El Comité de la ONU examinará si México le falla a las personas con discapacidad
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El Comité de la ONU examinará si México le falla a las personas con discapacidad

Entre los pendientes para garantizar el cumplimiento de sus derechos está la omisión de incluir el acceso a la información de personas con discapacidad en la reciente Ley de Telecomunicaciones
Por Tania L. Montalvo
4 de abril, 2014
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//Foto: Cuartoscuro.

//Foto: Cuartoscuro.

A México le quedan escasos cinco meses para probar que no es un “candil de la calle, oscuridad de su casa” en garantizar los derechos de las personas con discapacidad, pues tras haber sido desde 2001 el principal impulsor internacional de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, este año se enfrentará por primera vez a una evaluación sobre la aplicación de esa iniciativa, en la que según organizaciones civiles, el Estado ha fallado.

“A pesar de ser el promotor de la Convención y a casi ocho años de que ésta entrara en vigor, México tiene importantes pendientes en el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Las organizaciones de la sociedad civil han documentado que, en particular, en México hay graves violaciones a los derechos de personas con discapacidad a la accesibilidad, capacidad jurídica, derecho a vivir en la comunidad, educación, salud y trabajo”, dijo este miércoles 2 de abril la Coalición México por los derechos de las personas con discapacidad (Coamex) al emitir su postura sobre la evaluación que tendrá  el país ante la ONU en septiembre próximo.

La Coalición y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) forman parte del grupo de representantes de la sociedad civil que el próximo 7 de abril se reunirá con el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para conocer la situación en México de ese grupo desde la óptica de la ciudadanía.

Uno de los principales temas que se tratarán es que en el país no se ha realizado un esfuerzo serio para tener estadísticas sobre personas con discapacidad: en México, no hay cifras exactas sobre cuántas personas tienen algún tipo de discapacidad, lo que organizaciones civiles traducen como un obvio problema al momento de crear e implementar políticas públicas, pues no hay certeza de cuál es la población objetivo.

Según el censo 2010, que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México el 5.1% de la población tiene algún tipo de discapacidad; sin embargo, la Organización Mundial de la Salud estima que al menos el 10% de los mexicanos presenta una discapacidad.

Otros temas que se presentarán ante el Comité de la ONU y en los que la sociedad civil considera que el Estado ha fallado son:

  • Faltan estrategias para consolidar políticas y prácticas de protección legal efectiva contra la discriminación.
  • No existe una postura gubernamental para evitar en los medios masivos de comunicación mensajes con contenido indigno o de imagen negativa de las personas con discapacidad.
  • No se cuenta con un plan nacional de accessibilidad que considere integralmente medidas de acceso al entorno físico, al transporte, a la información y a la comunicación.
  • No se cuenta con infraestructura, cultura y prácticas que garanticen el acceso a la justicia de manera equitativa para las personas con discapacidad, en particular en condición de pobreza y pobreza extrema, de origen indígena o condición de género.
  • El Sistema Educativo Nacional tiene grandes carencias de cobertura, calidad y eficiencia:  no ha logrado consolidar una clara política de estado en relación a la Educación Inclusiva.
  • Hay carencia de servicios de calidad que permiten el goce del más alto nivel de salud a las personas con discapacidad.
  • Los servicios de habilitación y rehabilitación son insuficientes y muchas veces deficientes en calidad que no responden a las necesidades de las personas con discapacidad
  • La visión de inclusión laboral es muy limitada, existiendo prejuicios para la contratación y permanencia, además de abusos en el ambiente laboral.

Las organizaciones civiles insisten en que, si bien el Estado mexicano le ha fallado “por décadas” a las personas con discapacidad, es de destacar que en la actual administración tampoco se ha trabajado a favor de este grupo pese a que, como candidato en el 2012, el presidente Enrique Peña Nieto firmó varios compromisos ante notario público.

El mandatario mexicano prometió en octubre de 2012 trabajar en la adecuación de instalaciones en escuelas públicas para personas con discapacidad, capacitar a maestros para lograr una integración efectiva, crear un fondo para que gobiernos locales adapten el transporte público, proveer recursos para prótesis, sillas de ruedas y zapatos ortopédicos para niños y la entrega de “laptops con internet adaptadas para alumnos con discapacidad de escuelas públicas que cursen quinto y sexto de primaria”.

Al estar por cumplir un año y medio como titular del Ejecutivo, de lo anterior, nada se ha cumplido.

Ley de Telecomunicaciones, un ejemplo

En el documento que se entregó al Comité de la ONU en marzo pasado se establece que la convocatoria por parte del Estado para que personas con discapacidad y sus familias participen la construcción de políticas públicas ha sido “pobre o nula”. “Esta forma de hacer política pública da como resultado que no se logre el objetivo de beneficiar a la población pues no responde a sus necesidades reales o quedan en letra muerta al no incluir la factibilidad de implementación o las partidas presupuestales”.

En ese sentido, organizaciones, ciudadanos y activistas a favor de los derechos de las personas con discapacidad denunciaron que la Ley de Telecomunicaciones que actualmente se discute en el Congreso no considera el derecho a la información de ese grupo.

“La iniciativa de ley de telecomunicaciones en discusión en el Senado mexicano carece de lo mínimo indispensable para que las telecomunicaciones sean accesibles a personas con discapacidad. Es un momento importantísimo para que nuestros legisladores sepan que nos importa que ese tema esté debidamente previsto en la ley, de otra manera se perderá la oportunidad de la inclusión digital”, se lee en la petición de Change.org  para que senadores y diputados tomen en cuenta a las personas con discapacidad en este tema.

En una carta dirigida a los integrantes de la LXII Legislatura, se establece que para evitar la discriminación y no violar los derechos de las personas con discapacidad la ley de telecomunicaciones debe incluir, entre otros, temas como:

  • Que los programas de televisión incluyan subtitulaje o intérprete en lengua de señas  conforme a un calendario establecido.
  • Que los sitios web de todas las instituciones y dependencias públicas cumplan con criterios y estándares de accesibilidad.
  • Que servicios de emergencia puedan recibir mensajes de texto SMS para personas con discapacidad auditiva.
  • Que en caso de emergencia, programas de TV incluyan bandas informativas y un sonido identificador para personas con discapacidad auditiva y visual, respectivamente.

El texto completo con la carta que fue enviadas a legisladores pueden consultarlo aquí.

 

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Elecciones en Colombia: el país decidirá cuán profundo es el cambio que desea (y quién lo representa mejor)

Todos los candidatos de las presidenciales de este domingo, incluidos aquellos cercanos al gobierno saliente de Iván Duque, hablan de un cambio para Colombia. El favorito, Gustavo Petro, propone una ruptura en la historia. Esto es lo que está en juego.
29 de mayo, 2022
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Elecciones en Colombia

Getty Images

Todas las elecciones son históricas, pero unas más que otras. Todas las elecciones buscan un cambio, pero unas más que otras.

Lo que vive Colombia este domingo en las presidenciales promete ser histórico por la dimensión del cambio que puede significar.

Todos los candidatos, incluidos aquellos cercanos al gobierno saliente de Iván Duque, proponen un cambio; sea este moderado, profundo o conservador. Pero cambio.

Más del 85% de los colombianos piensa, según la encuesta Invamer, que el país va por mal camino. Desde los años 90, el momento más agudo del conflicto armado, no se reportaban números de pesimismo tan altos.

La política colombiana, a pesar del récord de violencia, se ha destacado por ser una de las más estables de América Latina: acá no hubo golpes de Estado, ni regímenes de facto, ni un gobierno que marcara una ruptura con los anteriores.

Pero esa estabilidad, también manifiesta en una economía sin altibajos, tiene sus críticos. O es considerada una “farsa” por una gran cantidad de colombianos que aluden a la violencia y a la desigualdad, una de las más altas del mundo, como resultados de gobiernos “oligárquicos” y “corruptos”.

Esos colombianos, la mayoría de ellos jóvenes, ahora parecen empoderados. Muchos de ellos llenaron las calles en 2019 y 2021, en olas de protestas inéditas para un país ensimismado por la guerra durante décadas.

El proceso de paz firmado con la guerrilla en 2016 parece haber abierto una caja de pandora de demandas sociales, económicas y culturales.

Elecciones en Colombia

Getty Images

Al sentimiento de indignación hacia lo que acá llaman “el establecimiento” se añaden dos elementos sensibles: la crisis económica heredada de la pandemia, que aumentó el desempleo, la pobreza y la informalidad laboral, y un conflicto armado que amenaza con resurgir.

Todo esto ha hecho que los colombianos, en contra de todo pronóstico, se hayan puesto de acuerdo en algo: que hay que cambiar.

La pregunta, y eso es lo que tendrán que definir en estas presidenciales, es cómo y cuánto.

Alexander Vega

Getty Images
Por primera vez en muchos años el registrador, Alex Vega, es protagonista central de las elecciones. Y eso se deba a que el sistema electoral está cuestionado.

Los tipos de cambio

Las encuestas vaticinan que la de este domingo será la primera de dos rondas electorales. Para ganar en primera vuelta se necesita la mitad más uno de los votos, una ventaja que, según las encuestas, ningún candidato tiene a su favor.

En el tarjetón habrá ocho opciones, pero dos de ellas ya se retiraron.

Para sumar a las facetas inéditas de esta elección está que por primera vez existe un manto de dudas sobre el proceso electoral: los candidatos han declarado estar preocupados por la falta de garantías del sistema de votación. El terreno, quizá en como ninguna otra elección reciente, está embarrado.

El líder de las encuestas es Gustavo Petro, un viejo conocido de la política nacional cuyo triunfo, sin embargo, significaría una ruptura en la historia. La larga campaña ha estado marcada por su figura, que desafía a los gobernantes “de siempre”. Incluso existe la mínima posibilidad de que gane en primera vuelta.

Un gobierno de izquierda como el que él propone sería un hito histórico para un país sin experiencias realmente progresistas o revolucionarias en el poder. Muchos lo ven como “un salto al vacío”.

Exguerrillero del M19, valiente congresista y polémico alcalde de Bogotá entre 2012 y 2016, Petro ha hecho una carrera política a partir del enfrentamiento con la clase política gobernante y de la denuncia de la corrupción y la violación de derechos humanos.

Gustavo Petro

Getty Images
Petro hace campaña con un enorme esquema de seguridad. Da los discursos con escudos antibalas. Candidatos como él en el pasado han sido asesinados.

Esta es la tercera vez que se lanza a la presidencia. Ahora propone un “pacto histórico” que congregue “diferentes”, al que se han adherido políticos de todas las ramas, incluidos algunos cuestionados en el pasado por el mismo Petro.

Su personalidad, catalogada por algunos como de “déspota” y “megalómana”, le genera un rechazo y una desconfianza que pueden pasarle factura en segunda vuelta.

El economista, especializado en medio ambiente, propone profundas reformas en pensiones, salud, educación, impuestos y subsidios. Promete una reforma agraria, pendiente por décadas en un país de enorme desigualdad en la propiedad de la tierra. Asegura que va a transformar la economía extractiva basada en exportaciones por una industrialista y agrícola con altos aranceles a las importaciones.

Su programa, de ser ejecutado, supondría un shock para un modelo económico que no sufrió grandes cambios por décadas. Un programa que asusta a algunos e ilusiona a otros. Y que vaticina un choque de poderes que puede traducirse en ingobernabilidad.

“Llegó el momento”, pregonó Petro en su cierre de campaña en Bogotá. “No necesitamos fusiles como ellos ni apuntar con una escopeta de gases lacrimógenos a nadie. Ni todos los fusiles juntos podrían cambiar la historia como sí lo puede cambiar un esfero (un bolígrafo). Un esfero es más importante que un fusil y lo vamos a demostrar”.

“El domingo cambiaremos la historia de Colombia”, dijo.

Federico Gutiérrez

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Federico Gutiérrez se muestra como un colombiano común, que habla y trabaja como el común. Es la carta del establecimiento gobernante.

En el segundo lugar de las encuestas está Federico Gutiérrez, mejor conocido como “Fico”.

Alcalde de Medellín entre 2016 y 2019, Gutiérrez es el candidato más cercano a la derecha gobernante, aunque él se percibe como una opción de “cambio responsable” que busca “cambiar lo que no sirve y mejorar lo que sí sirve”, sobre todo en términos de seguridad y creación de empleo.

El ingeniero civil de 47 años se presenta como el “presidente de la gente” y usa un lenguaje simple e informal para sustentarlo. Dice haber ejecutado el 95% de su plan como alcalde. Su gran ventaja es el apoyo de los partidos tradicionales y las grandes élites regionales ligadas al empresariado. Esa es la fuerza que ha definido quién es presidente prácticamente toda la vida.

“Sí necesitamos el cambio”, exclamó en su arenga de cierre en Medellín.

“Un cambio que signifique un país sin hambre, sin odios, sin discursos de lucha de clases, sin corruptos y sin violentos”.

“Unamos a Colombia”, clamó, en lo que ha sido una de sus principales líneas de campaña: la unión.

Rodolfo Hernández

Getty Images
Rodolfo Hernández está rodeado de jóvenes, pero tienen 77 años. Hizo una fortuna construyendo vivienda social. Es un enigma político.

El tercero en la mayoría de las encuestas es Rodolfo Hernández, una de las revelaciones de la elección.

De 77 años, el empresario de finca raíz y exalcalde de Bucaramanga ha hecho una campaña novedosa a través de TikTok, ejecutada por decenas de jóvenes que él llama “la muchachada” y en la que se presenta como un arrollador de la corrupción. Un personaje del común hastiado con quienes gobernaron este país.

No es claro si es de derecha o de izquierda, si votó sí o no por el acuerdo paz de 2016 con la guerrilla, pero promete reducir el gasto público, bajar impuestos, condonar deudas estudiantiles, modificar las prisiones y negociar con las guerrillas vigentes.

Desconocido a nivel nacional hace seis meses, el discurso chabacano y vehemente de Hernández parece seducir a la gente, de edades y clases diversas, sin ideología política pero preocupada por la corrupción y el clientelismo históricos. La gente que ve atractivo un candidato diferente, un “outsider”.

Si avanza a la segunda vuelta, como revelaron algunas encuestas justo antes de la veda electoral hace una semana, sería un sacudón para la campaña. El timing de su subida pudo haber sido perfecto.

Sergio Fajardo

Getty Images
Sergio Fajardo, el candidato profesor, usa la educación como principal carta para cambiar el país.

El último candidato que en las encuestas tiene cierta chance de calificar a la segunda vuelta es Sergio Fajardo, quien hace cuatro años no entró por apenas 200.000 votos de diferencia con Petro.

El también exalcalde de Medellín, crítico de la derecha y de la izquierda, representa un “cambio sin rabia” que acabe con la polarización y una a los colombianos. Fajardo es un obsesivo de las formas, de la ética, de la decencia, del perjuicio de los atajos y el utilitarismo: “Como se llega al poder, se gobierna”, suele decir.

El doctor en Matemáticas ha sido uno de los grandes impulsores de la educación como base de los cambios económicos y políticos que pide Colombia. Tiene de su lado a economistas, ingenieros y gestores culturales de reconocimiento internacional.

La diferencia del Fajardo de ahora con el de hace cuatro años no es grande en términos discursivos ni programáticos. Su campaña ha estado plagada de errores y divisiones. Eso en parte explica una caída en las encuestas que él pide no tener en cuenta, sino “votar a conciencia”.

Colombiano votando

Getty Images

Un país distinto

Aunque históricamente la abstención en Colombia ha sido alta, hasta ahora los colombianos nunca eligieron una opción de cambio tan drástica como la que podrían significar Petro o Hernández.

Solo el hecho de que ellos tengan opciones de ganar ya es un desarrollo histórico.

El hartazgo con el estado de las cosas es notable e inédito. Pero además se da tras una profunda transformación de las prioridades y preocupaciones de la gente.

Durante décadas los presidentes fueron elegidos por su postura ante el conflicto armado, las guerrillas, el terrorismo. Eso explica la inmensa popularidad de Álvaro Uribe en los últimos 20 años.

Pero este año la cosa cambió. Uribe, de hecho, está casi ausente en la campaña. El silencio sobre la guerra asombra. En su lugar se habla de pensiones, racismo, desigualdad, corrupción, medio ambiente.

Los colombianos, por primera vez, esperan cambios de fondo en estos temas. Y ahora irán a las urnas en busca de alguien que pueda ejecutarlos.

El país ya cambió. Ahora veremos si sus gobernantes también.


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