60 mexicanos piden asilo en EU: protestan y son detenidos
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60 mexicanos piden asilo en EU: protestan y son detenidos

Los organizadores de las protestas dijeron que mañana realizarán el último cruce de personas que piden asilo o visa humanitaria.
17 de marzo, 2014
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EEUU-DREAMERS

Miembros del grupo Dreamers de la Frontera entran a Estados Unidos tomados de la mano para pedir asilo. (Foto AP)

Sesenta inmigrantes mexicanos fueron detenidos ayer, 16 de marzo, por las autoridades estadounidenses después que cruzaron a territorio norteamericano desde la ciudad fronteriza de Tijuana como parte de una protesta contra las políticas de inmigración del país.

Fue el tercer grupo que trata de entrar a Estados Unidos por el cruce de Otay Mesa en San Diego y pide asilo en los últimos siete días.

El grupo, liderado por dos hermanas jóvenes cuyos padres viven en Carolina del Norte, sostenía carteles que decían “Undocumented Unashamed” (Indocumentados pero con vergüenza) y “Immigration reform starts here” (La reforma de la inmigración empieza aquí). Dijeron que protestaban por el aumento de las deportaciones durante el gobierno del presidente Barack Obama y exigieron una reforma profunda de las leyes de inmigración.

Las hermanas Jacqueline y Marisol Aparicio, de 11 y 12 años, respectivamente, dijeron que quieren reunirse con sus padres, a quienes no han visto en 10 años.

Nunca hemos visto a nuestros padres. Tienen 11 años en Carolina del Norte. Mi hermana y yo queremos reunirnos con ellos, por eso estamos aquí”, dijo Jacqueline Aparicio.

Las hermanas, que vivieron más de una década al cuidado de una tía en la Ciudad de México, eran las primeras de una fila de 60.

El 10 de marzo un grupo de 35 dreamers solicitaron asilo, y el 13 otros 35, en su mayoría hombres deportados que habían vivido mucho tiempo en Estados Unidos, también lo hicieron.

Los dreamers son jóvenes que fueron llevados a Estados Unidos por sus padres cuando eran niños y que crecieron y estudiaron en Estados Unidos. El proyecto de ley DREAM Act, que nunca se aprobó, contempla regularizar su situación migratoria. Al no tener siquiera la residencia, no pueden pedir la licencia de conducción, beneficiarse de becas estatales o federales, pagar la matrícula universitaria normal o trabajar legalmente.

“Yo viví de los 8 a los 18 años en Durham (Carolina del Norte); allá estudié hasta la secundaria y allá están todavía mis papás y mis hermanas; pero regresé a México. Yo nací en Acapulco (Guerrero), porque quería estudiar ingeniería en audio y en Estados Unidos no podía, me salía muy caro por ser extranjero. En Puebla estudié dos semestres, trabajé, pero no me alcanzaba”, dijo Felipe Molina, de 22 años, vestido con toga y birrete y una banda con los colores del arcoíris.

“Sin embargo, lo que más me afectó fue que me discriminaran por ser gay. No sólo la gente se metía conmigo por tener una pareja, me agredían; las mismas autoridades, cuando lo denunciaba, me hacían ver que me lo merecía”, agregó.

migrantes

Angélica López toma las manos de sus hijos Osmar y Ashley al marchar hacia la frontera con EU en Tijuana, México. (Foto AP)

Desde el mediodía, poco más de cien personas se reunieron frente a una clínica a tres cuadras de la garita de Otay. Ahí comenzaron la tercera protesta por la separación familiar que han provocado dos millones de deportaciones durante el gobierno del presidente Barak Obama.

“Mi esposo y mi hijo mayor pidieron asilo en septiembre del año pasado en Nuevo Laredo y consiguieron un permiso. Ahora están en Jacksonville (Florida). Nosotros nos queremos reunir con ellos. Mi esposo y yo quisimos hacer las cosas bien, vivimos 10 años en Estados Unidos y luego nos regresamos a Michoacán en 2011 porque mi mamá enfermó. Allá pusimos una carnicería y nos iba bien. Pero los delincuentes comenzaron a extorsionarnos. Llegó un momento que no pudimos pagarles y nos amenazaron. Por eso nos regresamos a Estados Unidos”, explicó Cecilia Cortés, de 34 años, quien cruzó el domingo con sus hijas de 6 y 4 años, ambas ciudadanas estadounidenses.

Enrique Morones, presidente de Ángeles sin Fronteras, una organización pro migrante, dijo durante la protesta que la campaña #BringThemHome (Vuelvan a casa), de la Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes, que impulsó las peticiones de peticiones de asilo en grupo: “Se ha abierto la conciencia de muchas personas que no sabían del grave problema de la separación de familias por las deportaciones masivas del gobierno de Obama”.

El gobierno de Obama continúa deportando en cifras récord pese a declarar que su política va a cambiar“, dijo Morones.

El jueves pasado, el gobierno estadounidense informó en un comunicado que el presidente Obama había encargado al Departamento de Seguridad Nacional que revise la aplicación de las leyes de inmigración para estudiar si se pueden implementar “de una manera más humana”.

“El presidente ha insistido en su profunda preocupación por el dolor que sienten demasiadas familias ante las separaciones que provoca un sistema de inmigración fallido”, señaló el comunicado de la Casa Blanca.

Según cifras oficiales, Estados Unidos ha deportado a dos millones de inmigrantes desde la llegada de Obama a la presidencia, más que la de sus predecesores, George W. Bush y Bill Clinton, lo que ha puesto en peligro el apoyo de la comunidad hispana a Obama, que incluyó la reforma migratoria entre sus promesas de campaña en 2008 y 2012.

Los organizadores de las protestas dijeron que el próximo martes 18 de marzo se realizarán el último cruce de personas que piden asilo o visa humanitaria.

Se trata de un grupo de quince personas, entre ellas el vocero de la Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes, Alejandro Aldana, quien dijo a la AP que pedirá al gobierno de Estados Unidos una visa humanitaria bajo el argumento de que ha sido atacado en México por ser gay, Elvira Arellano, la mexicana que fue deportada en 2007 después de refugiarse un año en una iglesia de Chicago.

“Yo voy a cruzar con mi bebé. Quiero ver si Obama se atreve a deportarme por segunda vez”, dijo Arellano a la AP.

 

Estella Jimenez

Estella Jiménez, del grupo Ángeles de la Frontera, encabeza un coro de consignas a favor de los dreamers que entraron a Estados Unidos desde Tijuana, México. (Foto AP)

La Oficina de Inmigración y Protección Fronteriza dijo que las leyes de privacidad prohíben a la entidad informar que ha sucedido con los que han tratado de entrar al país para pedir asilo.

Las personas que solicitan asilo son entrevistadas por las autoridades para determinar si sus alegaciones son creíbles, y entonces los dejan en libertad o los dejan detenidos hasta que su caso se decide.

Para otorgar asilo, el juez de inmigración debe determinar que el solicitante sufre de persecución o tiene un temor bien fundado de persecución por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión política.

AP

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La carrera contrarreloj de Alemania por llevar ante la justicia a los últimos criminales nazis

La justicia alemana intenta ajustar cuentas con los últimos responsables vivos del Holocausto, todos ellos mayores de 90 años de edad.
Por BBC
14 de febrero, 2021
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Tienen más de 90 años de edad y el dudoso honor de ser considerados como los últimos criminales nazis en enfrentar la justicia.

No formaron parte del alto mando militar de Adolf Hitler, ni comandaron algún escuadrón de las SS. Eran guardias de seguridad, secretarias o empleados administrativos que trabajaron en los campos de exterminio del Tercer Reich y ahora, más de 75 años después del final de la II Guerra Mundial, finalmente están enfrentando a la justicia.

El martes pasado, fiscales en Alemania acusaron a un hombre de 100 años de edad por ayudar en el asesinato de 3.518 personas que fallecieron mientras él trabajaba como guardia de la SS en el campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado a unos 35 kilómetros de Berlín.

La semana anterior, una mujer de 94 años de edad que trabajó como secretaria en el campo de concentración de Stutthof (Polonia) fue imputada como cómplice en 10.000 casos de asesinato e intento de asesinato por su trabajo en apoyo a las atrocidades que se cometieron allí.

Aunque ahora es nonagenaria, dado que era menor de 21 años cuando ocurrieron esos hechos, es probable que esta mujer termine siendo juzgada ante una corte juvenil.

Entrada del campo de exterminio de Auschwitz.

Getty Images
Las investigaciones recientes han logrado imputar a varios exfuncionarios del campo de exterminio de Auschwitz.

Sus casos forman parte de un pequeño grupo de empleados de bajo nivel del régimen nazi que en los últimos años han estado siendo investigados por las autoridades alemanas en un último esfuerzo por ajustar las cuentas pendientes con el pasado nazi: una carrera contrarreloj pues cada vez quedan menos sobrevivientes de aquella época.

Persiguiendo los crímenes del Tercer Reich

Pero, ¿por qué se está investigando ahora a exfuncionarios que ni siquiera tenían puestos de mando durante el Holocausto?

Las indagaciones sobre las atrocidades cometidas por el Tercer Reich comenzaron formalmente en 1943, cuando se creó una comisión internacional para investigar los delitos cometidos por las potencias del Eje. Su trabajo llegó a la imputación de 36.000 funcionarios alemanes y japoneses, de los cuales al menos 10.000 fueron condenados en juicios realizados hasta 1948.

Imagen de los juicios de Nuremberg.

Getty Images
Muchos de los principales líderes nazis fueron condenados en los juicios de Nuremberg.

Al mismo tiempo, entre 1945 y 1949, los tribunales en la zona de Alemania occidental dictaron unas 4.600 condenas por crímenes del nazismo.

Sin embargo, tras el establecimiento de la República Federal Alemana (RFA) en 1949, decayó el interés de seguir persiguiendo los crímenes nazis y, de hecho, se dictaron numerosas amnistías e incluso se aprobó una legislación que permitió que antiguos soldados nazis accedieran a cobrar pensiones.

“Durante la década de 1950, en Alemania occidental no había mucho deseo de perseguir los crímenes nazis, lo que resultó en un verdadero escándalo en el resto del mundo. Alemania oriental, en particular, impulsó una campaña de propaganda que destacaba cómo había antiguos líderes nazis en posiciones destacadas tanto en el sector privado como en el sector público. Eso fue verdaderamente embarazoso para el gobierno de la RFA”, explica Devin Pendas, profesor del Boston College especializado en la historia de los juicios contra los nazis tras la II Guerra Mundial.

La respuesta de la RFA fue la creación en 1958 de la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo, que es la instancia que hasta ahora se sigue encargando de indagar sobre estos temas.

Ficha de Adolf Hitler en la la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo.

Getty Images
La Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo tiene un archivo con más de 1,7 millones de fichas de personas y eventos relacionados con los crímenes del Tercer Reich.

Algunos expertos han señalado que esta agencia gubernamental hizo un muy buen trabajo durante las décadas siguientes, mientras otros destacan que había mucha resistencia de parte de las autoridades judiciales alemanas ante estas investigaciones, Pendas cree que estos dos hechos coexistieron.

“Claramente, muchos jueces y fiscales estaban renuentes en las décadas de 1950, 1960 y 1970 de procesar con fuerza los crímenes nazi, en parte, porque muchos de ellos habían estado trabajando en el Poder Judicial durante el Tercer Reich pero también porque no querían lavar ante el mundo los paños sucios de su país”, dice Pendas a BBC Mundo.

“Pero también es cierto que la Oficina Central y muchos fiscales y jueces individuales se tomaron esto muy en serio, sacando a la luz mucha evidencia y prestando un gran servicio al llevar ante las justicia muchas de estas atrocidades”, agrega.

El trabajo de la Oficina Central se vio limitado además por varias cuestiones legales como el hecho de que las leyes alemanas no contenían disposiciones específicas para procesar crímenes de guerra y por las normas vigentes entonces sobre prescripción de los delitos, que dificultaban que muchos de los casos pudieran ser llevados a juicio después de 1960.

Una fila de mujeres prisioneras en el campo de concentración nazi de Auschwitz.

Getty Images
Se estima que más de un millón de personas, la mayoría judíos europeos, murieron en el campo de Auschwitz.

Esta dependencia gubernamental sufrió además un fuerte revés cuando, en 1969, la Corte Suprema revocó la condena de un antiguo miembro de las SS que trabajó como dentista en el campo de Auschwitz (Polonia) con el argumento de que trabajar en un campo de exterminio no era un crimen en sí mismo.

Como resultado de ese dictamen, la Oficina Central debió abandonar una investigación sobre la Oficina Central de Seguridad del Reich, una dependencia del ministerio de Interior controlada por las SS que era la principal responsable para ejecutar la política de asesinatos masivos de Hitler.

A estas limitaciones hay que sumar el hecho de que la Oficina Central es una entidad pequeña, dotada de poco personal y solamente tiene la potestad para investigar los casos, pues una vez que encuentra evidencias de posibles hechos punibles debe pasar los expedientes a los fiscales que son los responsables finales de llevar a juicio a los presuntos criminales.

El impulso del 11 de septiembre

Todas estas restricciones redujeron la capacidad de acción de la Oficina Central durante muchos años.

Pero las cosas cambiaron a partir de 2007, cuando un tribunal alemán condenó a 15 años de cárcel al marroquí Mounir el Motassadeq por haberle transferido dinero a Marwan al Shehhi, el presunto responsable de estrellar el vuelo 175 de United Airlines en contra de la torre sur del World Trade Center en Nueva York, según la Comisión que investigó los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Mounir el Motassadeq

Getty Images
Mounir el Motassadeq fue condenado a prisi[on por haber enviado dinero a uno de los atacantes del 11-S.

Este precedente impulsó al entonces fiscal de la Oficina Central Thomas Walther a buscar el enjuiciamiento de guardias y otros funcionarios de los campos de concentración, aunque no hubieran participado directamente de estos crímenes.

Siguiendo esta argumentación se logró que en 2011 un tribunal alemán condenara a John Demjanjuk, un antiguo guardia del campo de exterminio de Sobibor (Polonia), por colaborar con el asesinato de las 28.000 personas que fueron muertas allí.

“Se volvió más fácil conseguir una condena. Hasta entonces tenías que demostrar que alguien había estado involucrado directamente en una muerte. En este caso, la Fiscalía argumentó que -y el tribunal estuvo de acuerdo- que dado que estos campos eran centros de exterminio, cualquiera que hubiera pertenecido al personal nazi que estaba allí contribuyó con esas muertes. Ya no tenías que demostrar que un guardia mató a alguien en ese campo, basta con demostrar que había sido un guardia que trabajó allí”, explica Pendas.

Justicia e historia

La condena de Demjanjuk le dio un nuevo impulso al trabajo de la Oficina Central, que durante la última década ha remitido a los fiscales más de 200 casos para su imputación.

Thomas Walther

Getty Images
El abogado Thomas Walther impulsó el enjuiciamiento de exfuncionarios de bajo nivel que trabajaron en los campos de concentración nazis.

No se trata de una cifra menor cuando se considera que esta agencia gubernamental solamente cuenta con un puñado de investigadores, que para armar los casos tienen que buscar información en distintas partes del mundo y que, por su avanzada edad, muchas veces los presuntos criminales mueren antes de que el expediente esté concluido.

Sin embargo, hasta ahora, solamente se han producido un puñado de condenas, incluyendo la de Oskar Groening, un exmiembro de las SS conocido como el “contador de Auschwitz”, pues trabajó en las oficinas de este campo de exterminio y, entre otras cosas, se encargaba de contar el dinero robado a las víctimas.

En 2015, Groening, quien entonces tenía 94 años de edad, fue sentenciado en 2015 a cuatro años en prisión por haber facilitado el asesinato de 300.000 prisioneros. Sin embargo, falleció en 2018 sin haber ingresado en prisión a la espera del resultado de sus apelaciones.

Oskar Groening

Getty Images
Oskar Groening, el llamado “contador de Auschwitz” falleció sin pagar su condena.

Reinhold Hanning fue condenado en 2016 -a los 95 años de edad- por cooperar con la muerte de 170.000 personas en Auschwitz, donde trabajó como guardia de las SS. Aunque durante el juicio dijo estar avergonzado por haber presenciado las muertes sin hacer nada para evitarlas, negó ser culpable de las mismas y apeló la sentencia. Murió al año siguiente sin haber ido a la cárcel.

En 2020, una corte de Hamburgo sentenció a Bruno Dey, un exguardia del campo de concentración de Stutthof, por haber colaborado con el asesinato de las 5.230 personas fallecidas en ese centro mientras él trabajó allí.

Sin embargo, como él era adolescente cuando ocurrieron los hechos fue procesado por un tribunal juvenil y fue recibió una sentencia suspendida de dos años de cárcel.

Bruno Dey.

Getty Images
Bruno Dey intentó ocultar su rostro usando carpetas en las audiencias del juicio en el que fue condenado por colaborar en el asesinato de 5.230 personas.

Aunque han tenido mucha visibilidad, el hecho de que se trate de juicios contra exfuncionarios de bajo rango que ahora están tan mayores y que, hasta ahora, no han cumplido sus sentencias de forma efectiva ha llevado a algunos críticos a cuestionar si tiene sentido seguir con estos procesos.

“Creo que no hay ninguna razón para que una persona tenga inmunidad ante la justicia criminal debido a que era un funcionario de bajo rango”, dice Todd Buchwald, exembajador y coordinador especial de Justicia Criminal Global de Estados Unidos, a BBC Mundo.

Indica que estos juicios tienen muchos objetivos incluyendo llevar a la justicia a algunos de los responsables de las terribles atrocidades que se cometieron, crear un registro histórico de lo que ocurrió y fortalecer el mensaje disuasorio para todos aquellos funcionarios de bajo nivel que en el futuro se encuentren en una situación en la que se vean tentados a pensar que por su bajo rango no pagarán por estos crímenes.

“No está bien ayudar a perpetuar semejantes atrocidades, así que conviene reforzar el mensaje disuasorio de cara al futuro”, señala Buchwald.

“Los crímenes que se cometieron en Alemania fueron tan devastadores que entiendo bien el esfuerzo por intentar llevar ante la justicia a quienes tuvieron responsabilidad en lo ocurrido”, concluye.

 

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