México pone a raya las recomendaciones del Vaticano sobre matrimonio gay

En octubre pasado, la Santa Sede pidió a México proteger a la familia y la vida desde la concepción, sin embargo, el Estado mexicano argumentó impedimentos jurisdiccionales para atender la recomendación.

México pone a raya las recomendaciones del Vaticano sobre matrimonio gay
Foto: Cuartoscuro.
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El Estado Mexicano pintó raya con la Santa Sede sobre temas sensibles como el derecho a la vida y el matrimonio, luego de que ésta le recomendara establecer límites y proteger la vida desde la concepción y reconocer al matrimonio como la unión única de un hombre y una mujer.

El pasado mes de octubre, México se sometió al Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante el cual los estados miembro emitieron 176 recomendaciones sobre temas que consideraron sensibles y vulnerables en el país.

Entonces la Santa Sede recomendó a México proteger el derecho a la vida desde la concepción y el matrimonio, entendido como la unión de hombre y mujer:

“Respetar y defender la vida desde  su concepción hasta la muerte natural, según las enmiendas de las constituciones estatales, y promover una protección equivalente a nivel federal y local.

“Preservar y proteger la institución natural de la familia y el matrimonio como la unión conyugal entre un hombre y una mujer basada en el libre consentimiento”.

En las respuestas, que serán presentadas de manera pública este jueves 20 de marzo en Ginebra y que ya están disponibles en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Estado Mexicano no rechazó ni aceptó las recomendaciones, pero argumentó impedimentos jurisdiccionales para estar de acuerdo con las peticiones de la Santa Sede.

Sobre el derecho a la vida, que México reafirma su respeto y protección conforme al artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos –que la protege desde la concepción-, a  nivel de legislación nacional, pero argumentó que el pacto federal le impide ese cumplimiento en los estados.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha confirmado la facultad de las entidades federativas de legislar en este ámbito, atendiendo a la distribución de competencias que establece la Constitución, por lo que no se puede implementar la recomendación 148.48 en tanto no es posible asegurar la uniformidad en las distintas legislaciones, con base en el Pacto Federal vigente”, respondió.

Actualmente, 17 estados protegen la vida desde la concepción en sus constituciones locales, por lo que el aborto está penado: Baja California, Colima, Chiapas, Morelos, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Yucatán. El resto de los no regulan el derecho a la vida desde el momento de la concepción.

Sobre la protección a la familia y el matrimonio, el Estado Mexicano dijo respetarlo conforme a lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos –que reconoce el derecho de los hombres y las mujeres a casarse sin importar motivos de raza, religión o nacionalidad-, sin embargo aclara que no existe una norma internacional que defina las características que deba tener la familia, ya que la Declaración sólo la define como “el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del estado”.

Al mismo tiempo, argumentó que el artículo 1 constitucional reconoce el derecho a la no discriminación.

“La SCJN ha reafirmado lo anterior, al determinar la inconstitucionalidad de legislación que menoscaba la autodeterminación de las personas y el derecho al libre desarrollo de su personalidad, incluso estableciendo que las normas que conceptualizan el matrimonio de forma discriminatoria son inconstitucionales. Por lo anterior, el Estado mexicano no se encuentra en posibilidad de implementar esta recomendación”.

La Santa Sede también recomendó garantizar la aplicación de la enmienda al articulo 24 constitucional, relativo a la libertad religiosa, lo cual sí aceptó.

Claroscuros en desapariciones y arraigo

En octubre, México recibió 176 recomendaciones, de las cuales rechazó dos, relacionadas con adiciones a Convenios de Ginebra de 1961, relativo al conflicto armado, y a ratificar la Convención para Reducir los casos de Apatridia.

Sin embargo, sus respuestas tuvieron claroscuros en temas sensibles como la desaparición forzada de personas y el arraigo.

Sobre la desaparición forzada, Francia, España y Uruguay le recomendaron reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, lo cual permitiría al organismo conocer casos particulares, a lo cual México respondió que “toma nota” y “evalúa” la posibilidad de hacerlo. Aceptó, en cambio, realizar un registro nacional sobre personas desaparecidas.

Sobre el tema de arraigo, Alemania, Austria y Bélgica solicitaron su eliminación y México respondió que “tomó nota”. Argumentó que se busca limitar su aplicación a casos “verdaderamente excepcionales” y que el gobierno federal impulsa una reforma constitucional para usarse sólo en casos de delincuencia organizada, además de que se atenderían quejas por violaciones a derechos cometidas bajo la aplicación de esta figura.

Qué es el EPU

El Examen Periódico Universal es una evaluación a la que se someten todos los países miembros de la ONU, donde son evaluados por sus pares en material de derechos humanos.

Se implementó en el año 2008. Los países se someten al EPU cada 4 años y las recomendaciones que de él derivan no son vinculantes para los Estados.

México fue evaluado por primera vez en febrero de 2009 y recibió 91 recomendaciones, de las cuales 83 fueron aceptadas, tres rechazadas y el resto comentadas sin una posición clara.

 

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