El miércoles pasado, la mayoría de los manifestantes ya se habían retirado de lo que hasta entonces era una movilización pacífica cuando individuos en motocicletas abrieron fuego contra el resto de la muchedumbre.
Dos estudiantes activistas y un simpatizante del gobierno murieron en los hechos de violencia. También se registraron decenas de heridos, pero esa cifra ha aumentado a los cientos, según las agencias de noticias.
Las movilizaciones forman parte de la más reciente serie de protestas masivas contra las políticas del presidente Nicolás Maduro. BBC Mundo le explica de qué se tratan.
¿Quiénes protestan?
Lo que empezó hace poco más de una semana como una manifestación estudiantil contra la inseguridad, en varios estados del país, ha desencadenado en una serie de movilizaciones a las que se han añadido varios grupos políticos y otros sectores de la sociedad con resultados violentos.
Inicialmente, estudiantes en el estado andino de Táchira, que exigían mayores medidas de seguridad, fueron arrestados por desorden público. Este hecho generó otras protestas en ese estado y en Mérida, que resultaron en disturbios y más arrestos.
Figuras de la oposición se unieron al clamor, instando a sus simpatizantes a salir a las calles en busca de un cambio de gobierno.
Entretanto, el movimiento estudiantil convocó, para el miércoles pasado, una marcha en apoyo a sus colegas arrestados en la cuál también participaron grupos opositores.
El gobierno, por su parte, organizó su propia marcha para celebrar el Día de la Juventud, una fecha patria venezolana que conmemora una batalla de la guerra de Independencia.
Hacia el final de la tarde se presentaron enfrentamientos violentos entre simpatizantes y opositores al gobierno, cuya naturaleza es objeto de disputa.
¿Por qué protestan?
Originalmente, como menciona nuestro corresponsal, contra la inseguridad.
Sin embargo, a eso hay que añadirle inflación, escasez, incertidumbre, mercado negro y apagones los que han generado tanto malestar entre algunos sectores. Eso sin mencionar a los opositores de derecha que buscan cambiar 15 años de políticas “chavistas”, iniciadas por el fallecido mandatario Hugo Chávez, y continuadas por su sucesor, Nicolás Maduro.
Venezuela tiene una de las tasas de homicidio más altas del mundo. Grupos ciudadanos denuncian la impunidad con la que la delincuencia opera y apuntan un dedo acusador a las milicias armadas.
Pero el país también sufre de la más alta inflación en la región que, en 2013, llegó al 56,2%.
Productos básicos como la leche, el azúcar, medicamentos, hasta papel higiénico con frecuencia no se encuentran en las tiendas.
Desde 2003, el gobierno de Chávez impuso un control cambiario a las monedas extranjeras en un intento para frenar la fuga de capitales y mantener los precios de la canasta básica. El dólar oficial está a 6,3 bolívares pero en el dólar negro vale diez veces más y es con base en ese mercado negro que los venezolanos calculan el costo de vida.
A eso se le suman los apagones de energía que ocurren con frecuencia. Dos en la capital, Caracas, en 2013, pero muchos más en otras regiones.
¿Qué dice el gobierno?
El presidente Nicolás Maduro condenó los incidentes de la manifestación del miércoles y los atribuyó a un levantamiento “nazifascista” que buscaba un golpe de Estado.
“No habrá golpe de Estado en Venezuela, tengan la seguridad absoluta, que lo sepa el mundo”, declaró.
Maduro exhortó a la paz pero resaltó que aquellos que participaron en la violencia no quedarían impunes, al tiempo que expresó su apoyo a las investigaciones que realizará la Fiscalía General para determinar los posibles responsables.
Un día después, según señalan medios locales, el gobierno emitió una orden de arresto contra el líder opositor Leopoldo López, a quien señala de encabezar las protestas del miércoles.
Está acusado de instigación a delinquir, intimidación pública, daños a la propiedad pública y hasta homicidio intencional calificado.
López, uno de los líderes opositores de mayor proyección, fue alcalde del municipio caraqueño de Chacao -uno de los focos de la oposición- pero, en 2008, fue inhabilitado de ejercer cargos públicos.
¿Cuál es la respuesta de los opositores?
Carlos Vecchio, uno de los dirigentes del partido de López dijo que la orden de arresto “forma parte de un plan para criminalizar la protesta”.
Activistas estudiantiles coincidieron con las declaraciones de Vecchio señalando que no se puede calificar el reclamo a los cambios de “golpista”.
“Siempre que se sale a protestar por un derecho, el gobierno sale con el discurso de que ‘sufrimos un golpe de Estado’ o que ‘se está fraguando una agenda oculta para desestabilizar'”, dijo la líder estudiantil Gabriela Arellano.
Arellano aseguró que si el gobierno no quiere ver más protestas, tiene que responder a las exigencias de los estudiantes.
No obstante, a pesar del llamado a más movilizaciones por parte de la dirigencia estudiantil y otros dirigentes de la oposición, después de los disturbios del miércoles, la respuesta ha sido limitada.
Es posible que se deba a una oposición fracturada.
Henrique Capriles, excandidato presidencial y, hasta ahora, principal figura opositora, se distanció de las iniciativas de Leopoldo López y condenó la violencia.
Capriles no considera que este sea el mejor momento para movilizaciones masivas contra el gobierno y ha criticado los llamados de un ala de la oposición para exigir la salida anticipada del Gobierno del poder.
El excandidato presidencial defiende la opción por un “camino más largo” que evite situaciones que conduzcan a la violencia.
“Esta lucha es una resistencia, pero esta resistencia no crece si nos planteamos salidas que no nos llevan a nada”, manifestó.
La postura menos beligerante de Capriles ha ocasionado una caída en su popularidad, mientras que López empieza a perfilarse como el nuevo rostro de la oposición.
En los medios sociales hay constantes elogios para las protestas y los que exhortan a estas, mientras reservan duras críticas contra Capriles, algunos, inclusive, catalogándolo de traidor.
¿Cuál es la situación de los detenidos, encarcelados y heridos?
Las cifras de detenidos, liberados, recluidos y heridos varía según quién los cuenta. Los números también cambian a medida que las fuentes añaden más información o se resuelven los casos individuales.
Lo que no está en disputa son las tres personas que murieron el miércoles, 12 de febrero: dos estudiantes activistas y un simpatizante del gobierno de los llamados colectivos.
En cuanto a los detenidos, las cifras oficiales indican que 99 personas han sido aprehendidas hasta el domingo 16 por su supuesta participación en hechos de violencia u otros delitos en Caracas y otros estados.
La mayoría de estas personas han sido puestas en libertad tras dictárseles medidas cautelares, según el sitio de la Fiscalía, y 13 personas han sido privadas de su libertad.
Para el 13 de febrero, tras el día de mayor violencia, las autoridades colocaban el número de heridos en 66. Pero las agencias de noticias informan que esa cifra ha ascendido a los cientos.
Por otra parte, el Foro Penal Venezolano -una ONG- actualiza el número de detenidos a 155, la mayoría en Caracas, donde seis están recluidos esperando la decisión de los tribunales.
También informan de seis personas bajo arresto domiciliario en Valencia y otros tantos con régimen de presentación y prohibición de participar en más manifestaciones.
Hablan de uno más detenido en la comandancia de Guarenas y cuatro personas en los calabozos en Barinas, de los que no se tiene más información.
La ONG también menciona a 22 heridos, 14 de ellos de bala, tan solo en el estado de Lara.
Una abogada del Foro Penal Venezolano denunció al noticiero colombiano NTN24 que algunos detenidos habían sido víctimas de torturas por parte de la policía.
Afirmó que se les administró descargas eléctricas, golpes y amenazados de ser quemados tras ser rociados con gasolina.
No habido confirmación independiente de esta versión, y el gobierno no ha respondido a estas denuncias.
El contexto de la protesta
De cualquier manera que se interpreten lo hechos de la última semana, Venezuela enfrenta difíciles retos y un largo camino hacia la estabilización.
En primer lugar, el país está tan polarizado políticamente que cualquier acción que tome el gobierno no tarda en encontrar una reacción contraria de igual fuerza. El fenómeno también se da a la inversa.
La situación no contribuye a atacar el principal problema más apremiante: el pobre estado de la economía. La oposición insiste en que la culpa la tiene el manejo que le ha dado el gobierno, mientras que desde el oficialismo se habla de una “guerra económica” impulsada por los enemigos de la Revolución Bolivariana.
La alta tasa de inflación y la escasez de productos básicos no se ha podido resolver.
La Asamblea Nacional otorgó poderes especiales al presidente Maduro para decretar varias leyes que buscan aumentar el control estatal de la economía.
Entre ellas está limitar las ganancias sobre la venta de los artículos y fijar precios justos al consumidor.
Pero los críticos aseguran que estas medidas solo profundizarán más las distorsiones de la economía, creando mayor escasez y un mercado negro descontrolado.
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