDF subraya que las cinco iniciativas de ley que pretenden regular las manifestaciones en la capital del país –dos de las cuales fueron presentadas en el Senado, una más en la Cámara de Diputados, y las dos restantes ante la Asamblea Legislativa del DF–, toman como referentes las leyes que, en la materia, operan en Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Estados Unidos, Libia, Reino Unido, Rusia y Venezuela, ninguna de las cuales resulta un ejemplo idóneo para la Ciudad de México, ya que “la mayoría de las legislaciones internacionales analizadas parten de un enfoque punitivo, que establece cargas desproporcionadas a manifestantes y restricciones excesivas al uso del espacio público”, por lo que “la utilización de dichas iniciativas para dar sustento a las propuestas nacionales resulta contraria para un modelo de sociedad democrática.”

Unánimes en el error

Para la CDHDF, las cinco iniciativas de ley de marchas que se discuten a nivel legislativo se basan en un enfoque “prohibicionista”, a través del cual “lejos de fomentarse y protegerse los derechos de reunión, manifestación y protesta social, se utilizan métodos represivos y criminalizantes”.

Además, se remarcó, en vez de que estas iniciativas de ley brinden herramientas para el pleno goce del derecho de manifestación, reunión y expresión, en todos los casos las propuestas de los legisladores prevén “una sobrecarga de obligaciones y responsabilidades dirigidas hacia las personas que participan en alguna manifestación, colocándolas en una posición de vulnerabilidad y desventaja frente a las autoridades.”

Asimismo, en los cinco proyectos de ley la prioridad es la defensa “del derecho de tránsito y movilidad, por encima de los derechos de reunión, manifestación y protesta social”, lo cual es incompatible con el marco constitucional, que establece como obligación de toda autoridad el velar por el respeto de todos los derechos, sin privilegiar unos y relegar otros.

En todos los casos, señaló la Comisión de Derechos Humanos capitalina, las iniciativas de ley proponen que las manifestaciones en el DF deban contar con una “autorización previa”, misma que sólo se podría obtener “a partir de una serie de exigencias desmedidas”, además de que la autoridad contaría con la facultad de restringir o modificar horarios y lugares en donde las protestas sean permitidas, lo que “limita de manera indirecta la posibilidad de las personas de ejercer sus derechos humanos de reunión, manifestación y protesta”.

Por otro lado, lamentó la CDHDF, cuatro de las cinco iniciativas de ley contemplan un sistema de “censura previa”, a través del cual se podría declarar que algunas protestas o sus objetivos son ilícitos y, con ese pretexto, prohibirlas.

Así, concluyó el organismo capitalino, “todas las iniciativas establecen un amplio abanico de restricciones al ejercicio de los derechos humanos”, lo cual viola no sólo la Constitución, sino también los tratados internacionales suscritos por México en materia de garantías individuales, ya que las autoridades “se encuentran impedidas de emitir reglamentaciones que limiten o atenten contra el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas”, además de que “las leyes secundarias no pueden restringir un derecho, más allá de los límites reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales”.

Afectaciones necesarias

Aunque la CDHDF reconoce que las marchas y manifestaciones en la capital del país generan “tensiones e inconformidades”, ya que dificultan el ejercicio del derecho a la movilidad y al trabajo de las personas que no participan en las protestas, el organismo autónomo destacó que las manifestaciones “no constituyen el principal obstáculo” para el libre tránsito de la ciudadanía.

El verdadero obstáculo para ejercer el derecho a la movilidad, detalló la CDHDF, es “la ausencia de una política integral que privilegie el desarrollo del transporte público sobre el particular y que favorezca la intermodalidad, en condiciones de calidad y accesibilidad pública”.

Por ello, señaló, culpar a los manifestantes de los problemas de vialidad no sólo carece de sustento, sino que “redunda en actitudes discriminatorias, segregacionistas, criminalizantes y estigmatizantes”, las cuales, además, sirven para desvirtuar las exigencias de los grupos que protestan, así como para deslindar a la autoridad de su responsabilidad de proteger los derechos humanos de quienes expresan sus inconformidades.

El estudio de la CDHDF enfatiza que, “por naturaleza, el derecho a la manifestación y reunión es, en sí mismo, un derecho conflictivo”, aunque imprescindible para el equilibrio democrático, razón por la cual, el organismo autónomo insistió en que las calles y espacios públicos de la Ciudad de México no son únicamente “ámbitos de circulación”, sino también espacios de “participación” que resultan susceptibles de “apropiación simbólica o física”, por lo que los “costos y molestias para terceras personas, en principio, deben ser toleradas y respetadas, en pro de la cláusula democrática que rige nuestra convivencia como sociedad”.

Este tipo de afectaciones causadas por las manifestaciones, abunda el documento, “son parte necesaria de la mecánica de una sociedad plural, donde conviven intereses diversos, muchas veces contradictorios”, y ante dichas tensiones “la actuación de la autoridad debe enfocarse a permitir el ejercicio armónico de ambos derechos (el de manifestación y el de movilidad), por lo que debe diseñar planes y procedimientos operativos adecuados, que faciliten el derecho de reunión, afectando en la menor medida de lo posible el derecho a la movilidad”.

Entre esas medidas de conciliación de derechos, la CDHDF sugiere, por ejemplo, realizar operativos de reordenamiento del tránsito peatonal y vehicular, mientras las protestas se realizan, así como optimizar sistemas de transporte público que puedan atender a los ciudadanos varados por las manifestaciones, y también promover el establecimiento de horarios de trabajo flexibles y diferidos, cuando existan protestas.

Y es que, remata el documento, “quienes viven y transitan por las calles de la Ciudad de México tienen el mismo derecho de utilizar el espacio público, que el que tienen las personas que ejercen el derecho a la libre expresión y reunión, en el marco de una manifestación.”

Aquí puedes leer “Los puntos que debes conocer de Ley de Manifestaciones”.

Aquí les compartimos el documento íntegro “Manifestación, movilidad y derechos humanos”:

Propuesta General by http://www.animalpolitico.com

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Birmania: decenas de miles se manifiestan contra el golpe de Estado en las mayores protestas en décadas

Este sábado la ciudad más grande del país asiático vivió las protestas más multitudinarias hasta la fecha contra el nuevo régimen militar, que se impuso en el poder con un golpe el pasado 1 de febrero.
Por BBC News Mundo
7 de febrero, 2021
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Birmania vive días convulsos.

Los gobernantes militares, que tomaron el poder el lunes con un golpe de Estado que atajó abruptamente la frágil democracia birmana, han bloqueado la internet en el país mientras miles de personas salen a la calle a protestar.

A la multitudinaria manifestación del sábado en Yangón, la antigua capital, le siguió otra este domingo que no solo es la más grande hasta la fecha contra el nuevo régimen militar, sino la mayor en décadas.

“No queremos una dictadura militar. Queremos democracia “, coreó la multitud, ataviada con camisas rojas y sostenía globos del mismo color, que es el del partido de la depuesta Aung Suu Kyi.

Los automóviles y autobuses reducían la velocidad para hacer sonar sus bocinas en apoyo, con muchos haciendo el saludo de tres dedos, un símbolo de desafío contra el autoritarismo en la región.

También se re realizaron manifestaciones en más de una docena de otras ciudades.

“Tenemos que acabar con esto ahora”

Los manifestantes son trabajadores de fábricas y estudiantes, pidieron la liberación de los detenidos por el ejército, incluida la líder electa Aung San Suu Kyi.

“Estamos aquí para luchar por nuestra próxima generación, para liberarlos de una dictadura militar“, dijo una manifestante a la agencia AFP. “Tenemos que acabar con esto ahora”.

Hasta ahora Birmania, se había mantenido mayoritariamente en calma después del golpe, aunque se produjeron algunas manifestaciones en diferentes partes del país.

Las autoridades militares están atrincheradas en la capital, Naypyidaw, y hasta ahora han evitado entablar contacto directo con los manifestantes.

Policía bloqueando las calles en Yangón.

EPA
La policía bloqueó las calles en Yangón, la ciudad más grande del país.

Nyein Chan, corresponsal de la BBC en Yangon, dice que los birmanos conocen muy bien la violencia de las que son capaces los militares, pero ahora que la gente tuvo tiempo de digerir lo que está sucediendo están encontrando diferentes formas de hacer oír su voz.

El país fue gobernado por un gobierno militar opresivo desde 1962 hasta 2011.

Pero según Chan, aunque la atmósfera estaba cargada, los manifestantes se mostraron desafiantes.

“Están enojados pero también silenciosamente asustados. Saben que los militares son capaces de utilizar la violencia para reprimir la disidencia, pero sienten que no tienen otra opción”, explicó.

“Cuando un grupo de manifestantes se encontró con una fila de soldados, les gritaron: ‘Están entrenados para ser soldados profesionales, no maten a civiles‘”, relató.

Regresó internet

Por lo demás, el servicio de internet, que había sido interrumpido, ya fue restablecido.

El apagón de internet hizo que la conectividad cayera a un 16% de los niveles normales, dijo NetBlocks Internet Observatory, un organismo que monitorea las redes.

Pero el tráfico ya había aumentado a un 50% a las 14:00 hora local (07:30 GMT) de este domingo, aunque el acceso a las redes sociales, incluídas Facebook y Twitter, permanecía bloqueado.

Muchos usuarios evadieron las restricciones en las redes sociales mediante el uso de redes privadas virtuales (VPN), pero el apagón más general interrumpió gravemente su actividad.

mujer protestando en Yangón

AFP
El miércoles hubo protestas, pero no fueron tan multitudianrias como las de este sábado.

El grupo de derechos humanos Amnistía Internacional calificó el cierre como “atroz e irresponsable.

Organizaciones de la sociedad civil instaron a los proveedores de internet y redes móviles a desafiar la orden del apagón.

Mientras tanto, Suu Kyi está bajo arresto domiciliario, según su abogado. Documentos policiales muestran que está acusada de importar y utilizar ilegalmente equipos de comunicaciones (walkie-talkies) en su casa de la capital.

Además, Sean Turnell, un académico australiano exasesor económico de Suu Kyi, fue detenido en Yangón.

Turnell le dijo a la BBC que lo han confinado en su hotel y que no sabe de qué pueden acusarlo.

El golpe tuvo lugar cuando se inauguró una nueva sesión del parlamento, tras la aplastante victoria electoral de noviembre del partido Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Suu Kyi.

Aung San Suu Kyi en 2020.

Getty Images
Aung San Suu Kyi en 2020.

Muchos birmanos vieron cómo se desarrollaban los eventos a través de Facebook, la principal fuente de información y noticias en el país.

Tres días después, se ordenó el bloqueo de plataforma por “razones de estabilidad”.

Una vocera de Twitter dijo que la prohibición socava “la conversación pública y los derechos de las personas a hacer oír su voz”. Facebook, propietaria de Instagram, pidió a las autoridades que “restablezcan la conectividad”.

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