Los 9 diagnósticos y recomendaciones que Amnistía Internacional hizo a México
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Los 9 diagnósticos y recomendaciones que Amnistía Internacional hizo a México

La organización defensora de derechos humanos insistió en que “han brillado por su ausencia los compromisos a favor en derechos humanos” y enlistó nueve temas prioritarios en los que el país debe trabajar
Por Tania L. Montalvo @tanlmont
18 de febrero, 2014
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Salil Shettty, secretario general de Amnistía Internacional para América Latina. //Foto: Cortesía Amnistía Internacional.

Salil Shettty, secretario general de Amnistía Internacional para América Latina. //Foto: Cortesía Amnistía Internacional.

Al concluir su primera visita por México, el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, dijo que si el tema de derechos humanos no se convierte en una prioridad para el presidente de la República será complicado atender la “situación crítica” en la que actualmente se encuentra el respeto a las garantías individuales en el país.

Durante su reunión del lunes con Enrique Peña Nieto, el secretario general entregó al presidente un memorándum en el que Amnistía Internacional enlista sus principales preocupaciones y recomendaciones en materia de derechos humanos.

Este es un resumen de los diagnósticos y recomendaciones que recibió el mandatario.

1 -Desapariciones, tortura y malos tratos

“La prometida base de datos, a escala nacional, de personas desaparecidas sigue sin operar. La Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República (PGR) aún debe publicar los resultados de sus actividades o demostrar que es capaz de intervenir efectivamente en favor de los familiares de las personas desaparecidas, quienes han solicitado su ayuda dada la omisión o complicidad de otras autoridades”, es el primer señalamiento de Amnistía Internacional sobre el tema de desaparecidos.

La organización indica que la nueva Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas aún debe explicar cómo mejorará la atención a las víctimas y cómo asegurará el respeto a sus derechos. También señaló que en el país “la tortura y los malos tratos abundan”.

Entre las recomendaciones que Shetty entregó sobre el tema están garantizar mecanismos federales y estatales rápidos y efectivos para la búsqueda de desaparecidos en los que se garantice coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno.

También se recomendó resguardar y analizar “rápidamente” la evidencia relevante, tomar medidas para asegurar que las familias de personas desaparecidas no pierdan acceso a servicios sociales, vivienda, salud, educación, mientras se da el proceso de búsqueda; que la base de datos de personas desaparecidas incluya información genética de los familiares, testimonios de testigos oculares y evidencia física; que los procesos de exhumación e identificación de cuerpos sean “confiables y oportunos”; y finalmente, que exista una base de datos de restos humanos sin identificar con información genética.

2 -Personas defensoras de derechos humanos y periodistas

Quienes están detrás de los ataques a la prensa y a defensores de derechos humanos “casi nunca son llevados ante la justicia”, además, las investigaciones son conducidas por autoridades estatales “con supuestos vínculos” a las msmas violaciones, lo que permite la tolerancia a los ataques.

Amnistía Internacional celebra que exista un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas pero alerta que éste no es efectivo, pues quienes lo solicitan, no reciben respuesta oportuna y efectiva.

“Está muy lejos de operar plenamente, pues carece de personal calificado, recursos y apoyo político de alto nivel necesarios para asegurar que las autoridades de todos los niveles implementen las medidas de protección (…) El gobierno federal no ha respondido convincentemente al clima de hostilidad que viven defensores y periodistas en varios estados.”.

La organización recomienda que haya un reconocimiento público al trabajo de los defensores y de los periodistas, dotar de apoyo político, financiero y de recursos humanos al mecanismo y garantizar que los responsables de las amenazas y ataques serán llevados ante la justicia.

3 -Seguridad pública y derechos humanos

En este punto surge el tema de las autodefensas y la situación de Michoacán. Amnistía Internacional dice que la entidad “ha sufrido años de violencia e inseguridad a manos de bandas criminales” pero también de la policía y de fuerzas de seguridad.

“Los grupos de autodefensa parecen ser una respuesta a esta negligencia y abuso, pero ellos mismos ahora ponen a prueba la voluntad del Estado para cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad y derechos humanos. El desafío para la presente administración es reconstruir el tejido social y forjar instituciones en las que pueda confiar la población y que no cometan violaciones de derechos humanos”, cita el memorándum que Shetty entregó a Peña Nieto.

La organización dice que el gobierno se debe asegurar de que policías, fuerzas de seguridad y también los grupos de autodefensa “respeten las normas internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza y la prohibición de otras violaciones de derechos humanos”.

4 -Migrantes irregulares en tránsito

Según datos de Amnistía Internacional, en 2013 en México se detuvo a 82,269 migrantes, de los cuáles 75,704 fueron deportados.

“Muchas personas migrantes continúan sufriendo abusos a manos de la policía y otras son víctimas de secuestros, trata, abuso sexual y homicidio por parte de las bandas criminales que a menudo operan en colusión con las autoridades locales. Las reformas en materia migratoria que han fortalecido algunos derechos de los migrantes, particularmente el derecho a la protección y el acceso a la justicia, no se han implementado adecuadamente”, acusa la organización defensora de derechos humanos.

Una de las principales denuncian es que los responsables de esos abusos no son llevados ante la justicia y que en el país el tema se trata desde un ángulo de seguridad nacional, en lugar de garantizar el respeto de los derechos de los migrantes.

Se recomienda “la provisión de un accionar policial efectivo” en las zonas en las que migrantes sufren más extorsiones y abusos, asegurar coordinación entre autoridades federales y estatales para perseguir a los criminales y funcionarios que abusan de migrantes; garantizar el debido proceso para las personas migrantes detenidas bajo cargos penales; atender las necesidades específicas de las mujeres y niños migrantes y revisar los estándares de las solicitudes de asilo.

5 -Reformas de derechos humanos

Amnistía Internacional reconoce el avance que implica la aprobación de la reforma en materia de derechos humanos de junio de 2011 y lo califica como “potencialmente el cambio más importante en el marco jurídico mexicano en décadas”. Sin embargo, considera que no se ha implementado en su totalidad y que no se ha enviado un mensaje claro de que se deben aplicar los estándares internacionales.

La recomendación es “establecer una agenda legislativa, en consulta con la sociedad civil, para incorporar plenamente la reforma”.

6 -Sistema de justicia penal

“Las detenciones arbitrarias, la fabricación de acusaciones penales y la violación del derecho al debido proceso y a un juicio justo siguen siendo rutinarias y muy pocas veces conocidas y reparadas”.

Amnistía Internacional hace énfasis en la preocupación por la figura del arraigo que “continúa favoreciendo los abusos y socava el control judicial”, además de que se han ignorado las recomendaciones para abolirla.

Se sugiere que el Código Único de Procedimientos Penales evite que las declaraciones obtenidas bajo tortura sean admitidas y que los funcionarios públicos implicados en violaciones a derechos humanos vivan en la impunidad.

“Actos de tortura y malos tratos deben ser procesados como tales y no como delitos menores como “abuso de autoridad; que todo funcionario o funcionaria que omita registrar evidencia de tortura o malos tratos sea llamada a rendir cuentas; garantizar que cualquier persona que reporte el uso de tortura y malos tratos tenga acceso inmediato a revisión”.

7 -Justicia militar

Amnistía Internacional señala que los integrantes del ejército y la marina continúan implicados “en graves violaciones de derechos humanos como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas”. La recomendación —como lo ha sido en otras ocasiones— es reformar el Código de Justicia Militar para que éstas violaciones se investiguen, persigan y se sometan a juicio en el sistema de justicia civil.

8 -Derechos humanos de las mujeres

“La igualdad de género es una meta aún lejana”, según Amnistía Internacional, pues todavía existe violencia y discriminación que atentan contra los derechos humanos de mujeres y niñas y comprometen “severamente” su salud, derechos sexuales y reproductivos.

La violencia de género todavía es común en el país y la impunidad por esos actos, el abuso sexual y el feminicidio son actividades generalizadas. La organización califica como ineficaces las leyes federales y locales aprobadas en 2007 para mejorar los procesos de investigación y prevención de la violencia contra las mujeres.

“Las autoridades del Poder Ejecutivo de la federación y de los estados han bloqueado de manera consistente los esfuerzos de las organizaciones de derechos humanos para declarar la alerta de género, un mecanismo que se ha establecido en la legislación para asegurar la intervención y coordinación a nivel federal con el fin de tomar medidas que aborden la generalización de la violencia de género en regiones específicas”.

Finalmente, se alerta por las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos producto de las legislaciones que reconocen el derecho a la vida desde la concepción, por lo que se recomienda rechazar estas medidas y poner fin a la criminalización del aborto.

9 -Derechos de los Pueblos Indígenas

Las comunidades indígenas siguen siendo víctimas de discriminación, tienen acceso limitado a la justicia, salud, educación vivienda y a la tierra. Amnistía Internacional alerta por el aumento de los proyectos de infraestructura que impactan directamente a las tierras de los pueblos indígenas y sugiere que además de que se debe proporcionar información sobre éstos a los afectados, es necesario realizar consultas transparentes para obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades.

En cuestión de derechos humanos, Peña Nieto tiene “muchas cosas que salvar”

ai

Amnistía Internacional México.

En el último día de la visita a México de una delegación de alto nivel de Amnistía Internacional, el secretario general, Salil Shetty, dijo que si bien no tiene una opinión de la revista Time con el presidente Enrique Peña Nieto en portada, sí puede decir que si se trata de salvar al país, en cuestión de derechos humanos todavía “hay que salvar muchas cosas”. 

En conferencia de prensa, en la que presentó este martes el memorándum con el diagnóstico y recomendaciones en materia de derechos humanos que entregó el lunes a Peña, el secretario general de AI dijo que es hora de que el presidente se mueva de declaraciones y a acciones y resultados.

“No tengo una opinión sobre la portada (de  Time) pero sí de lo que el gobierno necesita hacer y no ha hecho. El presidente tiene que entender -y así se lo hice saber- que en relación a derechos humanos en México hay que salvar muchas cosas todavía. (…) Si el presidente Peña Nieto está hablando de salvar a México entonces tiene que dar resultados muy tangibles respecto a esto”, dijo Shetty.

Entre los pendientes que el secretario general de Amnistía Internacional enlistó, están la tortura y malos tratos, el uso rutinario de detenciones arbitrarias y un sistema de seguridad pública que no garantiza ni protege los derechos humanos.

Según Shetty, salvar a México implica atender las violaciones de las que actualmente son víctimas mujeres, indígenas, migrantes, periodistas y defensores de derechos humanos.

La semana pasada la revista Time publicó en su portada la imagen del presidente Peña Nieto acompañada de un reportaje titulado “Salvando a México”, en el que se destaca como con las reformas políticas y económicas el mandatario busca dejar atrás la imagen de un país violento.

Shetty también dijo que el país también requiere una policía capacitada para proteger a la población y respetar los derechos humamos, lo que actualmente es tun pendiente.

En ese sentido, reiteró que los grupos de autodefensa son un reto para el país.

“Cuando el gobierno no puede detener las violaciones a los derechos humanos que cometen los militares o los policías que están bajo el control del gobierno, ¿cómo va a controlar las violaciones cometidas por grupos que no están bajo el control del gobierno?”.

El secretario general dijo que por eso el gobierno tiene frente a sí un gran reto con estos grupos y Amnistía Internacional estará vigilante ante ello.

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Julian Assange: justicia británica abre la puerta a la extradición del fundador de Wikileaks a EU

Estados Unidos ganó este viernes un recurso ante el Tribunal de Apelación de Londres contra un fallo del pasado enero que había denegado la extradición por riesgo de suicidio.
10 de diciembre, 2021
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La extradición de Julian Assange a Estados Unidos está cada vez más cerca.

Este viernes el gobierno estadounidense ganó un recurso presentado ante el Tribunal de Apelación de Londres contra un fallo del pasado enero que había denegado la extradición del fundador de Wikileaks a ese país por riesgo de suicidio.

“El tribunal admite el recurso”, anunció el juez Timothy Holroyde ante una sala abarrotada, después de concluir que el gobierno estadounidense ha ofrecido suficientes garantías de que Assange recibirá el trato adecuado para proteger su salud mental.

EE.UU. acusa a Assange de 18 cargos, incluyendo el hackeo de las bases de datos del ejército estadounidense para adquirir información sensible secreta relacionada con las guerras en Afganistán e Irak que luego publicó en el sitio web de Wikileaks.

El australiano sostiene que la información puso al descubierto abusos perpetrados por las fuerzas armadas estadounidenses.

De ser condenado en EE.UU., Assange enfrentaría una pena de cárcel de 175 años, sostienen sus abogados.

Sin embargo, el gobierno estadounidense ha dicho que la sentencia más probablemente sería de entre cuatro y seis años.


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