Organizaciones civiles buscan que si una persona no encuentra condiciones dignas en el país que le dio refugio, pueda moverse a otro con ese mismo estatus. //Foto: Cuartoscuro.

México tiene “fallas importantes” en todo el proceso para solicitar y otorgar refugio, pese a que es uno de los países del mundo con mayor tránsito migratorio y desde enero de 2011 cuenta con una ley con la que prometió tener una política de acogida con los más altos estándares del derecho internacional.

Por un lado, no hay suficiente información sobre el derecho que tienen los extranjeros a solicitar refugio, y cuando algunos lo hacen, factores como la violencia en sus países no son tomados en cuenta para autorizarlo, por lo que se rechaza 75% de las peticiones.

En el proceso también se deja laboralmente desprotegidos a quiénes están en trámite de asilo y finalmente, si es que logran tener el estatus de refugiados, no existen políticas de integración que les permitan ser parte de la sociedad que les da la acogida.

“Hay fallas en todo el proceso, desde la falta de información a los posibles solicitantes hasta el abandono de quiénes sí tienen el estatus de refugiado y no encuentran condiciones para hacer su vida y deciden seguir buscando un lugar que les brinde mayores oportunidades”, dijo en entrevista la directora general de la organización civil Sin Fronteras, Nancy Pérez, quien participa junto con agrupaciones de otros 14 países de América Latina en la Iniciativa Cartagena +30, que da un diagnóstico de la efectividad de las políticas de asilo en la región a 30 años de la firma ante la ONU de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados.

Falta de información

El diagnóstico de las fallas que Sin Fronteras tiene sobre México inicia por la “falta de difusión de este derecho internacional que el país tiene reconocido dentro de su normativa”.

La mayoría de las personas que llegan al país huyendo de algún conflicto no sabe que puede solicitar asilo y eso impide que hagan exigible su derecho dentro de 30 días a partir de que ya están dentro del país de acogida, explicó Nancy Pérez.

“La falta de exigibilidad del derecho, el desconocimiento de la población, la falta de información, de una campaña de difusión no de carteles pegados en algunas oficinas gubernamentales, hacen que el acceso a este derecho sea limitado para la población que lo necesita”.

No existen cifras sobre cuántos de los migrantes que entran al país cada año califican para recibir refugio de México, pero datos del informe Narrativas de la Transmigración centroamericana en su paso por México indican que en 6.83% de los casos, la causa de la migración es huir de la violencia en otros países.

En la Declaración de Cartagena firmada en 1984, los estados firmantes —entre ellos México— reconocen que la violencia es uno de los principales factores por los que se debe otorgar refugio.

“El gobierno de México no están reconociendo de manera amplia esta categoría para dar este reconocimiento y a veces una de las lógicas que se plantea es que ¿para qué dar el asilo a una persona que no va a quedarse en México y que busca simplemente en algún momento transitar hacia Estados Unidos? Es una pelea que hemos tenido las organizaciones civiles porque, con base en el derecho internacional, finalmente lo que la persona decide hacer y si no encuentra seguridad en México tiene derecho a seguir su movimiento y lo que debemos es garantizar su seguridad mientras se encuentre en el país”, explicó la directora de Sin Fronteras.

Las cifras de la  Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados indican que casi cuatro de cada 10 solicitudes de refugio hechas a México provienen de Honduras y El Salvador. De esos países, según el reporte de Narrativas de la Transmigración centroamericana, proviene 81% de los casos que migra huyendo de violencia y crimen organizado.

Ilegalidad e integración

Otro problema que hay en el proceso es que cuando se ha solicitado el refugio, los extranjeros obtienen un documento que si bien les da una estancia legal en el país, no les permite trabajar en el sector formal mientras concluye el trámite.

En el documento Iniciativa Cartagena +30 se concluye que esto implica “que la persona se vea forzada a realizar actividades económicas en la informalidad, siendo muchas veces víctima de explotación laboral”.

En caso de que los solicitantes logren obtener el refugio, Sin Fronteras hace hincapié en que no existen políticas de integración para poder garantizar que quienes tengan el reconocimiento puedan desarrollar una vida digna en el país.

“No hay ninguna política pública enfocada a procesos de integración de población reconocida bajo la condición de refugiado en México. Para largo plazo no existen programas de vivienda, programas de educación. Hemos ido a cuentagotas atendiendo las necesidades que esta población tiene para desarrollar una vida en el país y al final ese es el motivo por el cuál no encuentran condiciones y deciden seguir buscando un lugar que les brinde mayores oportunidades y esto último lo que, como en un círculo vicioso, hace que las autoridades limiten el otorgamiento de refugio”, dijo Nancy Pérez.

La Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria —promulgada en enero de 2011— establece que quienes tengan condición de refugiados puedan acceder al seguro popular, pero según Sin Fronteras, no existe otro programa federal que atienda las necesidades básicas de esta población.

 Portabilidad del derecho

El documento de la Iniciativa Cartagena +30, en el que participan ciudadanos y organizaciones civiles de 14 países, fue presentado y entregado en marzo pasado a la subsecretaria de Derechos Humanos, Lía Limón; al titular de la Unidad de Fortalecimiento Institucional de la Unidad de Política Migratoria, Omar de la Torre; a la Subsecretaria de población, migración y asuntos religiosos, Mercedes del Carmen Guillén; y a la titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Sandra Velasco Ludlow; todas dependientes de la Secretaría de Gobernación.

Una de las propuestas de la Iniciativa es que se favorezca la portabilidad del derecho de asilo, es decir, que si una persona no encuentra en el sitio que le dio el reconocimiento como refugiado condiciones dignas para poder desarrollarse, pueda moverse a otro país con ese mismo estatus.

Actualmente, cuando un refugiado sale del país en el que recibió el reconocimiento, automáticamente pierde el estatus, por lo que se busca que éste se respete en todos los países del mundo que dentro de su legislación nacional reconocen el derecho de asilo.

Este es el documento completo de la iniciativa.

CartagenaCompleto_2003 (1).pdf by http://www.animalpolitico.com