Aunque el Congreso modificó el año pasado el secreto fiscal, a fin de que por primera vez se den a conocer las listas de deudores y beneficiarios de condonaciones, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo una interpretación para que no se den a conocer los nombres de personas y empresas con créditos cancelados y condonados antes del 1 de enero de este año. Para la organización Fundar, que desde 2007 ha buscado la apertura de estos datos y llevó el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sólo hay una pregunta para este nuevo obstáculo: “¿Qué está escondiendo el SAT?”.
María Sánchez de Tagle, abogada del centro de análisis, reconoce que hubo un avance importante en la reforma al artículo 69 del Código Fiscal federal -relativo al secreto fiscal-, pero dice que con la lectura que está haciendo el SAT, lo que parecía una puerta abierta en materia de transparencia es, de nueva cuenta, un largo camino por recorrer.
“Estamos otra vez en el camino de las solicitudes de información, de los recursos ante el IFAI y los amparos para que el SAT dé a conocer esta información porque están haciendo una interpretación tramposa, apelable, del artículo. Nosotros en Fundar estamos analizando qué estrategia vamos a seguir para que esta información de interés público se difunda”, explica.
[contextly_sidebar id=”c8e142563f6abd5ea55db14f1726bb99″]El artículo 69 plantea seis supuestos para que el SAT haga pública la información: créditos fiscales firmes; créditos fiscales no pagados; contribuyentes no localizados; con sentencias por delitos fiscales; créditos cancelados por la imposibilidad de ser pagados por los deudores o que hayan sido condonados.
Sin embargo, el organismo federal ha considerado que en los últimos supuestos -créditos cancelados o condonados- la información no se podrá dar a conocer, ya que es vigente a partir del 1 de enero de este año, pero en los otros cuatro no ha planteado esta excepción.
“Están midiendo con doble vara y con un argumento endeble, pues el 1 de enero es cuando entra en vigor el Código Fiscal. En ningún lado señala que a partir de esa fecha se dé a conocer la información. En todo caso, ¿por qué sí aplica para unos contribuyentes y para otros, los más grandes y con mayores créditos, no?”, señala Sánchez de Tagle.
Desde inicios de este año, el Servicio ha dado a conocer las listas de contribuyentes no localizados, deudores o que emiten facturas apócrifas, pero ha mantenido bajo reserva a los beneficiarios de cancelaciones y condonaciones.
Con este nuevo obstáculo del SAT, por ejemplo, se bloquea la posibilidad de dar a conocer la lista de beneficiarios de la cancelación de créditos fiscales aprobada por el Congreso en 2007, y que ascendió a más de 73.9 mil millones de pesos que dejaron de ingresar a las arcas del Gobierno federal.
Este caso fue llevado por Fundar primero ante el pleno del IFAI, organismo que ordenó la publicación de los datos por considerar que el interés público estaba por encima del secreto fiscal, lo cual fue incumplido por el SAT.
Posteriormente, el litigio escaló hasta la Suprema Corte, donde se determinó en 2012 que el artículo 69 del Código Fiscal, antes de ser reformado, era constitucional. Esto permitió al SAT mantenerse en la reserva.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que los principales beneficiarios de la cancelación de 2007 fueron 298 deudores, entre ellos “dos cadenas de televisión” por mil 521 millones de pesos, “una compañía editorial” por 2 mil 675 millones de pesos y cuatro “equipos de futbol” que acumulaban 79 créditos por 2 mil 178 millones de pesos. En todos los casos los nombres no se dieron a conocer.
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) se sumó a las críticas por la distinción hecha por el Servicio para la aplicación del secreto fiscal.
“Vamos a llevar el caso a los jueces, para que sean ellos quienes determinen si la lectura que está haciendo el SAT es correcta. Desde Fundar creemos que no”, señala Sánchez de Tagle.
