El Comité de la ONU examinará si México le falla a las personas con discapacidad
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El Comité de la ONU examinará si México le falla a las personas con discapacidad

Entre los pendientes para garantizar el cumplimiento de sus derechos está la omisión de incluir el acceso a la información de personas con discapacidad en la reciente Ley de Telecomunicaciones
Por Tania L. Montalvo
4 de abril, 2014
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//Foto: Cuartoscuro.

//Foto: Cuartoscuro.

A México le quedan escasos cinco meses para probar que no es un “candil de la calle, oscuridad de su casa” en garantizar los derechos de las personas con discapacidad, pues tras haber sido desde 2001 el principal impulsor internacional de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, este año se enfrentará por primera vez a una evaluación sobre la aplicación de esa iniciativa, en la que según organizaciones civiles, el Estado ha fallado.

“A pesar de ser el promotor de la Convención y a casi ocho años de que ésta entrara en vigor, México tiene importantes pendientes en el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Las organizaciones de la sociedad civil han documentado que, en particular, en México hay graves violaciones a los derechos de personas con discapacidad a la accesibilidad, capacidad jurídica, derecho a vivir en la comunidad, educación, salud y trabajo”, dijo este miércoles 2 de abril la Coalición México por los derechos de las personas con discapacidad (Coamex) al emitir su postura sobre la evaluación que tendrá  el país ante la ONU en septiembre próximo.

La Coalición y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) forman parte del grupo de representantes de la sociedad civil que el próximo 7 de abril se reunirá con el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para conocer la situación en México de ese grupo desde la óptica de la ciudadanía.

Uno de los principales temas que se tratarán es que en el país no se ha realizado un esfuerzo serio para tener estadísticas sobre personas con discapacidad: en México, no hay cifras exactas sobre cuántas personas tienen algún tipo de discapacidad, lo que organizaciones civiles traducen como un obvio problema al momento de crear e implementar políticas públicas, pues no hay certeza de cuál es la población objetivo.

Según el censo 2010, que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México el 5.1% de la población tiene algún tipo de discapacidad; sin embargo, la Organización Mundial de la Salud estima que al menos el 10% de los mexicanos presenta una discapacidad.

Otros temas que se presentarán ante el Comité de la ONU y en los que la sociedad civil considera que el Estado ha fallado son:

  • Faltan estrategias para consolidar políticas y prácticas de protección legal efectiva contra la discriminación.
  • No existe una postura gubernamental para evitar en los medios masivos de comunicación mensajes con contenido indigno o de imagen negativa de las personas con discapacidad.
  • No se cuenta con un plan nacional de accessibilidad que considere integralmente medidas de acceso al entorno físico, al transporte, a la información y a la comunicación.
  • No se cuenta con infraestructura, cultura y prácticas que garanticen el acceso a la justicia de manera equitativa para las personas con discapacidad, en particular en condición de pobreza y pobreza extrema, de origen indígena o condición de género.
  • El Sistema Educativo Nacional tiene grandes carencias de cobertura, calidad y eficiencia:  no ha logrado consolidar una clara política de estado en relación a la Educación Inclusiva.
  • Hay carencia de servicios de calidad que permiten el goce del más alto nivel de salud a las personas con discapacidad.
  • Los servicios de habilitación y rehabilitación son insuficientes y muchas veces deficientes en calidad que no responden a las necesidades de las personas con discapacidad
  • La visión de inclusión laboral es muy limitada, existiendo prejuicios para la contratación y permanencia, además de abusos en el ambiente laboral.

Las organizaciones civiles insisten en que, si bien el Estado mexicano le ha fallado “por décadas” a las personas con discapacidad, es de destacar que en la actual administración tampoco se ha trabajado a favor de este grupo pese a que, como candidato en el 2012, el presidente Enrique Peña Nieto firmó varios compromisos ante notario público.

El mandatario mexicano prometió en octubre de 2012 trabajar en la adecuación de instalaciones en escuelas públicas para personas con discapacidad, capacitar a maestros para lograr una integración efectiva, crear un fondo para que gobiernos locales adapten el transporte público, proveer recursos para prótesis, sillas de ruedas y zapatos ortopédicos para niños y la entrega de “laptops con internet adaptadas para alumnos con discapacidad de escuelas públicas que cursen quinto y sexto de primaria”.

Al estar por cumplir un año y medio como titular del Ejecutivo, de lo anterior, nada se ha cumplido.

Ley de Telecomunicaciones, un ejemplo

En el documento que se entregó al Comité de la ONU en marzo pasado se establece que la convocatoria por parte del Estado para que personas con discapacidad y sus familias participen la construcción de políticas públicas ha sido “pobre o nula”. “Esta forma de hacer política pública da como resultado que no se logre el objetivo de beneficiar a la población pues no responde a sus necesidades reales o quedan en letra muerta al no incluir la factibilidad de implementación o las partidas presupuestales”.

En ese sentido, organizaciones, ciudadanos y activistas a favor de los derechos de las personas con discapacidad denunciaron que la Ley de Telecomunicaciones que actualmente se discute en el Congreso no considera el derecho a la información de ese grupo.

“La iniciativa de ley de telecomunicaciones en discusión en el Senado mexicano carece de lo mínimo indispensable para que las telecomunicaciones sean accesibles a personas con discapacidad. Es un momento importantísimo para que nuestros legisladores sepan que nos importa que ese tema esté debidamente previsto en la ley, de otra manera se perderá la oportunidad de la inclusión digital”, se lee en la petición de Change.org  para que senadores y diputados tomen en cuenta a las personas con discapacidad en este tema.

En una carta dirigida a los integrantes de la LXII Legislatura, se establece que para evitar la discriminación y no violar los derechos de las personas con discapacidad la ley de telecomunicaciones debe incluir, entre otros, temas como:

  • Que los programas de televisión incluyan subtitulaje o intérprete en lengua de señas  conforme a un calendario establecido.
  • Que los sitios web de todas las instituciones y dependencias públicas cumplan con criterios y estándares de accesibilidad.
  • Que servicios de emergencia puedan recibir mensajes de texto SMS para personas con discapacidad auditiva.
  • Que en caso de emergencia, programas de TV incluyan bandas informativas y un sonido identificador para personas con discapacidad auditiva y visual, respectivamente.

El texto completo con la carta que fue enviadas a legisladores pueden consultarlo aquí.

 

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Quién vigila la radiación del 5G (y cuáles son sus verdaderos riesgos)

Esta nueva tecnología regresa el eterno debate sobre los efectos sobre la salud de las radiaciones electromagnéticas. Estos, sin embargo, son descartados por todas las agencias internacionales.
27 de octubre, 2020
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Seúl

Getty Images
Corea del Sur ya tiene una red 5G en todo el país.

Decenas de antenas, dispositivos bluetooth y cientos de teléfonos móviles nos rodean e irradian cada día. Por no hablar de la telefonía 5G que, al parecer, acabará con la vida en la Tierra. ¡Tanta radiación no puede ser buena!

¿Quién controla los niveles de exposición y los posibles efectos sobre la salud?

Percepción del riesgo

Los campos electromagnéticos están presentes en la naturaleza desde antes de la aparición del ser humano. La luz solar, los rayos cósmicos, las tormentas y la radiación natural terrestre son fuentes de exposición a estos campos.

A mediados de los años 90, se comenzaron a desplegar las redes de antenas de telefonía móvil. Aunque se hacían con estándares técnicos internacionales, que ya tenían en cuenta la protección de la población, no se ofreció la suficiente información al respecto.

A pesar de una reacción rápida por parte de organismos, operadoras y expertos, la percepción de riesgo se instaló entre los ciudadanos. También caló en instituciones, administraciones locales y asociaciones.

Así, se produjo una situación paradigmática. Por un lado, el rechazo a las antenas era un fenómeno global. Por el otro, crecía la demanda universal del servicio.

Ilustracion 5G

Getty Images
La red 5G es mucho más que la mejora de la red 4G.

La OMS parece tenerlo claro

Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Unión Europea fueron conscientes a principios de los 2000 de esa carencia y de la necesidad de dar respuesta a una inquietud y percepción social del riesgo asociado a la telefonía móvil.

Aunque esta percepción e inquietud estaban sobredimensionadas.

A pesar de los esfuerzos realizados para informar y tranquilizar a la población, la OMS reconoció en 2006 que “algunas personas consideran probable que la exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencia entrañe riesgos y que éstos puedan ser incluso graves”.

En la revisión de 2014, la OMS aseguraba que “hasta la fecha no se ha confirmado que el uso del teléfono móvil tenga efectos perjudiciales para la salud”.

En otro documento publicado a comienzos de este 2020 sobre el 5G, insiste en que en las últimas décadas no hay estudios científicos que demuestren una relación causal que pueda hacer temer efectos sobre la salud.

“El calentamiento de tejidos es el principal mecanismo de interacción entre los campos electromagnéticos de radiofrecuencia y el cuerpo humano”.

Ese posible efecto, a los niveles habituales de exposición, es insignificante. Por eso es importante que los niveles se mantengan por debajo de los límites establecidos por agencias internacionales independientes.

Mujer con una tablet.

Getty Images
La OMS ha dicho que no hay estudios científicos que demuestren una relación causal del 5G que pueda hacer temer efectos sobre la salud.

Quién y cómo se establecen los límites de exposición

En 1992 se estableció en Alemania la Comisión Internacional de Protección frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP). Esta organización científica, independiente y sin ánimo de lucro, revisa periódicamente y de forma sistemática las evidencias científicas para determinar los niveles a los cuales se producen efectos biológicos.

No solo de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia, sino también de otras radiaciones electromagnéticas como la luz visible, los infrarrojos y los ultravioletas que, por encima de ciertos niveles, también pueden resultar muy peligrosos.

Por eso se fijan niveles de seguridad y, por eso mismo, no debemos preocuparnos de la radiación que emite el mando a distancia de nuestra tele. Tampoco del router wifi de nuestra casa o de nuestro teléfono inalámbrico.

El proceso de revisión es abierto y su publicación se realiza en una revista científica tras un proceso de revisión por pares.

Así, una vez se establecen los niveles a los cuales se observan efectos para cada frecuencia, se aplica un factor de precaución o seguridad de 50.

Estos valores son aceptados por la mayor parte de los países occidentales desde hace décadas y se adoptan en las correspondientes legislaciones.

Además, existen otras agencias u organismos que realizan una revisión similar. Por ejemplo el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) y la Food and Drug Administration de Estados Unidos.

Estos tres organismos, en los últimos meses y coincidiendo con el despliegue de la 5G, han revisado y publicado sus guías de límites seguros de exposición humana.

La mano negra de la industria

Que la industria está detrás de todas estas regulaciones e instituciones es un argumento reiterado por los movimientos antiantenas -ahora anti-5G- que parecen acoger toda clase de creencias conspiranoicas con respecto, también, a las mascarillas, las vacunas y la COVID-19.

En realidad han sido la industria y los profesionales del sector los más interesados en garantizar que las radiaciones emitidas por las antenas fueran seguras y que los niveles de potencia estuviesen dentro de los límites permitidos.

Transmisión de eventos deportivos en dos pantallas.

Getty Images
Con la conexión 5G se podrán conectar muchos dispositivos al mismo tiempo.

El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), como entidad de derecho público al servicio de la sociedad, fue la primera organización que ya en 2001 elaboró un informe sobre las radiofrecuencias de telefonía móvil.

Con ello se pretendía informar a la ciudadanía y mitigar la inquietud que ya surgía ante el desconocimiento de esta tecnología y la normativa que la regula.

La labor de difusión se centró en ayuntamientos y asociaciones ciudadanas, aunque se ha seguido trabajando durante todos estos años con todo tipo de administraciones e instituciones.

En 2006, se creó el Comité Científico Asesor de Radiofrecuencias y Salud (CCARS), comité independiente compuesto por profesionales de gran prestigio -en campos como la medicina, física, química, biología, ingeniería de telecomunicación y derecho-, que, desde entonces, ha elaborado cinco informes trienales de referencia.

En ellos recogen las evidencias científicas existentes sobre el impacto de los campos electromagnéticos en la salud.

Además, ha publicado numerosos documentos sobre tecnologías concretas -el último sobre 5G-, con el ánimo de informar verazmente a la sociedad, manteniendo siempre el conocimiento científico riguroso como referencia.

Sus informes han tratado siempre de arrojar luz y evitar cualquier tergiversación que de forma interesada se intentara hacer sobre el efecto de estas tecnologías sobre la salud.

Incluidas comparaciones sin fundamento con sustancias, como el tabaco o el alcohol, que la ciencia sí ha demostrado como perniciosas incluso en pequeñas cantidades.

5G

Getty Images
Los verdaderos riesgos de estas tecnologías son los asociados a la dependencia, problemas musculares, malas posturas y al condicionamiento de nuestras relaciones personales y hábitos saludables.

Los verdaderos riesgos para la salud

Decir que los campos electromagnéticos de radiofrecuencia son inocuos es falso si no se acompaña de la frase “a los niveles habituales de exposición”.

Dichos niveles están decenas o centenas de miles de veces por debajo de los de seguridad marcados por ICNIRP.

Es lo que han demostrado numerosos estudios y revisiones sistemáticas de exposición personal en condiciones reales.

Pero hay efectos constatados derivados del uso de dispositivos y que no son consecuencia de las radiaciones que emiten.

Así, se ha demostrado que su uso puede provocar dependencia, problemas musculares, malas posturas y que condicionan nuestras relaciones personales y hábitos saludables.

Dichos efectos, sin embargo, no son denunciados por los movimientos en contra de estas tecnologías.

Ilustración 5G

Getty Images
Hay una proliferación de un cierto “negocio del miedo” vinculado a las nuevas tecnologías.

Negar la evidencia, ¿con qué fin?

Quizá piense que existe cierta controversia científica en este tema.

Habrá oído que “numerosos científicos alertan de los efectos” en cuestionables llamamientos internacionales, algún pseudoinforme como el Bioinitiative o declaración política ajena a la Unión Europea, como la declaración 1815 del Consejo de Europa.

Todos tienen en común su falta de rigor, el establecimiento de límites de forma arbitraria o la extrapolación inadecuada de estudios en animales o de laboratorio sin tener en cuenta las condiciones reales.

En 30 años, no se ha publicado una revisión sistemática o metaanálisis -los estudios con mayor fortaleza en ciencia- que demuestre sus alarmantes augurios y peligros para la salud (efectos sobre el sueño, la concentración, fisiológicos, hipersensibilidad o, incluso, cáncer).

En cambio, sí es constatable la relación de sus promotores con la proliferación de un cierto “negocio del miedo” a partir de datos tergiversados, erróneos y en ningún caso avalados por la evidencia científica.

Y ese negocio que se basa en esos datos afecta tanto a ámbitos como el médico-sanitario, con diagnósticos o prescripciones no fundamentados en el conocimiento médico; el legal, con denuncias insostenibles basadas en opiniones de supuestos expertos, medios de información carentes de credibilidad (webs pseudocientíficas) o, incluso, empresas que ofrecen aparatos y dispositivos de protección completamente innecesarios.

Todo un negocio basado en el miedo y el desconocimiento que sigue alimentando esa falsa percepción de que vivimos radiados al límite.

*Alberto Nájera López es doctor en radiología y medicina física y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y Juan Carlos López es ingeniero de telecomunicaciones y catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puedes leer la versión original aquí.


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