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Mujeres de Chiapas deciden levantar su propia alerta de género por feminicidios
En el estado se inició una campaña para denunciar que no hay intención de acabar con la violencia contra las mujeres pues las autoridades argumentan que ésta no pone en riesgo la paz social.
Por Tania L. Montalvo
14 de marzo, 2014
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Foto: Cuartoscuro.

Foto: Cuartoscuro.

El argumento de autoridades locales y federales para no declarar una alerta de género en Chiapas, pese a que durante 2013 al menos 84 mujeres fueron asesinadas con violencia, es que no hay evidencia de que en la entidad esté en riesgo la paz social, por lo que mujeres han declarado su propia alerta popular de género.

Con ésta, organizaciones civiles, activistas y mujeres del estado buscan poner en evidencia la “nula intención” de acabar con la violencia de género en esta entidad ubicada en el sureste del país.

“¿Cuántas mujeres deben morir para que el Estado considere que hay un patrón de violencia hacia las mujeres en Chiapas?”, cuestiona el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, organización civil que en noviembre pasado encabezó la petición para que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) declarara la alerta de género.

En enero pasado, el Sistema —integrado por las secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, de Educación Pública, de Salud, de Trabajo y Previsión Social, además de la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Nacional de las Mujeres y las instancias de las mujeres de las 32 entidades federativas— rechazó la alerta argumentando que los asesinatos de mujeres en el estado no ponían en riesgo la paz social y que muchos de éstos no eran reconocidos como feminicidios.

El Centro presentó un reporte, basado en información oficial, en el que documentó que de enero a octubre del año pasado 84 mujeres fueron asesinadas con violencia y en al menos 52 casos no hay duda de que se trató de un feminicidio; en el resto solicitaron una investigación para determinarlo.

Pero también solicitaron que la alerta visibilizara la falta de prevención en los casos de feminicidios, pues de mil 077 hechos con violencia contra mujeres denunciados de enero de 2007 a junio de 2013, sólo en 3% se otorgó una orden de protección.

“Es lamentable que las autoridades no comprendan los mecanismos de protección y reduzcan la violencia feminicida solo al asesinato de mujeres, sin tomar en cuenta que ésta comprende otras formas de violencia que no están siendo consideradas,y que están poniendo en mayor vulnerabilidad a las mujeres”, dijeron miembros y organizaciones que se unieron a la alerta popular de género.

Las sesiones del Sistema —creado en 2007 tras la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia— son privadas y los argumentos para rechazar las alertas sólo son dados a conocer a través de las organizaciones civiles.

La ley federal indica que se puede solicitar una investigación para una eventual alerta de género, definida como “el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia, para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado”, por la presencia de delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad jurídica de las mujeres. Pero tras ser solicitada en ocho ocasiones en entidades como el Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Guanajuato y Chiapas, ninguna ha sido aceptada.

Violencia y marginación

Según la documentación presentada en la solicitud de alerta de género, en la mayoría de los feminicidios cometidos en Chiapas las lesiones mortales son con arma blanca, combinadas con estrangulaciones, golpes, violación y mutilación; y en el 80% de los casos el victimario tenía relación con la víctima.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que el grado de marginación de Chiapas es “muy alto” con más del 50% de la viviendas del estado con “algún tipo de hacinamiento”.

La Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares que hace el mismo Instituto mostró en 2011 que el 30% de las mujeres chiapanecas de 15 años y más han sufrido algún tipo de violencia en su relación de pareja.

De las 15 regiones que conforman el territorio chiapaneco, en cinco se concentran más del 70% de las muertes de mujeres por homicidio: Metropolitana, Soconusco, Altos-Tsotsil-Tseltal, Meseta Comiteca Tojobal y Valles Zoque.

En 32% de los casos, las víctimas fueron encontradas en su domicilio, 25% tenía entre 21 y 30 años y 14% entre 41 y 50.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas confirmó que en 2013 hubo 47 feminicidios, pero reconoce que sólo en dos casos se ha dictado sentencia condenatoria.

El delito fue tipificado en la entidad en febrero de 2012 y desde entonces, de los casos reconocidos como tal, sólo seis hombres han recibido sentencia condenatoria, 38 están sujetos a proceso y 17 más tienen orden de aprehensión vigente.

Uno de los casos que llevó al Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas a solicitar una alerta de género y ante la negativa, iniciar una alerta popular, es el de María Flor, una niña indígena de 10 años que fue violada, torturada y asesinada por un grupo de al menos diez hombres que la asfixiaron e hirieron con un arma punzocortante.

El feminicidio ocurrió en julio de 2012 y a la fecha sólo dos de los hombres identificados como sus presuntos agresores están siendo sujetos a proceso penal y el resto están libres.

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Patriotas Constitucionales Unidos: la milicia civil armada que ha detenido a cientos de inmigrantes en la frontera
Larry Mitchell Hopkins lidera el grupo de los Patriotas Constitucionales Unidos, que realiza operativos para detener a inmigrantes en la frontera de EE.UU. con México. Las autoridades lo señalan como un "delincuente peligroso".
22 de abril, 2019
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Frontera

Getty Images
El grupo de los Patriotas Constitucionales Unidos se vio involucrado en una polémica detención de migrantes la semana pasada en Sunland, Nuevo México.

Un “patriota” detenido injustamente, según sus seguidores. Un “delincuente peligroso”, según las autoridades.

Larry Mitchell Hopkins fue detenido el sábado y acusado de posesión ilegal de armas de fuego y municiones, informó el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

El hombre, de 69 años, fue enviado a una cárcel del estado de Nuevo México, en el suroeste de Estados Unidos, donde este lunes debía comparecer ante un tribunal.

Hopkins es considerado líder de los Patriotas Constitucionales Unidos, un grupo de hombres armados que patrulla la frontera de Estados Unidos con México en busca de inmigrantes indocumentados.

Se trata de una de varias milicias que tienen presencia en la zona fronteriza y que realizan operativos de búsqueda y captura de migrantes, sin tener consentimiento expreso de las agencias federales.

Su presencia se ha incrementado recientemente a raíz de la llegada de caravanas de migrantes a la frontera sur del país.

El fiscal general de Nuevo México, Héctor Balderas, confirmó el sábado la detención de Hopkins a quien describió como “un delincuente peligroso que no debe tener armas cerca de niños y familias”.

Larry Mitchell Hopkins

AFP
Hopkins también usa el alias de Johnny Horton Jr.

“El arresto de hoy (sábado) hecho por el FBI indica claramente que el estado de derecho debe estar en manos de oficiales de policía entrenados, no de vigilantes armados”, dijo Balderas en un comunicado.

Y es que este mismo mes los Patriotas Constitucionales Unidos realizaron un controvertido operativo en el que detuvieron a al menos 300 migrantes cerca de la ciudad fronteriza de El Paso, Texas.

La acción fue criticada por la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan.

Un portavoz de Patriotas Constitucionales Unidos, Jim Benvie dijo en un video en Facebook que su grupo no ha infringido ninguna ley y que espera que el “patriota” Hopkins sea exonerado.

¿Quién es Larry Hopkins?

El FBI indicó que Hopkins es residente de la localidad de Flora Vista, Nuevo México un lugar ubicado a más de 500 km de la frontera.

Se sabe que a veces también utiliza el alias Johnny Horton Jr., el mismo nombre de un popular cantante de música country de la década de 1950, cuyas canciones interpreta Hopkins en videos de YouTube.

Durante los últimos meses se ha vuelto en uno de los rostros más visibles de los grupos de hombres que patrullan la zona fronteriza en su búsqueda de indocumentados.

Se hace llamar “comandante nacional” de los Patriotas Constitucionales Unidos, según el Southern Poverty Law Center (SPLC), un centro de análisis de grupos de odio de EE.UU.

Larry Mitchell Hopkins con un miembro de Patriotas Constitucionales Unidos

AFP
Hopkins y su grupo han establecido un centro de comando en Anapra, Nuevo México.

El hombre aseguró a esa ONG en una entrevista que tiene contactos con autoridades de alto nivel: “Nuestra información proviene de lo más alto (…) No te estoy diciendo dónde, pero sale de agencias muy altas”.

Se describe como alguien que va a la frontera cuando sabe “que el enemigo está cerca”, una presunta referencia a las caravanas de migrantes que se dirigen a Estados Unidos por la frontera sur.

“Voy a luchar y puedo dar mi vida, pero al menos estaré allí y defenderé mi juramento (…) Si me abaten ahora, al menos moriré por nuestro país y de lo que se trata mantener a EE.UU. libre”, aseguró.

Un grupo de vigías de la frontera

Getty Images
Al igual que los Patriotas Constitucionales Unidos, otros civiles han organizado grupos armados con presencia en la frontera.

Esta no es la primera vez que Hopkins tiene problemas con la ley, pues en 2006 fue arrestado y acusado de hacerse pasar por un agente de policía en Klamath, Oregón.

Un reporte de la policía indica que el hombre, vestido con ropa similar a la que usan los agentes locales y una insignia de “agente especial”, estaba “mostrando dos armas a un grupo de jóvenes”.

“Arrestos ciudadanos”

El grupo de los Patriotas Constitucionales Unidos se vio involucrado en una polémica detención de migrantes la semana pasada en Sunland, Nuevo México.

En un video publicado en Facebook se veía a hombres armados reteniendo a unos 300 migrantes, entre ellos decenas de mujeres y niños.

En un momento, se les ve apuntando con sus armas directamente a los detenidos, pese a que el grupo no tiene facultad para realizar este tipo de detenciones ni de hacer uso de sus armas para esos fines.

El objetivo proclamado del grupo es “defender la Constitución de Estados Unidos de América” y proteger los derechos de los ciudadanos “contra todos los enemigos, tanto extranjeros como nacionales”.

Benvie, el portavoz del grupo, le dijo al diario The New York Times que han estado acampando en la región durante los últimos dos meses y planean quedarse hasta que el presidente Donald Trump logre construir un muro fronterizo.

Indicó que las acciones de detención que realizan son “arrestos ciudadanos, y añadió: “La Patrulla Fronteriza nunca nos ha pedido que nos retiremos”.

La agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha dicho previamente que se opone a que los civiles patrullen la frontera en busca de cruces ilegales.

Mientras, la gobernadora Michelle Lujan Grisham dijo en Twitter que “intimidar o amenazar a familias migrantes y solicitantes de asilo es absolutamente inaceptable y debe cesar”.

Milicia

AFP
Patriotas Constitucionales Unidos realiza operativos para detener a inmigrantes en la frontera de EE.UU. con México.

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