De 112 casos de tortura en Yucatán, ninguno ha sido investigado
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De 112 casos de tortura en Yucatán, ninguno ha sido investigado

En 2013, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán recibió 69 denuncias ciudadanas de tortura a manos de agentes estatales, de las cuales, no obstante, este organismo autónomo sólo convalidó 12 casos.
Por Paris Martínez
27 de marzo, 2014
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Entre julio de 2011 y junio de 2013, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) recibió 112 quejas ciudadanas relacionadas con casos de tortura, perpetrados por autoridades locales; sin embargo, según informes oficiales de la Fiscalía General de Justicia de Yucatán y del Tribunal Superior de Justicia del estado, ninguna de estas denuncias derivó en una investigación formal y, menos aún, en la sanción (administrativa o penal) de los servidores públicos responsables de dichos ataques, todos los cuales, de hecho, forma parte de los cuerpos de seguridad pública y procuración de justicia de esta entidad.

Tan sólo durante 2013, la Codhey recibió 69 denuncias ciudadanas de tortura a manos de agentes estatales, de las cuales, no obstante, este organismo autónomo sólo convalidó 12 casos en los que se comprobó que, tras haber sido detenidas ilegalmente (lo mismo por por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, de cuerpos de policía municipal o la Fiscalía de Justicia yucateca) las víctimas fueron encapuchadas y conducidas a instalaciones oficiales, donde sufrieron golpizas con puños cerrados, patadas en el rostro, tórax y extremidades, así como con instrumentos contundentes, como palos cubiertos con tela; además de que fueron sometidas a asfixia con bolsas plásticas y con sumersión en agua; sufrieron quemaduras con encendedor en las palmas de las manos; así como toques eléctricos en distintas partes del cuerpo (como orejas, nuca, estómago, testículos y dedos).

Entre esos 12 casos de tortura certificados por la Codhey durante el año pasado está, además, el de una víctima del sexo femenino, cuya vivienda fue ilegalmente allanada por una decena de policías que, tras acusarla de vender droga, no sólo la torturaron con golpes con el puño cerrado y patadas, sino que los agentes también la obligaron a practicarles sexo oral, para luego violarla de forma tumultuaria.

Entre 2011 y 2012, además, la Codhey recibió 43 denuncias de tortura por parte de agentes estatales y municipales, de las cuales sólo 15 derivaron en reconvenciones al gobierno estatal, entre las que se cuentan dos casos en los que, aparte de los tormentos, los ciudadanos agraviados (varones) fueron sometidos a vejaciones de índole sexual.

Así, en total, entre 2012 y 2013, la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán emitió 27 recomendaciones relacionadas con casos de tortura perpetrados por policías estatales. Sin embargo, en ninguna de estas recomendaciones se ordenó proceder penalmente contra los agentes involucrados, sino, únicamente, iniciar “procedimientos administrativos” y, cabe destacar, en ninguno de los casos se tiene registro de que los responsables recibieran algún tipo de sanción.

Tortura naturalizada

Según la organización defensora de derechos humanos Indignación, detrás de la supuesta seguridad que priva en Yucatán, estado gobernado por el priista Rolando Zapata Bello, “se encuentra oculta una práctica sistemática por parte de los cuerpos policiacos, sean ministeriales o preventivos, estatales o municipales: la comisión de actos brutales, crueles, inhumanos y degradantes, abusos policiacos de toda índole y casos que constituyen tortura”, los cuales se cometen ante “la complicidad de una Comisión Pública de Derechos Humanos que, a pesar de la gran cantidad de casos denunciados, emite recomendaciones tardías e inocuas que, en los hechos, son insuficientes para hacer frente a esta deleznable práctica”, misma que es “encubierta y tolerada por las autoridades y por el propio Obdusman local”.

A través de su informe La celda de la amargura (http://indignacion.org.mx/wp-content/uploads/2014/03/InformeTortura.pdf), presentado el pasado 24 de marzo, la organización Indignación reveló que, de 2003 a la fecha, las autoridades yucatecas no han iniciado ninguna averiguación previa por el delito de tortura, ni siquiera en los casos convalidados por la misma Codhey, lo cual fue documentado a través de solicitudes de información tramitadas tanto ante la Fiscalía General de Justicia de Yucatán, como ante el Tribunal Superior de Justicia del estado.

En ambos casos, dichos organismos estatales informaron que, en la última década, “no se ha consignado ni tramitado causa penal alguna por el delito de tortura”, situación que, además, desmiente las afirmaciones de la misma Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, que en al menos dos casos (los relacionados con las recomendaciones 12/07 y 03/08) asegura haber iniciado denuncias formales ante la Fiscalía estatal.

“Es increíble –señala el informe de Indignación– que a más de 27 años de haber contraído México las obligaciones internacionales relacionadas con la tortura, y a 10 años de la expedición de la ley estatal, hasta la fecha no se haya, siquiera, consignado un expediente judicial por el delito de tortura.”

La nula persecución de estos casos, destacó Indignación, demuestra la “aceptación general, tanto de la sociedad como de las autoridades, del uso de la tortura como práctica común en la persecución de un delito, sin considerar la gravedad de la misma y, por ende, el desinterés en prevenirla, sancionarla y erradicarla, pues, se infiere, ‘es un mal necesario'”.

Incluso, remató Indignación, el hecho mismo de que el titular de la Codhey, Jorge Alfonso Victoria Maldonado, haya tomado conocimiento de decenas de casos de tortura, sin haber presentado una denuncia formal ante las autoridades correspondientes (en este caso la Fiscalía General de Justicia de Yucatán), implica no sólo una omisión en el cumplimiento a sus responsabilidades, sino un delito en sí mismo, ya que la ley estatal contra la tortura señala, en su artículo sexto, que “el servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de algún hecho de tortura está obligado a denunciarlo en un término de 48 horas a partir de que tenga conocimiento del hecho (y) si no lo hiciere se le sancionará conforme al Código Penal del Estado de Yucatán”.

Así, concluyó la agrupación civil de defensa de las garantías individuales, “la impericia de la Comisión de Derechos Humanos (de Yucatán), y el encubrimiento que ofrece con su actuación cobarde y tímida, exhiben el grado de corrupción en el que se encuentra Yucatán, que incluye, por supuesto, no sólo al poder Ejecutivo, sino, también, al poder Legislativo y al Judicial”.

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Reuters

Tras el éxito de la vacuna contra COVID en Israel, la vida empieza a regresar a la normalidad

Las autoridades comenzaron a flexibilizar las restricciones después de que se comprobara que la vacuna Pfizer tiene una efectividad del 95.8%.
Reuters
21 de febrero, 2021
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Israel comenzó a flexibilizar el confinamiento después de que estudios demostraran que la vacuna contra el coronavirus de Pfizer tiene una efectividad del 95.8% en prevenir hospitalizaciones y muerte por covid-19.

Desde el domingo, tiendas, bibilotecas y museos pueden abrir sus puertas pero se requerirá el uso de mascarillas y el mantenimiento de la distancia social.

El ministerio de salud dice que este es el primer paso para regresar a la vida normal.

Israel tiene la tasa de vacunación más alta del mundo. Más del 49% de la población ya ha recibido al menos una dosis.

El país había iniciado su tercer confinamiento el 27 de diciembre, después que aumentara el número de contagios.

Bajo las nuevas reglas, la gente puede ahora acudir a centros comerciales y visitar atracciones turísticas como los zoológicos.

Pasaporte verde

Otro tipo de instalaciones, entre las que se incluyen gimnasios, hoteles y sinagogas, también pueden reabrirse.

Sin embargo, para ingresar en ellas se requiere un “pasaporte verde”: un certificado que solo puede obtenerse una vez que la persona ha sido vacunada.

Centro comercial

Reuters
Los centros comerciales pueden a partir del domingo abrir sus puertas al público.

Un reducido número de personas que se ha recuperado del virus y por ende no es actualmente elegible para la vacuna pueden de todos modos obtener el certificado.

El pasaporte, que está contenido dentro de una aplicación, es expedido por el ministerio de salud y tiene una validez de seis meses, que comienza una semana después de la segunda dosis.

No está permitida la realización de conciertos masivos y los eventos deportivos pueden hacerse con una capacidad máxima del 75%, y un lïmite de 300 personas en un espacio interior y 500 en un espacio al aire libre.

A pesar de la flexibilización de las restricciones, el aeropuerto de Israel permanecerá cerrado durante otras dos semanas.

El sábado, el ministerio de salud dijo que estudios revelaban que el riesgo de la enfermedad provocada por el virus había caído en un 95.8% entre la gente que había recibido las dos dosis de la vacuna Pfizer.

También encontró que la vacuna era un 98% efectiva en prevenir la fiebre o los problemas respiratorios.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, dice que espera que el 95% de los israelíes de más de 50 años estén vacunados en las próximas dos semanas.

A comienzos de la semana pasada, la Franja de Gaza recibió sus primeras dosis de vacunas después de que Israel aprobara la transferencia a través de su frontera.

Envío de vacunas a la Franja de Gaza

Getty Images
Israel comenzó a enviar vacunas a la Franja de Gaza. Se estima que cerca de 5 millones de palestinos están a la espera de la vacuna.

El envío incluye 2.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V, que será utilizada en pacientes que han recibido un trasplante de órganos y aquellos con insuficiencia renal, según le informó un funcionario israelí a la agencia de noticias Reuters.

Esto tiene lugar después de que el ministro de salud palestino llegara a un acuerdo con el ministerio de salud israelí para vacunar a 100.000 palestinos que trabajan en el país.

Se estima que cerca de 5 millones de palestinos están a la espera de la vacuna.


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