[contextly_sidebar id=”6df18cb8ef6e7b63dda1fee6bec51865″]Las fracciones parlamentarias del PAN, PT y Movimiento Ciudadano, acompañados por legisladores del PRD, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra diversos impuestos, como la homologación del IVA a 16 por ciento en las franjas fronterizas.
Los legisladores panistas Luis Alberto Villareal García y Carlos Angulo Parra -este último responsable de integrar el expediente y redactar la impugnación ante el máximo tribunal del país-, argumentaron que la medida atenta contra el principio de competitividad recién incluido en la Constitución.
Indicaron que el documento está firmado por 171 diputados, de ellos 114 del Partido Acción nacional (PAN), 24 del de la Revolución Democrática (PRD), 19 de Movimiento Ciudadano (MC) y 14 del Partido del Trabajo (PT).
El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Villarreal García, mencionó que el rpopósito de la acción es dar marcha atrás a la aplicación de los nuevos impuestos, entre ellos la homologación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las fronteras, pues lesionan la economía de las empresas y de la clase media.
Por separado, Angulo Parra advirtió que la reforma hacendaria en general, pero particularmente la homologación del IVA en la frontera, representa una flagrante violación al citado principio constitucional, “pues no va a generar crecimiento económico, ni va a promover la inversión y mucho menos va a generar empleos”.
En entrevista, sostuvo que la acción de inconstitucionalidad pondrá a prueba a la Suprema Corte, porque una tesis emitida por el máximo tribunal en la década de los 90 estableció el criterio de que el IVA diferenciado en la frontera era necesario para mantener su competitividad, utilizando esa palabra, inclusive antes de que fuera un principio constitucional.
Así, subrayó que sería totalmente contradictorio que los ministros digan ahora que no se afecta la competitividad, justo cuando ese principio ha sido elevado a rango constitucional.
“Vamos a estrenar ese principio ahora, en el sentido de que las acciones del Estado mexicano, como lo marca la Constitución, deben estar ceñidas al principio de competitividad”, insistió.
Citó el Artículo 25 de la Constitución Política:
“(…) corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución”.
Adicionalmente, señala que “la competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo”.
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