“Abusadores en todas las profesiones”: Iglesia a la ONU
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“Abusadores en todas las profesiones”: Iglesia a la ONU

El Comité de los Derechos del Niño cuestionó al Vaticano sobre la falta de información y sanciones en las denuncias de abuso, por las que mexicanos acusan que se comete un crimen de Estado.
Por Tania L. Montalvo
17 de enero, 2014
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Prelados escuchan una misa celebrada por el cardenal Velasio de Paolis en la sede de la Legión de Cristo, el Ateneo Pontificio Regina Apostolorumen en Roma, el miércoles 8 de enero de 2014. Con la misa se inicia la reunión de un mes de duración en la que se aprobarán los nuevos estatutos de la orden y se elegirá a un nuevo dirigente tras la reforma ordenada por el Vaticano. (Foto de AP/Andrew Medichini)

(Foto de AP/Andrew Medichini)

En la primera comparecencia del Vaticano ante un organismo multilateral sobre las denuncias de abuso sexual en las que están involucrados integrantes del clero, los representantes de la Iglesia argumentaron que “hay abusadores entre los miembros de las profesiones más respetadas del mundo” pero que ya están tomando medidas para que esas acciones no se repitan.

Esa respuesta significó para denunciantes de abusos y organizaciones civiles una muestra más de la “falta de responsabilidad y compromiso” de la Santa Sede con las víctimas, quienes se dieron cita este jueves 16 de enero en Ginebra para presenciar la sesión del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en donde se cuestionó el trabajo del Vaticano para hacer valer la Convención sobre los derechos del niño que ratificó en 1990.

“El Vaticano se ha negado sistemáticamente a aceptar su responsabilidad en los abusos y violencia sexual contra niños en la Iglesia y aún más en que ha protegido a los sacerdotes infractores. Su rendimiento en la sesión de esta mañana no es sorprendente. El Vaticano intentó llevar el tema como algo del pasado y dicen que ahora se vive una nueva era, pero siguen negándose a entregar expedientes para enjuiciar a los responsables, sancionar a quienes encubrieron los crímenes o entregar evidencia real de que ahora sí se está poniendo por encima de la reputación de la Iglesia, la seguridad de los niños”, dijo en un comunicado Pam Spees, abogada del Center for Constitutional Rights con sede en Estados Unidos, que da asesoría legal a la Red de Supervivientes de Abusos por Sacerdotes (SNAP).

Sara Oviedo, integrante del Comité de la ONU, cuestionó al arzobispo Silvano Tomasi y al embajador del Vaticano ante el organismo, monseñor Carlos Scicluna, sobre por qué hasta la fecha no existía un mecanismo para investigar a los acusados de abuso sexual y para garantizar que fueran llevados a proceso.

Los representantes de la Iglesia dijeron ya se han “delineado algunas políticas y procedimientos para ayudar a eliminar los abusos y para colaborar con las autoridades”, pero pese a la insistencia del Comité, rechazaron detallar en qué consisten esos procesos, según la relatoría que publicó SNAP de la sesión que duró más de ocho horas.

“Se encuentran abusadores entre los miembros de las profesiones más respetadas del mundo y, más lamentablemente, incluso entre miembros del clero y otro personal de la iglesia (…) el resultado de los esfuerzos conjuntos de las iglesias locales y la Santa Sede supone un marco que, aplicado correctamente, ayudará a eliminar los casos de abusos sexuales a niños por parte del clero y otro personal de la Iglesia”, dijo Tomasini al Comité.

Esta declaración ocurrió horas después de que el papa Francisco dijera que los abusos en la Iglesia eran vergonzosos e implicaban “derrotas de sacerdotes y obispos” que se dieron cuando “no tenían una relación con Dios, tenían una posición en la Iglesia, una posición de poder y también de comodidad, pero no la palabra de Dios”.

Proteger al clero

Entre las principales críticas de la ONU al Vaticano está que “los castigos impartidos nunca parecen reflejar la magnitud o alcance de los delitos” y que la Iglesia no se ha mostrado transparente para dar a conocer las investigaciones y los avances de éstas.

Al respecto, la Iglesia insistió en que los sacerdotes católicos no son “empleados del Vaticano” y por tanto sus actos, en caso de violar la ley, deben ser atendidos por las autoridades locales y no por la Santa Sede, pese a que ésta, ya se encarga de evitar que haya más abusos.

Previo a la sesión histórica de este jueves, ciudadanos y organizaciones civiles mexicanas entregaron un reporte al Comité en el que señalan que la actitud del Vaticano ante las denuncias de abusos implica “crímenes de Estado, pues las conductas pederastas fueron auspiciadas, toleradas, protegidas y encubiertas desde la cúpula (de la Iglesia)”.

“Su finalidad es proteger la imagen de la Institución y sus ministros y evitar el escándalo público. No busca la protección de las víctimas ni evitar y/o denunciar la comisión de los delitos”, cita el reporte Pederastia clerical de mexicanos en México y en otros países. 1944-2013 que firmaron 169 ciudadanos mexicanos y organizaciones civiles.

Vinculado a ello, Sara Oviedo dijo a los representantes de la Iglesia que la actitud del Vaticano muestra que se “da preferencia a los intereses del clero” antes que a las víctimas.

Los representantes de la Iglesia católica argumentaron que por respeto y privacidad de las víctimas no podían dar información sobre los casos de abusos que han aceptado y la investigación, pero mencionaron que en 2012 se documentaron 612.

Esta comparecencia será parte fundamental de la evaluación final del Vaticano hacia el respeto a los derechos del niño; el Comité deberá darla a conocer el próximo 31 de enero, en la que también incluirá el reporte sobre abusos que entregaron mexicanos, un documento de SNAP con más de 15 mil casos, uno más de la organización Survivors Voice Europe que incluye documentación de abusos en países como Holanda, Italia, España, Alemania, Polonia e Inglaterra; y la información que enviaron organizaciones civiles en Colombia, Australia, Hawai, Malta, Rusia y República Dominicana.

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Chile aprueba en plebiscito histórico cambiar la Constitución de Pinochet

Con más del 65% de los votos contados, la opción de redactar una nueva Constitución tiene un respaldo del 77%.
25 de octubre, 2020
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Celebración en Valparaíso, Chile

Reuters
Las celebraciones de quienes quieren una nueva Constitución comenzaron en cuanto los primeros resultados indicaron la clara victoria del “Apruebo”.

“Un triunfo de la ciudadanía y la democracia”.

Así calificó el presidente de Chile, Sebastián Piñera, lo sucedido este domingo en su país, donde, con más del 65% de los votos escrutados y una tendencia que parece irreversible, los ciudadanos decidieron por un rotundo 78% reemplazar la actual Constitución, redactada durante el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

En la segunda interrogante, “¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución?”, los chilenos optaron por una “convención constitucional”, o sea, un grupo de hombres y mujeres elegidos popularmente.

“Hoy hemos demostrado nuevamente la naturaleza democrática, participativa y pacífica del espíritu de los chilenos y del alma de las naciones honrando nuestra tradición de república”, afirmó Piñera.

Primer plano de un voto a favor del Apruebo en el Plebiscito Nacional de Chile

Reuters
Los chilenos apoyaron mayoritariamente la redacción de una nueva Constitución.

En cuanto al voto en el extranjero, el apoyo a la redacción de una nueva Carta Magna alcanzaba casi el 90% con más del 57% de los votos escrutados.

Cientos de personas salieron a las calles a celebrar el histórico resultado.

Vista aérea de la Plaza Italia en Santiago de Chile

EPA
Cientos de personas se congregaron en la Plaza Italia en Santiago a la espera de los resultados del plebiscito chileno.

Convocatoria marcada por la pandemia

El plebiscito, programado originalmente para el 26 de abril pero postergado por la pandemia, se realizó observando un protocolo sanitario especial, con un horario específico para mayores de 60 años y el uso obligatorio de mascarillas.

Las personas contagiadas con coronavirus no pudieron participar en el proceso debido a que no se pudieron implementar las medidas que les hubieran permitido votar sin romper la cuarentena.

El cambio de Constitución fue una de las demandas hechas tras el estallido social de octubre de 2019, que dio lugar a las manifestaciones más masivas desde el regreso de la democracia en 1990, y desencadenó episodios de violencia que derivaron en la muerte de más de 30 personas y 2.250 querellas de violación de los derechos humanos.

Su realización fue el resultado de un amplio acuerdo firmado en ese contexto en el Congreso la tensa madrugada del 15 de noviembre del año pasado.


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