Diez años sin un solo culpable por el delito de tortura
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Diez años sin un solo culpable por el delito de tortura

En las averiguaciones previas que se iniciaron tanto en el ámbito civil como militar, ningún funcionario público ha sido sometido a acción penal.
Por Tania L. Montalvo
24 de abril, 2014
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Foto: Cuartoscuro.

Foto: Cuartoscuro.

En los últimos diez años no ha habido consignados por el delito de tortura, ni en tribunales civiles ni en militares, según las cifras que entregaron la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a diferentes solicitudes de información pública sobre la comisión de ese crimen.

La Visitaduría General de la PGR confirmó que de 2002 a 2012 sólo se iniciaron 39 averiguaciones previas por tortura y que en ningún caso hubo acción penal ni emitió alguna orden de aprehensión.

En la Procuraduría General de Justicia Militar, desde el 2002 —y hasta la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2012 de establecer límites al fuero militar— se iniciaron 142 averiguaciones previas por “violaciones contra las personas causando tortura” y 821 más por el delito de “violencia contra las personas causando lesiones” en el que se pudo incurrir también en tortura. Pero de esas 963 investigaciones, sólo 6 llegaron a los juzgados y finalmente no hubo sanciones penales.

La Secretaría de la Defensa Nacional respondió a una solicitud de información pública que presentó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan que ningún servidor público de esa instancia federal ha sido penalmente sancionado por la comisión del delito de tortura de 2002 a la fecha.

Las cifras anteriores pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó en octubre pasado que entre 2006 y 2012 hay al menos 7 mil 253 casos de tortura, y que justo Sedena y PGR son las dependencias federales con más quejas en su contra.

Según información de la Comisión, entre 2000 y 2012 al Ejército se le ha señalado como responsable de 75 casos de tortura y de 3 mil 580 de tratos crueles; mientras que PGR cuenta con 34 de tortura y 2 mil 026 de tratos crueles.

Sin protocolos de actuación o investigación

Al reunirse con Juan E. Méndez, relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura ­—que está de visita en México desde el pasado 21 de abril y hasta el 2 de mayo para evaluar la comisión de ese delito en el país—, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” explicó que en México no existen protocolos de actuación para evitar tortura durante detenciones ni de investigación para proteger a las víctimas.

En otra solicitud de información pública, Sedena respondió a Tlachinollan que los datos sobre un protocolo de actuación para detenciones o aseguramientos  y mecanismos para resguardar la integridad física de las personas vinculadas en éstos son “inexistentes”.

La PGR, por su parte, confirmó que para investigar casos de tortura aplica el Dictamen Médico / Psicológico especializado, que es una adaptación del Protocolo de Estambul, la prueba con validación internacional para determinar si una persona fue víctima de tortura y tratos crueles.

En total,  de 2002 a 2012 lo aplicó en 302 ocasiones y en el 42.3% de los casos determinó “la existencia de lesiones posiblemente derivadas de tortura y/o maltrato”, pero en ninguno hubo sentencia condenatoria contra presuntos responsables.

Organizaciones civiles exigen a PGR que admita como pruebas los peritajes independientes del protocolo de Estambul, pues a la fecha sólo son válidos los que realiza esa dependencia y argumentan que actúan como juez y parte, pues determinan si sus propios elementos son los que cometieron la tortura.

Tlachinollan destaca que con base en las cifras de la CNDH se confirma que durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) las quejas por violaciones a derechos humanos aumentaron 453%; específicamente, 235% por el delito de tortura.

México es parte de diversos instrumentos internacionales para combatir y abolir la tortura como la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, pero además esas prácticas están prohibidas en los artículos 19, 20 y 22 de la Constitución.

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Elecciones en EU: ¿podría Donald Trump ir a la cárcel si pierde las elecciones?

El mandatario podría estar jugándose en las urnas algo más que su futuro político. Te explicamos por qué.
3 de noviembre, 2020
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Para Donald Trump, una derrota en las elecciones de este martes no sería solamente una humillación política. El mandatario arriesga mucho más.

Las investigaciones en torno a los escándalos que han ocurrido durante su gestión sugieren, según expertos, que el mandatario puede enfrentar una compleja situación financiera personal, además de procesos penales, si tiene que salir de la Casa Blanca el próximo 20 de enero.

Hasta el momento, frente a la posibilidad de una investigación criminal en su contra, lo protege la inmunidad que le brinda el cargo. Los presidentes en ejercicio no pueden ser procesados.

Lo que lleva a la pregunta obvia: ¿qué pasa si ya no es el presidente?

La inmunidad en el cargo

“Creo que hay la posibilidad de que se le imputen cargos criminales a Trump”, dice a BBC Mundo Bennett Gershman, catedrático de derecho constitucional en la Universidad de Pace, quien se desempeñó por una década como fiscal en el estado de Nueva York.

“Los cargos que el presidente podría enfrentar tienen que ver con fraude bancario, fraude de impuestos, lavado de dinero, fraude electoral”, entre otros, asegura Gershman, citando “toda la información que ha salido a la luz en los medios sobre su conducta financiera”.

Como si esto fuera poco, Trump enfrenta grandes riesgos financieros, incluyendo, según informes de los medios estadounidenses, una enorme deuda personal y dificultades con su imperio empresarial.

El diario The New York Times ha dicho que en los próximos cuatro años Trump tiene que pagar más de 300 millones de dólares en préstamos, en momentos en que algunas de sus inversiones personales no pasan por el mejor momento.

Y si Trump sale derrotado en los comicios, tal vez sus acreedores sean menos flexibles a la hora de exigir el pago de esas obligaciones.

La Casa Blanca ha actuado como una barrera frente a los problemas legales y financieros del mandatario, advierten sus críticos. Si esa muralla desaparece, Trump enfrentaría días difíciles.

No admite faltas

El presidente asegura haber sido víctima de numerosas conspiraciones por parte de sus enemigos para acusarlo falsamente de haber cometido crímenes antes y durante su tiempo en el poder.

Joe Biden.

Reuters
Trump ha acusado repetidamente a Biden sin presentar pruebas.

Trump niega de manera tajante haber cometido cualquier falta.

Y subraya el haber salido airoso de las investigaciones que ha llevado a cabo el Departamento de Justicia en torno a los numerosos escándalos que han enmarcado su gestión, así como del juicio político que le realizó el Congreso a comienzos de este año.

Pero todos esos procesos partían de la base de la inmunidad presidencial frente a los procesos penales. El Departamento de Justicia ha dicho en repetidas ocasiones que un mandatario no puede ser procesado penalmente mientras ocupe el cargo.

No obstante, esas investigaciones podrían ser la base de nuevas actuaciones judiciales contra Trump, le dicen expertos a BBC Mundo.

“Ya sabemos que puede enfrentar acusaciones de fraude electoral, ya que el fiscal federal del Distrito Sur de Manhattan en efecto ya nombró como co-conspirador junto a Michael Cohen“, asegura Gershman.

El experto se refiere a la investigación federal contra el exabogado personal de Trump, Cohen, quien en 2018 se declaró culpable de irregularidades electorales durante la campana de 2016 relacionadas con pagos efectuados a la actriz porno Stormy Daniels, quien alega haber tenido un affaire con el presidente.

Stormy Daniels.

Reuters
La actriz Stormy Daniels estuvo en el centro de uno de los escándalos que afectaron al presidente.

Durante la investigación contra Cohen, la fiscalía describió en su acusación oficial a un entonces candidato presidencial, al que designaron como “Individuo 1”, supuestamente relacionado con esa actividad criminal. Los medios estadounidenses asumieron universalmente que la Fiscalía se refería en ese momento a Trump.

En su momento, el hecho fue noticia nacional. El 7 de diciembre de 2018, The New York Times titulaba: “Fiscales dicen que Trump dirigió pagos ilegales durante la campaña”.

Agregaba el diario que “fiscales federales dijeron el viernes que el presidente Trump dirigió pagos ilegales para evitar un potencial escándalo sexual que amenazaba sus posibilidades de ganar la Casa Blanca en 2016, poniendo el peso del Departamento de Justicia detrás de las acusaciones previamente realizadas por su exabogado”.

El informe Mueller

Gershman dice que cabe suponer que “pueda haber otros cargos por obstrucción a la justicia” a partir de los resultados del llamado informe Mueller.

En 2019, el fiscal especial Robert Mueller entregó su investigación sobre las acusaciones de interferencia del gobierno ruso en la campaña presidencial estadounidense de 2016.

Dicho informe no encontró prueba concluyente de que la campaña del entonces candidato Trump estuviera deliberadamente colaborando con el gobierno ruso.

Sin embargo, el informe documentó una serie de actuaciones controversiales del mandatario en respuesta a esa investigación.

Mueller manifestó entonces que el Congreso estadounidense debía decidir si le seguía un “impeachment” o juicio político a Trump por supuesta obstrucción de justicia, ya que el presidente tenía inmunidad frente a los canales normales de la justicia penal.

Robert Mueller.

EPA
Hay expertos que creen que Trump podría afrontar cargos derivados de la investigación que llevó a cabo el fiscal especial Robert Mueller.

En esa ocasión, el Congreso se abstuvo de abrirle un juicio político a Trump, aunque sí lo hizo meses después por un caso distinto, esta vez ante versiones que decían que el presidente había intentado manipular al gobierno de Ucrania para que investigara supuestas irregularidades cometidas por Hunter Biden, el hijo del candidato demócrata Joe Biden.

En diciembre de 2019 la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, acusó formalmente a Trump, pero en febrero siguiente, el Senado, de mayoría republicana, lo absolvió.

Trump fue apenas el tercer mandatario estadounidense en la historia en enfrentar un “impeachment”.

Cargos locales y federales

Como presidente, Trump podría en principio autoperdonarse por cualquier violación a las leyes federales que hubiese cometido, aunque no hay antecedentes en la historia del país de una situación semejante.

En cambio, sí ha ocurrido que un mandatario que enfrenta la posibilidad de cargos criminales salga del cargo y sea perdonado por su sucesor.

Ese fue el caso en 1974 cuando Richard Nixon renunció después del escándalo de corrupción de Watergate, y su entonces vicepresidente y sucesor en el cargo, Gerald Ford, le extendió un perdón judicial total.

Richard Nixon.

BBC
Nixon es hasta ahora el único presidente en la historia de EE.UU. que ha recibido un perdón total.

“Hay muy poca probabilidad de que Trump enfrente cargos federales, pues es de esperar que se autoperdone”, le dice a BBC Mundo Norman Ornstein, experto del American Enterprise Institute, un centro de investigación política de línea conservadora.

En un escenario de derrota electoral, si Trump no se atreve a autoamnistiarse, dice Ornstein, el mandatario tendría algún incentivo para renunciar al cargo antes del final de su periodo, que se cumple el 20 de enero de 2021.

En ese escenario hipotético extremo, el actual vicepresidente Mike Pence quedaría a cargo para completar los días finales del periodo presidencial y podría perdonar a Trump por anticipado de cualquier crimen a nivel federal que hubiese podido cometer.

Pero las potenciales dificultades legales de Trump no terminan ahí, asegura Ornstein.

Los medios estadounidenses han estado ventilando la posibilidad de que, aparte de cargos federales, Trump también enfrente cargos criminales a nivel local, le recuerda a BBC Mundo el exfiscal Gershman.

Carteles frente a la Casa Blanca.

Reuters
Detractores del presidente han colgado carteles que piden su arresto frente a la Casa Blanca.

El 1 de noviembre, la publicación The New Yorker se unía a muchos otros medios estadounidenses discutiendo un escenario en el que el fiscal de Nueva York, Cyrus Vance, quien ha estado investigando los negocios privados del presidente, podría eventualmente acusarlo de irregularidades relacionadas con su pasado como magnate inmobiliario.

En eso concurre Ornstein, quien le dice a BBC Mundo: “Hay investigaciones agresivas en curso por el Fiscal General del Estado de Nueva York, y el Fiscal del Distrito de la Ciudad de Nueva York sobre irregularidades de impuestos y de otra índole potencialmente cometidas antes de que Trump fuese presidente”.

A diferencia de los cargos federales, los de nivel local no son susceptibles de perdón presidencial.

Una decisión política

Los expertos insisten en que no hay seguridad de que las autoridades decidan emprender estas acciones en contra de Trump, incluso si creyesen que existe evidencia para justificarlo.

Ya en 1974 el gobierno de la época decidió que enjuiciar a Nixon solo extendería la agonía del escándalo de Watergate, y, alegando conveniencia nacional, prefirió perdonarlo.

Al respecto, Joe Biden dijo el pasado 6 de agosto en una entrevista que, en caso de ser elegido presidente, ni se opondría ni impulsaría un proceso penal contra Trump, dejando esa decisión enteramente a los fiscales del Departamento de Justicia.

Si esos fiscales federales, o los del estado de Nueva York, finalmente deciden adelantar un proceso contra Trump, no será una situación que se resuelva rápidamente.

Por cuenta de los litigios previos, un juicio fácilmente podría tomar meses o incluso años en comenzar, le dice Gershman a BBC Mundo

Si fuera encontrado culpable por cargos como los que se han discutido, Trump podría enfrentar una pena “de años, no de meses” en prisión, advierte el académico.

“La ley aplica para todos”, recuerda Gershman.

Ornstein, por su parte, sospecha que los fiscales de Nueva York seguirán adelante con sus investigaciones contra Trump.

“No creo que terminen sus esfuerzos contra Trump cuando deje su cargo. Trump es vulnerable, y lo sabe”, le dice Ornstein a BBC Mundo.

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