“Grave retroceso legal la iniciativa de Telecom de Peña”

El gobierno federal y el PRI imponen un grave retroceso legal a la reforma constitucional para telecomunicaciones y radiodifusión con la iniciativa de leyes secundarias enviada por el presidente Enrique Peña Nieto el 24 de marzo pasado, acusan 39 organizaciones y activistas.

“Grave retroceso legal la iniciativa de Telecom de Peña”

Presidencia_Telecomunicaciones-18El gobierno federal y el PRI imponen un grave retroceso legal a la reforma constitucional para telecomunicaciones y radiodifusión con la iniciativa de leyes secundarias enviada por el presidente Enrique Peña Nieto el 24 de marzo pasado, acusan 39 organizaciones y activistas.

En un comunicado señalan además que la sociedad está excluida mientras que las televisoras resultan agraciadas con la iniciativa que, acusan, se “restaura el presidencialismo”.

Las organizaciones hacen un llamado a el Senado de la República y la Cámara de Diputados, quienes “tienen la responsabilidad de incorporar a la legislación secundaria los principios constitucionales.”

Asimismo enumeran diez puntos que consideran “desatinos” y que reproducimos a continuación:

1. Beneficia a las empresas televisoras al disponer que la preponderancia en radiodifusión se definirá únicamente tomando en cuenta a la audiencia y no la capacidad de transmisión o el número de concesiones.
2. Los límites a la concentración especialmente en radiodifusión son dudosos, por no decir casi inexistentes.
3. Adjudica a la Secretaría de Gobernación la revisión de contenidos en radio y televisión, privando al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de una de sus atribuciones esenciales.
4. Deja bajo el control de la Secretaría de Gobernación al nuevo organismo nacional de radiodifusión pública. A ese organismo no se le asigna de manera expresa la tarea de operar una cadena de televisión y otra de radio de alcance nacional.
5. Omite la regulación de contenidos de radiodifusión en temas esenciales como derechos de los niños, integridad de contenidos audiovisuales y publicidad engañosa.
6. No contiene disposición alguna en beneficio dela producción nacional independiente.
7. Discrimina a los medios comunitarios e indígenas al impedir que tengan diversidad de opciones de financiamiento, incluyendo la posibilidad de tener espacios comerciales, y se les deja en una alta incertidumbre jurídica al mantener criterios discrecionales para acceder a las frecuencias. Además se les piden los mismos requisitos que a los medios de uso público, lo cual es un absurdo porque no se le puede exigir lo mismo a una comunidad indígena que a una institución del Estado, en un absurdo jurídico de tratar como iguales a los desiguales.

8. Ignora a los medios públicos. No se reglamentan prerrogativas como la independencia editorial y financiera que les otorga la reforma constitucional.
9. Afectaría la libertad de expresión en Internet al permitir la censura gubernamental y por parte de concesionarios, además de atentar contra el principio de neutralidad de la red.
10. También permitiría a autoridades ordenar la cancelación de los servicios de telecomunicaciones en áreas determinadas durante eventos de protesta y otros.
11. Vulneraría la privacidad de los usuarios al ampliar las facultades de intervención de comunicaciones, geolocalización en tiempo real sin controles, además de obligar a empresas de telefonía a conservar datos personales de los usuarios en un registro de comunicaciones, incluso de manera indefinida, y permitir el acceso a los mismos sin autorización judicial ni otras salvaguardas.

Aquí puedes leer el comunicado íntegro y conocer a los firmantes:

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