El gobierno federal y el del estado de Michoacán se encuentran analizando diversos casos de autoridades municipales que podrían haber auxiliado a Los Caballeros Templarios en delitos como extorsión, secuestro, lavado de dinero y hasta en crear rutas de trasiego de drogas.

Lo anterior forma parte de la investigación que se inició contra el exsecretario de gobierno de Michoacán, Jesús Reyna, y contra el edil de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza.

Funcionarios federales señalaron que las investigaciones se están llevando con mucho cuidado pues “existen casos en los que algunos funcionarios fueron obligados a reunirse con miembros de la delincuencia organizada y otros en los que se puede detectar su participación en delitos e incluso en ganancias económicas”.

Por tanto, no se harán detenciones hasta tener pruebas de la participación de cada una de las personas señaladas en las investigaciones, de hecho, los funcionarios consultados aseguran que hay presidentes municipales, servidores públicos y empresarios de diversas extracciones partidistas.

Sin embargo y para evitar otro “michoacanazo”, las autoridades están tratando de tener diversos elementos de pruebas para poder realizar las detenciones y posteriores consignaciones.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, pidió que dentro de las investigaciones no se cometan actos de injusticia y por tanto no se repita “el michoacanazo” en el cual la anterior administración detuvo a funcionarios y autoridades que resultaron ser inocentes.

Asimismo afirmó que contra quienes se encuentren pruebas se debe aplicar todo el peso de la ley.

Como parte de lo anterior, las autoridades federales y locales detuvieron ayer 28 de abril al alcalde de Lázaro Cárdenas Arquímides Oseguera Solorio y a su tesorero Omar Soto Gil, quien se presume ayudo a su jefe a lavar dinero de la organización delictiva, extorsionar mineros, ganaderos y ser copartícipe en al menos un par de secuestros.

De acuerdo a las averiguaciones previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Procuraduría General de la República ambos funcionarios participaron con los Caballeros Templarios en diversos ilícitos en los que extorsionaban a empresarios para poder pasar minerales al puerto de Lázaro Cárdenas.

Dichas extorsiones se llevaban en carreteras y territorios cercanos al puerto y de acuerdo a las investigaciones de la PGR, las negociaciones del presidente municipal como de su tesorero eran directamente con Servando Gómez, La Tuta, líder de dicha organización delictiva.

El tesorero fue detenido en la tenencia Las Guacamayas, perteneciente al municipio portuario y su traslado a la capital michoacana se efectuó alrededor de las 18:00 horas.

Por su parte, el alcalde de extracción perredista  fue puesto a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR en la Ciudad de México tras rendir su declaración ante la PGJE.

*Con información de Mimorelia.com