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Corte analizará caso de indígena presa por aborto
Según estadísticas del INEGI, entre 2009 y 2012, en México fueron procesadas como presuntas responsables del delito de aborto al menos 120 mujeres, de las cuales 101 enfrentaron su juicio en prisión.
Por Paris Martínez
21 de enero, 2014
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Foto adriana

Adriana Manzanares Calletano.

Luego de dos años de espera, el día de mañana, 22 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará el caso de la indígena me’paa Adriana Manzanares Calletano, quien se encuentra presa desde hace siete años en Chilpancingo, Guerrero, por el delito de homicidio en grado de parentesco, luego de sufrir en su vivienda un parto prematuro, provocado por la muerte del feto que gestaba en su vientre.

El de Adriana, quien ingresó a prisión cuando tenía 20 años, es el primer caso de una mujer sentenciada por aborto o delitos conexos que, por las irregularidades que presenta, ha sido atraído por la Suprema Corte, y se espera, señaló Verónica Cruz, representante del Centro Las Libres –agrupación civil que promueve los derechos de las mujeres en todo el país y que asumió en 2010 la defensa de esta joven indígena– que el máximo tribunal mexicano determine su “libertad inmediata”, al haber sido víctima de un proceso viciado, tras el cual fue enviada a prisión sin que se presentaran pruebas en su contra.

Para acusar a Adriana, explicó Cruz, el Ministerio Público se basó en una prueba denominada docimasia pulmonar practicada al feto, luego de la cual las autoridades concluyeron que se trataba de un bebé que había nacido vivo y que, por lo tanto, había sido asesinado por su madre.

Sin embargo, destacó la activista, la docimasia pulmonar no es reconocida como una prueba válida para determinar si un bebé nació prematuramente de forma inducida o espontánea, sino únicamente para definir la densidad de los pulmones, por lo cual, no sirve como base científica para sustentar una acusación penal.

Adriana, además, no gozó de una adecuada defensa legal cuando, en 2006, fue presentada ante el MP junto con su pareja, debido a que no hablaba español, producto de lo cual, el padre del bebé en gestación sí pudo obtener su libertad, mientras que ella recibió una sentencia de 27 años de prisión, que en apelación posterior logró ser reducida hasta 22 años con seis meses.

Justicia tribal

Adriana tenía 20 años y dos hijos cuando su marido partió a Estados Unidos, dejándola a ella sola, en una comunidad enclavada en el municipio de Ayutla de los Libres.

Fue así que, tiempo después, esta joven encontró una nueva pareja sentimental y, en 2006, quedó embarazada, aunque, “por su condición de marginalidad y pobreza”, señala la activista Verónica Cruz, la joven nunca contó con asistencia médica para el cuidado de su embarazo, situación que, hacia el último trimestre de gestación, le provocó la muerte del producto y su posterior expulsión del organismo.

Todo esto sucedió, señala Cruz, cuando Adriana se encontraba únicamente acompañada de su pareja sentimental, ya que su familia, tal como el resto de la comunidad, habían abandonado al poblado para encontrarse en Ayutla con el Subcomandante Marcos, que en 2006 había iniciado la gira nacional conocida como La Otra Campaña.

“Cuando el papá de Adriana vuelve a su casa –explica Verónica Cruz–, se encuentra con que ya no está embarazada, y cuando ella le explica que acababa de sufrir un parto prematuro y que su bebé había nacido muerto, el papá mismo la denunció ante el comisariado ejidal y la condujo hasta la plaza del pueblo, en donde el resto de la comunidad ejerció justicia tribal”, apedréandola, insultándola y escupiéndola.

“Es importante señalar –abundó Verónica Cruz–, que al consultar a la comunidad cuál había sido la razón de que reaccionaran de esa forma en contra de Adriana, las mismas mujeres del poblado señalaron que su delito no había sido perder al bebé, sino haberle sido infiel al marido que estaba en Estados Unidos, y eso era algo, nos dijeron, que no se podía perdonar.”

Luego de haber sido humillada públicamente, el comisariado ejidal y la familia de Adriana entregaron a la joven al Ministerio Público, el cual fue el encargado de formular la acusación de homicidio en grado de parentesco.

Según estadísticas del INEGI, entre 2009 y 2012, en México fueron procesadas como presuntas responsables del delito de aborto al menos 120 mujeres, de las cuales 101 enfrentaron su juicio en prisión. De ellas, 87 obtuvieron sentencias condenatorias.

En el mismo periodo, al menos otros 31 hombres fueron acusados de los mismos delitos, 22 de los cuales enfrentaron juicio en prisión y, finalmente, 21 de ellos fueron hallados culpables.

Además, según registros oficiales recabados por el Centro Las Libres, entre 2007 y 2012, por el presunto delito de homicidio en grado de parentesco han sido acusadas al menos 157 mujeres, las cuales sufrieron abortos espontáneos o partos prematuros que derivaron en la muerte del producto.

De ellas, 124 recibieron penas carcelarias, una de las cuales es, precisamente, Adriana Manzanares Calletano.

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