GDF criminaliza a consumidores de drogas: CDHDF
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GDF criminaliza a consumidores de drogas: CDHDF

El informe especial “Drogas y derechos humanos en la Ciudad de México 2012-2013”, elaborado por la Comisión, mostró que más del 98% de las sentencias dictadas fueron por portar cantidades superior a las permitidas por la Ley, sin que esto implicara narcomenudeo.
Por Rafael Cabrera
21 de marzo, 2014
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Legalizacion_marihuana-3El actual modelo de seguridad y justicia de la Ciudad de México criminaliza a los consumidores de drogas: en la mayoría de las sentencias dictadas en 2012-2013 por narcomenudeo, los detenidos sólo rebasaron las dosis de sustancias permitidas por la Ley, pero nunca se demostró que planearan venderlas. Aún así, enfrentan condenas hasta por 3 años de cárcel. Ante este escenario, la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) planteó un cambio en el modelo para frenar los abusos y las detenciones arbitrarias.

El informe especial “Drogas y derechos humanos en la Ciudad de México 2012-2013”, elaborado por la Comisión, fue presentado ayer en el marco de la discusión que la Asamblea Legislativa capitalina iniciará pronto sobre la iniciativa para regular el consumo de la mariguana en el DF y evitar la criminalización de los consumidores.

El documento del organismo que encabeza Perla Gómez mostró un panorama de criminalización en la Ciudad hacia los usuarios de drogas: más del 98% de las sentencias dictadas fueron por portar cantidades superior a las permitidas por la Ley, sin que esto implicara narcomenudeo.

Por ejemplo, para marihuana, la dosis máxima permitida en la Ley General de Salud son 5 gramos y a quien los porte no se le puede ejercer acción penal, pero si se rebasa esa cantidad puede iniciarse un proceso.

“Las penas fueron principalmente menores a tres años, es decir, la mayoría de las personas sentenciadas lo fue por posesión de drogas en cantidades superiores a las autorizadas por la Ley, pero sin haberse comprobado que eran vendedores o comerciantes de éstas”, agrega el informe.

Durante el periodo de estudio, el 76.7 por ciento de las quejas recibidas por la Comisión sobre delitos contra el salud fueron por detenciones arbitrarias.

Entre las propuestas presentadas por la CDHDF al Gobierno local, la Asamblea Legislativa y el Tribunal Superior de Justicia local, están:

1. Detener las detenciones y revisiones de personas motivadas por estereotipos o prejuicios, sobre todo en el caso de personas jóvenes y poblaciones callejeras.

2. Investigar, y en su caso castigar, los abusos en agravio de personas usuarias de drogas por parte de autoridades de seguridad pública o procuración y administración de justicia.

3. Crear lineamientos mínimos para la presentación ante el MP de personas encontradas en posesión de drogas sin que se haya comprobado la finalidad de comercio o suministro a terceras personas. “Que no sea la posesión por sí misma, sin otros indicios, un motivo de ejercicio legal en su contra”, señala.

4. Introducir medidas alternativas de justicia para delitos menores contra la salud, como la remisión a juzgados cívicos y la imposición de penas administrativas o trabajos a la comunidad, garantizando la proporcionalidad de las medidas.

En el DF se ha avanzado para crear un marco de protección a los derechos humanos de las personas usuarias de drogas”, señala el documento, “no obstante, aún no se ha traducido en el diseño e implementación de políticas públicas, pues éstas siguen siendo concebidas desde una perspectiva asistencial más que desde el ejercicio de derechos”.

El informe, se agrega, busca que el Estado mexicano también cumpla con los derechos humanos de los usuarios de drogas, como ya ocurre en otras naciones: “En los últimos años varios países de la región y en otras partes del mundo han desarrollado modelos regulatorios alternativos que buscan reducir o eliminar las sanciones de carácter penal y de privación de la libertad en el caso de la posesión y/o cultivo de drogas para uso personal, los que se presentan como opciones viables para reducir ciertos riesgos asociados al uso de drogas”.

La Comisión reconoce que los poderes del DF no cuentan con las facultades para modificar la regulación sobre drogas, la cuál es de competencia federal, pero “sí tiene la responsabilidad de impulsar y fomentar la discusión, tanto a nivel local como nacional, así como de diseñar e implementar en su jurisdicción prácticas e intervenciones novedosas, respetuosas de la autonomía de las personas y de su dignidad”.

Revisa el informe completo aquí:

informe-drogas by http://www.animalpolitico.com

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Vacunas COVID: A qué se debe el secretismo que rodea los contratos entre los gobiernos y las farmacéuticas

Los detalles de los contratos entre algunas grandes farmacéuticas y los gobiernos son confidenciales, lo que ha provocado críticas y sospechas.
28 de enero, 2021
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El mundo entero se disputa una plaza para recibir la vacuna contra el coronavirus, un bien todavía demasiado escaso y producido por pocos laboratorios farmacéuticos.

Los gobiernos firman contratos con las compañías que han desarrollado esas vacunas en tiempo récord y, sin embargo, información crítica de esos acuerdos permanece oculta para el gran público debido a estrictas cláusulas de confidencialidad.

Cuánto cuestan o cómo se distribuirán son detalles que en la mayoría de los casos la ciudadanía desconoce, porque así lo exigen los acuerdos firmados.

En Perú, por ejemplo, las negociaciones entre el gobierno y la compañía Pfizer encallaron por este motivo. Y en Colombia el gobierno afirma que las cláusulas de confidencialidad le impiden ofrecer aún un cronograma claro de vacunación.

El problema es mundial.

En respuesta a una petición de información en el Parlamento Europeo a mediados de noviembre, la comisaria de Salud, Estela Kiriakides, afirmó: “Debido a la naturaleza altamente competitiva de este mercado, la Comisión está legalmente imposibilitada para desvelar la información que contienen estos contratos”.

Y la ministra belga de Presupuesto, Eva de Bleeker, tuvo que retirar poco después de publicarlo un mensaje en Twitter en el que recogía la lista de precios de los laboratorios con los que había negociado la UE.

A las quejas por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por algunos fabricantes de vacunas, se suman ahora las de las voces que exigen mayor transparencia en un asunto de salud pública vital.

Y la polémica sigue subiendo de tono, sobre todo en la Unión Europea (UE), enojada después de que los laboratorios Pfizer y AstraZeneca le comunicaran que no estarán en condiciones de suministrar al bloque la cantidad de dosis iniciales acordadas.

Ello ha llevado a que, según fuentes de la UE citadas por la agencia Reuters, desde Bruselas se les exija a las farmacéuticas que hagan públicos los términos de los contratos y amenace con controlar las exportaciones de las vacunas producidas en Europa.

¿Por qué tanto secreto?

Una práctica habitual

Según Jonathan García, experto en salud pública en la Universidad de Harvard, en EE.UU., “esto no es nada nuevo; es frecuente que en los contratos entre los sistemas de salud de los países y las farmacéuticas se incluyan cláusulas de confidencialidad”.

“Los laboratorios buscan fraccionar el mercado para poder negociar precios distintos con los distintos países”, añade.

Esto les permite negociar con los países en función de sus recursos, ofreciéndoles precios más bajos a los países pobres o en desarrollo y exigiendo cantidades más altas a los más ricos.

La compañía AstraZeneca ha revelado que la vacuna que ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Oxford tendrá un coste aproximado de entre 3 y 4 dólares por dosis (se requieren dos). Pero el suyo es por ahora un caso excepcional.

Además de los precios, se mantienen muchas veces en secreto la información relativa a la producción y logística, y las conocidas como cláusulas de responsabilidad.

En ellas se estipulan límites a la responsabilidad de los laboratorios en el caso de posibles efectos adversos de los medicamentos y se indica que si hay diferencias no las resolverán los tribunales nacionales, sino unas cortes especiales de arbitraje internacional.

Vacuna de Pfizer.

Reuters
Pfizer es una de las compañías señaladas por la exigencia de confidencialidad en los contratos.

Las voces que reclaman mayor transparencia alertan de que la urgencia por el desarrollo de una vacuna para una enfermedad que se ha cobrado ya más de dos millones de vidas en todo el mundo ha podido llevar a los gobiernos a aceptar limitaciones de responsabilidad aún mayores.

En la Estrategia para la Adquisición de Vacunas que hizo pública la Comisión Europea se decía que “la responsabilidad por el desarrollo y el uso de la vacuna, incluida cualquier indemnización específica requerida, recaerá sobre los Estados miembros que la adquieran”.

El caso de Perú

Un país de América Latina, Perú, se ha convertido en ejemplo destacado de los problemas que acarrea esta limitación de responsabilidad para las farmacéuticas.

Las negociaciones del gobierno peruano con la compañía Pfizer para la adquisición de la vacuna no cuajaron porque, según dijo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, “se identificaron algunas cláusulas que requerían un análisis más profundo para determinar la compatibilidad con las leyes peruanas y los alcances que puede asumir el Estado”.

BBC Mundo trató de contactar con Pfizer, pero no obtuvo respuesta.

La falta de acuerdo con Pfizer llevó a las autoridades peruanas a buscar otras opciones, como la vacuna del fabricante chino Sinopharm.

Mujer recibe la vacuna en Hungría.

EPA
El ritmo al que avanza la vacunación varía según los países.

Al contrario de lo que sucede en otros países de la región, como Argentina o Chile, la vacunación no ha comenzado aún en Perú y las autoridades no han podido ofrecer un cronograma seguro.

En Colombia, el gobierno ha sido objeto de fuertes críticas por no haber comenzado aún a vacunar a la gente y haber aludido a las cláusulas de confidencialidad para justificar por qué no podía ofrecer aún una fecha para comenzar a hacerlo.

La confidencialidad en los contratos, sin embargo, cuenta con defensores, con base, sobre todo, en los llamados “subsidios cruzados”. Al poder cobrarles más a los países ricos, los laboratorios se ven en condiciones de ofrecer precios asequibles a los países con menos recursos.

El economista David Bardey señala en conversación con BBC Mundo que si hubiera transparencia en los precios de los medicamentos, “sería más complicado para los laboratorios cobrar precios más altos a los países más ricos si estos pueden observar precios menores para otros países”.

“Si queremos que los países más desarrollados paguen más, es mejor que los precios no sean públicos“, indica el experto, que alerta además de que los países más avanzados están adquiriendo muchas más dosis de las que necesitan porque “sus gobiernos tienen una gran presión de su opinión pública y eso los está empujando a una especie de nacionalismo sanitario”.

Se suele aludir también al derecho que tienen las compañías a obtener un beneficio de las grandes inversiones que hacen en investigación.

Y un tercer factor son los derechos de propiedad intelectual. Un experto español en salud pública que prefirió no dar su nombre resume el papel que, a su juicio, están jugando los grandes laboratorios occidentales: “Están defendiendo su patente para evitar que otros la fabriquen en la India y se las vendan a menor coste a los países pobres”.

Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

EPA
Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se enfrenta al problema de hacer que las farmacéuticas cumplan sus compromisos.

Jonathan García cree que los argumentos a favor de la transparencia ganan valor en el contexto de la pandemia.

“Estamos hablando de una emergencia sanitaria global, de algo que sucede cada 100 años, ante lo que uno esperaría que el sistema utilizara mecanismos mucho más transparentes y buscara un esquema más cooperativo. En cambio vemos que se sigue buscando un mercado monopólico y mantener ventajas en los precios”.

Las diferencias en el acceso a las vacunas han llevado al mundo a un riesgo de “fracaso moral catastrófico”, como definió el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el hecho de que los países más necesitados vayan a tener que esperar años para inmunizar a su población.

La historia de las epidemias muestra que no sería la primera vez. Ya sucedió con la poliomielitis y la viruela, enfermedades erradicadas mucho antes en los países más avanzados.

O con el VIH, que todavía diezma a muchas poblaciones africanas cuando los pacientes en el llamado primer mundo han visto prolongada significativamente su esperanza de vida gracias al desarrollo de los tratamientos antirretrovirales.

“Los medicamentos están disponibles; el problema son los costos”, indica García.

Y los países de renta media, como la mayoría de los de América Latina, no pueden permitirse al negociar con los laboratorios la actitud exigente mostrada por la Unión Europea, un bloque formado por 27 estados entre los más prósperos del mundo.

*Con información adicional de Martín Riepl en Lima y Carlos Serrano en Miami.


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