ONG reclaman a México no aceptar recomendaciones sobre arraigo

El gobierno mexicano entregó sus respuestas al Examen Periódico Universal, al cual se sometió en octubre pasado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Las respuestas del ejecutivo mexicano dejaron inconformes a organismos de la sociedad civil.

Muere detenido en arraigo
Muere detenido en arraigo
El día de hoy en Ginebra, Suiza, el gobierno mexicano entregó sus respuestas al Examen Periódico Universal, al cual se sometió en octubre pasado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Sus respuestas dejaron inconformes a organismos de la sociedad civil pues si bien sólo rechazó dos recomendaciones de las 176 que le presentaron los estados miembro, mantuvo una postura esquiva y de “aceptación parcial” en temas sensibles como el arraigo, la tortura, la desaparición forzada y los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres.

En ese sentido, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos manifestó ante el Consejo de Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura, cuestionaron no haber asumido la exigencia de eliminar el arraigo.

En octubre pasado, Alemania, Austria y Bélgica solicitaron eliminar esta figura a nivel federal y estatal por considerar que viola normas internacionales de derechos humanos. México respondió que “tomó nota” y argumentó que se busca limitar su aplicación a casos “verdaderamente excepcionales” –sólo crimen organizado y aplicación a nivel federal-, además de reducirlo de 80 a 30 días.

“Se han presentado miles de quejas de tortura ante diferentes instituciones de derechos humanos del país y se ha evidenciado el abuso en la aplicación de la figura del arraigo, una forma de detención para investigación por periodos de hasta 80 días. Resulta de grave preocupación que el Estado mexicano haya rechazado las recomendaciones para su eliminación”, plantearon las organizaciones durante su intervención.

“La impunidad continúa siendo prácticamente absoluta para casos de tortura, ejecuciones y desapariciones. No se cuenta con sentencias de tribunales imparciales e independiente significativas de militares o civiles ni superiores jerárquicos, responsables de dichos abusos”.

El Centro Pro de Derechos Humanos agregó, en su intervención, que según datos de la PGR entre 1994 y 2012 sólo ha habido dos condenas federales por tortura.

Sobre la desaparición forzada  Francia, España y Uruguay emitieron le recomendaron reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, lo cual permitiría al organismo conocer casos particulares, sin embargo el gobierno mexicano respondió que lo evaluará, pues éstos son revisados en el sistema interamericano de derechos humanos, perteneciente a la OEA.

Las organizaciones ahí reunidas coincidieron en que a pesar de la aprobación de leyes, mecanismos y procesos, las violaciones a derechos humanos no cesan, además de que la impunidad sigue siendo el gran pendiente de México.

Para Ramón Muñoz, director de la Red Internacional de Derechos Humanos con sede en Ginebra, que da seguimiento puntual a los EPU, coincidió

“México, como siempre, se apoya en las reformas y leyes, pero no da cifras en cuanto a la efectividad de su aplicación, diríamos que se apoya en la formalidad de las leyes pero no en la certeza de su aplicación, es decir, en los efectos que esas leyes deberían producir si se aplicaran de manera efectiva”, señaló Muñoz a Animal Político.

México presume leyes, no resultados

En su presentación ante el Consejo, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Juan Gómez Robledo, presumió la aprobación de “casi todas” las 176 recomendaciones emitidas por los estados parte y apuntó que casi la mitad de ellas pedían consolidar o avanzar en procesos en curso o acelerar implementación de leyes ya aprobadas.

El gobierno rechazó dos y mantuvo una postura indefinida en algunas con temas sensibles como arraigo, desaparición forzada y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

En su respuesta, como ocurrió durante la evaluación en octubre pasado, el gobierno mexicano hizo un despliegue de leyes y mecanismos. En esta ocasión presumió la publicación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, y el retiro a la reserva de seis instrumentos de derechos humanos, entre ellos el reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La subsecretaria de Derechos Humanos de Segob, Lía Limón, se sumó al despliegue de reformas aprobadas, como la educativa, la política electoral, la de transparencia y telecomunicaciones.

Anunció la pronta presentación del Programa Nacional de Derechos Humanos y destacó que durante el proceso de revisión de recomendaciones, el gobierno mexicano abrió espacios de diálogo con las organizaciones no gubernamentales para recibir sus comentarios.

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