Para el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, el internet constituye un camino para no cumplir con la ley en el terreno de la propiedad intelectual, porque el uso de las nuevas tecnologías “no está haciendo que se cumpla con la Ley Federal de Derechos de Autor”. Por ello, diputados de ese grupo parlamentario presentaron el martes pasado, junto con compositores, una iniciativa de reforma a la mencionada legislación, así como a la Ley de Propiedad Industrial y al Código Penal Federal para proteger el trabajo de creación artística.
El proyecto pretende, entre otras cosas, ordenar a los proveedores de servicios de internet que suspendan el acceso a páginas web que, sin autorización de los titulares de derechos correspondientes, ofrezcan la reproducción no autorizada de obras o las comercialicen.
El dictamen de la reforma detalla que, de ser aprobada,”detonará la economía basada en la explotación de obras en formato digital y propiciará el surgimiento de nuevos modelos de negocio“.
El vicecoordinador del PRI en San Lázaro y presidente de la Comisión de Comunicaciones, Héctor Gutiérrez Garza, aseguró en conferencia de prensa conjunta con compositores como Armando Manzanero y Roberto Cantoral hijo, que la iniciativa “de ninguna manera busca coartar la libertad de expresión. Sino que el internet no sea una vía para evadir la ley. Las personas que aquí nos acompañan piden respeto a la Ley Federal de Derechos de Autor. Buscan en nosotros una forma de proteger su trabajo y la creación artística“.
Ante ello, la Asociación Mexicana de Internet (Amipci) envió una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya, en la que criticó la iniciativa y concluyó que las medidas de este tipo “van en directo detrimento del crecimiento en la adopción de internet y nos condenan a mantener niveles“. El texto firmado por el presidente del Consejo Directivo, Carlos Ponce Beltrán, Presidente indicó que leyes de este tipo “atienden a realidades de otras jurisdicciones y buscan mantener modelos de negocios obsoletos”.
Entre abogados especializados en el flujo de contenidos en la red hay dos posturas.
Para la Luis Fernando García (@tumbolian), abogado especialista en temas de derechos humanos y digitales, la iniciativa“es inconstitucional y viola los derechos humanos de los usuarios de internet”. En entrevista con Animal Político, el abogado dijo que la inconstitucionalidad recae en que el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) tendría facultades para ordenar a los proveedores de servicios de internet que censuren páginas web y revelen información confidencial de sus usuarios.
“El IMPI podría cancelar cuentas de usuarios y contenidos en internet incluso de manera cautelar, lo que constituye una medida de censura previa, lo que está prohibido por el artículo 7 de la Constitución y el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La propia Comisión lo ha reiterado varias veces: ‘ninguna autoridad, mucho menos una autoridad administrativa como el IMPI, puede emitir órdenes para censurar medios y contenidos‘”.
A decir del abogado, con la reformas habría una reversión de la presunción de inocencia. “Se asume que la persona que es titular de la cuenta del servicio de internet es responsable de todas las infracciones que estén registradas a esa dirección IP, aunque no sea el caso, aunque sea una red abierta“, precisó.
Hoy en día, de acuerdo con García, cualquier persona puede utilizar obras protegidas, si no hay un beneficio económico directo.
“Si tu bajas una canción o un libro en PDF y no hay beneficio directo, no hay faltas a los derechos de autor. La iniciativa introduce un artículo en el que a través de redes públicas de telecomunicación, no aplica esta excepción. Ahora, incluso sin un beneficio económico directo, va a constituir infracciones a derechos de autor”, explicó García.
El también abogado y coautor de la ley, León Felipe Sánchez, considera que se trata de un buen esfuerzo que busca el equilibrio entre los derechos de autor y los derechos de usuarios de internet. “Si revisamos la iniciativa, no se persigue a quien descargue contenidos”, comentó en entrevista con Animal Político. El abogado también expresó que con la ley se busca atacar a quien pone contenido protegido a disposición de otros usuarios, es decir, quien sube el archivo, no quien lo descarga.
El especialista reconoció que con la redacción actual de la iniciativa, una persona que pertenece a un grupo en internet en el que se comparten música o libros por el mero hecho de intercambiarlos podría ser sujeto a infracciones que van, desde una llamada de atención, hasta una multa o cárcel de seis meses a seis años, por lo que dijo que este aspecto debiera ser revisado.
Lo que opinan los creadores
Roberto Cantoral hijo expresó que se trata de una respuesta a nivel internacional, debido a que varios países han hecho grandes esfuerzos para establecer condiciones mínimas de protección.
No obstante, el abogado Luis Fernando García afirma que este tipo de esfuerzos no ha servido para disminuir el intercambio de archivos en internet.
“Se está tratando de arreglar un problema que probablemente no existe. En realidad, esto no va ni a disminuir las descargas ilegales ni va a ayudar a darle innovación a la promoción de la cultura y el conocimiento. Lo que si es que va a otorgar facultades que pueden impactar de manera directa con el derecho de la libertad de expresión y la privacidad de los usuarios de internet”, agregó.
Armando Manzanero, presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, explicó que cuando se convirtió en compositor lo hizo para ser una persona notoria y para que su economía pudiera ser buena, por lo que coincidió con Cantoral en que la reforma genere una seguridad jurídica con la que se pueda fortalecer el comercio electrónico y permita generar nuevos modelos de negocio.
Luis Fernando García afirmó que, debido a que las personas de la industria cultural no se han querido actualizar al modelo de negocio actual, ven esto como una oportunidad para extorsionar usuarios. “Las multas van desde mil 942 pesos hasta 1 millón 295 mil 200 pesos”, indicó.
En su opinión, las leyes de derechos de autor deben actualizarse pero en sentido contrario: “en lugar de endurecer las penas y criminalizar el uso del internet, tenemos que permitir mucho más la circulación de cultura y conocimiento. Buscar nuevas maneras de anteponer los derechos de autor, en la que los creadores puedan tener un nivel de vida adecuado. Este tipo de iniciativas ponen en riesgo la libertad de expresión“.
Aquí puedes revisar el dictamen de la iniciativa que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria:
