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Órganos estatales de transparencia reprueban en garantizar acceso a la información
Veintiséis institutos tuvieron calificaciones debajo del 60% cuando se analizó su desempeño en el área de transparencia, promoción del derecho a la información y la resolución de controversias.
Por Tania L. Montalvo
8 de enero, 2014
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Feria_Transparencia-5

Feria de la Transparencia en en el DF. Cuartoscuro.

El 81% de los institutos estatales encargados del acceso al derecho a la información no lo garantizan y en cambio, ponen trabas para la entrega de datos, no transparentan los argumentos para negar las solicitudes hechas por ciudadanos o no cuentan con un sistema de procedimientos para el manejo de información.

El promedio de desempeño de los institutos en los 31 estados de la República y en el Distrito Federal es de apenas 53.6%, cuando el 100% implica la máxima garantía de derecho a la información, según el Índice Nacional de Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información (INOGDAI), creado por Article 19 y México Infórmate.

Sólo Puebla, Tlaxcala, el Distrito Federal, Durango, Chihuahua y Nuevo León, alcanzaron un puntaje aprobatorio superior al 60%, pero el resto de las entidades simplemente no garantizan de forma adecuada el derecho de acceso a la información.

Según el INOGDAI, San Luis Potosí es la entidad en dónde el órgano garante del derecho de acceso a la información tiene peores prácticas alcanzando una calificación de 20 puntos de 100. Ese instituto omitió entregar  información sobre el presupuesto ejercido o resultó común que pidiera pagos o que los datos fueran consultados en sus oficinas pese a que se solicitaron vínculos web.

Otras entidades con malos resultados fueron el Estado de México con 39.2; Baja California Sur con 40.9; y Nayarit y Guanajuato con 46.6.

 

Calificación por estados

Ranking

estado

Calificación

Ranking

estado

Calificación

1

Puebla

70.2

17

Jalisco

54.2

2

Tlaxcala

66.5

18

Yucatán

54.1

3

D.F.

66.1

19

Chiapas

53.2

4

Durango

63.3

20

Querétaro

52.7

5

Chihuahua

62.2

21

Baja California

52.4

6

Nuevo León

60.9

22

Colima

52.3

7

Hidalgo

58.9

23

Quintana Roo

51.7

8

Oaxaca

58.5

24

Zacatecas

51.5

9

Campeche

58.4

25

Aguascalientes

49.6

10

Coahuila

57.4

26

Morelos

47.3

11

Tabasco

57.2

27

Nayarit

46.6

12

Sonora

57.1

27

Guanajuato

46.6

13

Michoacán

56.0

28

Sinaloa

46.0

14

Tamaulipas

55.3

29

BCS

40.9

15

Guerrero

55.2

30

Edo. de México

39.2

16

Veracruz

54.6

31

SLP

20.1

El Índice Nacional de Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información está conformado por tres categorías que según las organizaciones Article 19 y México Infórmate representan las funciones principales de los institutos estatales: Transparencia y rendición de cuentas, promoción del derecho de acceso a la información y la resolución de controversias.

En Transparencia y Rendición de Cuentas se obtuvo un promedio nacional de 63.3, apenas alcanzando el mínimo aprobatorio.

En este caso, San Luis Potosí tuvo 16 puntos porcentuales, lo que provocó la baja del índice en este rubro. Otras entidades reprobadas fueron Querétaro, Chiapas y Baja California Sur.

Lo que más falló en esta categoría son los mecanismos de divulgación de las sesiones del pleno de cada uno de los institutos estatales, por lo que no se transparenta la información sobre los argumentos de los consejeros en los procesos deliberativos referentes al derecho de acceso a la información.

Otros rubros evaluados en esta categoría es el nivel académico —que de los 120 comisionados o consejeros sólo el 33.33% cuenta con experiencia previa a su designación en la materia— o que sólo en el Distrito Federal y Puebla existe un sistema de quejas con el que se asegure que el ciudadano recibe la atención adecuada.

Derecho a la información

Según Article 19 y México Infórmate, el derecho de acceso a la información “dota a la ciudadanía de control y certeza respecto a la actuación pública, al mismo tiempo permite acceder al gasto, las acciones, los objetivos y diversas fuentes de información trascendentales para hacer valer diversos derechos universales, hoy adoptados por la Constitución mexicana”; y por eso es tan importante su promoción.

La difusión de ese derecho está en manos de los institutos estatales evaluados en el Índice, que alcanzaron una calificación promedio de 46.5 de 100 puntos posibles.

Los resultados del INOGDAI en esta segunda categoría evaluada muestran que en más de la mitad de las entidades federativas no existen programas educativos para promover el derecho de acceso a la información.

En el tercer rubro evaluado por el índice, la Resolución de Controversias, se obtuvo un promedio nacional de 50.8%, también en un máximo de 100.

Sólo Puebla, Zacatecas, Durango, Campeche y Oaxaca obtuvieron un puntaje aprobatorio, mientras que Guanajuato apenas alcanzó los 22 puntos.

Destaca que en Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala, no existe la obligación de publicar las resoluciones a los recursos de revisión.

La recomendación general que hacen las organizaciones Article 19 y México Infórmate es que los institutos asuman su responsabilidad de garantizar el derecho al acceso a la información. Sugieren también que se concentren en promocionar el derecho para que en la práctica no esté sectorizado a un pequeño grupo de la población y que cuenten con bases de datos para dar seguimiento a los recursos de revisión.

A continuación íntegro el Informe de Resultados Índice Nacional de Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información:

16 de Diciembre – Resultados by http://www.animalpolitico.com

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Qué es la "política de la Ciudad de México", la medida antiaborto que EU endureció este martes
Mike Pompeo, secretario de Estado de EU, anunció este martes que su país ampliará el alcance de una política antiaborto conocida como "de la Ciudad de México".
Getty Images
26 de marzo, 2019
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Este martes el gobierno de Estados Unidos endureció una de las primeras medidas que tomó el presidente Donald Trump a su llegada a la Casa Blanca en enero de 2017.

En una rueda de prensa el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció que las organizaciones extranjeras que reciban financiación de EE.UU. tendrán prohibido apoyar a grupos que estén a favor del aborto.

Durante los primeros días de su mandato Trump reinstaló una medida que prohíbe destinar recursos federales a grupos internacionales que proporcionan información sobre el aborto.

Ahora el anuncio de Pompeo expande la prohibición.

“Continuaremos negándonos a brindar asistencia a las ONG extranjeras que realizan o promuevan activamente el aborto como un método de planificación familiar“, dijo el secretario de Estado.

“Ahora, como resultado de mi decisión de hoy, también estamos dejando claro que nos negaremos a brindar asistencia a las ONG extranjeras que dan apoyo financiero a otros grupos extranjeros en la industria global del aborto… Los dólares de los contribuyentes estadounidenses no se utilizarán para financiar abortos”.

“Mordaza global”

La medida impuesta por Trump y que hoy se endurece mediante el anuncio de Pompeo, es conocida entre sus críticos como la “ley mordaza global”.

El decreto lo promulgó por primera vez en 1984 el republicano Ronald Reagan, entonces presidente de EE.UU., durante una conferencia de Naciones Unidas en la capital mexicana; por eso también se le conoce como la política de Ciudad de México.

Desde entonces, se ha vuelto un rifirrafe entre demócratas y republicanos.

La medida fue revocada durante la presidencia de Clinton, se volvió a implementar durante el mandato de George W. Bush y fue removida nuevamente durante el gobierno de Obama.

Quienes critican esta política afirman que es una forma de limitar el trabajo de las organizaciones alrededor del mundo que ofrecen asesoría sobre el aborto como una opción de planificación familiar.

Ante la orden firmada por Trump en 2017 grupos de defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres reclamaron que la medida mermaba sus recursos y coartaba sus acciones, pues tendrían restricciones incluso para informar sobre temas como el aborto terapéutico o de la atención postaborto.

Los críticos también se refieren a estudios científicos que han mostrado que esta medida aumenta las tasas de abortos, pues implica el cierre de clínicas y programas de anticoncepción y que podría aumentar el riesgo de muerte de las madres.

Pero la “ley mordaza global” también tiene adeptos.

“Aplaudimos al presidente Trump por haber puesto un fin a financiar con dinero de los contribuyentes a grupos que promueven el asesinato de niños nonatos en países en vías de desarrollo”, dijo en su momento Carol Tobias, presidenta del Comité Nacional para el Derecho a la Vida (NRLC, por sus siglas en inglés), la mayor organización antiaborto de EU.

En esa misma línea, Pompeo dijo que para EU. es posible alcanzar los objetivos de la salud a nivel mundial, sin subsidiar lo que el llamó el “asesinato de bebés nonatos”.


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