Senadores aprueban que la SCJN tenga “la última palabra” en la consulta popular
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Senadores aprueban que la SCJN tenga “la última palabra” en la consulta popular

Sólo en los temas que promuevan los ciudadanos. En los propuestos por los legisladores, serán los miembros de las Cámaras los que decidan.
27 de febrero, 2014
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Foto: Cuartoscuro.

Foto: Cuartoscuro.

El pleno del Senado de la República aprobó esta madrugada en lo general y particular el dictamen de la Ley Federal de Consulta Popular y devolvió el proyecto a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

En medio de una maratónica sesión que inició el mediodía del miércoles y terminó en las primeras horas de este jueves, se rechazaron las reservas presentadas por senadores de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional, Revolución Democrática y del Trabajo.

Con ello, avalaron los términos de 65 artículos y el régimen transitorio del dictamen en sus términos con las modificaciones que de manera previa se incluyeron a los artículos 5, 6, 12, 14, 15, 20, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 41, 64 y Sexto Transitorio.

Previo a la votación en lo particular, aprobaron en lo general con 103 votos a favor, 10 en contra y una abstención el dictamen para expedir la Ley Federal de Consulta Popular, la cual regulará el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de esta figura de participación ciudadana.

Por acuerdo de los presidentes de las comisiones dictaminadoras, el Pleno incluyó y avaló cambios a los artículos 5, 6, 12, 14, 15, 20, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 41, 64 y Sexto Transitorio del dictamen a la minuta que envió la Cámara de Diputados.

Entre las modificaciones destaca la que precisa que serán objeto de consulta popular los temas de trascendencia nacional, que repercutan en la mayor parte del territorio nacional e impacten de manera significativa en la población.

Además, los senadores realizaron cambios a la minuta a fin de permitir que los ciudadanos puedan respaldar más de una consulta popular.

Sin embargo, aclararon que “no procederá el trámite de las consultas que sean respaldadas por los mismos ciudadanos cuando estos rebasen 20% de las firmas de apoyo”, por lo que “en este caso sólo procederá la primera solicitud”.

Los ciudadanos que participen en una consulta popular deberán presentar como requisito “el nombre, la firma”, la clave de elector y el número identificador al reverso de la credencial para votar, derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de dicha identificación con fotografía vigente, precisaron.

Si las firmas que corresponden a ciudadanos que ya hubiesen respaldado otra consulta en el mismo proceso y excedan 20% del total de rubricas requeridas, sólo se contabilizará la primera firma que haya sido recibida en el instituto.

También se instruyó al Instituto Federal Electoral para que promueva la difusión y discusión informada de las consultas que hayan sido convocadas por el Congreso de la Unión, a través de los tiempos de radio y televisión que correspondan al propio Instituto.

Asimismo, el Instituto ordenará la cancelación de cualquier propaganda e iniciará el proceso de sanción que corresponda.

El pleno senatorial acordó que cuando el resultado de una consulta sea vinculatorio, tendrá efectos durante los tres años siguientes contados a partir de la declaratoria de validez.

El nuevo ordenamiento también contempla que la trascendencia nacional de los temas sea calificada por la mayoría de los legisladores presentes en cada Cámara, con excepción de la que promueva los ciudadanos, en cuyo caso lo resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Además, sugiere que su resultado sea vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como para las autoridades competentes, cuando la participación total corresponda a por lo menos 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

De acuerdo con el proyecto, no podrán ser objeto de esta figura la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, los principios consagrados en el artículo 40 de la Carta Magna y la materia electoral.

Además de los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada.

Menciona que podrán solicitar una consulta popular el Presidente de la República, el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso y los ciudadanos en un número equivalente a por lo menos 2% de los inscritos en la lista nominal de electores.

En el dictamen también se indica que la SCJN tendrá el encargo de velar por la constitucionalidad de la materia de consulta popular.

La petición para realizar una consulta popular podrá presentarse ante las cámaras del Congreso, según corresponda, a partir del 1 de septiembre del segundo año del ejercicio de cada legislatura y hasta el 15 de septiembre del año previo al que se realice la jornada electoral federal.

Al presentar el proyecto, la senadora María Cristina Díaz Salazar consideró que la consulta popular “no debe ser entendida como un mecanismo que sustituye a las instancias de representación popular en los procesos de decisión colectiva, sino como una figura complementaria de la democracia representativa”.

Ello, dijo, porque a partir de esta figura “habrá una expresión legal que indicará al Congreso de la Unión el sentir de la población o de la sociedad en temas específicos que puedan generar polémica”.

Advirtió que el “uso excesivo” y una “regulación inadecuada” de mecanismo como este, “pueden terminar por erosionar las instituciones representativas y dar pie a lo que en el ámbito de la teoría política se conoce como democracia plebiscitaria, que en realidad sólo en apariencia es una democracia, pues ahí se anidan graves pulsiones autoritarias”.

A su vez, el senador Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, aseveró que esta ley “tiene visos de inconstitucionalidad”, ya que viola tratados internacionales suscritos por el gobierno mexicano.

Por ello, anunció que su grupo parlamentario presentará una controversia ante la SCJN sobre la inconstitucionalidad de esta ley, o en su oportunidad.

“Acudiremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para garantizar que la mayoría que gobierna hoy este país cumpla con las disposiciones internacionales suscritas y que tienen rango de ley máxima de acuerdo a lo dispuesto por nuestra Constitución”, expresó el dirigente perredista.

Al fijar la postura del grupo parlamentario del PRI, el senador Gerardo Sánchez García manifestó que no se debe caer en la “tentación” de hacer de la democracia directa o participativa un “exceso” o una “actitud coyuntural” que no contemple una regulación adecuada.

“La democracia participativa, dijo, debe ser un elemento complementario del sistema político nacional que influya positivamente en las condiciones materiales de existencia de todos los mexicanos”.

En tanto, Héctor Larios Córdova, senador por el Partido Acción Nacional (PAN), dijo que “los temas de trascendencia nacional incluyen las reformas constitucionales, las que ya se hicieron y las que están por hacerse” y que corresponderá a la SCJN, en cada consulta específica, determinar la constitucionalidad de la pregunta.

Para el senador del Partido del Trabajo (PT), Manuel Bartlett Díaz, la reforma es una “farsa”, ya que se cerrarán los cauces a la defensa de los intereses del país para que la imposición siga “dañando los intereses populares e impulsando que la pobreza se siga profundizando cada vez más”.

Manifestó que el gobierno en turno no permitirá abrir la consulta popular, porque la reforma energética se habría “caído con una claridad absoluta” y “entonces era una ingenuidad pensar que iban a poder buscar el camino democrático”.

En el debate en lo general, el senador priista David Penchyna Grub dijo que la Suprema Corte será quien tenga la última palabra sobre si una convocatoria a la consulta popular tiene una base constitucional o no.

Notimex.

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Ayotzinapa: dónde están las figuras clave en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes

Ocho años después de la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, los mexicanos siguen exigiendo respuestas.
26 de septiembre, 2022
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La desaparición de 43 estudiantes en México el 26 de septiembre de 2014 sacudió a la sociedad mexicana, expuso la gravedad de la corrupción gubernamental y mostró la espiral de violencia que ya había dejado miles de muertos.

Ocho años después, aún se desconoce qué sucedió realmente ese día.

Aproximadamente a media hora en automóvil desde la pequeña ciudad de Cocula, se dijo que un basurero fétido en las colinas era el lugar donde habían sido enterrados los 43 estudiantes que desaparecieron mientras viajaban juntos a una protesta.

Fue allí, en medio de montones de desechos cotidianos donde, según las autoridades mexicanas, miembros del grupo criminal Guerreros Unidos mataron y quemaron a los estudiantes, todos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, después de haber sido secuestrados por agentes de policía corruptos, en la ciudad cercana de Iguala, y entregados al grupo criminal.

Pero en 2016 investigadores independientes refutaron la teoría del gobierno de que los estudiantes fueron asesinados y quemados en el basurero, una de las falsedades más relevantes en un caso que ha puesto al descubierto la doble batalla de México contra la corrupción profundamente arraigada y la violencia desenfrenada.

Ocho años después, solo se han identificado los restos de tres estudiantes.

Ahora, después de años de intenso escrutinio público y críticas, una Comisión de la Verdad creada por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha reformulado el hecho como un “crimen de Estado” y un encubrimiento que involucra a decenas de miembros de grupos criminales, militares, policías locales, estatales y federales, en un hecho que tocó hasta los niveles más altos del gobierno de México.

El público continúa protestando por los fracasos de dos gobiernos sucesivos para descubrir la verdad de lo que sucedió.

En el octavo aniversario del caso, algunos de los actores clave han sido detenidos, otros han desaparecido y aún se sigue buscando respuesta sobre lo que ocurrió con otros.

Jesús Murillo Karam, exprocurador general

El viernes 19 de agosto, el exprocurador general de México, Jesús Murillo Karam, fue arrestado en relación con el caso.

Como procurador general del gobierno de Enrique Peña Nieto, abrió la investigación original sobre la desaparición de los estudiantes.

Jesús Murillo Karam

Getty Images
Jesús Murillo Karam era el procurador general de México cuando desaparecieron los estudiantes.

Fue acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en relación con los estudiantes desaparecidos.

El sucesor de Peña Nieto, López Obrador, dijo que el papel de Murillo Karam en los arrestos falsos después de las desapariciones fue una “prueba” de que supervisó un gran encubrimiento destinado a proteger al gobierno federal de la responsabilidad.

En declaraciones ante un juez el 24 de agosto, Murillo Karam señaló que, si bien estaba dispuesto a aceptar algunos errores de investigación, nadie había podido ofrecer de manera convincente otra versión de lo que les sucedió a los estudiantes.

Ahora está procesado. Si bien no se ha anunciado una fecha para un posible juicio, un juez dictaminó que permanecerá en prisión preventiva hasta entonces.

Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal

El exdirector de la ahora desaparecida Agencia de Investigación Criminal de México, Tomás Zerón, fue acusado por el gobierno de López Obrador de torturar a testigos en el caso, incluido un miembro de Guerreros Unidos, para ayudar a respaldar la versión del caso del gobierno.

También es buscado por presunta manipulación de pruebas. Zerón negó los cargos, que ha descrito como motivados políticamente.

Tomas Zeron

Getty Images
Se cree que Tomás Zerón está en Israel.

Según los informes, en 2019 Zerón huyó a Canadá y en julio de 2021 funcionarios israelíes y mexicanos dijeron que Zerón huyó a Israel y solicitó asilo.

Desde entonces, México solicitó su extradición que, según el canciller Marcelo Ebrard, era de “máxima prioridad” para el gobierno de López Obrador. Las autoridades israelíes hasta ahora no han concedido la solicitud.

Según el último informe del gobierno mexicano, funcionarios se reunieron con Zerón en Tel Aviv en febrero para discutir la posibilidad de que regrese a México para responder a los cargos en su contra. Él permanece en Israel.

José Luis Abarca, exalcalde de Iguala

El alcalde de Iguala en 2014, José Luis Abarca, huyó del pueblo junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda, a los pocos días del crimen. Fueron arrestados en la Ciudad de México más de un mes después.

Ambos siguen en prisión acusados de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.

Sin embargo, a pesar de las acusaciones de que estuvo involucrado en las desapariciones de estudiantes, algunos familiares de los 43 lo han defendido públicamente, e incluso realizaron una marcha en Iguala el mes pasado para pedir su liberación.

José Luis Abarca

Getty Images
Las autoridades anunciaron el arresto de José Luis Abarca en una conferencia de prensa en 2014.

El pasado 14 de septiembre, un juez lo absolvió de cualquier responsabilidad por el secuestro de Iguala, alegando falta de pruebas. Por separado, enfrenta cargos relacionados con el asesinato de dos activistas locales en 2013, además de los cargos de lavado de dinero y crimen organizado.

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, prometió que el gobierno impugnaría el fallo. También descartó cualquier sugerencia de que el exalcalde sería liberado de prisión.

Guerreros Unidos

El grupo criminal acusado de matar a los estudiantes sigue activo. Según las autoridades mexicanas, está fuertemente involucrado en extorsiones y secuestros en Guerrero y otros dos estados mexicanos.

También se cree que produce y trafica heroína de México a Estados Unidos. Ahora se cree que está aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México.

A principios de agosto, las autoridades mexicanas anunciaron que 14 miembros de Guerreros Unidos se encontraban entre un grupo más grande de 83 personas buscadas para arresto en relación con la desaparición de los 43 estudiantes.

Otros 14 miembros del grupo, así como tres de sus familiares todos vinculados al caso han muerto desde entonces, algunos de ellos a manos de otros delincuentes o de las fuerzas de seguridad mexicanas. Otros murieron por causas naturales.

Las autoridades mexicanas también han sido acusadas repetidamente de torturar a presuntos miembros del grupo para obtener confesiones.

La tortura y confesión de seis miembros de Guerreros Unidos está en el centro de los cargos del gobierno contra Murillo Karam.

Otro miembro del grupo que se cree jugó un papel clave en el incidente de Iguala, Juan Salgado Guzmán, fue asesinado a tiros por la policía en septiembre de 2021.

El informe reciente del gobierno encontró una serie de “irregularidades” relacionadas con su muerte, lo que llevó a las autoridades a concluir que había sido “ejecutado” sin provocación después de haber sido herido y cuando ya no representaba una amenaza para los oficiales.

Soldados mexicanos

Getty Images
Soldados mexicanos buscando a los estudiantes desaparecidos en 2014.

El Ejército

Gran parte del misterio que rodea el secuestro de Iguala gira en torno a la participación de los militares.

Las autoridades confirmaron que el Ejército tenía un informante que viajaba con los estudiantes de Ayotzinapa el día de la desaparición y estaba al tanto de los movimientos antes de que ocurriera el ataque.

Las autoridades mexicanas han dicho que los militares no hicieron nada para encontrar al informante, que se encuentra entre los que siguen desaparecidos.

Además, los militares han sido acusados por expertos de ocultar información que podría haber ayudado a localizar a los estudiantes. Imágenes de drones parecían mostrar a marinos mexicanos manipulando evidencia en el vertedero de Cocula.

El 15 de septiembre, las autoridades mexicanas anunciaron el arresto de un general retirado del Ejército, José Rodríguez Pérez, en relación con el secuestro de Iguala. Rodríguez tenía el grado de coronel al momento del hecho y estaba a cargo de una unidad estacionada en Iguala.

Otros dos oficiales militares también fueron arrestados.

No está claro qué evidencia tiene el gobierno contra Rodríguez. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dijo a los periodistas que miembros del grupo criminal retuvieron a seis de los estudiantes en un antiguo almacén antes de entregárselos al entonces coronel, quien presuntamente ordenó que los mataran y se deshicieran de sus cuerpos.

En total se emitieron recientemente órdenes de arresto contra 20 miembros de las Fuerzas Armadas, incluidos comandantes y soldados de los dos batallones diferentes que estaban en Iguala en ese momento.

A pesar de la promesa del gobierno mexicano de responsabilizar a los militares por las violaciones de los derechos humanos, muchos de los problemas planteados por la investigación inicial de Iguala parecen no haber sido abordados.

Lee: Ayotzinapa: a ocho años, cinco nuevos arrestos, 21 órdenes de arresto canceladas, 121 absoluciones y ninguna sentencia


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