Nicolás Aguilar, el sacerdote clave para acusar al Vaticano de crímenes de Estado
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync

Nicolás Aguilar, el sacerdote clave para acusar al Vaticano de crímenes de Estado

El sacerdote nunca fue a la cárcel pese a que víctimas y organizaciones civiles lo identifican como uno de los clérigos que más violaciones ha cometido bajo la protección de la Iglesia Católica en México.
Por Tania L. Montalvo
17 de febrero, 2014
Comparte
Acusan a la iglesia mexicana de encubrir casos de abuso. //Foto: Manu Ureste (@ManuVpC)

Acusan a la iglesia mexicana de encubrir casos de abuso. //Foto: Manu Ureste (@ManuVpC)

La cifra que organizaciones civiles llevaron ante el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas y que en abril próximo presentarán ante el Comité de Tortura es de por lo menos 120 menores abusados por el sacerdote Nicolás Aguilar, a quien señalan como uno de los clérigos mexicanos que más violaciones ha cometido y que no ha sido juzgado gracias a la protección de la jerarquía de la Iglesia Católica en México, encabezada por Norberto Rivera.

El caso de Nicolás Aguilar es clave en el reporte de pederastia clerical que mexicanos han presentado ante las Naciones Unidas y también la base del juicio que plantean llevar ante tribunales internacionales pues los denunciantes consideran que es una muestra clara de cómo actúan las autoridades eclesiásticas a nivel local y en la Santa Sede para proteger la imagen de la institución y de sus ministros a costa de las víctimas.

“La forma en la que se buscó a las autoridades de la iglesia católica en México primero y después en el Vaticano nos dio muestra de cómo iba a ser una barrera intraspasable y que no había intenciones de proteger a los que somos víctimas ni de denunciar el delito para que fuera perseguido. Pero la conducta con este caso —el de Nicolás Aguilar— es la que se repite en todos, es la muestra de cómo actúan en cada caso”, dijo Joaquín Aguilar, víctima del sacerdote y representante en México de la Red de Supervivientes de Abusos por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés).

El caso que han documentado sobre este sacerdote que se ordenó en la década de 1970 en la diócesis de Tehuacán, Puebla, tiene otro protagonista: Norberto Rivera Carrera, actual arzobispo primado de México, a quien acusan de ser “su principal protector” tras darse a conocer los abusos que Nicolás Aguilar realizó tanto en México como en Estados Unidos.

“Siempre ha gozado de total protección”

Los mexicanos que firmaron el informe Pederastia Clerical de mexicanos en México y en otros países. 1944-2013 dan cuenta de que los crímenes cometidos por Nicolás Aguilar han quedado impunes porque “en México, el pederasta ha gozado siempre de total protección y encubrimiento de la iglesia, de su propio obispo, Norberto Rivera, cuando era párroco en la diócesis de Tehuacán y posteriormente del arzobispo de Puebla, Rosendo Huesca Pacheco y finalmente del arzobispo primado, Norbero Rivera, cuando (Aguilar) regresó a la Ciudad de México”.

Según el registro que llevan organizaciones civiles como Católicas por el Derecho a Decidir de las acciones de Nicolás Aguilar, en 1987 —once años después de que se convirtió en párroco de la Parroquia de San Sebastián en Cuacnopalan, Puebla— fue la primera vez que se habló de posibles violaciones a cargo del sacerdote, cuando fue encontrado rodeado en un charco de sangre luego de ser golpeado por jóvenes con los que se presume sostenía relaciones sexuales.

En ese mismo año, el sacerdote fue enviado a la Arquidiócesis de Los Ángeles tras una orden del obispo de Tehuacán, en ese entonces Norberto Rivera Carrera.

Los informes judiciales señalan que en  esa ciudad estadounidense hay al menos 26 denuncias de niños que fueron víctimas de Aguilar. La primera de ellas se dio en diciembre de 1987, cuando dos monaguillos de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe reportaron los abusos, apenas tres meses más tarde un jurado lo acusó de violaciones contra diez niños, pero antes de que pudiera ser aprehendido, regresó a México.

En la Corte Superior de California en Los Ángeles, Aguilar sumó 26 denuncias de abusos cometidos durante los nueve meses que fue párroco en la región, en éstas también aparecen los cardenales Norberto Rivera y Roger Mahony —arzobispo de Los Ángeles— como cómplices por encubrir los delitos y avisar al sacerdote que podría ser aprehendido, por lo que huyó hacia México.

“Nicolás Aguilar regresa a México y continúa con sus abusos, pero ya podemos hablar que se hace bajo la jurisdicción del cardenal Rivera, quien nunca evitó que siguiera en contacto con niños, nunca protegió a nadie de los abusos”, relata Joaquín Aguilar.

Los casos ante la ONU

En la década de 1990, Nicolás Aguilar es restituido, primero enviado a la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en la Ciudad de México —en donde Norberto Rivera es cardenal— y después regresa a Tehuacán, Puebla, a la parroquia de San Nicolás Tolentino, en donde vuelve a estar en contacto con monaguillos y niños que se preparan para su primera comunión.

Aunque también denuncian los abusos cometidos en su primer paso por Puebla y luego en Los Ángeles, organizaciones civiles han preparado un archivo de abusos que van de 1997 a 2006 en contra de Nicolás Aguilar, en el que hacen énfasis de la impunidad en la que prevalece el caso.

De esa época, en contra del sacerdote existen al menos 60 testimonios de niños de entre cinco y trece años originarios de Sierra Negra, Puebla, una comunidad pobre de la región y en la que se inició un proceso legal.

El expediente de los niños de la Sierra Negra fue remitido el 8 de enero de 1998 al juzgado primero de lo penal de Tehuacán, Puebla, un mes después de que iniciara la averiguación previa.

Tras cuatro años de proceso legal, se sentenció a Aguilar a un año de prisión “por ataques al pudor”, pero nunca lo cumplió porque se mantuvo en libertad bajo fianza, finalmente en 2001 se le concedió un amparo.

Dos años después también fue declarado culpable de un abuso cometido en 1997, pero se mantuvo libre tras apelar la sentencia. El caso de estos 60 niños terminó en 2004 cuando un tribunal decidió que el crimen era demasiado viejo para ser castigado.

Para ese año, Nicolás Aguilar presidía misa en la Arquidiócesis de Puebla y en la Diócesis de Cuernavaca.

Las organizaciones civiles que buscan que los crímenes de Aguilar sean parte del juicio contra el Vaticano argumentan que estos procesos judiciales y denuncias infructuosas “muestran claramente la predisposición de las autoridades mexicanas y del Poder Judicial de proteger a los curas pederastas en lugar de a las víctimas”, por lo que buscarán instancias internacionales.

Como víctimas reclaman fin a la impunidad y encontrar justicia, para ellos el caso de Nicolás Aguilar no es archivo muerto, por eso es la base de su denuncia contra la Iglesia y la pederastia clerical y tampoco creen que es suficiente que en 2009 el sacerdote haya sido retirado de sus deberes religiosos por orden del Vaticano.

“Se remueve de su “estado clerical” por estar vinculado a acusaciones de abuso sexual, pero eso no es justicia para nadie, no es justicia para ninguna de sus víctimas”, dice Joaquín, uno de los firmantes de los reportes entregados a la ONU, que finalmente acusó al Vaticano de propiciar los abusos y no proteger a las víctimas.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

¿Por qué no se liberan las patentes de la vacuna COVID para que lleguen a todo el mundo?

Varios países están pidiendo que se suspendan los derechos de propiedad intelectual de las farmacéuticas para poder acelerar la producción de vacunas. Hasta ahora no han tenido éxito.
19 de marzo, 2021
Comparte

La historia parece repetirse: un abierto enfrentamiento entre quienes apoyan los derechos de propiedad intelectual en los medicamentos y los que piden acceso a fármacos más baratos para salvar vidas.

Ya ocurrió en 1998 cuando África se vio azotada por la epidemia de VIH y varios gobiernos del continente estaban pidiendo retirar las patentes de las farmacéuticas para poder obtener las medicinas que podían prevenir el Sida y evitar muertes.

Los países ricos, donde están basadas las farmacéuticas que producían esos fármacos, se negaron.

Y los costosos medicamentos antirretrovirales -que desde 1996 estaban disponibles en los países desarrollados- tardaron 10 años en llegar a los países de bajos ingresos a un precio accesible para todos.

Ahora con la pandemia de covid-19 está volviendo a ocurrir.

Varios países de bajos y medianos ingresos están pidiendo a la Organización Mundial de Comercio (OMC) -el organismo que rige los acuerdos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio-, que se establezca una exención de estos derechos para poder producir masivamente y de forma accesible las vacunas de covid-19.

Los países ricos, incluidos Reino Unido, Estados Unidos, Suiza y naciones europeas, se oponen a la propuesta, presentada por Sudáfrica e India y apoyada por decenas de países en desarrollo.

Argumentan que esas patentes son necesarias para incentivar la investigación y el desarrollo de medicamentos.

Sólo 10 países

Hasta ahora sólo unos cuantos países de altos ingresos parecen tener acceso a las inoculaciones.

La OMS dijo a principios de febrero que se han administrado unos 200 millones de vacunas contra covid-19. Pero el 75% de estas vacunas, señala la organización, se dieron en 10 países ricos.

Gavin Yamey, profesor de Salud Global y Política Pública de la Universidad de Duke, Estados Unidos, afirma que en unos 130 países, donde viven más de 2.500 millones de personas, no se ha recibido ni una sola vacuna.

“Ha sido sumamente deprimente ver cómo las naciones ricas han vaciado las estanterías. Se han arrebatado las vacunas básicamente diciendo ‘yo primero’ y ‘sólo yo’ y esto no solo es muy injusto, también es una actitud terrible de salud pública”, le dijo el experto a la BBC.

vacuna

Getty Images
En unos 130 países, donde viven más de 2.500 millones de personas, no se ha recibido ni una sola vacuna.

En efecto los expertos aseguran que para detener esta pandemia global se requiere de una respuesta global porque no se puede acabar con la crisis si sólo unos cuantos países tienen a su población vacunada de forma masiva.

Es por eso que se han presentado propuestas para que las farmacéuticas suspendan temporalmente las patentes de sus vacunas y compartan su conocimiento tecnológico para poder acabar con lo que los expertos llaman “apartheid de vacunas”.

¿Qué son las patentes?

Las patentes protegen la propiedad intelectual de un producto para que no pueda copiarse.

En la industria farmacéutica, cuando se descubre y desarrolla un medicamento, la empresa patenta su descubrimiento para que nadie más pueda fabricarlo.

Esto le permite controlar el precio y la producción, lo que a su vez puede generar precios elevados y medicamentos que son inaccesibles para los más pobres.

Una de las propuestas para acelerar la producción de vacunas, diseñada por la OMS, es el llamado C-TAP (Acceso Mancomunado a la Tecnología contra la covid-19).

Este es un mecanismo global para compartir de forma voluntaria conocimientos, datos y propiedad intelectual de tecnologías sanitarias para la lucha contra covid.

El C-Tap fue creado por la OMS en junio de 2020 y unos 40 países lo suscriben, pero como explica a BBC Mundo Raquel González, responsable de relaciones externas de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), el programa hasta ahora ha tenido muy pocas respuestas.

“Al día de hoy no se ha compartido ninguna tecnología. No se ha compartido nada. Es decir la cartera de productos en el C-Tap está a cero”, señala González.

“Fue una iniciativa que de manera indirecta permitiría un aumento de la fabricación, particularmente en los países en desarrollo, pero ha tenido nula respuesta por parte de la industria farmacéutica, que en este caso es la titular de las patentes”, agrega González.

La otra forma de hacer que las farmacéuticas compartan sus tecnologías es la que presentaron Sudáfrica e India a la Organización Mundial de Comercio para suspender los derechos de propiedad intelectual de las vacunas mientras dure la pandemia.

El objetivo, explica Raquel González, es facilitar la transferencia de tecnología y el conocimiento científico para que los países en desarrollo puedan aumentar la producción de vacunas y hacerlas accesibles a sus poblaciones.

“Lo que plantean India y Sudáfrica es que hay laboratorios farmacéuticos y hay fábricas de producción que se podrían poner en marcha si se compartiera el conocimiento . Si no se comparte el conocimiento ahora mismo las únicas compañías que pueden fabricar la vacuna son las que tienen la patente”, señala.

Un trabajador médico en Italia manipula dosis de AstraZeneca.

Reuters
Las patentes le permiten a las farmacéuticas controlar el precio y la producción de sus vacunas.

Pero los países de altos ingresos se oponen a la propuesta argumentando que la suspensión de patentes obstruirá la innovación científica al desalentar a los inversores privados a involucrarse en la industria.

Señalan que las regulaciones que existen actualmente, que permiten a los fabricantes de fármacos establecer acuerdos bilaterales con los productores de fármacos genéricos, son “suficientemente flexibles cuando se trata de enfrentar una emergencia de salud pública”.

“Creo que la PI (propiedad intelectual) es una parte fundamental de nuestra industria”, declaró en mayo Pascal Soriot, presidente ejecutivo de la empresa AstraZeneca, durante una conferencia de prensa para discutir la creación del C-Tap.

“Y si no proteges la PI, entonces esencialmente no hay ningún incentivo para nadie para innovar”, agregó.

Los críticos señalan, sin embargo, que las farmacéuticas han recibido miles de millones de fondos públicos, principalmente de Estados Unidos y Europa, para el desarrollo de las vacunas de covid, por lo cual deben compartir su tecnología.

Un informe publicado en febrero en la revista médica The Lancet muestra que los productores de vacunas recibieron unos US$10.000 millones de fondos públicos y de organizaciones sin ánimo de lucro para financiar sus vacunas.

Y la cifra, dice el informe, quizás es un subestimado ya que muchos datos sobre estos proyectos no son públicos.

Pero indica que las cinco mayores farmacéuticas recibieron cada una entre US$957 millones y US$2.100 millones.

Y a cambio de este financiamiento, dice el informe, los países de altos ingresos pudieron asegurar contratos para recibir dosis suficientes para vacunar a toda su población.

Sin embargo, la industria farmacéutica subraya que no son las patentes las que están provocando una escasez de vacunas en los países de medianos y bajos ingresos.

“Los derechos de PI no son el problema” señala Thomas Cueni, director de la Federación Internacional de Productores y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA) que representa a los principales productores de vacunas.

“Los cuellos de botella (en la producción de vacunas) son la capacidad, la escasez de materias primas, la escasez de ingredientes. Y tiene que ver con el conocimiento”, declaró durante una conferencia organizada hace unos días por la OMS sobre distribución de vacunas.

vacuna

EPA
Según la IFPMA las patentes no son el obstáculo para acelerar la producción de vacunas, sino la escasez de ingredientes y capacidad de producción.

Según la IFPMA “el aumento sin precedentes en la fabricación de vacunas, de cero a miles de millones de dosis en tiempo récord, ha conducido a una escasez que ha impactado todo la cadena de abastecimiento de vacunas”.

Barreras técnicas y legales

Los expertos señalan que, aún si se lograra, una suspensión temporal de patentes no sería suficiente para acelerar el acceso global a las vacunas.

“No creo que la suspensión de patentes sea la respuesta”, le dice a BBC Mundo Rory Horner, profesor del Instituto de Desarrollo Global de la Universidad de Manchester, Inglaterra, quien ha estado investigando la industria farmacéutica de India y África subsahariana.

“Las vacunas son productos mucho más complejos de fabricar que otras medicinas”, explica.

“En los 1980, antes de que se establecieran las protecciones de patentes, los laboratorios podían copiar un fármaco en el laboratorio y venderlo por una fracción del precio en India. Era un proceso relativamente simple”.

“Pero para producir una vacuna necesitas la cooperación de la compañía que la inventó y la información sobre los varios procesos y etapas involucrados en la fabricación del producto”, explica el experto.

Esto se aplica principalmente a la producción de las nuevas vacunas “complejas” de ARN-mensajero que están produciendo las empresas Pfizer y Moderna y que ya fueron aprobadas.

Para que los laboratorios de los países de medianos y bajos ingresos puedan producir las vacunas contra la covid necesitan conocimientos técnicos, que muchas veces se mantienen como secretos comerciales de las farmacéuticas, y se necesita acceso a información sobre seguridad que a menudo está protegida como datos confidenciales de la empresa dueña de la patente.

“Estamos hablando de barreras técnicas, además de las barreras legales,para poder aumentar la producción de vacunas de covid”, le dice el profesor Horner a BBC Mundo.

Pero quienes piden la exención de los derechos de propiedad intelectual afirman que en los países de medianos y bajos ingresos sí hay laboratorios y empresas capacitadas para producir estas vacunas.

“Efectivamente no todos los países tienen capacidad de producción, pero sí hay muchos países de rentas bajas o medias, como India o Pakistán, que sí podrían tener capacidad de producción”, señala Raquel González de MSF.

“Digamos que si tenemos la receta de cómo se hace una vacuna, lógicamente va a pasar un tiempo hasta que se hace una fábrica de producción y se consigue la materia prima. Si hay ahora mismo, por nombrar un número, 10 plantas de producción, si se comparte la tecnología y el conocimiento a lo mejor dentro de cinco meses podría haber 15 plantas de producción”, le dice a BBC Mundo.

Mujer siendo vacunada en India

EPA
AstraZeneca tiene un acuerdo bilateral con el Instituto Serum de India para que produzca su vacuna.

En efecto, la transferencia de tecnología tomará tiempo y tiempo es lo que no se tiene con la pandemia de covid-19.

¿Acuerdos bilaterales o Covax?

Algunos expertos creen que una solución es establecer más acuerdos bilaterales -como los que han hecho las empresas AstraZeneca y Novavax con el Instituto Serum de India, y Johnson & Johnson con Aspen Pharmacare en Sudáfrica- para producir sus vacunas y distribuirlas a países de medianos y bajos ingresos.

Pero el profesor Rory Horner cree que hace falta más que solo los acuerdos bilaterales para acelerar el acceso de las vacunas de covid-19.

“En términos de producción (estos acuerdos) ayudarían, pero también se trata de mejorar la adquisición, la compra y distribución de vacunas“, le dice el experto a BBC Mundo.

“El hecho de que las vacunas estén tan inequitativamente distribuidas no es el resultado de la capacidad de fabricación en el mundo, es resultado de cómo algunos países han podido comprar y tener acceso a esas vacunas primero”.

Horner cree que la solución está en Covax, el mecanismo creado por la OMS en 2020 para el acceso global a las vacunas y mejorar la distribución en los países de bajos ingresos.

Pero el proyecto se ha visto en dificultades porque aunque los países desarrollados han donado dinero para Covax también han comprado todas las dosis de vacunas y Covax no ha podido cumplir su objetivo de entregar vacunas a los países de bajos ingresos.

“Lo ideal será que Covax no sólo tenga el dinero de los países ricos sino también las dosis, los derechos y el acceso prioritario a esas dosis que los países ricos han acaparado”, señala el experto de la Universidad de Manchester.

“Covax es un programa extraordinario que ha tenido que evolucionar en un contexto muy difícil, así que si logra avanzar sería algo realmente beneficioso”, agrega.

Y el profesor Gavin Yamey de la Universidad de Duke está de acuerdo: “Esta es una pandemia global y necesitamos una respuesta globa que incluya vacunación en todo el planeta y Covax es un mecanismo esencial para lograrlo”.

“Pero tenemos que hacer mucho más para solucionar este apartheid de vacunas”, dice el experto.


Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=PdtPAfO8A2o

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.