Migrante en huelga de hambre en Arizona vive 'deportación exprés'
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Migrante en huelga de hambre en Arizona vive 'deportación exprés'

Tras pasar un año y tres meses en un centro de detención de Phoenix, Jaime Valdez fue deportado cuando cumplía, junto a su padre y otros cinco activistas, el noveno día en huelga de hambre como protesta por las deportaciones masivas. La ONG 'Not1More' recuerda a las autoridades migratorias de EU que "es ilegal el uso de la deportación como castigo".
Por Manu Ureste
27 de febrero, 2014
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José Valdez, en una imagen de la huelga de hambre que inició, junto a otros 5 activistas, en Phoenix, Arizona, para protestar por las deportaciones. //Foto: Puente Movement

José Valdez, en una imagen de la huelga de hambre que inició, junto a otros 5 activistas, en Phoenix, Arizona, para protestar por las deportaciones. //Foto: Puente Movement

”No es justo… no es justo”. Al otro lado de la llamada Jose Valdez respira profundo, y a pesar de los nueve días que lleva en huelga de hambre confirma con voz firme que su hijo Jaime fue deportado la noche del 25 de febrero, mientras una treintena de policías intentaba, casi de manera simultánea, desalojar el campamento que él y otros cinco activistas mantienen frente a las oficinas de migración, en Phoenix, para exigir que se detengan las deportaciones masivas.

“Parece extraño que, después de un año y tres meses en el Centro de Detención Eloy, deporten a mi hijo justo ahora que estamos en huelga de hambre -dice en entrevista con Animal Político el mexicano, originario de Michoacán-. Tengo muchas preguntas sin respuesta, pero estas son las leyes, y esta es la justicia que niega los derechos humanos a una persona. Porque estamos hablando de humanidad, no de nacionalidades“.

Por su parte, la organización civil Not1More, la cual colabora con la huelga de hambre pidiendo a los ciudadanos que llamen, o manden correos electrónicos, a las autoridades de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para exigir que liberen a los migrantes que están presos por no tener la documentación en regla, denuncia que Jaime Valdez “ha sido blanco de ataques como el cabecilla de los huelguistas de hambre”.

Asimismo, la ONG recordó que tanto Jaime como Elder Gómez, Margarita Gallego y J Cruz López, todos familiares de los seis activistas que desde el 17 de febrero están en huelga de hambre, fueron puestos en celdas de aislamiento, conocidas como ‘el hoyo’, para que desistan del ayuno. Y que, incluso, Elder Gómez va a ser alimentado a la fuerza, por orden de un juez.

“Es ilegal el uso de la deportación como castigo por ejercer los derechos civiles. Se debe permitir a Jaime continuar con sus apelaciones para no ser deportado, y que las autoridades analicen su caso”, reclama Not1More en la carta que dirige a Carlos Muñoz Acevedo, del departamento de derechos civiles de ICE. 

“No puede ser que nos traten como criminales por no tener un número. Somos gente trabajadora y tenemos derechos”

Esta es la segunda vez que Jose y su familia pasan por el calvario de una deportación. Hace cinco años, explica el activista, su segundo hijo también fue expulsado de Estados Unidos, y murió a los seis meses de llegar a México víctima de un asesinato en su estado natal, Michoacán.

Por este motivo, y como última alternativa luego de acudir a tres abogados que le cobraron grandes sumas de dinero y que “no hicieron nada” para liberar a su hijo, Jose decidió ponerse en huelga de hambre hasta el próximo 3 de marzo. Protesta que, vuelve a afirmar con determinación, mantendrá hasta las últimas consecuencias, a pesar de que Jaime ya fue deportado.

“Ya no siento la huelga de hambre en mi cuerpo. Estoy devastado por mi hijo, más dolor no puedo sentir -admite el activista-. Pero vamos a seguir luchando para que no hayan más deportaciones. No puede ser que nos traten como criminales por no tener un número en un documento. Somos gente trabajadora, respetuosa, que no molestamos a nadie, y que además tenemos derechos”.  

Cuestionado sobre si ya ha tenido comunicación con su hijo, Jose señala que Jaime ya se encuentra en Nogales, en el estado de Sonora, donde unos familiares lo han recibido para darle apoyo.

“Parece que se encuentra bien, que trata de controlar la situación… Pero no lo creo. Conozco a mi hijo, es fuerte cuando habla con sus padres, pero cuando está solo… sufre mucho”, lamenta el mexicano.

Video: Puente Movement

 

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5 cambios que propone hacer el gobierno de Chile al proyecto de Constitución

Tras intensas negociaciones, los partidos que forman parte de la coalición gobernante llegaron a un acuerdo en el que se comprometen a hacer modificaciones a la propuesta de nueva Carta Magna, si los chilenos votan a favor de un nuevo texto constitucional.
11 de agosto, 2022
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Cuando faltan pocas semanas para el plebiscito del 4 de septiembre en el que los chilenos decidirán si reemplazan o mantienen la Constitución del país, los partidos políticos oficialistas firmaron este jueves un acuerdo en el que se comprometen a introducir cambios a la nueva Carta Magna si gana la opción “apruebo”.

El acuerdo entre los partidos que forman parte de la coalición política que respalda al presidente Gabriel Boric se produce en medio de las divisiones que han generado algunos puntos del texto elaborado por una Convención Constitucional que fue elegida por voto popular tras el estallido social de fines de 2019.

Si los chilenos aprueban la nueva Constitución, ésta reemplazaría inmediatamente a la Carta Magna creada durante el gobierno de Augusto Pinochet.

El oficialismo se comprometió este jueves a modificar el texto en aquellos aspectos más controvertidos si se impone la opción de aprobar la nueva Carta Magna, que sustituiría a la que ha regido el país por más de cuatro décadas.

Según los firmantes, el objetivo del compromiso firmado es “mejorar” el texto que será sometido a votación.

Las modificaciones buscan “contribuir a que las chilenas y chilenos (…) tengan certezas acerca de las mejoras y aclaraciones del texto propuesto y del proceso de implementación del mismo”, dijeron los representantes del oficialismo.

Estos son los principales cambios propuestos por los partidos de gobierno:

1- Plurinacionalidad

El oficialismo propone que el mecanismo de consulta indígena se aplique “sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas” y que el consentimiento previo de las comunidades, establecido en la propuesta de Constitución, “no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales”.

Sobre las autonomías territoriales, el acuerdo contempla que seguirán “los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas”, para lo cual se establecerá “expresamente” que sus atribuciones deben ser “coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile“.

EL presidente de Chile sostiene el borrador de nueva Constitución

Getty Images
El presidente Gabriel Boric ha promovido que los chilenos aprueben la propuesta de nueva Constitución.

Finalmente, en cuanto a los sistemas de justicia indígena, el oficialismo reafirmó la “igualdad ante la ley como principio rector”

Además, propusieron que “la justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales”.

2- Derechos sociales

Sobre pensiones, el oficialismo se comprometió a que la implementación “del derecho a una pensión digna será en base a un un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad”.

También el documento especificó que la propiedad de las viviendas está “absolutamente asegurada”.

“Se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia”.

Una mujer sostiene un ejemplar del proyecto de nueva Constitución

Reuters

Por otro lado, el oficialismo abordó el Sistema Nacional de Salud, señalando que “permitirá a distintos gobiernos, de diversas tendencias políticas, innovar en nuevas soluciones y no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores” de los servicios.

“La ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales y centros médicos privados”.

El acuerdo también contempla la educación como un derecho, planteando que “se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada, siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro del Sistema Nacional de Educación”.

3- Seguridad

Los partidos que respaldan el gobierno de Gabriel Boric abordaron los cuestionamientos referentes a los “Estados de Excepción”.

Proponen “establecer en la Constitución el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley, en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho”.

4- Sistema Político

En este tema, el oficialismo se comprometió a analizar el nuevo sistema político que propone el texto de la Convención “para lograr el mejor equilibrio entre el poder legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales”.

Puntualmente acordaron que “la reelección presidencial no proceda consecutivamente”.

En cuanto al gasto fiscal, los partidos anunciaron que consideran necesario “eliminar la atribución de presentar mociones parlamentarias” que causen perjuicios directamente a los gastos del Estado.

Además, plantearon que “la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales fijadas por ley deberán ajustarse al máximo anual que a este efecto fije la Ley de Presupuestos, con expresa regla de responsabilidad fiscal”.

5- Poder Judicial

Finalmente, los partidos del gobierno abordaron la independencia del poder judicial, para lo cual proponen “reemplazar, en la Constitución, la denominación ‘Sistemas de Justicia’ por la de ‘Poder Judicial”.

Y argumentaron la necesidad de revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces.

Adicionalmente señalaron que “conviene hacer explícito que la calificación de los jueces por ese Consejo no considerará el contenido de sus fallos”.

¿Cuál es el origen del cambio constitucional?

Casi tres años después del estallido social de 2019, Chile realizará este 4 de septiembre la última de las tres votaciones de su proceso de cambio constitucional.

Tras aprobar redactar una nueva Constitución (en 2020) y elegir la Convención que la escribió (en 2021), el país decidirá finalmente si aprobar o rechazar el texto.

La Convención comenzó su trabajo el 4 de julio de 2021, bajo el gobierno de Sebastián Piñera.

Si gana la opción “apruebo”, la nueva Carta Magna empezará a regir a medida que se creen los nuevos órganos que contempla, como por ejemplo una Agencia Nacional de Aguas o la Cámara de las Regiones, que reemplazará al Senado.

Si gana el “rechazo”, la Constitución de 1980 seguirá vigente, en contraste con la abrumadora mayoría (casi 80%) que votó por su reemplazo.


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