[contextly_sidebar id=”2b1ea35925f0b1a9fcd4a908e4062ab3″]Aunque el Gobierno mexicano cuenta con el más grande sistema de protección a periodistas en su historia, esto no se ha traducido en ninguna sentencia judicial y 2013 terminó convirtiéndose en el año con más agresiones a reporteros, fotógrafos y medios de comunicación, con 330 casos documentados. Para Darío Ramínez, director de Artículo 19, organización que presentó ayer su informe anual sobre violencia contra la prensa, el Estado sólo simula atender la problemática pero en realidad no tiene voluntad política para hacerlo.
La presentación del informe se realizó ayer en el Centro Cultural España. El escritor Juan Villoro, primer orador del evento, fue claro: al no investigar y resolver los crímenes contra periodistas, el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto se ha convertido en un cómplice por la impunidad.
El documento es claro: hay agresiones a periodistas por parte del crimen organizado, pero el principal perpetrador son las autoridades, al grado de que seis de cada 10 actos violentos provino de algún funcionario público.
“Hay un tema que es la ineficiencia del Estado. 2013 es el año más violento contra la prensa en México, desde 2007. Es, también, el primer año de Enrique Peña Nieto y de Miguel Ángel Mancera. Evidentemente nos debe preocupar”, señaló Ramírez.
Actualmente, el Gobierno mexicano cuenta el Mecanismo de Protección a Periodistas, de la Secretaría de Gobernación; la Ley de protección a periodistas, junto con una Fiscalía de la PGR. Además, está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“Tenemos una Fiscalía que gasta más de 30 millones de pesos al año y en ocho años no ha logrado ninguna sentencia. Y las agresiones contra la prensa crecen a pesar de que tenemos todo este aparato del Estado. Algo se está haciendo mal”, agregó el director de Artículo 19.
En el caso de la CNDH, Ramírez es tajante: es inexistente su trabajo para proteger a periodistas.
Villoro, escritor y periodista, advirtió que el Gobierno mexicano no puede pregonar que defiende el derecho a la información de la sociedad si, en los hechos, no está cumpliendo con su labor de proteger a los periodistas y resolver las agresiones de que son objeto.
“El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto debe de ofrecer una respuesta a este ataque a los periodistas y a la razón misma del Estado mexicano, si no lo hace, se convierte en un cómplice del ataque. Eso hay que decirlo francamente porque no puede tolerar un Gobierno que se agreda de esa manera a quienes tratan de cumplir con el oficio de informar”, enfatizó.
Pero no sólo es el Gobierno federal el que ha sido omiso, también los Gobierno estatales forman parte del problema, de acuerdo con el miembro de El Colegio Nacional: “Sabemos, además, que hay zonas particularmente peligrosas para ejercer el periodismo y eso debe ser mencionado. Estados como Veracruz o Coahuila, gobernados ambos por el PRI, sin particularmente adversos al ejercicio del periodismo”.
El año pasado, 286 periodistas -80 por ciento hombres- sufrieron algún tipo de amenaza, agresión física o fueron víctimas de algún delito por ejercer su profesión. En algunos casos hubo secuestros y cuatro fueron asesinados. También 39 medios fueron objeto de ataques en sus instalaciones.
Se estima que, el año pasado, cada 26 horas y media en promedio se registró una agresión contra la prensa en México, de acuerdo con el informe de Artículo 19.
