Mientras centenares de periodistas en al menos 13 entidades del país se manifestaban, ayer, en contra de la violencia sistemática que se cierne contra los trabajadores de la prensa mexicana, en la ciudad de Orizaba, Veracruz, el reportero Felipe Madrigal era torturado dentro del cuartel de la policía municipal, su delito: cubrir, una noche antes, una manifestación de comerciantes.

Madrigal fue detenido el sábado 22 de febrero, alrededor de las 22:00 horas, en el centro de Orizaba, en donde un grupo de comerciantes protestaba por las agresiones recién sufridas a manos de inspectores de la presidencia municipal, quienes había despojado de sus productos a una indígena que, acompañada de su hija de 8 años, vendedora de globos en la vía pública.

Felipe Madrigal, tras su liberación. //Foto: Cortesía.

La protesta de los comerciantes fue rápidamente reprimida por agentes de la policía municipal, quienes (armados con bastones de pelea y ocultando sus rostros con máscaras negras) disolvieron a los manifestantes a golpes, operativo durante el cual fue detenido y conducido a instalaciones policiacas el reportero Felipe Madrigal, colaborador del portal Denuncie sin Miedo.

Tal como revelan imágenes difundidas por la prensa local, tras el operativo policiaco, la zona quedó bajo custodia de elementos militares.

Cerca de 17 horas después de ese operativo, siendo ya domingo 23 de febrero, Madrigal fue liberado por la policía de Orizaba, con lesiones en todo el cuerpo y la cabeza ensangrentada. Según el portal Denuncie sin Miedo, su colaborador no sólo fue golpeado por policías al momento de su captura, sino que, ya dentro de la Cárcel Municipal de Orizaba, Madrigal fue torturado y luego abandonado, desnudo, dentro de una celda “helada”, durante toda la noche.

“Felipe Madrigal Jiménez está delicado de salud y culpamos a Juan Manuel Díez Francos (alcalde priista de Orizaba, Veracruz) de lo que le pudiere ocurrir”, señala la página de Facebook de Denuncie sin Miedo.

La policía de Orizaba liberó a Madrigal, alrededor de las 14:30 horas, prácticamente al mismo tiempo que, en la Ciudad de México,una reportera veracruzana afirmaba, en nombre de todos los participantes en la protesta nacional Prensa, no disparen, que “Veracruz es uno de los lugares más peligrosos del mundo para el ejercicio de periodismo. Veracruz es sinónimo de muerte para los periodistas.”

 Prensa, no disparen

En la Ciudad de México fueron cerca de 500 personas las que se congregaron, ayer, al pie del Ángel de la Independencia, en el Distrito Federal, para protestar por la violencia contra periodistas y trabajadores de medios informativos, manifestación que fue replicada, al menos, en tres ciudades de Veracruz, así como en Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Baja California, Nuevo León, Chihuahua, Querétaro, Chiapas, Morelos, Tabasco, Yucatán, Oaxaca y Campeche.

En la protesta de los informadores –que contó con la solidaridad de académicos, estudiantes de periodismo, activistas y ciudadanos– se exigió al presidente Enrique Peña Nieto garantizar condiciones para el ejercicio de la libre expresión en México y que instrumente una estrategia especial para proteger la integridad física de los trabajadores de los medios de comunicación en todo el país, “empezando por Veracruz”.

Por otra parte, a la PGR se demandó ampliar las investigaciones sobre el asesinato del reportero veracruzano Gregorio Jiménez de la Cruz –caso que dio origen a la movilización nacional de periodistas–, y que sea un juez federal el que tome el expediente.

Al gobierno de Veracruz, además, se demandó garantizar la seguridad de los periodistas que, en ese estado, han protestado por el secuestro y asesinato de Gregorio Jiménez; que cese las “presiones” a los medios de comunicación, y que no emplee los convenios publicitarios “como elemento de censura ni para premiar coberturas favorables en la prensa estatal”, así como que establezca un fondo en beneficio de las familias de los periodistas asesinados en la entidad y que se otorgue a sus hijos becas estudiantiles completas, hasta el nivel superior.

Otra de las exigencias planteadas por los periodistas fue que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, “rindan cuentas de su desempeño” en materia de asistencia a informadores agredidos o en riesgo, ya que “han dispuesto de recursos millonarios, pero la vida de cientos de periodistas sigue amenazada”.

Al Senado de la República, además, se exigió que cite a comparecer al procurador General de la República, Jesús Murillo, y a su homólogo de Veracruz, Luis Ángel Bravo, “para que expliquen los avances en las investigaciones respecto a los asesinatos de periodistas en Veracruz”, que suman, al menos, una decena de 2010 a la fecha.

Los periodistas que respondieron a la convocatoria a la protesta nacional advirtieron: “Que lo entiendan de una vez todos aquellos que esperan nuestro silencio: no nos vamos a callar. Seguiremos siendo los ojos, los oídos, la conciencia crítica de este país ensangrentado. Con esa determinación daremos seguimiento puntual a nuestras demandas y denunciaremos a las autoridades que no sean capaces de llevar a cabo su encomienda.”

Y, por último, a la ciudadanía se reiteró: “Queremos justicia para nuestros muertos y desaparecidos. Queremos defender tu libertad de ser informado y nuestra libertad de informarte. Queremos un México democrático donde no haya impunidad. Queremos respeto. No queremos tener que volver a gritar ¡Prensa, No disparen!”

Epílogo: Sinaloa

Este mismo domingo, siendo las 20:03 horas, el periódico Noroeste, de Sinaloa, denunció que reporteros de su portal (noroeste.com) fueron amenazados telefónicamente, luego de que solicitaran información al gobierno municipal de Mazatlán, en torno a la presencia de policías locales en la escolta de Joaquín Guzmán Loaera, el líder del Cartel de Sinaloa, detenido este fin de semana.

“Luego de buscar telefónicamente a autoridades municipales, y sin haber subido aún información directa de la acusación (contra policías municipales de Mazatlán) en el portal de Noroeste.com, se recibieron las llamadas de amenaza en la redacción de este diario”, señaló la publicación, a través de su página web.

“En los últimos años –destacó la denuncia publicada–, Noroeste ha sido objeto de numerosas amenazas, robos, ataques e, incluso, en 2010 el edificio del periódico en Mazatlán fue rafagueado con armas de alto poder. De todos los ataques se han interpuesto denuncias ante las autoridades competentes. Todos continúan impunes y las autoridades no han ofrecido ninguna garantía.”