“Las plantas de tratamiento de aguas son una falsa solución ambiental”
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“Las plantas de tratamiento de aguas son una falsa solución ambiental”

Tras la llegada de la emblemática embarcación de Greenpeace, el Rainbow Warrior, a México para recorrer el Pacífico, el Caribe y el Golfo, la organización ambientalista presentará el estudio 'Ríos tóxicos: Lerma y Atoyac. La historia de negligencia continúa'.
Por Dulce Ramos / enviada
12 de enero, 2014
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Agua residual color añil del Corredor Industrial Quetzalcóatl, Atoyac, Puebla. Puebla, 9 de mayo de 2013. © Greenpeace/Iván Castaneira

Agua residual color añil del Corredor Industrial Quetzalcóatl, Atoyac, Puebla.
Puebla, 9 de mayo de 2013.
© Greenpeace/Iván Castaneira

Puerto Vallarta, Jalisco.- En la cuenca alta del río Atoyac, en Puebla, el agua es azul. Decirlo así no es ninguna licencia poética. Un tramo del cauce está teñido de azul añil, como un pantalón de mezcilla.

Por otra parte, en el Río Lerma, concretamente en la cuenca alta, situada en el Estado de México, se pretende que una planta de tratamiento de aguas residuales sirva a 500 empresas de la zona, cuando apenas puede procesar un tercio de toda el agua que las mismas usan en un año. Los dos tercios restantes quedan contaminados con metales que causan enfermedades pulmonares, fallas renales e hipertensión.

Los dos ejemplos anteriores muestran lo que Greenpeace (@greenpeacemx) llama  la “permisividad” de los tres niveles de gobierno, y la falta de cumplimiento a las normas que regulan el vertido  de químicos.

Este sábado 10 de enero, en Puerto Vallarta, la organización ambientalista presentó el estudio Ríos tóxicos: Lerma y Atoyac. La historia de negligencia continúa. Un documento que demuestra la presencia de metales pesados en el agua, causantes de enfermedades renales, pulmonares, hipertensión, daños en el sistema nervioso, cáncer y otras enfermedades.

Ríos Tóxicos también plantea que las plantas de tratamiento de aguas residuales que se encuentran en ambas cuencas contribuyen muy poco a solucionar los vertidos tóxicos.

El informe, dice la organización internacional, “muestra la falta de cumplimiento de las normas de descarga, la nula inspección, supervisión y sanción para las industrias (…) y los graves problemas de salud para cientos de comunidades”.

El documento se presentó después de que el emblemático barco de la organización, el Rainbow Warrior, atracara en Puerto Vallarta, a donde llegó procedente de Mazatlán. El Rainbow Warrior llegó a Sinaloa el 7 de enero para recorrer el Pacífico, el Caribe y el Golfo, en una campaña de denuncia que prolongará hasta el 22 de febrero.

Traer a aguas mexicanas la joya de la corona de Greenpeace, tiene sentido cuando el propio Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, organismo público, reconoció en 2008 que la contaminación en el Atoyac es ocho veces superior a lo aceptable.

Para el estudio, Greenpeace tomó tres muestras en el Lerma: una, del agua que vierte al río la planta de tratamiento Reciclagua. Las otras dos fueron del propio cauce y  del sedimento del río. Ambas fueron tomadas kilómetros más delante de la planta.

En el Atoyac también tomaron otras tres: Una, del agua que se vierte por un tubo que usan varias industrias del Corredor Industrial Quetzalcóatl y las dos restantes fueron del agua y del sedimento.

Depósito de muestra de sedimento del río Lerma en frasco esterilizado. Edo. de México. Mayo de 2013. © Greenpeace/Iván Castaneira

Depósito de muestra de sedimento del río Lerma en frasco esterilizado.
Edo. de México. Mayo de 2013.
© Greenpeace/Iván Castaneira

Tras analizar las seis muestras, éstos son, en resumen, los hallazgos que le permiten a Greenpeace decir que en México, el tratamiento de aguas es una “falsa solución”.

1. En ambos ríos hay cadmio y cromo: Ambos metales están en el grupo de mayor riesgo para la salud en la clasificación que hace la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. El primero causa enfermedades pulmonares, arruina los riñones y afecta los huesos. El segundo daña el hígado y provoca úlceras en la piel.

En la muestra del sedimento del Lerma se presentó la mayor concentración de cromo y cadmio. Eso significa que, aunque alguna vez el agua llegue a estar limpia, el riesgo para la vida acuática, seguirá.

2. El agua del Lerma, contaminada con zinc y manganeso: En el agua y en el sedimento del Lerma hay siete metales pesados además del cadmio y el cobre. Los dos con más concentración son el zinc y el manganeso.

El zinc causa fiebres, escalofríos, fatiga, dolores musculares, así como alucinaciones y confusión mental. El manganeso es un “disruptor hormonal”, es decir: afecta al sistema endócrino y al reproductivo.

3. La planta tratadora del Lerma emite contaminantes. La llamada planta Reciclagua no soluciona el aporte de contaminantes, sino que además, ella también los emite. Entre las sustancias encontradas está un químico usado por la industria textil, llamado pentaclorofenol, que provoca mutaciones en el sistema inmunológico y endócrino.

4. 28 compuestos químicos en el Atoyac. Greenpeace analizó la presencia de 51 compuestos en todas las muestras. El resultado es que en el Lerma hay 34 compuestos químicos que causan cáncer y son disruptores hormonales, y en el Atoyac hay 28. Por sus propiedades físicas y químicas, todos esos compuestos son fácilmente dispersados en el aire y afectar a comunidades cercanas a los ríos.

5. En el agua del Atoyac hay presencia de vanadio. La inhalación de este metal puede causar cáncer.

La responsable de la campaña de tóxicos para Greenpeace, Sinaí Guevara, advirtió en la conferencia a bordo del Rainbow Warrior que la contaminación no sólo debe percibirse como un riesgo para la flora y la fauna acuática, sino que con ella ha aumentado la incidencia de cáncer y enfermedades renales en las comunidades que viven en un radio de hasta cinco kilómetros de los cuerpos de agua.

A bordo estuvo también Sofía Enciso, representante de la Organización Un Salto de Vida y habitante del municipio de El Salto, Jalisco, donde el Río Santiago emana olores que dan cuenta de la presencia de tóxicos, y presenta montículos de espumas. Si bien ambos signos de contaminación han sido atacados por las autoridades locales, los riesgos silenciosos, como la presencia de metales pesados, permanece. Fue justo el Río Santiago donde hace dos años, Greenpeace elaboró un estudio que puso en evidencia la polución en la zona.

Activistas de Greenpeace y de organizaciones jalisciences en la conferencia de prensa de este sábado. //Foto: Dulce Ramos.

Activistas de Greenpeace y de organizaciones jalisciences en la conferencia de prensa de este sábado. //Foto: Dulce Ramos.

La responsable de la campaña de tóxicos para Greenpeace, Sinaí Guevara, advirtió en la conferencia a bordo del Rainbow Warrior que la contaminación no sólo debe percibirse como un riesgo para la flora y la fauna acuática, sino que con ella ha aumentado la incidencia de cáncer y enfermedades renales.

A bordo estuvo también Sofía Enciso, representante de la Organización Un Salto de Vida y habitante del municipio de El Salto, Jalisco, donde el Río Santiago ha emanado olores que dan cuenta de la presencia de tóxicos, y presenta montículos de espuma. Si bien ambos signos de contaminación han sido atacados por las autoridades locales, los riesgos silenciosos, como la presencia de metales pesados, permanece. Fue justo el Río Santiago donde hace dos años, Greenpeace elaboró un estudio que puso en evidencia la polución en la zona, por lo que el documento presentado este sábado, complementa lo hecho en Jalisco.

La cuenca del Lerma, explicó el representante de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, Omar Aguilar Arellano, ha sido una de las que más inversión ha recibido para su saneamiento, pero la contaminación sigue. La organización a la que pertenece el científico ayudó a Greenpeace en la interpretación del análisis químico de las muestras tomadas en los ríos.

“Los ríos no tienen fronteras. Son flujos de agua que, lo que uno tira en un punto, se va a distribuir hasta el punto final y va impactando. Si a eso le sumamos que de ahí se extrae agua para riego, muchos de esos químicos llegan a los cultivos. Si detenemos los flujos con la construcción de presas, generamos una reducción del cauce y en consecuencia, la acumulación de los contaminantes. La decisión de sanear un río no se puede tomar a la ligera, sino con un diagnóstico claro”, dijo el experto.

La propuesta

Greenpeace sólo ve una alternativa para evitar la contaminación. Detener la descarga de todas las sustancias tóxicas en los cuerpos de agua. Para ello, en su informe plantea éstas recomendaciones.

  1. Vertido cero: En un plazo de 20 a 25 años, ninguna industria podrá descargar tóxicos en los cuerpos de agua mexicanos.
  2. Armonizar la legislación: Pese a que México es firmante de tres convenios internacionales que regulan los desechos tóxicos, aún hay disposiciones que las leyes y normas nacionales no contemplan.
  3. Crear un Registro de Emisión y Transferencia de Contaminantes: el organismo estaría obligado a aportar información sobre las descargas, emisiones y fugas de sustancias peligrosas.
  4. Garantizar el cumplimiento de las normas ambientales: La organización señala la necesidad de mayor transparencia en las inspecciones y sanciones.
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La carrera contrarreloj de Alemania por llevar ante la justicia a los últimos criminales nazis

La justicia alemana intenta ajustar cuentas con los últimos responsables vivos del Holocausto, todos ellos mayores de 90 años de edad.
Por BBC
14 de febrero, 2021
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Tienen más de 90 años de edad y el dudoso honor de ser considerados como los últimos criminales nazis en enfrentar la justicia.

No formaron parte del alto mando militar de Adolf Hitler, ni comandaron algún escuadrón de las SS. Eran guardias de seguridad, secretarias o empleados administrativos que trabajaron en los campos de exterminio del Tercer Reich y ahora, más de 75 años después del final de la II Guerra Mundial, finalmente están enfrentando a la justicia.

El martes pasado, fiscales en Alemania acusaron a un hombre de 100 años de edad por ayudar en el asesinato de 3.518 personas que fallecieron mientras él trabajaba como guardia de la SS en el campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado a unos 35 kilómetros de Berlín.

La semana anterior, una mujer de 94 años de edad que trabajó como secretaria en el campo de concentración de Stutthof (Polonia) fue imputada como cómplice en 10.000 casos de asesinato e intento de asesinato por su trabajo en apoyo a las atrocidades que se cometieron allí.

Aunque ahora es nonagenaria, dado que era menor de 21 años cuando ocurrieron esos hechos, es probable que esta mujer termine siendo juzgada ante una corte juvenil.

Entrada del campo de exterminio de Auschwitz.

Getty Images
Las investigaciones recientes han logrado imputar a varios exfuncionarios del campo de exterminio de Auschwitz.

Sus casos forman parte de un pequeño grupo de empleados de bajo nivel del régimen nazi que en los últimos años han estado siendo investigados por las autoridades alemanas en un último esfuerzo por ajustar las cuentas pendientes con el pasado nazi: una carrera contrarreloj pues cada vez quedan menos sobrevivientes de aquella época.

Persiguiendo los crímenes del Tercer Reich

Pero, ¿por qué se está investigando ahora a exfuncionarios que ni siquiera tenían puestos de mando durante el Holocausto?

Las indagaciones sobre las atrocidades cometidas por el Tercer Reich comenzaron formalmente en 1943, cuando se creó una comisión internacional para investigar los delitos cometidos por las potencias del Eje. Su trabajo llegó a la imputación de 36.000 funcionarios alemanes y japoneses, de los cuales al menos 10.000 fueron condenados en juicios realizados hasta 1948.

Imagen de los juicios de Nuremberg.

Getty Images
Muchos de los principales líderes nazis fueron condenados en los juicios de Nuremberg.

Al mismo tiempo, entre 1945 y 1949, los tribunales en la zona de Alemania occidental dictaron unas 4.600 condenas por crímenes del nazismo.

Sin embargo, tras el establecimiento de la República Federal Alemana (RFA) en 1949, decayó el interés de seguir persiguiendo los crímenes nazis y, de hecho, se dictaron numerosas amnistías e incluso se aprobó una legislación que permitió que antiguos soldados nazis accedieran a cobrar pensiones.

“Durante la década de 1950, en Alemania occidental no había mucho deseo de perseguir los crímenes nazis, lo que resultó en un verdadero escándalo en el resto del mundo. Alemania oriental, en particular, impulsó una campaña de propaganda que destacaba cómo había antiguos líderes nazis en posiciones destacadas tanto en el sector privado como en el sector público. Eso fue verdaderamente embarazoso para el gobierno de la RFA”, explica Devin Pendas, profesor del Boston College especializado en la historia de los juicios contra los nazis tras la II Guerra Mundial.

La respuesta de la RFA fue la creación en 1958 de la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo, que es la instancia que hasta ahora se sigue encargando de indagar sobre estos temas.

Ficha de Adolf Hitler en la la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo.

Getty Images
La Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo tiene un archivo con más de 1,7 millones de fichas de personas y eventos relacionados con los crímenes del Tercer Reich.

Algunos expertos han señalado que esta agencia gubernamental hizo un muy buen trabajo durante las décadas siguientes, mientras otros destacan que había mucha resistencia de parte de las autoridades judiciales alemanas ante estas investigaciones, Pendas cree que estos dos hechos coexistieron.

“Claramente, muchos jueces y fiscales estaban renuentes en las décadas de 1950, 1960 y 1970 de procesar con fuerza los crímenes nazi, en parte, porque muchos de ellos habían estado trabajando en el Poder Judicial durante el Tercer Reich pero también porque no querían lavar ante el mundo los paños sucios de su país”, dice Pendas a BBC Mundo.

“Pero también es cierto que la Oficina Central y muchos fiscales y jueces individuales se tomaron esto muy en serio, sacando a la luz mucha evidencia y prestando un gran servicio al llevar ante las justicia muchas de estas atrocidades”, agrega.

El trabajo de la Oficina Central se vio limitado además por varias cuestiones legales como el hecho de que las leyes alemanas no contenían disposiciones específicas para procesar crímenes de guerra y por las normas vigentes entonces sobre prescripción de los delitos, que dificultaban que muchos de los casos pudieran ser llevados a juicio después de 1960.

Una fila de mujeres prisioneras en el campo de concentración nazi de Auschwitz.

Getty Images
Se estima que más de un millón de personas, la mayoría judíos europeos, murieron en el campo de Auschwitz.

Esta dependencia gubernamental sufrió además un fuerte revés cuando, en 1969, la Corte Suprema revocó la condena de un antiguo miembro de las SS que trabajó como dentista en el campo de Auschwitz (Polonia) con el argumento de que trabajar en un campo de exterminio no era un crimen en sí mismo.

Como resultado de ese dictamen, la Oficina Central debió abandonar una investigación sobre la Oficina Central de Seguridad del Reich, una dependencia del ministerio de Interior controlada por las SS que era la principal responsable para ejecutar la política de asesinatos masivos de Hitler.

A estas limitaciones hay que sumar el hecho de que la Oficina Central es una entidad pequeña, dotada de poco personal y solamente tiene la potestad para investigar los casos, pues una vez que encuentra evidencias de posibles hechos punibles debe pasar los expedientes a los fiscales que son los responsables finales de llevar a juicio a los presuntos criminales.

El impulso del 11 de septiembre

Todas estas restricciones redujeron la capacidad de acción de la Oficina Central durante muchos años.

Pero las cosas cambiaron a partir de 2007, cuando un tribunal alemán condenó a 15 años de cárcel al marroquí Mounir el Motassadeq por haberle transferido dinero a Marwan al Shehhi, el presunto responsable de estrellar el vuelo 175 de United Airlines en contra de la torre sur del World Trade Center en Nueva York, según la Comisión que investigó los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Mounir el Motassadeq

Getty Images
Mounir el Motassadeq fue condenado a prisi[on por haber enviado dinero a uno de los atacantes del 11-S.

Este precedente impulsó al entonces fiscal de la Oficina Central Thomas Walther a buscar el enjuiciamiento de guardias y otros funcionarios de los campos de concentración, aunque no hubieran participado directamente de estos crímenes.

Siguiendo esta argumentación se logró que en 2011 un tribunal alemán condenara a John Demjanjuk, un antiguo guardia del campo de exterminio de Sobibor (Polonia), por colaborar con el asesinato de las 28.000 personas que fueron muertas allí.

“Se volvió más fácil conseguir una condena. Hasta entonces tenías que demostrar que alguien había estado involucrado directamente en una muerte. En este caso, la Fiscalía argumentó que -y el tribunal estuvo de acuerdo- que dado que estos campos eran centros de exterminio, cualquiera que hubiera pertenecido al personal nazi que estaba allí contribuyó con esas muertes. Ya no tenías que demostrar que un guardia mató a alguien en ese campo, basta con demostrar que había sido un guardia que trabajó allí”, explica Pendas.

Justicia e historia

La condena de Demjanjuk le dio un nuevo impulso al trabajo de la Oficina Central, que durante la última década ha remitido a los fiscales más de 200 casos para su imputación.

Thomas Walther

Getty Images
El abogado Thomas Walther impulsó el enjuiciamiento de exfuncionarios de bajo nivel que trabajaron en los campos de concentración nazis.

No se trata de una cifra menor cuando se considera que esta agencia gubernamental solamente cuenta con un puñado de investigadores, que para armar los casos tienen que buscar información en distintas partes del mundo y que, por su avanzada edad, muchas veces los presuntos criminales mueren antes de que el expediente esté concluido.

Sin embargo, hasta ahora, solamente se han producido un puñado de condenas, incluyendo la de Oskar Groening, un exmiembro de las SS conocido como el “contador de Auschwitz”, pues trabajó en las oficinas de este campo de exterminio y, entre otras cosas, se encargaba de contar el dinero robado a las víctimas.

En 2015, Groening, quien entonces tenía 94 años de edad, fue sentenciado en 2015 a cuatro años en prisión por haber facilitado el asesinato de 300.000 prisioneros. Sin embargo, falleció en 2018 sin haber ingresado en prisión a la espera del resultado de sus apelaciones.

Oskar Groening

Getty Images
Oskar Groening, el llamado “contador de Auschwitz” falleció sin pagar su condena.

Reinhold Hanning fue condenado en 2016 -a los 95 años de edad- por cooperar con la muerte de 170.000 personas en Auschwitz, donde trabajó como guardia de las SS. Aunque durante el juicio dijo estar avergonzado por haber presenciado las muertes sin hacer nada para evitarlas, negó ser culpable de las mismas y apeló la sentencia. Murió al año siguiente sin haber ido a la cárcel.

En 2020, una corte de Hamburgo sentenció a Bruno Dey, un exguardia del campo de concentración de Stutthof, por haber colaborado con el asesinato de las 5.230 personas fallecidas en ese centro mientras él trabajó allí.

Sin embargo, como él era adolescente cuando ocurrieron los hechos fue procesado por un tribunal juvenil y fue recibió una sentencia suspendida de dos años de cárcel.

Bruno Dey.

Getty Images
Bruno Dey intentó ocultar su rostro usando carpetas en las audiencias del juicio en el que fue condenado por colaborar en el asesinato de 5.230 personas.

Aunque han tenido mucha visibilidad, el hecho de que se trate de juicios contra exfuncionarios de bajo rango que ahora están tan mayores y que, hasta ahora, no han cumplido sus sentencias de forma efectiva ha llevado a algunos críticos a cuestionar si tiene sentido seguir con estos procesos.

“Creo que no hay ninguna razón para que una persona tenga inmunidad ante la justicia criminal debido a que era un funcionario de bajo rango”, dice Todd Buchwald, exembajador y coordinador especial de Justicia Criminal Global de Estados Unidos, a BBC Mundo.

Indica que estos juicios tienen muchos objetivos incluyendo llevar a la justicia a algunos de los responsables de las terribles atrocidades que se cometieron, crear un registro histórico de lo que ocurrió y fortalecer el mensaje disuasorio para todos aquellos funcionarios de bajo nivel que en el futuro se encuentren en una situación en la que se vean tentados a pensar que por su bajo rango no pagarán por estos crímenes.

“No está bien ayudar a perpetuar semejantes atrocidades, así que conviene reforzar el mensaje disuasorio de cara al futuro”, señala Buchwald.

“Los crímenes que se cometieron en Alemania fueron tan devastadores que entiendo bien el esfuerzo por intentar llevar ante la justicia a quienes tuvieron responsabilidad en lo ocurrido”, concluye.

 

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