Acusan a Comisión de Seguridad y a Embajada de EU de censurar página web del 1DMx
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync

Acusan a Comisión de Seguridad y a Embajada de EU de censurar página web del 1DMx

La empresa que albergaba el sitio web informó a los administradores que la agencia mexicana que solicitó al gobierno estadounidense la censura de 1Dmx.org, fue el Centro Especializado en Respuesta Tecnológica (CERT), una dependencia de la Policía Federal.
Por Rafael Cabrera
4 de marzo, 2014
Comparte
Foto: Rafael Cabrera.

Foto: Rafael Cabrera.

Organizaciones de derechos humanos y activistas acusaron hoy a la Comisión Nacional de Seguridad, que encabeza Manuel Mondragón y Kalb, y a la Embajada de Estados Unidos en México de censurar el sitio de internet 1dmx.org, el cual albergaba información, fotografías y videos sobre los abusos policiacos y detenciones arbitrarias registrados el 1 de diciembre de 2012, cuando el presidente Enrique Peña Nieto tomó protesta.

En conferencia de prensa, Luis Fernando García (@tumbolian) -abogado del sitio web y activista- explicó que el portal fue cerrado el 2 de diciembre de 2013 por el proveedor de dominio estadounidense GoDaddy.com.

Al ponerse en contacto con el proveedor, el 3 de diciembre les fue informado que existe una investigación policiaca y que para mayores informes debían ponerse en contacto con un agente especial de Seguridad Nacional de la embajada estadounidense en México.

Tras establecer contacto con personal de la Embajada, éste rechazó entregar cualquier tipo de información. Los activistas presuponen que si la orden de censura provino de un gobierno extranjero, debió existir un organismo del Gobierno mexicano relacionado, por lo cual presentaron un juicio de amparo en contra de diez dependencias del Gobierno federal y del DF.

“El 24 de diciembre del 2013, interpusimos un amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa. El juez ordena a las autoridades señaladas, entregar un informe justificado sobre su participación. A la fecha dos de estas autoridades (Secretaría de Gobernación y Comisión Nacional de Seguridad) no han entregado la información solicitada, incumpliendo el plazo señalado por el juez”, denunciaron.

Correo electrónico en el que GoDaddy informa que la página web está sujeta a un procedimiento legal. //Foto: Cortesía.

Correo electrónico en el que GoDaddy informa que la página web está sujeta a un procedimiento legal. //Foto: Cortesía.

“En días recientes, la empresa GoDaddy confirmó que la agencia mexicana que solicitó al gobierno estadounidense la censura de 1Dmx.org, fue el Centro Especializado en Respuesta Tecnológica (CERT), una dependencia de la Policía Federal, que desde el 2013 depende de la Secretaría de Gobernación”.

Luis Fernando García explicó que el pasado 17 de febrero estaba programada la audiencia del juicio, pero ante la resistencia de Gobernación y la Comisión a entregar la información, fue aplazada al 5 de abril. En caso de mantener la negativa a dar los documentos solicitados, podrían incurrir en un delito.

“Hay un ánimo gubernamental de control y se sienten amenazados por las libertades de expresión y organización que internet supone. La censura en internet no es hipotética en México, es una realidad. Más que el juicio, exigimos una respuesta de por qué están censurando internet”, señaló el abogado.

García explicó que el sitio 1dmx.org se albergó en GoDaddy.com porque es el servicio más popular, aunque había conocimiento que ha tenido actos de censura previos y ha estado a favor de la iniciativa para regular internet conocida como SOPA. Sin embargo, dijo, esto no es justificación para que tiraran el sitio.

En la conferencia, realizada con apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del DF, estuvieron presentes Carlos Ventura, del Centro Victoria de Derechos Humanos, y Darío Ramírez, director de la organización Artículo 19, entre otros representantes de organizaciones.

“La censura está siendo orquestada desde las instituciones. Están buscando tener una censura legal. El Gobierno está configurando un sistema legal para que sea más fácil la censura en internet”, señaló Ramírez.

Los activistas crearon un nuevo portal, alojado en otro servicio, en el cual se puede consultar la información original y la denuncia de censura: op1d.mx

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

La mujer chilena que quiere que le dejen interrumpir su embarazo tras tomar anticonceptivos defectuosos

Más de 170 mujeres quedaron embarazadas luego de que el sistema de salud público chileno les diera anticonceptivos defectuosos. Esta es la historia de una de ellas.
20 de marzo, 2021
Comparte

Fue en octubre del año pasado cuando Javiera*, de 32 años, descubrió que estaba embarazada.

La noticia le resultó sorprendente. Hacía tres años que tomaba anticonceptivos.

Sin embargo, el test salió positivo.

La mujer descubrió entonces que no era la única.

Ella y otras 170 mujeres en Chile habían sido víctimas de un escándalo que ha golpeado fuertemente al sistema de salud público de ese país: la administración, por error, de anticonceptivos defectuosos a miles de mujeres.

La pastilla se llama Anullete CD, del Laboratorio Silesia S.A, y, hasta hace siete meses era repartida a más de 300.000 personas acogidas al programa de planificación familiar del Estado.

El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile alertó de esta situación en agosto del año pasado, solicitando el retiro del mercado de estos anticonceptivos.

Pero la medida llegó demasiado tarde. El comprimido había estado en circulación por más de un año y las denuncias sobre embarazos no deseados aumentaban todos los días.

A pesar de que la mayoría de esas 170 mujeres ha optado por continuar con sus embarazos, Javiera decidió solicitar un aborto.

Así, el 17 de diciembre del año pasado, la joven se dirigió al Centro de Salud Familiar (Cesfam) donde la atendían y presentó su petición.

mujer embarazada

Getty Images
La mayoría de las chilenas afectadas por los anticonceptivos defectuosos han decidido continuar con sus embarazos.

En Chile, la interrupción del embarazo está permitida bajo tres causales: la inviabilidad del feto, peligro de la vida de la madre o violación. Para las dos primeras, no hay límite en las semanas de gestación del embarazo.

Javiera se acogió a la segunda causal, argumentando que, producto de la situación en la que se encuentra, estaba sufriendo un importante daño psicológico y, en consecuencia, su vida estaba en peligro.

El Cesfam no respondió a su solicitud y entonces Javiera decidió acudir a los tribunales.

Argumentos del recurso de protección

Desbalance en su salud psíquica, crisis de pánico, angustia, falta de apetito, síntomas de desánimo e incluso carencia de motivación que le han impulsado a tener “ideas suicidas” fueron parte del cuadro de salud que la mujer esgrimió ante la justicia chilena.

La joven aseguró además que no cuenta con medios económicos ni redes de apoyo para cuidar a un hijo o hija, pues recién está dando los primeros pasos para ejercer su profesión técnica.

movimiento feminista chile

Getty Images
El movimiento feminista en Chile ha abogado fuertemente por los derechos reproductivos de la mujer.

El recurso de protección presentado ante los tribunales por la defensa de Javiera -quien hoy ya tiene 23 semanas de embarazo-, plantea que el Cesfam donde se atendía tuvo un “actuar ilegal y arbitrario” al omitir la solicitud de aborto y solicita que se evalúe su estado psíquico con el fin de optar a una interrupción del embarazo.

Un fallo “significativo” para los derechos de las mujeres en Chile

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de San Miguel, en Santiago, acogió el requerimiento de la joven, marcando un importante precedente para los derechos reproductivos de las mujeres en Chile.

En un fallo unánime, el tribunal resolvió que en el caso de Javiera hubo vulneración al derecho a la vida, integridad física y psíquica de la mujer, como también una vulneración a su derecho a la igualdad ante la ley.

Además, la sentencia concluyó que al no responder a la solicitud inicial de la mujer, el Cesfam había actuado, en efecto, no solo de forma “caprichosa” y “arbitraria” sino también “ilegal”.

La Corte de Apelaciones ordenó que dentro del plazo de cinco días el Centro de Salud Familiar evalúe a la mujer para determinar si se puede o no acoger a la causal de interrupción del embarazo.

De acuerdo con el dictamen, el Estado de Chile tiene una “obligación proactiva de cuidar la vida y la integridad física y psíquica de las personas” y “abandonó esta obligación desde que entregó anticonceptivos defectuosos”.

Los jueces, además, afirmaron que “la falta de medios físicos, espirituales, económicos y sociales” en un embarazo no deseado representa un riesgo vital en sí mismo, que muchas veces “perpetúa la precariedad de las mujeres”.

aborto manifestaciones

Getty Images
En Chile, el aborto es legal solo en tres causales.

“Este fallo es muy significativo en la posibilidad de avanzar, tanto en términos jurídicos como sociales, en los derechos reproductivos de las mujeres en Chile”, dice a BBC Mundo la abogada Laura Dragnic, de la Corporación Miles, que representó a Laura en el requerimiento.

La abogada, además, asegura que la sentencia marca un precedente respecto a la ley de aborto en el país sudamericano.

“El fallo habla de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho legal. Y eso es importante porque en general la interpretación de la ley de aborto en Chile es para circunstancias de extrema necesidad”, señala.

“Hasta ahora no se ha comprendido como un derecho propiamente. Y eso es muy significativo, sobretodo considerando las discusiones que se avecinan en cuanto al aborto legal dentro del proceso constituyente”, agrega.

Pero a Javiera todavía le queda camino por recorrer. La Cesfam deberá pronunciarse respecto a su salud y, luego, se resolverá si puede interrumpir o no su embarazo.

De todas maneras, la demora en el proceso no la ha ayudado. Con 23 semanas de embarazo, un aborto no es lo más recomendado.

Al respecto, Laura Dragnic afirma que la decisión la tomará una vez que exista una resolución final por parte del Cesfam.

*La organización querellante solicitó mantener la confidencialidad respecto al verdadero nombre de Javiera, con el fin de resguardar su privacidad.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=8fj-C_xCda8&t=3s

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.